ALERTA: Ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales en el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”.

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por los graves incidentes ocurridos el viernes 15 de abril en el municipio de San Francisco de Ojuera -departamento de Santa Bárbara- donde resultaron heridas una decena de personas.

El viernes 15 de abril de 2016, aproximadamente 400 personas, integrantes de organizaciones hondureñas e internacionales de derechos humanos y del movimiento social, así como medios de comunicación, se desplazaron hacia el río Gualcarque como parte de una caravana y con el objetivo de conmemorar el asesinato de Berta Cáceres, en el marco del encuentro internacional “Berta Cáceres vive”. Las organizaciones firmantes estuvimos presentes en el encuentro y observamos patrones de ataques contra organizaciones nacionales e internacionales que se replican en otras regiones del país y, han derivado en una fuerte conflictividad1.

A continuación describimos los hechos presenciados:

– Alrededor de las 2 p.m, la caravana pacifica llego a la comunidad de San Ramón, municipio de San Francisco de Ojuera. Los participantes que iniciaban una caminata se vieron confrontados por un grupo de unas 30 personas quienes manifestaban su apoyo a favor del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA). Los mismos portaban pancartas con inscripciones a favor del proyecto hidroeléctrico y en contra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), blandían machetes y proferían fuertes amenazas en contra del COPINH y de los integrantes del encuentro internacional. A pesar de la fuerte presencia de agentes de policía y del Ejército a lo largo de todo el recorrido de la caravana internacional, los efectivos policiales posicionados frente al grupo eran únicamente seis.»

– La caravana continuó su recorrido hasta llegar a las márgenes del Río Gualcarque, donde tuvo lugar una ceremonia espiritual en memoria a Berta Cáceres.

– A las 5 p.m. aproximadamente, la caravana daba por finalizada la actividad y a unos metros antes de llegar hasta los buses para emprender el regreso, el mismo grupo de personas se encontraba en el lugar gritando, insultando, amenazando y mostrando sus machetes. De manera inesperada estas personas comenzaron a tirar piedras hacia las personas que se encontraban caminando en dirección a los buses. Esto generó una situación de pánico, ya que las personas tuvieron que correr varios metros para protegerse. Como resultado de este incidente, una decena de personas de la caravana resultaron heridas por los impactos de las piedras, y al menos dos personas fueron golpeadas por el grupo de personas. Asimismo, los agresores profirieron amenazas de muerte a integrantes del COPINH, en particular a su nuevo coordinador general Tomás Gómez. Dentro de las personas agredidas y heridas habían personas beneficiarias de medidas cautelares, incluso varios integrantes de la coordinación general del COPINH2

– Ante la situación de violencia que se desencadenó, la Policía Nacional no reaccionó inmediatamente e intervino luego de que varias personas de la caravana se lo solicitaran insistentemente. Nos preocupa que las autoridades hondureñas no hayan garantizado la seguridad de los presentes y no hayan tomado medidas inmediatas frente a las agresiones proferidas.

Estos hechos ocurren en el marco de reiteradas denuncias contra la empresa DESA. Estas denuncias responsabilizan a dicha empresa del asesinato de Berta Cáceres así como de las múltiples amenazas y agresiones en contra de las comunidades y miembros del COPINH por su oposición al proyecto Agua Zarca. Ante estos acontecimientos, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran organizaciones, comunidades y personas defensoras de los derechos humanos en Honduras, en particular integrantes del COPINH. Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro apoyo a las solicitudes de la familia de Berta y miembros del COPINH de urgir al Estado hondureño a la firma del convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de crear una comisión de expertos independientes que investigue el asesinato de Berta Cáceres y otros casos de defensores de derechos humanos que aun contando con medidas cautelares de la CIDH han sido asesinados en Honduras.

En este contexto caracterizado por el cierre de espacios para defensores y defensoras de derechos humanos, nos preocupa asimismo que situaciones como la mencionada arriba perjudiquen las posibilidades de acompañamiento y observación internacional para contribuir a proteger espacios no-violentos de resolución de conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Honduras. La labor que desarrollan los acompañantes y observadores internacionales en el país responde a la petición de organizaciones y actores sociales que tienen derecho a defender tales derechos, y a solicitar acompañamiento y observación internacional cuando debido a ello enfrentan amenazas y agresiones.

En base a lo expresado anteriormente y, en cumplimiento con la responsabilidad de los Estados de velar por la protección, respeto y realización del derecho internacional de los derechos humanos, requerimos la atención de la comunidad internacional y la realización de las siguientes acciones destinadas a detener y prevenir esta escalada de violencia contra la defensa de los derechos humanos:

• Mediante pronunciamiento ante la Presidencia de la República, Comisionado de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos:

◦ Expresar su reconocimiento y respaldo a la labor de las organizaciones nacionales e internacionales participantes en la caravana del día 15 de abril.

◦ Mostrar su preocupación ante la situación descrita y la falta de reacción inmediata por parte de las autoridades presentes ante los hechos de violencia reportados.

◦ Recordar la obligación del Estado hondureño de proteger a los defensores y defensoras de DDHH, y reiterar la importancia de la labor que realizan en Honduras y del acompañamiento y la observación internacional cuando lo solicitan ante amenazas y agresiones en su contra.

• En particular, solicitamos a las misiones diplomáticas y Ministerios de Asuntos Exteriores y/o de Cooperación que requieran a las instituciones competentes aclaraciones sobre los hechos reportados, instando a una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre los ataques y las amenazas realizados por parte de los agresores así como sobre la actuación de la policía nacional.

• Expresar públicamente, mediante los canales que consideren oportunos, su respaldo a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y su derecho de recibir acompañamiento por parte de las organizaciones internacionales y de otras organizaciones.

“Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos”3

Organizaciones firmantes:

– Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
– Front Line Defenders.
– Honduras Solidarity Network in North America (Red de Solidaridad con Honduras en Norteamerica).
– Hondurasdelegation (Alemania/Austria).
-Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania).
– Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
– PBI Honduras.
– Plataforma Internacional contra la Impunidad.
– PROAH (Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras)-
– Protection International
– Witness for Peace (Acción Permanente por la Paz).

1. Dos días después de estos incidentes, el 17 de abril de 2016, la Delegación Canadá Honduras por Justicia, Tierra y Vida se dirigió a la mina de oro a cielo abierto San Andrés, en La Unión, Copán. A medida que la delegación canadiense se acercaba a la ciudad de Azacualpa, un grupo de unos 180 trabajadores de la mina – algunos de ellos armados con machetes, palos y piedras – bloqueó la vía pública. La delegación informó que la policía estaba presente pero en un principio no actuó. La delegación fue posteriormente notificada que podría viajar con seguridad a la comunidad y la policía logró disipar la multitud. Mining Watch y las otras ONG de la delegación, sin embargo, han expresado su gran preocupación por este tipo de intimidación».
2.Los integrantes de la coordinación del COPINH son beneficiarios de Medidas
Cautelares de la CIDH 112-16 del 5.03.2016.
3. Aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos (157/93)

PROAH acompaña a una delegación de Hermanas de la Misericordia en Honduras

El Equipo de Justicia del Instituto de las Hermanas de la Misericordia con el apoyo de la Oficina de la Amistad de las Américas (“Friendship Office of the Americas”), organización auspiciadora de PROAH, organizó una delegación a Honduras del 5 al 11 de diciembre.

