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ACCION URGENTE: Preocupación por la situación de miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa.

15 julio, 2015

PROAH expresa su fuerte preocupación por la vida de los siete miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa que se unieron a la huelga de hambre en Tegucigalpa, así como por la situación de impunidad y de graves violaciones a derechos humanos en la comunidad de Locomapa, Yoro.

El 30 de junio,  7 miembros de la tribu de San Francisco Locomapa emprendieron una huelga de hambre frente a Casa Presidencial, exigiendo la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, así como el cese a la impunidad en el país y en particular en el departamento de Yoro.

Los 7 indígenas Tolupanes que participan en la huelga de hambre tienen medidas cautelares otorgadas en diciembre de 2013 por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH). Estas medidas fueron emitidas a raíz del asesinato que ocurrió en Locomapa el 25 de agosto de 2013, en contra de tres personas que se oponían a la tala de bosque y la explotación minera ilegales. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado hondureño la protección a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas en alto riesgo.

Entre agosto de 2013 y hasta la fecha, 7 personas de la comunidad fueron asesinadas, entre ellas 5 líderes y lideresas en lucha para la protección de los recursos de la tierra, el bosque y en abierta oposición a la explotación ilegal de mineral antimonio  en las tierras comunales. El último asesinato en la zona ocurrió el 18 de junio de 2015, en la comunidad Brisas de Locomapa; se trata del defensor de la tierra Erasio Vieda Ponce.

Testigos aseguran que los 5 asesinatos mencionados fueron cometidos por hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región. Dos de ellos tienen orden de captura, desde el triple asesinato del 25 de agosto de 2013.

A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y la Comisión internacional de DDHH, la situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Los supuestos responsables de los asesinatos y otros miembros de este grupo entran y salen de la zona libremente, hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror. Todos los luchadores y luchadoras de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte y trece van siendo asesinados en las últimas décadas. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad. Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

La policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos, capturar a los supuestos asesinos  y brindar protección a la población, citan constantemente dificultades materiales que obstaculizan su trabajo. Para el Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia (MADJ), que acompaña a los defensores de la comunidad, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras.

NUEVAS AMENAZAS A LOS HUELGUISTAS DE HAMBRE

Los  Tolupanes en huelga de hambre y sus familias en este momento corren aún más peligro ya que desde el inicio de la huelga diferentes personas han estado rondando sus casas, y hostigado a sus familiares a través de llamadas telefónicas y hasta amenazas a muerte. El huelguista Sergio Ávila denunció que el 8 de julio pasado, desconocidos armados le gritaron a su hijo, « bájate de ese caballo sino te vamos a matar también a vos”, empezaron a forcejear y finalmente su hijo se tiró del caballo y se fue corriendo, después de eso mataron a su caballo.

Frente a esta situación altamente preocupante, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que representa legalmente a los Tolupanes, les solicita dirigirse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

– Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para capturar a los responsables de los asesinatos y hostigamiento en Locomapa; llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones  previstas por la ley.
– Realizar una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados y  presentar un informe detallado sobre esto.

– Implementar, en mayor brevedad y de manera efectiva, todas las medidas de protección necesarias y poner fin a todo tipo de hostigamiento y acto de violencia en contra de los Tolupanes de Locomapa.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS  A:

Abogado JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Presidente de la República de Honduras
Tel: (504)  2221-4545. Fax : +504 2290 5010.
Mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn / info@presidencia.gob.hn

Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República
y Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar
Tel: (504)  2221-3099 o (504) 2221-5670/67
Fax: +504 2221 5667
Mail: fg@ministeriopublico.gob.hn
http://www.mp.hn   (sección contáctenos)

Fiscalía de etnias y Patrimonio Cultura:
Coordinación: Yany del Cid, Tel: 22215620
Correo: janydelcid@yahoo.es
Nilson Salgado: nilsonsalgado@gmail.com

