ACCION URGENTE: Preocupación por la situación de miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa.

15 julio, 2015

PROAH expresa su fuerte preocupación por la vida de los siete miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa que se unieron a la huelga de hambre en Tegucigalpa, así como por la situación de impunidad y de graves violaciones a derechos humanos en la comunidad de Locomapa, Yoro.

El 30 de junio,  7 miembros de la tribu de San Francisco Locomapa emprendieron una huelga de hambre frente a Casa Presidencial, exigiendo la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, así como el cese a la impunidad en el país y en particular en el departamento de Yoro.

Los 7 indígenas Tolupanes que participan en la huelga de hambre tienen medidas cautelares otorgadas en diciembre de 2013 por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH). Estas medidas fueron emitidas a raíz del asesinato que ocurrió en Locomapa el 25 de agosto de 2013, en contra de tres personas que se oponían a la tala de bosque y la explotación minera ilegales. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado hondureño la protección a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas en alto riesgo.

Entre agosto de 2013 y hasta la fecha, 7 personas de la comunidad fueron asesinadas, entre ellas 5 líderes y lideresas en lucha para la protección de los recursos de la tierra, el bosque y en abierta oposición a la explotación ilegal de mineral antimonio  en las tierras comunales. El último asesinato en la zona ocurrió el 18 de junio de 2015, en la comunidad Brisas de Locomapa; se trata del defensor de la tierra Erasio Vieda Ponce.

Testigos aseguran que los 5 asesinatos mencionados fueron cometidos por hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región. Dos de ellos tienen orden de captura, desde el triple asesinato del 25 de agosto de 2013.

A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y la Comisión internacional de DDHH, la situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Los supuestos responsables de los asesinatos y otros miembros de este grupo entran y salen de la zona libremente, hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror. Todos los luchadores y luchadoras de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte y trece van siendo asesinados en las últimas décadas. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad. Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

La policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos, capturar a los supuestos asesinos  y brindar protección a la población, citan constantemente dificultades materiales que obstaculizan su trabajo. Para el Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia (MADJ), que acompaña a los defensores de la comunidad, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras.

NUEVAS AMENAZAS A LOS HUELGUISTAS DE HAMBRE

Los  Tolupanes en huelga de hambre y sus familias en este momento corren aún más peligro ya que desde el inicio de la huelga diferentes personas han estado rondando sus casas, y hostigado a sus familiares a través de llamadas telefónicas y hasta amenazas a muerte. El huelguista Sergio Ávila denunció que el 8 de julio pasado, desconocidos armados le gritaron a su hijo, « bájate de ese caballo sino te vamos a matar también a vos”, empezaron a forcejear y finalmente su hijo se tiró del caballo y se fue corriendo, después de eso mataron a su caballo.

Frente a esta situación altamente preocupante, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que representa legalmente a los Tolupanes, les solicita dirigirse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

– Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para capturar a los responsables de los asesinatos y hostigamiento en Locomapa; llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones  previstas por la ley.
– Realizar una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados y  presentar un informe detallado sobre esto.

– Implementar, en mayor brevedad y de manera efectiva, todas las medidas de protección necesarias y poner fin a todo tipo de hostigamiento y acto de violencia en contra de los Tolupanes de Locomapa.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS  A:

Abogado JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Presidente de la República de Honduras
Tel: (504)  2221-4545. Fax : +504 2290 5010.
Mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn / info@presidencia.gob.hn

Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República
y Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar
Tel: (504)  2221-3099 o (504) 2221-5670/67
Fax: +504 2221 5667
Mail: fg@ministeriopublico.gob.hn
http://www.mp.hn   (sección contáctenos)

Fiscalía de etnias y Patrimonio Cultura:
Coordinación: Yany del Cid, Tel: 22215620
Correo: janydelcid@yahoo.es
Nilson Salgado: nilsonsalgado@gmail.com

Abg. Sagrario Prudott (Jefa, Departamento de Derechos humanos, Secretaría de Seguridad)
Tel:    31528878 /.  Email: sprudott@yahoo.com

Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Telefax: +504 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532.
Correo Electrónico:  central@conadeh.hn

Noé Rodríguez, Presidente de Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXI    
Tel: 00504-9924-7948

Allan Pineda, Coordinador de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de Yoro.
Tel.: 00504-97097450

Para más información sobre esta acción, favor de contactar a madjorganizacion@gmail.com

Comunidad de Locomapa: Sigue la impunidad, la violencia y el hostigamiento a indígenas Tolupanes

16 junio, 2015

Foto de MADJ, actividad del 11 de abril en Locomapa

El 11 de abril del 2015, PROAH acompañó una actividad organizada por el Consejo Preventivo de la Tribu de San Francisco de Locomapa y el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), que consistió en una caminata a uno de los linderos de la tribu para hacer reconocimiento de sus tierras.

La actividad incluyó un homenaje a Luis de Reyes Marcía, indígena Tolupán de la comunidad de Locomapa, Yoro, asesinado el 4 de abril de 2015. Luis es el cuarto defensor del derecho a la tierra que es víctima de un asesinato en la pequeña comunidad, luego de los asesinatos de tres de sus compañeros de lucha en el 2013.

A dos años del asesinato de los tres defensores Tolupanes, el crimen sigue impune:

El 25 de agosto del 2013, tres indígenas Tolupanes fueron asesinados con arma de fuego en la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales. El asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región (ver nuestro artículo de 2013).

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público el cual PROAH presenció como observador internacional, el 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.

Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares. La situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Luego del triple asesinato, varias familias de la comunidad tuvieron que salir de la zona durante seis meses y uno de los exiliados todavía no ha podido volver a Locomapa. Cerca de dos años después de los hechos, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad; ellos y otros miembros de este grupo siguen hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

 

Otro defensor de la tierra asesinado

El 4 de Abril de 2015, otro suceso trágico enlutó nuevamente la comunidad: el asesinato de otro miembro de la comunidad, el señor Luis de Reyes Marcía.

Su cuerpo fue encontrado con varias puñaladas en el tórax y cuello, señales de que fue brutalmente asesinado. Luis Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y miembra activa del MADJ. Su familia había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2014, luego de permanecer seis meses fuera, por las amenazas a muerte que habían recibido. A su retorno, Consuelo Soto y Luis Marcía se reincorporaron a la lucha para el territorio. Poco antes de la muerte de Luis, él y su esposa habían presentado una denuncia ante la posta policial local, debido a nuevas amenazas a muerte y daños a sus cultivos. El principal sospechoso de su muerte forma parte del mismo grupo que amedrenta continuamente a la comunidad.

 

Consuelo Soto, foto de PROAH

Apenas seis semanas después del asesinato de su esposo, el 22 de mayo pasado, Consuelo Soto sufrió un atentado. Según Consuelo, un vecino molesto por la visita que realizó el Fiscal de las Etnias para investigar sobre la muerte de su esposo, llegó a su casa en la cual se encontraban ella y sus dos nietos, y disparó 3 veces en contra de ellos. Consuelo Soto se lanzó al piso con los dos niños para protegerse, y luego huyó a una casa vecina. Tuvo que salir inmediatamente de la comunidad. (escuchar aquí su testimonio a Radio Progreso). Se sospecha también que este señor forma parte del mismo grupo al servicio de poderosos empresarios.

Por haber recibido continuamente las denuncias de miembros del MADJ, la policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos y brindar protección a la población están muy bien informadas de todo lo que ocurre en la zona. Sin embargo, éstas constantemente citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo, como la falta de personal y de vehículo. Para el MADJ, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras: según Víctor Fernández, abogado de la organización, “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado” (ver la fuente, Radio Progreso).

Todos los luchadores de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad (ver nuestro artículo de junio de 2014). Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Plantón frente al Ministerio Público, 12 de mayo 2015. Foto de MADJ.


Frente a esta situación de alta vulnerabilidad de los Tolupanes de Locomapa, el MADJ exige a las autoridades que investiguen debidamente los asesinatos de 2013 y 2015 y que ejecuten la captura de sus autores; que cumplan con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de las personas que benefician de éstas, y por fin; que se garantice la desinstalación de empresas explotadoras de los bienes naturales que se encuentran ilegalmente en la zona ya que son estas empresas las que provocan los conflictos de violencia (fuente:MADJ).