Varias integrantes de PROAH acompañaron durante su viaje a las delegadas estadounidenses, todas mujeres religiosas lideresas en áreas de justicia social e incidencia en Estados Unidos.

Para conocer más sobre la congregación de las Hermanas de la Misericordia, visite su sitio.

Con las Hermanas de la Misericordia hondureñas y estadounidenses, y sus asociadas

El objetivo de la delegación era profundizar en la comprensión de la situación social, económica, política, religiosa y de derechos humanos en Honduras, y brindar apoyo moral a sus contrapartes religiosas, así como a defensores y defensoras de derechos humanos, y organizaciones sociales que trabajan en comunidades pobres y marginadas.

El viaje de la delegación empezó en San Pedro Sula, luego se trasladaron a El Progreso; la visita concluyó en Tegucigalpa. El grupo se reunió con Hermanas de la Misericordia del país y otras asociadas como el “Foro de Mujeres”, ‘Tejedoras de sueños”, así como “Casa Corazón”, un ministerio de la Misericordia para niños afectados por VIH-SIDA y huérfanos. La visita coincidió con la celebración del 20 aniversario del hogar.

Con los equipos de ERIC y COFAMIPRO

La delegación se reunió en El Progreso con el equipo del ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación), así como con representantes de la organización COFAMIPRO (Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso). También se reunieron con dos sindicalistas que han sufrido amenazas, y representantes de la organización campesina CNTC- Central Nacional de Trabajadores del Campo.

En Tegucigalpa, hablaron de las desapariciones forzadas desde la década de 1980 hasta el presente con el COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras); visitaron también a Casa Alianza, una organización que alberga a niños y niñas de la calle y hace mucho trabajo de incidencia para denunciar las violaciones a los derechos humanos de la niñez. La visita concluyó con una reunión de incidencia en la embajada de Estados Unidos.

Con el COFADEH

en Casa Alianza

Durante una semana, las 13 delegadas profundizaron sobre las causas de las migraciones de Honduras a Estados Unidos, incluso la violencia que impera en el país.

Las hermanas regresaron muy impactadas a su país, con el compromiso de ser voceras de los testimonios escuchados, y de seguir haciendo incidencia para una política exterior respetuosa de los derechos humanos del pueblo hondureño.

La delegación está actualmente preparando un informe sobre su visita a Honduras, que será traducido al español y disponible en este blog.

Aquí se puede leer el impactante testimonio de la hermana Deborah Kern, de regreso a Estados Unidos.

Crímenes derivados del Golpe de Estado de 2009 deben ser investigados, aún sin la CPI

Así empieza el comunicado de las organizaciones de derechos humanos FIDH (Federación Internacional de derechos Humanos), CIPRODEH y COFADEH luego del anuncio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, que la Corte no continuará su examen preliminar sobre Honduras.

Según el comunicado, « La FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, lamentan profundamente el anuncio realizado hoy por la Corte Penal Internacional (CPI) de no continuar el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente al golpe de Estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán. Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación» (1)

Miembros de COFADEH portando los rostros de las víctimas del Golpe

Contexto:

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras tuvo por consecuencia una represión sistemática y brutal en contra del movimiento social en protesta contra el golpe y numerosas graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones ilegales, tortura, y ejecuciones extrajudiciales.

Organizaciones de derechos humanos, frente a la gravedad de las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en ese momento, el muy alto nivel de impunidad y la ingobernabilidad que imperaban en el país pos-golpe, denunciaron y visibilizaron estos hechos.

En junio de 2010, las principales organizaciones de defensa de derechos humanos hondureñas, impulsaron la creación de la « Comisión de Verdad » (alternativa a la Comisión de Verdad y Reconciliación -CVR-, creada por el gobierno de Porfirio Lobo) con el objetivo de “esclarecer los hechos realizados con el golpe de Estado del 28 de Junio del 2009, para demandar justicia, de la población hondureña afectada por el golpe de Estado, y se adopten medidas necesarias para evitar se repitan acontecimientos de este tipo a futuro”. La primera recomendación que contiene el informe de la Comisión de Verdad, “La voz más autorizada es la de las víctimas” es : « investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden del mismo » (2).

Paralelamente a las denuncias interpuestas ante el sistema judicial nacional, también impulsaron acciones legales a nivel internacional, incluso a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Después de cinco años de investigación, la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda declaró que “ llegué a la conclusión de que las violaciones perpetradas entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero 2010 no constituyen crímenes de lesa humanidad bajo la definición del Estatuto, y por ende no constituyen crímenes sobre los cuales la CPI tiene la facultad para investigar”. Sin embargo también reconoce que « violaciones a los derechos humanos fueron cometidas el día 28 de junio de 2009 y con posterioridad a esta fecha, y que éstas fueron directamente imputables a las autoridades del régimen que tomó el poder durante el golpe »(3)

La FIDH y sus organizaciones miembros señalan que “Identificar y juzgar a los responsables de graves crímenes no sólo es necesario para las víctimas y sus familiares, sino también es imprescindible para la población hondureña entera, para restaurar la confianza perdida en el compromiso de su gobierno de servir y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.” (4)

Por lo tanto, es pertinente preguntarse :

¿A más de 6 años del golpe de Estado, cómo ha actuado el sistema judicial hondureño para sancionar las violaciones a derechos humanos que ocurrieron ? Miremos cómo han sido tratados unos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el marco de represiones a manifestaciones, destacados en el informe de la Comisión de Verdad. ¿Ha habido justicia en estos casos?

Isy Obed Murillo, primera víctima mortal de la represión:

Isy Obed Murillo

El 5 de julio de 2009, Isy Obed Murillo se convirtió en la primera víctima mortal del golpe de Estado. Ese día miles de hondureños se habían agrupado en el aeropuerto Toncontín para esperar el regreso del presidente Manuel Zelaya, anunciado para ese día. Militares dispararon a balas vivas en esta manifestación, y el joven de 19 años Isy Obed recibió un impacto de bala viva en la cabeza, falleciendo inmediatamente.