Abg. Sagrario Prudott (Jefa, Departamento de Derechos humanos, Secretaría de Seguridad)
Tel:    31528878 /.  Email: sprudott@yahoo.com

Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Telefax: +504 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532.
Correo Electrónico:  central@conadeh.hn

Noé Rodríguez, Presidente de Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXI    
Tel: 00504-9924-7948

Allan Pineda, Coordinador de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de Yoro.
Tel.: 00504-97097450

Para más información sobre esta acción, favor de contactar a madjorganizacion@gmail.com

Comunidad de Locomapa: Sigue la impunidad, la violencia y el hostigamiento a indígenas Tolupanes

16 junio, 2015

Foto de MADJ, actividad del 11 de abril en Locomapa

El 11 de abril del 2015, PROAH acompañó una actividad organizada por el Consejo Preventivo de la Tribu de San Francisco de Locomapa y el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), que consistió en una caminata a uno de los linderos de la tribu para hacer reconocimiento de sus tierras.

La actividad incluyó un homenaje a Luis de Reyes Marcía, indígena Tolupán de la comunidad de Locomapa, Yoro, asesinado el 4 de abril de 2015. Luis es el cuarto defensor del derecho a la tierra que es víctima de un asesinato en la pequeña comunidad, luego de los asesinatos de tres de sus compañeros de lucha en el 2013.

A dos años del asesinato de los tres defensores Tolupanes, el crimen sigue impune:

El 25 de agosto del 2013, tres indígenas Tolupanes fueron asesinados con arma de fuego en la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales. El asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región (ver nuestro artículo de 2013).

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público el cual PROAH presenció como observador internacional, el 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.

Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares. La situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Luego del triple asesinato, varias familias de la comunidad tuvieron que salir de la zona durante seis meses y uno de los exiliados todavía no ha podido volver a Locomapa. Cerca de dos años después de los hechos, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad; ellos y otros miembros de este grupo siguen hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

 

Otro defensor de la tierra asesinado

El 4 de Abril de 2015, otro suceso trágico enlutó nuevamente la comunidad: el asesinato de otro miembro de la comunidad, el señor Luis de Reyes Marcía.

Su cuerpo fue encontrado con varias puñaladas en el tórax y cuello, señales de que fue brutalmente asesinado. Luis Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y miembra activa del MADJ. Su familia había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2014, luego de permanecer seis meses fuera, por las amenazas a muerte que habían recibido. A su retorno, Consuelo Soto y Luis Marcía se reincorporaron a la lucha para el territorio. Poco antes de la muerte de Luis, él y su esposa habían presentado una denuncia ante la posta policial local, debido a nuevas amenazas a muerte y daños a sus cultivos. El principal sospechoso de su muerte forma parte del mismo grupo que amedrenta continuamente a la comunidad.

 

Consuelo Soto, foto de PROAH

Apenas seis semanas después del asesinato de su esposo, el 22 de mayo pasado, Consuelo Soto sufrió un atentado. Según Consuelo, un vecino molesto por la visita que realizó el Fiscal de las Etnias para investigar sobre la muerte de su esposo, llegó a su casa en la cual se encontraban ella y sus dos nietos, y disparó 3 veces en contra de ellos. Consuelo Soto se lanzó al piso con los dos niños para protegerse, y luego huyó a una casa vecina. Tuvo que salir inmediatamente de la comunidad. (escuchar aquí su testimonio a Radio Progreso). Se sospecha también que este señor forma parte del mismo grupo al servicio de poderosos empresarios.

Por haber recibido continuamente las denuncias de miembros del MADJ, la policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos y brindar protección a la población están muy bien informadas de todo lo que ocurre en la zona. Sin embargo, éstas constantemente citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo, como la falta de personal y de vehículo. Para el MADJ, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras: según Víctor Fernández, abogado de la organización, “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado” (ver la fuente, Radio Progreso).