 

Para más información:

Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ:

VIDEO sobre la lucha de la comunidad de Locomapa: 

Comunicado 5 de abril de 2015: “Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro”.

De la Red nacional de Defensoras de derechos humanos en Honduras:

Alerta, 4 de junio de 2015: Todas Somos Consuelo

De Radio Progreso, 10 de abril 2015: Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

La comunidad Garífuna de Barra Vieja a juicio por defender su territorio ancestral

2 junio, 2015

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Del 12 al 14 de mayo PROAH acompañó a la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, donde 66 personas de la comunidad comparecieron en un juicio oral y público por una acusación de “usurpación de tierras en perjuicio del Estado”.

La comunidad garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, igual que muchas comunidades garífunas en la costa norte de Honduras, está amenazada con ser desalojada de sus tierras ancestrales por parte de intereses económicas privados y del Estado de Honduras.

Desde que sus pobladores se enteraron de la intención de instalar en su comunidad un lujoso complejo turístico, la lucha por el reconocimiento de sus derechos sobre su tierra ancestral y por la defensa de la cultura garífuna se intensificó. En consecuencia, la comunidad sufrió dos desalojos y denuncias legales por usurpación que la llevó a un juicio del 12 al 14 de mayo 2015.

Indura Beach & Golf Resort, un proyecto turístico impulsado por grandes empresarios y el Estado hondureño.

La construcción del complejo Indura Beach Resort comenzó en 2006, privando a la comunidad de varias manzanas de su territorio. El hotel fue inaugurado en noviembre de 2013, pero está previsto extenderlo aún más. Hoy en día la entrada vigilada del resort se encuentra a la par de la comunidad de Barra Vieja. La cerca que delimita la propiedad del hotel bordea la ruta de acceso a Barra Vieja.

La empresa Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), dueña del proyecto, es una sociedad pública-privada, financiada al 49% por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y al 51% por el Fondo Hondureño de Inversión Turística (FHIT), integrado por unos de los empresarios más poderosos de Honduras 1.

Foto: S Bartlett

La lucha legal por la tierra y la consecuente criminalización de los defensores del territorio

En el año 2007 el Instituto Hondureño de Turismo, a través de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Tela en contra de los pobladores de Barra Vieja, por usurpación de tierras estatales, afirmando ser dueños de este territorio. Según OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), la ENP “de manera misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garífuna de la Bahia de Tela”. Click para ver fuente. Desde este momento, la comunidad emprendió una lucha legal para que se reconociera su derecho a vivir en sus tierras ancestrales, enfrentándose a poderosos intereses de inversionistas hondureños y del Estado.

La criminalización empezó en julio de 2013, cuando varios miembros de la comunidad fueron capturados por la policía, y detenidos por unas horas. Desde esta fecha, casi todos los adultos miembros de la comunidad están bajo medidas sustitutivas a la cárcel, acusados de usurpación, lo que les obliga a ir al juzgado a firmar cada semana y les impide salir del país.

Un año después, la comunidad de Barra Vieja tuvo que enfrentar dos desalojos: el 6 de septiembre y el 30 de septiembre del 2014. En ambos casos, las fuerzas armadas sacaron fuera de sus casas las pertenencias personales de las 150 familias. La población opuso una resistencia pacífica al desalojo y el mismo día volvió a su comunidad. Los habitantes de Barra Vieja denuncian desde ese entonces los efectos sicológicos de los desalojos sobre la población y principalmente sobre los niños, impactados por la fuerte presencia policial y militar, que PROAH pudo observar durante el intento de desalojo el 29 de septiembre del 2014:

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El juicio oral y público:

Del 12 al 14 de abril de 2015, 66 personas de la comunidad fueron citadas a comparecer ante el juzgado de Tela, acusadas de usurpación en perjuicio del Estado. Por no haber suficiente espacio en el juzgado de Tela, las audiencias se desarrollaron en las antiguas instalaciones de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la transnacional frutera United Fruit Company, que desde los años 1930 impulsó el desalojo de comunidades garífunas de sus tierras para el cultivo del banano.