La Fiscalía de Derechos humanos abrió un expediente, sin embargo hoy en día el caso está todavía en la etapa de investigación. El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, organización basada en EEUU), con el apoyo del COFADEH, presentó una denuncia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en nombre de David Murillo y Silvia Mencías, padres de Isy Obed Murillo, en contra de Roberto Micheletti, Presidente del Congreso que ocupó la Presidencia luego del golpe, de quien se suponía que poseía bienes en este Estado y por lo tanto podía ser juzgado allí. La denuncia detalla ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, persecuciones, y otras graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Honduras bajo la autoridad y la dirección de Micheletti”. Sin embargo, en abril de 2013, el caso fue desestimado por la Corte de Texas (5).

Desde el día del golpe hasta finales de 2011, al igual que la manifestación del 5 de julio, numerosas manifestaciones fueron duramente reprimidas, entre ellas éstas:

Represión del 12 de agosto de 2009, Tegucigalpa

El 12 de agosto del 2009, una manifestación en contra del golpe de Estado fue brutalmente reprimida en Tegucigalpa. 27 personas fueron detenidas, incluso personas que no habían participado en la manifestación. Las personas detenidas fueron víctimas de tratos crueles. Luego fueron llevadas a un centro irregular de detención, el batallón de los militares antimotines « COBRAS». Elder Madrid Guerra, quien estaba a cargo de los COBRAS, segun COFADEH « pudiendo detener las agresiones, más bien ocultó información sobre el grupo que fue llevado de manera ilegal a ese cuartel ». Las personas fueron detenidas varios días. Luego fueron liberadas, pero con medidas sustitutivas a la cárcel, pues al inicio del proceso fueron acusadas por sedición, manifestación ilícita y daños; el caso fue sobreseido en junio de 2010 (6).

Después de esto, el COFADEH presentó una acusación en contra del Oficial de Policia Elder  Madrid Guerra, y la Fiscalía de Derechos humanos inició un proceso legal contra él, así como cinco Oficiales de policía, acusados de los delitos de tortura, detención ilegal, abuso de autoridad y vejamenes. A finales de febrero del 2015, el juez dictó un veredicto en el que sobresee al comisionado nacional de policía Elder Madrid Guerra. Un recurso de apelación está en curso todavía. Para los  oficiales, las Cortes aplicaron el decreto de Amnistía (7). Esta decisión fue rechazada por la parte acusadora y un amparo está pendiente ante la Sala de lo Constitucional.

Es importante destacar que a pesar de este proceso legal en su contra, el Comisionado Elder Madrid Guerra, fue premiado y ascendido al grado superior, en junio de 2014 ; luego en mayo del 2015, fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Policía (8).

Represión policial 12 de agosto (fuente: defensoresenlinea)

Represión en Choloma, 14 de agosto de 2009

En el caso de la represión de Choloma que tuvo lugar dos días después, el 14 de agosto de 2009, el desalojo violento fue efectuado por unos doscientos efectivos que destruyeron las cámaras y equipo de trabajo de tres comunicadores sociales que cubrían los hechos, lanzaron bombas lacrimógenas dentro de las casas, realizaron registros ilegales y allanamientos. Persiguieron a los manifestantes, acorralándolos en diferentes sitios de la comunidad de Choloma. Les sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes. 32 personas fueron detenidas y ocho resultaron heridas. Una mujer denunció haber sido violada por varios policías. Esta fue una de las represiones más brutales que se registró en el marco del golpe de estado9.

La Fiscalía de DDHH inició un caso en contra de Héctor Iván Mejía y Abrahán Figueroa Tercero, dos altos oficiales de la Policía Nacional Preventiva ; fueron acusados luego por detención ilegal, tortura y abuso de autoridad ; el abogado Omar Menjivar, puso una denuncia especialmente por los perjuicios contra el periodista de Radio Progreso, Gustavo Cardoza, quien fue golpeado y detenido ilegalmente mientras ejercía su labor en la cobertura de la manifestación. Sin embargo, los acusados fueron sobreseídos definitivamente por todos los delitos. Un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional está pendiente todavía.

Represión del 15 de septiembre 2010, San Pedro Sula

Un año después de estos acontecimientos en Choloma, en el mismo departamento, la población de San Pedro Sula sufrió la primera fuerte represión bajo el nuevo gobierno del Presidente Lobo.

El 15 de septiembre de 2010, día  en que se celebra la independencia de Centroamérica, se organizó una manifestación del Frente Nacional de Resistencia Popular, que iba a concluir con un concierto de música. Cuando los manifestantes se aprestaban a escuchar el concierto de la banda Café Guancasco, la policía y los militares iniciaron un bombardeo de gases lacrimógenos y de líquido tóxico con sus tanquetas, agrediendo y golpeando con brutalidad a los manifestantes. Tuvo por resultado varias personas heridas e intoxicadas, incluyendo la muerte por asfixia del vendedor ambulante Efraín López. Salieron heridas varias personas, al menos 5 personas fueron hospitalizadas y 37 detenidas. La policía destruyó gran parte del equipo de la banda musical. Al mismo tiempo, las instalaciones de la estación de Radio UNO, fueron atacadas por la policía, que rompieron los vidrios del edificio y les lanzaron bombas lacrimógenas.(10)

La Fiscalía de Derechos Humanos y como acusador privado el abogado Víctor Fernández en representación de las víctimas, iniciaron un proceso legal en contra de los subcomisionados de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía (también acusado en el caso de la represión de Choloma) y Daniel Omar Matamoros acusados por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, detención ilegal, tortura, lesiones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió sobreseer a los acusados por todos los delitos que les fueron imputados.

Además de estos casos, existen cientos de casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado que ni siquiera han sido judicializados ni investigados por la Fiscalía. Se comprueba que incluso en los casos emblemáticos aqui presentados, ninguna víctima de la represión post-golpe ha obtenido justicia. A la excepción de un caso, no hubo ninguna persona condenada por violaciones a derechos humanos (11). Es más, varios de los altos mandos de la Policía y Fuerzas armadas han sido promovidos en su carrera ; un ejemplo evidente, Hector Ivan Mejía y Elder Madrid Guerra, los dos Comisionados involucrados en los tres casos de represión presentados, lejos de haber sido sancionados, fueron ascendidos a un grado superior y hoy en día forman parte de la cúpula policial.

Después de la decisión de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, las tres organizaciones (FIDH, CIPRODEH y COFADEH) reiteran la necesidad de « un mecanismo híbrido, como una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (CICIH), compuesto de expertos nacionales e internacionales para  la efectiva investigación y juicio de graves crímenes”.

Los jueces destituidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Además, varios casos han sido llevados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Precisamente ayer 10 de noviembre de 2015, la Corte Interamericana condenó al Estado de Honduras por la destitución de cuatro jueces miembros de la “Asociación de Jueces por la Democracia” que se opusieron al golpe de Estado, declarando que en este caso hubo violaciones a la libertad de expresión y a los derechos políticos. Esta sentencia condenatoria en contra del Estado representa una esperanza para las víctimas, no solamente en este caso, sino también para todas las víctimas del golpe de Estado que siguen exigiendo la justicia.