Todos los luchadores de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad (ver nuestro artículo de junio de 2014). Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Plantón frente al Ministerio Público, 12 de mayo 2015. Foto de MADJ.


Frente a esta situación de alta vulnerabilidad de los Tolupanes de Locomapa, el MADJ exige a las autoridades que investiguen debidamente los asesinatos de 2013 y 2015 y que ejecuten la captura de sus autores; que cumplan con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de las personas que benefician de éstas, y por fin; que se garantice la desinstalación de empresas explotadoras de los bienes naturales que se encuentran ilegalmente en la zona ya que son estas empresas las que provocan los conflictos de violencia (fuente:MADJ).


 

Para más información:

Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ:

VIDEO sobre la lucha de la comunidad de Locomapa: 

Comunicado 5 de abril de 2015: “Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro”.

De la Red nacional de Defensoras de derechos humanos en Honduras:

Alerta, 4 de junio de 2015: Todas Somos Consuelo

De Radio Progreso, 10 de abril 2015: Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

Conmemoración del primer aniversario de los asesinatos en Locomapa

9 septiembre, 2014

Esta reflexión fue escrita por Lucy Edwards (PROAH, Hope in Action, Congregational United Church of Christ, Ashland, Oregon)

Hace poco más de un año, en la tarde del domingo 25 de agosto de 2013, hombres armados mataron a tres líderes indígenas tolupanes. La tribu de San Francisco de Locomapa había empezado un bloqueo de ruta en su comunidad para parar la minería ilegal y la explotación de madera en las tierras comunales.

Dos hombres empleados por la mina llegaron en una moto y dispararon al grupo, alcanzando a Ricardo Soto Funes y Armando Funes Medina mientras estos se refugiaban en el patio de la casa de una mujer mayor, María Enriqueta Matute. María se encontraba en su cocina cuando la mataron. En la mañana del día siguiente (lunes 26 de agosto de 2013), acompañé al equipo de Radio Progreso a reclamar los cuerpos con el fin de regresarlos a Locomapa para que los velaran y los enterraran.

Este año en la primera conmemoración de los asesinatos, la comunidad, con el apoyo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizó una marcha conmemorativa en la que participaron tres voluntarios acompañantes de PROAH de Francia, Estados Unidos y Suiza respectivamente.

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Los Tolupanes, niños y adultos, encendieron ramas cortadas de sus pinos, su fuente de energía y de luz. Las volvieron a prender durante el camino en lugares específicos. El olor dulce del humo producía una presencia visible y reconfortante. Alguien mencionó durante la ceremonia que estas marchas conmemorativas solían hacerse de noche, pero que ya no era seguro hacerlo así.

Cuando la marcha alcanzó la casa de María Enriqueta Matute, donde las tres personas murieron el año pasado, unieron las antorchas de ramas en un pequeño fogón.

Los dos hombres que dispararon la casa de María Enriqueta permanecen libres y activos en la comunidad. Se dictó una orden de captura pero la policía  no la ha cumplido excusándose con varios argumentos entre los cuales manifiestan la falta de un vehiculo. La comunidad está también preocupada por la posible complicidad de la policía con los asesinos, y ellos temen por su propia seguridad.

Dos policías acompañaron la procesión. Pregunté a unos de ellos sobre los asesinatos, y me contestó que los autores habían dejado la zona. Mencioné que la comunidad había reportado verlos regularmente, y entonces mencionó los problemas que tenia la policía para desplazarse, que no tienen vehículo.

Cerca del final de la procesión, caminé junto a una mujer mayor de nombre María Petrona. Varios niños pequeños se acercaron a ella llamándola “tía” y ella les puso la mano en la frente, como para bendecirlos. Quizás unas cinco niñas hicieron eso. Se volteó hacia mi y me dijo que eran todos familia.
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Después nos encontramos de nuevo, las dos buscando sombra. Estábamos en el sitio donde los dos hombres murieron, cerca de la pequeña casa de María Enriqueta. Aquí Maria Petrona me explicó que era la hermana mayor de María Enriqueta. A ambas nos saltaron las lágrimas cuando describió como  impactaron las balas en la pared de su cocina, impactos que todavía eran visibles. Me tomó de la mano, me llevó allí y me los enseñó. Estaba parada justo en el lugar donde su hermana había estado, donde cayó muerta en el suelo de la entrada de su cocina. Podía ver un impacto de bala justo arriba de su hombro. Su cuerpo escondía el otro.