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Durante los tres días de audiencia, alrededor de 400 personas, provenientes de diferentes comunidades garífunas, acompañaron en solidaridad a los criminalizados de Barra Vieja. Curiosamente, solamente 66 personas comparecieron; más de 40 pobladores de la comunidad, así como la mayoría de los líderes de la comunidad, no fueron citados al juicio aunque siguen procesados y con medidas sustitutivas. La parte acusadora estuvo representada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Empresa Nacional Portuaria.

Después de casi tres días de audiencia, el juez aceptó la solicitud de la parte acusadora de postergar la continuación de la audiencia, para que pueda tener tiempo de ubicar a sus testigos, que no se habían presentado en las audiencias, y así permitir su comparecencia en la siguiente audiencia, que fijaron para el 3 de junio de 2015.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos vs intereses transnacionales

Según OFRANEH, “El caso de Barra Vieja es una violación al Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales”, lo cual fue ratificado por el Estado de Honduras.

Para la organización garífuna OFRANEH, las presiones ejercidas en Barra Vieja son parte de una estrategia del gobierno hondureño para desalojar a los garífunas de sus territorios ancestrales y explotar sus tierras. Presentan un peligro a su derecho al acceso a la tierra, a la consulta previa y amenazan su sobrevivencia y cultura.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas se agravan con la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), o ciudades modelo, que incluye a más de 20 comunidades garífunas distribuidas en varias de estas zonas previstas para ser entregadas al capital extranjero, con el propósito de crear zonas casi independientes de las instancias estatales y de recurrir a la tercerización de la justicia (2).

En el reporte preliminar de la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras en Diciembre de 2014, la CIDH instó al gobierno: 1) “a reconocer la identidad cultural del Pueblo Garífuna” y 2) “a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con su obligación, y garantizar una consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la especial relación entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales.”

Frente a las fuertes presiones económicas en juego en el caso de Barra Vieja y según el fallo que el tribunal dará en junio, posiblemente la comunidad tendrá que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual ha desarrollado una gran jurisprudencia reafirmando el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral.

Para más información:

Ver el video de OFRANEH: Juicio a la comunidad Garifuna de Barra Vieja acusada de usurpación de su territorio ancestral

Artículo de Dina Meza: Este 03 de junio continúa la audiencia para un despojo anunciado a la comunidad garífuna de Barra Vieja.

ACTUALIZACION, 10 DE JUNIO DE 2015:

El 4 de junio de 2015, finalmente el Juzgado de Tela emitió un veredicto a favor de la comunidad de Barra Vieja. Fueron absueltas las 66 personas enjuiciadas. Sin embargo, el juicio en contra de los 8 miembros de la junta directiva sigue, y la próxima audiencia en su contra tendrá lugar el 30 de junio.

Para más información, ver este artículo de OFRANEH : Juzgado de Tela emite un veredicto a favor de la comunidad Garífuna de Barra Vieja y la entrevista de Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH (por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos)

1Es precisamente en este hotel que se desarrolló, en febrero de 2015, el Primer Encuentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, con la presencia de los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, y del CEAL, el Consejo Empresarial de América Latina, de lo cual forman parte los directivos del FHIT-Indura Beach. El propósito oficial del evento: respaldar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con el apoyo del sector privado. Un conjunto de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica y Estados Unidos, expresaron su gran preocupación por esta alianza en una carta pública dirigida a los jefes de Estado de estos países. En particular, su preocupación “se fundamenta en que el Plan refuerza las mismas políticas económicas que han resultado en inequidad y han detonado las violaciones generalizadas de los derechos laborales, un incremento de violencia hacia los liderazgos laborales y el desplazamiento forzoso de la población a través de Mesoamérica”. 