NOTAS

1. https://www.fidh.org/es/region/americas/honduras/honduras-crimenes-derivados-del-golpe-de-estado-de-2009-deben-ser

2. Para más información, ver nuestro artículo : https://proah.wordpress.com/2012/10/22/la-comision-de-verdad-presenta-su-informe-la-voz-mas-autorizada-es-la-de-las-victimas/

3. Declaración de la Fiscal de la CPI, 28 de octubre de 2015: https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/es_otp-stat-28-10-2015.aspx

4. ^{Además, las organizaciones peticionarias anunciaron que impugnarán esta decisión: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3782:organizaciones-de-derechos-humanos-de-honduras-impugnaran-resolucion-de-la-fiscalia-de-la-cpi&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150}

5. Sitio web del CCR : https://www.ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/murillo-v-micheletti

6. Ver informe de la Comisión de Verdad, p. 149

7. El decreto aprobado en 2010 dice: “conceder amnistía de carácter general para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado las acciones típicas referentes al delito de traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo, sedición y todas del Código Penal calificadas como delitos políticos Desobediencia y Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios”. Agrega que “no están contemplados aquellos delitos relacionados con actos de corrupción, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho, de lesa humanidad y violación a derechos humanos”.

8. http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3489:nuevo-cargo-a-policia-que-ha-sido-acusado-por-violar-ddhh-en-honduras&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

9. Ver informe de la Comisión de Verdad, páginas 153 a 156

10. ver informe de la Comisión de Verdad, p 164

11. El único caso en el cual hubo una sentencia condenatoria en contra de un agente de policía, es en febrero de 2012 ; una mujer agente de Policía Preventiva fue condenada a 8 años de cárcel (con conmutación de penas) por la detención ilegal y tortura de una mujer manifestante en San Pedro Sula, en agosto de 2009. Ver

    http://www.voselsoberano.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13400%3Acondenan-a-mujer-policia-por-torturas-a-una-mujer-militante-de-la-resistencia&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=8

12. http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_42_15.pdf

La lucha incansable contra las desapariciones forzadas en Honduras, de los 80 al presente.

El 30 de agosto pasado se conmemoró el Día Nacional del Detenido-Desaparecido en Honduras. En un foro organizado por el COFADEH en este marco, su coordinadora Bertha Oliva destacó que la elección de esta fecha de conmemoración surgió de una reunión de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en América Latina (FEDEFAM) en 1984 en Venezuela, en la cual se constató que precisamente agosto era el mes en que se produjeron mayores desapariciones forzadas ejecutadas por agentes de los diferentes Estados latinoamericanos en obediencia a un plan macabro impulsado por Estados Unidos contra dirigentes y defensores de derechos humanos de los movimientos sociales.

Bertha Oliva agregó que “Por eso en ese congreso, declaramos que las organizaciones íbamos a luchar para que en cada país se pudiera lograr el Día Nacional del Detenido Desaparecido. En 1984 proponernos ese objetivo era muy difícil; porque estábamos en plena implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional”.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue creado en 1982 por 12 familias de víctimas de desapariciones forzadas, para lograr un claro objetivo: recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. Desde esa fecha, el COFADEH sigue luchando incansablemente contra la impunidad y por la justicia y el respeto a los derechos humanos. La organización logró que en 2002, el 30 de agosto sea reconocido oficialmente como el Día Nacional de Detenido Desaparecido en Honduras, mediante decreto legislativo.(1)

El COFADEH registra 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de 90; a éstas se deben agregar decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas. La desaparición de James («Guadalupe») Carney, un sacerdote jesuita de origen estadounidense, nacionalizado hondureño, es uno de los 184 casos registrados, y su rostro aparece con los desaparecidos en la sede de COFADEH y en las vigilias que se realizan cada mes.

COFADEH, en coalición con otras organizaciones, ha acompañado estos casos que ha documentado, acudiendo al sistema de justicia nacional e internacional. Varias de sus denuncias por asesinatos y desapariciones forzadas de dirigentes sociales llegaron hasta el sistema interamericano de derechos humanos.

El Estado de Honduras condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el crimen de desaparición forzada:

Las dos primeras sentencias contenciosas que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su creación, resultaron ser justamente condenas al Estado de Honduras, por desapariciones forzadas. En 1988, en su primera sentencia, la Corte interamericana condenó al Estado hondureño por la tortura y desaparición forzada del joven estudiante Manfredo Velázquez Rodríguez. Esta sentencia afirma que «ha sido probada en el proceso la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 y 1984 ». Luego, en el caso Saul Godínez Cruz, en 1989, nuevamente el Estado es condenado por la desaparición forzada del joven, por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Que la Corte declare culpable a un Estado por secuestro, tortura y desaparición forzada, es algo histórico para América Latina, es el reconocimiento legal de lo que ya se sabía en Honduras, y que las autoridades negaban : a partir del año 1981 la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado enmarcada en la Doctrina de Seguridad Nacional.

En estos casos, la Corte condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas, a investigar los hechos y a castigar a los responsables. En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992. Sin embargo, a pesar de estas sentencias condenatorias, en ninguno de estos casos se ha investigado y llevado ante un tribunal a los supuestos responsables de estos crímenes.

Impunidad

Existe total impunidad en casos de asesinatos políticos y desapariciones forzadas de la «década perdida». En los 80 hubo investigaciones judiciales pero todos los presuntos culpables fueron sobreseídos. Luego, entre 1995 y 2000, se abrieron nuevos casos, pero de todos los casos de los 80, hubo una sola sentencia condenatoria en el caso de la desaparición forzada temporal de seis estudiantes, en la cual el Ex-Director de la Dirección Nacional de Investigación Juan Blas Salazar Meza fue sentenciado a dos años de cárcel (2).

Hoy en día, los autores de violaciones a derechos humanos de los 80, lejos de sentir temor por ser algún día encarcelados, siguen en libertad, varios de ellos trabajando en asesoría en temas de seguridad.

16 casos nuevos de desaparición forzada

Además de todos los crímenes del pasado que quedaron en absoluta impunidad, el espectro de este crimen de lesa humanidad volvió recientemente a la realidad de los hondureños. Después del Golpe de Estado de 2009, el COFADEH ha documentado 16 casos de desapariciones en el país. Esta práctica resurgió como una estrategia para imponer el terror y reprimir a la protesta social.

Un ejemplo emblemático es el caso de Reynaldo Cruz Palma, un caso de desaparición forzada que tristemente sucedió el mismo día en que se conmemora al Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de 2011.