*ALERTA: ASALTO ARMADO A SACERDOTES CON MEDIDAS CAUTELARES Y ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (PROAH) *

9 julio, 2014

El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) expresa su grave preocupación ante el asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa).

El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.

Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.

PROAH acompañaba a la comunidad de Nueva Esperanza cuando el 25 de julio de 2013 dos acompañantes internacionales de PROAH (una ciudadana francesa y un ciudadano suizo) fueron mantenidos cautivos durante 2,5 horas por varios hombres armados que vigilaban las operaciones mineras de Minerales Victoria.

El asalto armado y secuestro del 3 de julio a beneficiarios de medidas cautelares y acompañantes internacionales pone en evidencia la situación de inseguridad extrema en Honduras, a la que la población se enfrenta cada día en todo el país. Además, el asalto demuestra la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares así que el alto nivel de riesgo que afrontan los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos en Honduras.

En varios casos acompañados por PROAH se evidencia la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares:

En Locomapa 38 personas recibieron medidas cautelares de la CIDH tras el asesinato de tres indígenas Tolupanes el 24 de agosto 2013 durante una protesta pacífica contra la actividad minera y la explotación forestal ilegal en sus tierras. Sin embargo, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad y siguen intimidando a los opositores al proyecto minero. Un miembro de la comunidad exiliado, todavía no ha vuelto a Locomapa. El 9 de junio de 2014, un beneficiario de medidas cautelares recibió nuevas amenazas por parte de un general en condición de retiro que además dañó sus cultivos y sus bienes.

Cuatro meses después de que el Estado de Honduras se comprometió a aplicar las medidas cautelares de la CIDH, la comunidad sigue amenazada y vulnerable.

En junio del 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, también beneficiario de medidas cautelares, emitió una Acción Urgente denunciando que el gobierno hondureño no ha adoptado medidas eficaces para disuadir la inseguridad e implementar medidas de protección.

La Acción Urgente fue emitida en respuesta a “una serie de acontecimientos que en forma sistemática vienen ocurriendo en las últimas semanas, hechos que se producen inmediatamente después que el COFADEH realiza acciones públicas de denuncia”. Estos acontecimientos incluyen la vigilancia de la oficina, así como el secuestro temporal y golpes severos sufridos por un miembro de COFADEH.

PROAH expresa su grave preocupación ante los niveles extremos de inseguridad, de impunidad y la falta de protección eficaz y adecuada de los beneficiarios de medidas cautelares así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos.

8 de julio 2014

San Francisco de Locomapa: impunidad y nuevas amenazas

24 junio, 2014

El fracaso del gobierno a implementar las medidas cautelares de la CIDH agudiza la impunidad y la inseguridad.

 

El 22 de febrero, la población de Locomapa celebró en una gran ceremonia, el regreso a la comunidad de seis de las siete personas obligadas a huir después del triple asesinato de María Enrique Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, el 24 de agosto 2013. El asesinato de los indígenas del pueblo Tolupán ocurrió tras 21 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad, en rechazo a la explotación minera y el corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

El gobierno hondureño representado por una comisión oficial (incluyendo a la Viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; miembros de la Secretaría de Seguridad; la Procuraduría General de la República; la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) se comprometió solemnemente ante la comunidad, al igual que el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que apoya a la comunidad) y otras organizaciones nacionales e internacionales – entre ellas PROAH – a garantizar la seguridad de los 38 beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y a detener y condenar a los autores de los tres asesinatos. 1