Delegación suiza expresa preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras

13 mayo, 2015

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El Foro Suiza Honduras, una ONG suiza que aboga por los procesos democráticos y el respeto de los derechos humanos en Honduras, organizó una delegación del 4 al 11 de mayo de 2015, con el objetivo de monitorear la situación general de derechos humanos en el país. Se entrevistó con representantes de la sociedad civil, de organizaciones internacionales y nacionales, el CONADEH y con comunidades afectadas por la industria minera.

PROAH acompañó a la delegación en sus diferentes reuniones y visitas.

Aquí encontrará el comunicado de prensa de la delegación, y acá el informe más detallado.

RESUMEN DE EVENTOS Y PROBLEMÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, ENERO de 2015

6 marzo, 2015

Favor de encontrar AQUI nuestro informe en inglés sobre la situación de derechos humanos en Honduras, para el mes de enero.

RESUMEN DE EVENTOS Y PROBLEMÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS. OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

3 febrero, 2015

Favor de encontrar AQUI nuestro informe en inglés sobre la situación de derechos humanos en Honduras, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Una introducción al informe:

La visita in loco a principios de diciembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en el último trimestre de 2014 (ver más abajo), así como de su 53º período de sesiones de audiencias del 23 de octubre al 7 de noviembre, que incluía tres sobre Honduras. Sus principales preocupaciones incluyen las tasas alarmantes de violencia en el país, así como el asesinato y el hostigamiento de los defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. Desafortunadamente, no hubo tregua de octubre a diciembre.
Cuatro abogados fueron asesinados en el periodo de un mes, incluyendo dos fiscales y un defensor público (P.4), añadiéndose al clima de temor por el ejercicio profesional del derecho que está haciendo una serie de jueces consideren renunciar a sus cargos. Otro periodista fue asesinado en diciembre (P.7), con lo que el total para 2014 asciende 9, siendo uno de los peores años para este tipo de asesinatos desde el golpe, y asegura el lugar de Honduras en el top 10 de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo en los últimos 5 años.
Tres activistas de los derechos de la tierra también fueron asesinados, incluyendo un miembro de COPINH opuesto al proyecto de la represa en el Río Blanco, y un líder campesino en el Bajo Aguán. El número de asesinatos de niños y jóvenes siguió aumentando, con inquietantes denuncias de organizaciones sobre limpieza social en Yoro. También hubo numerosos casos de intento de criminalización, por ejemplo, de los periodistas a través del abuso de las leyes de difamación y de activistas de los derechos de la tierra en cargos de sedición (potencialmente) y usurpación. Estos grupos también siguieron sufriendo otras formas de persecución, incluyendo amenazas de muerte y detención ilegal.
Mientras tanto, hubo una serie de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo los TIGRES y PMOP (Policía Militar Orden Público), creada como alternativa a la corrupta Policía Nacional.
50 TIGRES fueron suspendidos por el robo de $ 1.3 milloneS; en dos incidentes separados, la PMOP era involucrada en una violación, y en el tiroteo a un autobús, hiriendo a cuatro personas, Además, 10 policías y dos soldados, entre ellos un coronel del ejército, están acusados de haber utilizado regularmente prostitutas infantiles.

VISITA DE LA CIDH

La CIDH emitió un comunicado de prensa acompañado de un anexo, con sus observaciones preliminares tras su visita in loco a Honduras del 1 de diciembre al 5 para supervisar la situación general de los derechos humanos en el país. La CIDH pasado había visitado por última vez Honduras en mayo de 2010, en respuesta al golpe de Estado (ver informe). Además de con los funcionarios del Estado, los comisionados se reunieron un gran número de organizaciones, y viajaron a La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula, y el Bajo Aguán y visitaron centros de atención a niños migrantes; comunidades garífuna, comunidades campesinas y varias cárceles del país.

Las conclusiones de la CIDH fueron apropiadamente condenatorias, en referencia a los alarmantes índices de violencia, incluida algunas de las tasas más altas de homicidios en todo el mundo, así como las desapariciones, los altos niveles de violencia por motivos de género, la violencia y los conflictos agrarios que también producen actos de violencia, cometidos en un contexto de amplia impunidad, a consecuencia de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del poder judicial.