José Reynaldo Cruz Palma era un líder comunal, el Presidente de Patronato de la Colonia Planeta de San Pedro Sula. Apenas dos días antes de su desaparición, él y su esposa habían realizado acciones en favor de 10 personas detenidas ilegalmente en su colonia. También, dos meses antes Reynaldo había denunciado en la televisión los abusos de la policía durante un operativo en su colonia, lo cual se concluyó con la muerte de siete supuestos pandilleros.

Ese día 30 de agosto, fue raptado por hombres armados, cuando se encontraba en un bus cerca de San Pedro Sula, junto a su esposa. Se lo llevaron por la fuerza en dos carros, incluso uno de la policía preventiva. Desde ese día, no se supo nada de él. Sus familiares se presentaron a la policía el mismo día pero ésta se negó a tomar la denuncia. Pidieron el apoyo del COFADEH y juntos han hecho todas las denuncias legales, pero no han recibido ninguna respuesta. La única respuesta es que el caso «está en investigación» pero no se han emitido ni una orden de captura, ni tienen nombres de los supuestos responsables. Los familiares de Reynaldo responsabilizan a la Policía por la desaparición de su ser querido. Debido a la persecución que recibieron luego e haber denunciado su desaparición, que incluyen amenazas y atentados, su esposa Nubia Carbajal tuvo que abandonar el país en 2013 (3).

Reapertura de casos de los 80 ?

El 28 de agosto, la Coordinadora de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Soraya Morales, anunció la reapertura de la investigación de las muertes ocurridas en la década de los 80, con el fin de retomar las averiguaciones para la investigación de 184 expedientes. Anunció que “se ha abierto una unidad para dar respuesta a estos casos que han estado en la Fiscalía de Derechos Humanos y que no han tenido un impulso procesal; ya tenemos casos judicializados, otros sin judicializar y se ha destacado un equipo fiscal para ese hecho”.

El anuncio de la Fiscalía de reabrir investigaciones de casos de los 80 ha sido recibido con cautela por COFADEH y otros defensores de derechos humanos. No parece casualidad que este anuncio se haya hecho precisamente el mismo día que tuviera lugar una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado hondureño (4). Además, se da justamente mientras el Estado hondureño está apurado para entregar un informe al Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas, por lo cual tiene retraso. En un contexto de impunidad extrema, defensores de derechos humanos se preguntan si este anuncio de reapertura de casos no responde más a una estrategia del gobierno para dar una imagen de respeto a los derechos humanos frente a los organismos internacionales, que a un compromiso real con la justicia y contra la impunidad.

Mientras los casos de desaparición forzada del pasado quedan en total impunidad, y nuevos rostros de personas desaparecidas aparecen en las paredes y vigilias de COFADEH, la organización sigue más que nunca su lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad.

Para saber más sobre las desapariciones forzadas en Honduras:

El sitio de COFADEH: cofadeh.hn o www.cofadeh.org/html/desaparecidos/index.htm
El informe del ex-Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, “Los hechos hablan por sí mismos” , informe sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993.
Sobre la desaparición de Reynaldo Cruz Palma, artículo de Daniel Valencia Caravantes publicado en Sala Negra: “Los desaparecidos no existen en el país más violento del mundo”

1 Y a nivel internacional, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
2 Ver su caso en http://www.cofadeh.org/html/violadores%20ddhh/juan_blas_salazar.htm
3 Ver este artículo de defensoresenlinea.com describiendo varios casos de desapariciones después del Golpe.
4 Ver este artículo en Conexihon : Honduras rinde cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ACCION URGENTE: Preocupación por la situación de miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa.

PROAH expresa su fuerte preocupación por la vida de los siete miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa que se unieron a la huelga de hambre en Tegucigalpa, así como por la situación de impunidad y de graves violaciones a derechos humanos en la comunidad de Locomapa, Yoro.

El 30 de junio,  7 miembros de la tribu de San Francisco Locomapa emprendieron una huelga de hambre frente a Casa Presidencial, exigiendo la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, así como el cese a la impunidad en el país y en particular en el departamento de Yoro.

Los 7 indígenas Tolupanes que participan en la huelga de hambre tienen medidas cautelares otorgadas en diciembre de 2013 por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH). Estas medidas fueron emitidas a raíz del asesinato que ocurrió en Locomapa el 25 de agosto de 2013, en contra de tres personas que se oponían a la tala de bosque y la explotación minera ilegales. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado hondureño la protección a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas en alto riesgo.

Entre agosto de 2013 y hasta la fecha, 7 personas de la comunidad fueron asesinadas, entre ellas 5 líderes y lideresas en lucha para la protección de los recursos de la tierra, el bosque y en abierta oposición a la explotación ilegal de mineral antimonio  en las tierras comunales. El último asesinato en la zona ocurrió el 18 de junio de 2015, en la comunidad Brisas de Locomapa; se trata del defensor de la tierra Erasio Vieda Ponce.

Testigos aseguran que los 5 asesinatos mencionados fueron cometidos por hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región. Dos de ellos tienen orden de captura, desde el triple asesinato del 25 de agosto de 2013.

A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y la Comisión internacional de DDHH, la situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Los supuestos responsables de los asesinatos y otros miembros de este grupo entran y salen de la zona libremente, hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror. Todos los luchadores y luchadoras de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte y trece van siendo asesinados en las últimas décadas. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad. Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

La policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos, capturar a los supuestos asesinos  y brindar protección a la población, citan constantemente dificultades materiales que obstaculizan su trabajo. Para el Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia (MADJ), que acompaña a los defensores de la comunidad, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras.

NUEVAS AMENAZAS A LOS HUELGUISTAS DE HAMBRE

Los  Tolupanes en huelga de hambre y sus familias en este momento corren aún más peligro ya que desde el inicio de la huelga diferentes personas han estado rondando sus casas, y hostigado a sus familiares a través de llamadas telefónicas y hasta amenazas a muerte. El huelguista Sergio Ávila denunció que el 8 de julio pasado, desconocidos armados le gritaron a su hijo, « bájate de ese caballo sino te vamos a matar también a vos”, empezaron a forcejear y finalmente su hijo se tiró del caballo y se fue corriendo, después de eso mataron a su caballo.

Frente a esta situación altamente preocupante, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que representa legalmente a los Tolupanes, les solicita dirigirse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

– Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para capturar a los responsables de los asesinatos y hostigamiento en Locomapa; llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones  previstas por la ley.
– Realizar una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados y  presentar un informe detallado sobre esto.

– Implementar, en mayor brevedad y de manera efectiva, todas las medidas de protección necesarias y poner fin a todo tipo de hostigamiento y acto de violencia en contra de los Tolupanes de Locomapa.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS  A:

Abogado JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Presidente de la República de Honduras
Tel: (504)  2221-4545. Fax : +504 2290 5010.
Mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn / info@presidencia.gob.hn

Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República
y Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar
Tel: (504)  2221-3099 o (504) 2221-5670/67
Fax: +504 2221 5667
Mail: fg@ministeriopublico.gob.hn
http://www.mp.hn   (sección contáctenos)

Fiscalía de etnias y Patrimonio Cultura:
Coordinación: Yany del Cid, Tel: 22215620
Correo: janydelcid@yahoo.es
Nilson Salgado: nilsonsalgado@gmail.com

Abg. Sagrario Prudott (Jefa, Departamento de Derechos humanos, Secretaría de Seguridad)
Tel:    31528878 /.  Email: sprudott@yahoo.com

Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Telefax: +504 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532.
Correo Electrónico:  central@conadeh.hn

Noé Rodríguez, Presidente de Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXI    
Tel: 00504-9924-7948

Allan Pineda, Coordinador de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de Yoro.
Tel.: 00504-97097450

Para más información sobre esta acción, favor de contactar a madjorganizacion@gmail.com

Comunidad de Locomapa: Sigue la impunidad, la violencia y el hostigamiento a indígenas Tolupanes

Foto de MADJ, actividad del 11 de abril en Locomapa

El 11 de abril del 2015, PROAH acompañó una actividad organizada por el Consejo Preventivo de la Tribu de San Francisco de Locomapa y el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), que consistió en una caminata a uno de los linderos de la tribu para hacer reconocimiento de sus tierras.

La actividad incluyó un homenaje a Luis de Reyes Marcía, indígena Tolupán de la comunidad de Locomapa, Yoro, asesinado el 4 de abril de 2015. Luis es el cuarto defensor del derecho a la tierra que es víctima de un asesinato en la pequeña comunidad, luego de los asesinatos de tres de sus compañeros de lucha en el 2013.

A dos años del asesinato de los tres defensores Tolupanes, el crimen sigue impune:

El 25 de agosto del 2013, tres indígenas Tolupanes fueron asesinados con arma de fuego en la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales. El asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región (ver nuestro artículo de 2013).

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público el cual PROAH presenció como observador internacional, el 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.

Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares. La situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Luego del triple asesinato, varias familias de la comunidad tuvieron que salir de la zona durante seis meses y uno de los exiliados todavía no ha podido volver a Locomapa. Cerca de dos años después de los hechos, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad; ellos y otros miembros de este grupo siguen hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

 

Otro defensor de la tierra asesinado

El 4 de Abril de 2015, otro suceso trágico enlutó nuevamente la comunidad: el asesinato de otro miembro de la comunidad, el señor Luis de Reyes Marcía.

Su cuerpo fue encontrado con varias puñaladas en el tórax y cuello, señales de que fue brutalmente asesinado. Luis Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y miembra activa del MADJ. Su familia había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2014, luego de permanecer seis meses fuera, por las amenazas a muerte que habían recibido. A su retorno, Consuelo Soto y Luis Marcía se reincorporaron a la lucha para el territorio. Poco antes de la muerte de Luis, él y su esposa habían presentado una denuncia ante la posta policial local, debido a nuevas amenazas a muerte y daños a sus cultivos. El principal sospechoso de su muerte forma parte del mismo grupo que amedrenta continuamente a la comunidad.

 

Consuelo Soto, foto de PROAH

Apenas seis semanas después del asesinato de su esposo, el 22 de mayo pasado, Consuelo Soto sufrió un atentado. Según Consuelo, un vecino molesto por la visita que realizó el Fiscal de las Etnias para investigar sobre la muerte de su esposo, llegó a su casa en la cual se encontraban ella y sus dos nietos, y disparó 3 veces en contra de ellos. Consuelo Soto se lanzó al piso con los dos niños para protegerse, y luego huyó a una casa vecina. Tuvo que salir inmediatamente de la comunidad. (escuchar aquí su testimonio a Radio Progreso). Se sospecha también que este señor forma parte del mismo grupo al servicio de poderosos empresarios.

Por haber recibido continuamente las denuncias de miembros del MADJ, la policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos y brindar protección a la población están muy bien informadas de todo lo que ocurre en la zona. Sin embargo, éstas constantemente citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo, como la falta de personal y de vehículo. Para el MADJ, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras: según Víctor Fernández, abogado de la organización, “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado” (ver la fuente, Radio Progreso).

Todos los luchadores de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad (ver nuestro artículo de junio de 2014). Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Plantón frente al Ministerio Público, 12 de mayo 2015. Foto de MADJ.

Frente a esta situación de alta vulnerabilidad de los Tolupanes de Locomapa, el MADJ exige a las autoridades que investiguen debidamente los asesinatos de 2013 y 2015 y que ejecuten la captura de sus autores; que cumplan con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de las personas que benefician de éstas, y por fin; que se garantice la desinstalación de empresas explotadoras de los bienes naturales que se encuentran ilegalmente en la zona ya que son estas empresas las que provocan los conflictos de violencia (fuente:MADJ).

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Para más información:

Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ:

VIDEO sobre la lucha de la comunidad de Locomapa: 

Comunicado 5 de abril de 2015: “Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro”.

De la Red nacional de Defensoras de derechos humanos en Honduras:

Alerta, 4 de junio de 2015: Todas Somos Consuelo

De Radio Progreso, 10 de abril 2015: Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

La comunidad Garífuna de Barra Vieja a juicio por defender su territorio ancestral

Del 12 al 14 de mayo PROAH acompañó a la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, donde 66 personas de la comunidad comparecieron en un juicio oral y público por una acusación de “usurpación de tierras en perjuicio del Estado”.

La comunidad garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, igual que muchas comunidades garífunas en la costa norte de Honduras, está amenazada con ser desalojada de sus tierras ancestrales por parte de intereses económicas privados y del Estado de Honduras.

Desde que sus pobladores se enteraron de la intención de instalar en su comunidad un lujoso complejo turístico, la lucha por el reconocimiento de sus derechos sobre su tierra ancestral y por la defensa de la cultura garífuna se intensificó. En consecuencia, la comunidad sufrió dos desalojos y denuncias legales por usurpación que la llevó a un juicio del 12 al 14 de mayo 2015.

Indura Beach & Golf Resort, un proyecto turístico impulsado por grandes empresarios y el Estado hondureño.

La construcción del complejo Indura Beach Resort comenzó en 2006, privando a la comunidad de varias manzanas de su territorio. El hotel fue inaugurado en noviembre de 2013, pero está previsto extenderlo aún más. Hoy en día la entrada vigilada del resort se encuentra a la par de la comunidad de Barra Vieja. La cerca que delimita la propiedad del hotel bordea la ruta de acceso a Barra Vieja.

La empresa Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), dueña del proyecto, es una sociedad pública-privada, financiada al 49% por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y al 51% por el Fondo Hondureño de Inversión Turística (FHIT), integrado por unos de los empresarios más poderosos de Honduras ¹.