La CIDH se refirió al testimonio alarmante que había oído en relación con los asesinatos y actos de hostigamiento de defensores de los derechos humanos, los operadores del sector justicia y periodistas, entre otros, y la persecución de los que procuran la justicia, presentan denuncias y brindan información a las autoridades.

Asimismo, la CIDH expresó su preocupación por la participación de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de las funciones del Estado, incluida la PMOP (Policía Militar Orden Público), la investigación y el castigo de la delincuencia organizada, la educación cívica de los niños a través del Programa de los Guardianes de la Patria, su papel en el sistema penitenciario y en disputas por la tierra, y consideró que representaba un riesgo para el Estado de Derecho.

La CIDH describió el sistema de justicia penal como “excesivamente punitivo”, con prioridades clave para reforma incluyendo salvaguardias fortalecidas para garantizar la independencia de los jueces, y mejoras en el sistema de justicia a menores, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Los Comisionados se refirieron también a los altos niveles de pobreza y desigualdad social, con una falta de el acceso a la nutrición básica que afecta a grandes sectores de la población. Hicieron especial referencia al Bajo Aguán, donde observaron que la mayoría de la gente no sólo vive en la pobreza y la exclusión, pero se sentía “absolutamente desesperada”, debido a la falta de oportunidades y la falta de acceso a la justicia a resolver los conflictos relacionados con disputas por la tierra. También se refirieron a la pobreza y el despojo sufrido por comunidades garífunas debido a la intrusión en sus territorios de empresas privadas sin la consulta previa, y a la explotación laboral de las mujeres en las maquilas.

La CIDH identificó como factores de “empuje” para la emigración esta pobreza, la violencia e impunidad imperantes, combinado con la falta de esperanza de que la situación mejore. Instó al Estado a adoptar medidas urgentes para atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad, y para proteger a las personas de esta situación.

La reacción de los líderes empresariales y de las fuerzas armadas era predecible, con Guillermo Matamoros, ex- presidente de la CHE (Colegio de Economistas de Honduras “), y Fredy Díaz Zelaya, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que acusan a la CIDH de sesgo. Este último declaró que no había una sola verdad: “la confianza de la población en las fuerzas armadas, y el compromiso de los soldados a las personas”, citando a dos áreas en en particular – la Moskitia y el Bajo Aguán – como regiones donde la situación había mejorado (desmentido por las varias denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el mismo ejército en la Mosquita y la persecución permanente, incluidos los asesinatos, de los campesinos en el Bajo Aguán (ver páginas 20 y 23, respectivamente)). La reducción de los conflictos de tierras también fue destacada por Ricardo Álvarez, Vicepresidente y coordinador del gabinete para asuntos de interior y la descentralización, al comentar sobre la visita de la CIDH. Atribuyó esta “paz social en las zonas rurales a mayor diálogo entre los campesinos y el Estado, y dijo que, como resultado de esta y otras mejoras, Honduras se retira de la “Lista de negra” de la CIDH.

Esta lista de negra – y la presencia de Honduras en ella – parecía ser la preocupación principal del Estado de Honduras cuando se considera la visita de la CIDH. La llamada lista de negra, es la lista de países específicamente mencionados en el Capítulo IV-B del Informe Anual de la CIDH, como ha sido el caso de Honduras para todos los años posteriores al golpe de Estado, debido a su especial preocupación por su situación de derechos humanos. Independientemente de la Evaluación de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos, Honduras será excluida del Capítulo IV B para 2014, de conformidad con el artículo 59 (8) de las Reglas de Procedimiento de la CIDH, ya que la evaluación de la situación de los derechos será cubierto por el informe sobre la visita al país. Esto no impedirá que Honduras vuelva a incluirse en el capítulo IV B en los próximos años.

INFORME DE PROAH SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014

21 octubre, 2014

Favor de encontrar aquí nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, para los meses de agosto y septiembre.

Conmemoración del primer aniversario de los asesinatos en Locomapa

9 septiembre, 2014

Esta reflexión fue escrita por Lucy Edwards (PROAH, Hope in Action, Congregational United Church of Christ, Ashland, Oregon)

Hace poco más de un año, en la tarde del domingo 25 de agosto de 2013, hombres armados mataron a tres líderes indígenas tolupanes. La tribu de San Francisco de Locomapa había empezado un bloqueo de ruta en su comunidad para parar la minería ilegal y la explotación de madera en las tierras comunales.

Dos hombres empleados por la mina llegaron en una moto y dispararon al grupo, alcanzando a Ricardo Soto Funes y Armando Funes Medina mientras estos se refugiaban en el patio de la casa de una mujer mayor, María Enriqueta Matute. María se encontraba en su cocina cuando la mataron. En la mañana del día siguiente (lunes 26 de agosto de 2013), acompañé al equipo de Radio Progreso a reclamar los cuerpos con el fin de regresarlos a Locomapa para que los velaran y los enterraran.

Este año en la primera conmemoración de los asesinatos, la comunidad, con el apoyo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizó una marcha conmemorativa en la que participaron tres voluntarios acompañantes de PROAH de Francia, Estados Unidos y Suiza respectivamente.

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Los Tolupanes, niños y adultos, encendieron ramas cortadas de sus pinos, su fuente de energía y de luz. Las volvieron a prender durante el camino en lugares específicos. El olor dulce del humo producía una presencia visible y reconfortante. Alguien mencionó durante la ceremonia que estas marchas conmemorativas solían hacerse de noche, pero que ya no era seguro hacerlo así.

Cuando la marcha alcanzó la casa de María Enriqueta Matute, donde las tres personas murieron el año pasado, unieron las antorchas de ramas en un pequeño fogón.

Los dos hombres que dispararon la casa de María Enriqueta permanecen libres y activos en la comunidad. Se dictó una orden de captura pero la policía  no la ha cumplido excusándose con varios argumentos entre los cuales manifiestan la falta de un vehiculo. La comunidad está también preocupada por la posible complicidad de la policía con los asesinos, y ellos temen por su propia seguridad.

Dos policías acompañaron la procesión. Pregunté a unos de ellos sobre los asesinatos, y me contestó que los autores habían dejado la zona. Mencioné que la comunidad había reportado verlos regularmente, y entonces mencionó los problemas que tenia la policía para desplazarse, que no tienen vehículo.

Cerca del final de la procesión, caminé junto a una mujer mayor de nombre María Petrona. Varios niños pequeños se acercaron a ella llamándola “tía” y ella les puso la mano en la frente, como para bendecirlos. Quizás unas cinco niñas hicieron eso. Se volteó hacia mi y me dijo que eran todos familia.
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Después nos encontramos de nuevo, las dos buscando sombra. Estábamos en el sitio donde los dos hombres murieron, cerca de la pequeña casa de María Enriqueta. Aquí Maria Petrona me explicó que era la hermana mayor de María Enriqueta. A ambas nos saltaron las lágrimas cuando describió como  impactaron las balas en la pared de su cocina, impactos que todavía eran visibles. Me tomó de la mano, me llevó allí y me los enseñó. Estaba parada justo en el lugar donde su hermana había estado, donde cayó muerta en el suelo de la entrada de su cocina. Podía ver un impacto de bala justo arriba de su hombro. Su cuerpo escondía el otro.

INFORME MENSUAL DE PROAH SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS (julio de 2014)

4 septiembre, 2014

Ingresar AQUI para encontrar nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras correspondiente al mes de julio de 2014 (Disponible en inglés).

Acerca de este informe:

En julio, el tema de los niños migrantes continuó ocupando los titulares (P.5) de los medios de comunicación, quienes hicieron énfasis en la situación de los infantes luego de ser deportados de los EEUU. La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, tras su visita a Honduras, habló de la realidad de la que estos niños huyen, en donde ‘el clima de miedo … y la impunidad de las violaciónes de los derechos humanos de las mujeres, son la norma’ (P. 4).

Hubo más incidentes relacionados con personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH – el secuestro de defensores de DDHH garífunas por hombres armados vinculados al narcotráfico, así como de dos sacerdotes que apoyan a comunidades que se oponen a la minería y 3 acompañantes de PROAH (P.12).