Foto: S Bartlett

La lucha legal por la tierra y la consecuente criminalización de los defensores del territorio

En el año 2007 el Instituto Hondureño de Turismo, a través de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Tela en contra de los pobladores de Barra Vieja, por usurpación de tierras estatales, afirmando ser dueños de este territorio. Según OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), la ENP “de manera misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garífuna de la Bahia de Tela”. Click para ver fuente. Desde este momento, la comunidad emprendió una lucha legal para que se reconociera su derecho a vivir en sus tierras ancestrales, enfrentándose a poderosos intereses de inversionistas hondureños y del Estado.

La criminalización empezó en julio de 2013, cuando varios miembros de la comunidad fueron capturados por la policía, y detenidos por unas horas. Desde esta fecha, casi todos los adultos miembros de la comunidad están bajo medidas sustitutivas a la cárcel, acusados de usurpación, lo que les obliga a ir al juzgado a firmar cada semana y les impide salir del país.

Un año después, la comunidad de Barra Vieja tuvo que enfrentar dos desalojos: el 6 de septiembre y el 30 de septiembre del 2014. En ambos casos, las fuerzas armadas sacaron fuera de sus casas las pertenencias personales de las 150 familias. La población opuso una resistencia pacífica al desalojo y el mismo día volvió a su comunidad. Los habitantes de Barra Vieja denuncian desde ese entonces los efectos sicológicos de los desalojos sobre la población y principalmente sobre los niños, impactados por la fuerte presencia policial y militar, que PROAH pudo observar durante el intento de desalojo el 29 de septiembre del 2014:

El juicio oral y público:

Del 12 al 14 de mayo de 2015, 66 personas de la comunidad fueron citadas a comparecer ante el juzgado de Tela, acusadas de usurpación en perjuicio del Estado. Por no haber suficiente espacio en el juzgado de Tela, las audiencias se desarrollaron en las antiguas instalaciones de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la transnacional frutera United Fruit Company, que desde los años 1930 impulsó el desalojo de comunidades garífunas de sus tierras para el cultivo del banano.

Durante los tres días de audiencia, alrededor de 400 personas, provenientes de diferentes comunidades garífunas, acompañaron en solidaridad a los criminalizados de Barra Vieja. Curiosamente, solamente 66 personas comparecieron; más de 40 pobladores de la comunidad, así como la mayoría de los líderes de la comunidad, no fueron citados al juicio aunque siguen procesados y con medidas sustitutivas. La parte acusadora estuvo representada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Empresa Nacional Portuaria.

Después de casi tres días de audiencia, el juez aceptó la solicitud de la parte acusadora de postergar la continuación de la audiencia, para que pueda tener tiempo de ubicar a sus testigos, que no se habían presentado en las audiencias, y así permitir su comparecencia en la siguiente audiencia, que fijaron para el 3 de junio de 2015.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos vs intereses transnacionales

Según OFRANEH, “El caso de Barra Vieja es una violación al Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales”, lo cual fue ratificado por el Estado de Honduras.

Para la organización garífuna OFRANEH, las presiones ejercidas en Barra Vieja son parte de una estrategia del gobierno hondureño para desalojar a los garífunas de sus territorios ancestrales y explotar sus tierras. Presentan un peligro a su derecho al acceso a la tierra, a la consulta previa y amenazan su sobrevivencia y cultura.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas se agravan con la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), o ciudades modelo, que incluye a más de 20 comunidades garífunas distribuidas en varias de estas zonas previstas para ser entregadas al capital extranjero, con el propósito de crear zonas casi independientes de las instancias estatales y de recurrir a la tercerización de la justicia (2).

En el reporte preliminar de la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras en Diciembre de 2014, la CIDH instó al gobierno: 1) “a reconocer la identidad cultural del Pueblo Garífuna” y 2) “a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con su obligación, y garantizar una consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la especial relación entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales.”

Frente a las fuertes presiones económicas en juego en el caso de Barra Vieja y según el fallo que el tribunal dará en junio, posiblemente la comunidad tendrá que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual ha desarrollado una gran jurisprudencia reafirmando el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral.

Para más información:

Ver el video de OFRANEH: Juicio a la comunidad Garifuna de Barra Vieja acusada de usurpación de su territorio ancestral

Artículo de Dina Meza: Este 03 de junio continúa la audiencia para un despojo anunciado a la comunidad garífuna de Barra Vieja.

ACTUALIZACION, 10 DE JUNIO DE 2015:

El 4 de junio de 2015, finalmente el Juzgado de Tela emitió un veredicto a favor de la comunidad de Barra Vieja. Fueron absueltas las 66 personas enjuiciadas. Sin embargo, el juicio en contra de los 8 miembros de la junta directiva sigue, y la próxima audiencia en su contra tendrá lugar el 30 de junio.

Para más información, ver este artículo de OFRANEH : Juzgado de Tela emite un veredicto a favor de la comunidad Garífuna de Barra Vieja y la entrevista de Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH (por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos)

1Es precisamente en este hotel que se desarrolló, en febrero de 2015, el Primer Encuentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, con la presencia de los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, y del CEAL, el Consejo Empresarial de América Latina, de lo cual forman parte los directivos del FHIT-Indura Beach. El propósito oficial del evento: respaldar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con el apoyo del sector privado. Un conjunto de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica y Estados Unidos, expresaron su gran preocupación por esta alianza en una carta pública dirigida a los jefes de Estado de estos países. En particular, su preocupación “se fundamenta en que el Plan refuerza las mismas políticas económicas que han resultado en inequidad y han detonado las violaciones generalizadas de los derechos laborales, un incremento de violencia hacia los liderazgos laborales y el desplazamiento forzoso de la población a través de Mesoamérica”. 

2 http://zede.gob.hn/?page_id=108 y https://ofraneh.wordpress.com/2014/06/26/las-zede-y-la-falta-de-aplicacion-de-la-consulta-consentimiento-previo-libre-e-informado/

Delegación suiza expresa preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras

El Foro Suiza Honduras, una ONG suiza que aboga por los procesos democráticos y el respeto de los derechos humanos en Honduras, organizó una delegación del 4 al 11 de mayo de 2015, con el objetivo de monitorear la situación general de derechos humanos en el país. Se entrevistó con representantes de la sociedad civil, de organizaciones internacionales y nacionales, el CONADEH y con comunidades afectadas por la industria minera.

PROAH acompañó a la delegación en sus diferentes reuniones y visitas.

Aquí encontrará el comunicado de prensa de la delegación, y acá el informe más detallado.

RESUMEN DE EVENTOS Y PROBLEMÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, ENERO de 2015

Favor de encontrar AQUI nuestro informe en inglés sobre la situación de derechos humanos en Honduras, para el mes de enero.