Este mes, también hubo revelaciones muy inquietantes sobre intentos por parte de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA) de intimidar a una sobreviviente de la tragedia en Ahuas, para que cambie su testimonio en favor de la DEA (P.3).
Otra vez un periodista fue asesinado (P.8) y muchos más sufrieron intimidaciones, incluso expresadas por el presidente de la República. También, otro abogado fue asesinado (P.10); el motivo probablemente está relacionado a su apoyo en el tema del derecho a la tierra. Un activista del partido LIBRE fue víctima de un intento fallido de asesinato y una continua persecución policial (P.10). En el Bajo Aguán, se produjo un violento desalojo en la finca Paso Aguán, con una persecución a defensores de campesinos – vigilancia de los miembros de OPDHA y una campaña de difamación en contra de Annie Bird, de la organización Derechos en Acción (P.15). Noticias un poco más positivas, admitieron el recurso de apelación de “Chabelo”, el campesino injustamente encarcelado desde el año 2008 (P.16) y un coronel del ejército fue condenado por el cierre de un canal televisivo durante el golpe de Estado, representando la primera condena de tal magnitud (P.10 ).

El 22 de julio, el Congreso de Honduras aprobó el proyecto de ley para la protección de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en su segunda lectura. El proyecto de ley, que incluye 71 artículos, ahora es objeto de consulta con los grupos afectados antes de que sea definitivamente aprobado por el Congreso.

Un proyecto de COFADEH para recordar a las víctimas de desapariciones forzadas: La Ruta de la Memoria Histórica

30 agosto, 2014

Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para conmemorar a las 184 víctimas desaparecidas durante los 80 y 90 en Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) inició el proyecto Ruta de la Memoria Histórica”, un recorrido a diferentes lugares emblemáticos de la política de terror del Estado en esta época que obedecía a una estrategia claramente estructurada, usando una violencia cruel bien calculada.

Personas que soñaban con un futuro mejor fueron detenidas ilegalmente por ser insurgentes o en oposición a la política del Estado por la COBRA (Policía Antisubversión), la TESON (Tropas Especiales para Operaciones de Selva y Nocturnas) o por el Grupo de los 14 (escuadrones de muerte del Batallón de Inteligencia 3-16).

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Siguiendo la Ruta de la Memoria Histórica se encuentran lugares en donde estas personas fueron detenidas, torturadas y clandestinamente enterradas.

El punto de partida es la oficina de COFADEH, donde no sólo está su centro documental, sino también paredes llenas de imágenes de personas desaparecidas, padres, madres, hijas, hijos, hermanas y hermanos que desaparecieron. Pocos volvieron. No hay suficiente espacio ni palabras para expresar el dolor y la desesperación de las familias que jamás van a saber lo que pasó con sus seres queridos ni dónde están enterrados.

Después de visitar la Plaza de la Merced, donde desde 33 años Cofadeh protesta cada primer viernes del mes contra esta desaparición forzada, se sigue la Ruta. Se enfrenta a lugares horrorosos como la casa del terror, situada en la finca de Amilcar Zelaya en Amarateca, en la cual las personas detenidas soportaban torturas brutales inimaginables antes de sufrir una muerte cruel.

Se constata que el portón del Hogar el Diamante, en aquel tiempo campo de la Contra Nicaragüense, tiene las estructuras idénticas al portón de la finca en Amarateca. Ahí hay otra vez un lugar, en el cual los detenidos fueron torturados. En este Hogar se sospecha que hay un cementerio clandestino cerca de la cuesta del Río Frío.

Y se constata que la violencia es estructural y sigue en el presente, aplicada de otra manera, pero siempre conforme a la estrategia de un Estado que no respeta los derechos humanos.

La última estación de la Ruta es el Hogar contra el Olvido, sitio inolvidable por emitir una aura tranquila llena de luz y de paz. El recuerdo de todas las personas desaparecidas se queda vivo, intangible, esperando la verdad.

Para más información:

Acompañantes internaciones recorren la “Ruta de la Memoria” que muestra la impunidad

 


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