RESUMEN DE EVENTOS Y PROBLEMÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS. OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

Favor de encontrar AQUI nuestro informe en inglés sobre la situación de derechos humanos en Honduras, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Una introducción al informe:

La visita in loco a principios de diciembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en el último trimestre de 2014 (ver más abajo), así como de su 53º período de sesiones de audiencias del 23 de octubre al 7 de noviembre, que incluía tres sobre Honduras. Sus principales preocupaciones incluyen las tasas alarmantes de violencia en el país, así como el asesinato y el hostigamiento de los defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. Desafortunadamente, no hubo tregua de octubre a diciembre.
Cuatro abogados fueron asesinados en el periodo de un mes, incluyendo dos fiscales y un defensor público (P.4), añadiéndose al clima de temor por el ejercicio profesional del derecho que está haciendo una serie de jueces consideren renunciar a sus cargos. Otro periodista fue asesinado en diciembre (P.7), con lo que el total para 2014 asciende 9, siendo uno de los peores años para este tipo de asesinatos desde el golpe, y asegura el lugar de Honduras en el top 10 de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo en los últimos 5 años.
Tres activistas de los derechos de la tierra también fueron asesinados, incluyendo un miembro de COPINH opuesto al proyecto de la represa en el Río Blanco, y un líder campesino en el Bajo Aguán. El número de asesinatos de niños y jóvenes siguió aumentando, con inquietantes denuncias de organizaciones sobre limpieza social en Yoro. También hubo numerosos casos de intento de criminalización, por ejemplo, de los periodistas a través del abuso de las leyes de difamación y de activistas de los derechos de la tierra en cargos de sedición (potencialmente) y usurpación. Estos grupos también siguieron sufriendo otras formas de persecución, incluyendo amenazas de muerte y detención ilegal.
Mientras tanto, hubo una serie de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo los TIGRES y PMOP (Policía Militar Orden Público), creada como alternativa a la corrupta Policía Nacional.
50 TIGRES fueron suspendidos por el robo de $ 1.3 milloneS; en dos incidentes separados, la PMOP era involucrada en una violación, y en el tiroteo a un autobús, hiriendo a cuatro personas, Además, 10 policías y dos soldados, entre ellos un coronel del ejército, están acusados de haber utilizado regularmente prostitutas infantiles.

VISITA DE LA CIDH

La CIDH emitió un comunicado de prensa acompañado de un anexo, con sus observaciones preliminares tras su visita in loco a Honduras del 1 de diciembre al 5 para supervisar la situación general de los derechos humanos en el país. La CIDH pasado había visitado por última vez Honduras en mayo de 2010, en respuesta al golpe de Estado (ver informe). Además de con los funcionarios del Estado, los comisionados se reunieron un gran número de organizaciones, y viajaron a La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula, y el Bajo Aguán y visitaron centros de atención a niños migrantes; comunidades garífuna, comunidades campesinas y varias cárceles del país.

Las conclusiones de la CIDH fueron apropiadamente condenatorias, en referencia a los alarmantes índices de violencia, incluida algunas de las tasas más altas de homicidios en todo el mundo, así como las desapariciones, los altos niveles de violencia por motivos de género, la violencia y los conflictos agrarios que también producen actos de violencia, cometidos en un contexto de amplia impunidad, a consecuencia de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del poder judicial.

La CIDH se refirió al testimonio alarmante que había oído en relación con los asesinatos y actos de hostigamiento de defensores de los derechos humanos, los operadores del sector justicia y periodistas, entre otros, y la persecución de los que procuran la justicia, presentan denuncias y brindan información a las autoridades.

Asimismo, la CIDH expresó su preocupación por la participación de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de las funciones del Estado, incluida la PMOP (Policía Militar Orden Público), la investigación y el castigo de la delincuencia organizada, la educación cívica de los niños a través del Programa de los Guardianes de la Patria, su papel en el sistema penitenciario y en disputas por la tierra, y consideró que representaba un riesgo para el Estado de Derecho.

La CIDH describió el sistema de justicia penal como «excesivamente punitivo”, con prioridades clave para reforma incluyendo salvaguardias fortalecidas para garantizar la independencia de los jueces, y mejoras en el sistema de justicia a menores, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Los Comisionados se refirieron también a los altos niveles de pobreza y desigualdad social, con una falta de el acceso a la nutrición básica que afecta a grandes sectores de la población. Hicieron especial referencia al Bajo Aguán, donde observaron que la mayoría de la gente no sólo vive en la pobreza y la exclusión, pero se sentía «absolutamente desesperada», debido a la falta de oportunidades y la falta de acceso a la justicia a resolver los conflictos relacionados con disputas por la tierra. También se refirieron a la pobreza y el despojo sufrido por comunidades garífunas debido a la intrusión en sus territorios de empresas privadas sin la consulta previa, y a la explotación laboral de las mujeres en las maquilas.

La CIDH identificó como factores de «empuje» para la emigración esta pobreza, la violencia e impunidad imperantes, combinado con la falta de esperanza de que la situación mejore. Instó al Estado a adoptar medidas urgentes para atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad, y para proteger a las personas de esta situación.

La reacción de los líderes empresariales y de las fuerzas armadas era predecible, con Guillermo Matamoros, ex- presidente de la CHE (Colegio de Economistas de Honduras «), y Fredy Díaz Zelaya, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que acusan a la CIDH de sesgo. Este último declaró que no había una sola verdad: “la confianza de la población en las fuerzas armadas, y el compromiso de los soldados a las personas”, citando a dos áreas en en particular – la Moskitia y el Bajo Aguán – como regiones donde la situación había mejorado (desmentido por las varias denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el mismo ejército en la Mosquita y la persecución permanente, incluidos los asesinatos, de los campesinos en el Bajo Aguán (ver páginas 20 y 23, respectivamente)). La reducción de los conflictos de tierras también fue destacada por Ricardo Álvarez, Vicepresidente y coordinador del gabinete para asuntos de interior y la descentralización, al comentar sobre la visita de la CIDH. Atribuyó esta «paz social en las zonas rurales a mayor diálogo entre los campesinos y el Estado, y dijo que, como resultado de esta y otras mejoras, Honduras se retira de la «Lista de negra» de la CIDH.

Esta lista de negra – y la presencia de Honduras en ella – parecía ser la preocupación principal del Estado de Honduras cuando se considera la visita de la CIDH. La llamada lista de negra, es la lista de países específicamente mencionados en el Capítulo IV-B del Informe Anual de la CIDH, como ha sido el caso de Honduras para todos los años posteriores al golpe de Estado, debido a su especial preocupación por su situación de derechos humanos. Independientemente de la Evaluación de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos, Honduras será excluida del Capítulo IV B para 2014, de conformidad con el artículo 59 (8) de las Reglas de Procedimiento de la CIDH, ya que la evaluación de la situación de los derechos será cubierto por el informe sobre la visita al país. Esto no impedirá que Honduras vuelva a incluirse en el capítulo IV B en los próximos años.