Sin embargo, cuatro meses después de la ceremonia, las amenazas y la situación de vulnerabilidad para la comunidad siguen. Los policías a cargo de la investigación y de la protección de las personas amenazadas mostraron confusión entre las medidas cautelares y las medidas sustitutivas a la cárcel, y por primera vez en el mes de mayo, expresaron la idea de establecer una lista de los beneficiarios de medidas cautelares. Al mismo tiempo, se muestran evasivos sobre los avances de la investigación. Citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo: falta de personal, falta de material, falta de accesibilidad a la comunidad. Sin embargo una parte de esas dificultades pareció solucionarse cuando recibieron una moto para llegar a la comunidad. No parecen haber encontrado dificultades para visitar a los acompañantes de PROAH en el mes de mayo.

A pesar de la investigación policial exigida como parte de la implementación de las medidas cautelares y el compromiso del Estado de proteger a la comunidad Tolúpan, los dos presuntos autores de la matanza de agosto 2013, que son objeto de orden de captura, siguen libres en la comunidad, intimidando a los opositores al proyecto minero. Se acercan con regularidad a ellos, suficientemente de cerca para amenazarles, y para que los miembros de la comunidad les identifiquen. Cualquier persona de la comunidad puede entonces dar una descripción física precisa de ellos, que podría ayudar una investigación policial seria. Pero el caso no avanza.

Más intimidaciones:

El 27 de marzo, Selvin Fúnez Matute, uno de los presuntos asesinos se acercó a un miembro del MADJ, amenazando de sacarles de sus casas y cortarles la lengua a él y tres otros miembros de la comunidad, esto si seguían hablando en Radio Progreso.

Varios miembros de la comunidad también afirmaron que los Matute disparaban al aire, cerca de las casas de las familias que se oponen a la minería, amenazando con matarlas si llamaban a la policía. Aunque varias familias denunciaron esas intimidaciones, la policía declaró no haber recibido ninguna llamada y expresó dudas sobre la veracidad de las acusaciones de la comunidad.

En la última visita de PROAH, la comunidad confirmó que los Matute siguen pasando por Locomapa e incluso llegan de noche para visitar a una de sus mujeres. En una de esas visitas, uno de ellos se paró dos veces en la tierra donde trabajaba un hombre de la comunidad enseñándole las armas que portaba, presuntamente para intimidarle.

Las preocupaciones que expresan las organizaciones de protección de derechos humanos sobre la seguridad de la comunidad lamentablemente se confirmaron el 9 de junio cuando el general Finlander Uclés (en condición de retiro), armado y acompañado por guardaespaldas, entró al domicilio de una familia. Rodearon la casa, destruyeron los cultivos y las pertenencias de la familia, y desaparecieron su material de trabajo. El ex militar torturó también psicológicamente a los tres hijos de la familia que se encontraban solos en la casa en este momento, diciéndoles que regresarían al día siguiente para destruirlo todo ya que el terreno pertenecía al general. Los niños salieron corriendo, temerosos, a avisar la comunidad de lo sucedido. Según informe de MADJ, el ex general reivindica la propiedad de la tierra que legalmente pertenece a la familia, y viene desde el 1980 amenazando a la comunidad. El señor de la familia víctima es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, como todas las persones de la comunidad que han recibido amenazas. Después del incidente, la familia ha sido desplazada de la comunidad.2

La impunidad de la que gozan los autores del triple asesinato, y la no aplicación de las medidas de protección dictadas por la CIDH incrementan de nuevo las tensiones y la inseguridad en la comunidad. Cuatro meses después del compromiso del gobierno de garantizar la seguridad en la comunidad, el último exiliado todavía no ha regresado a Locomapa y expresó a PROAH su miedo y su tristeza de no poder volver a su casa. Frente a la inacción de la policía, la población cuestiona sus relaciones con los autores del asesinato y los empresarios. El MADJ denuncia “al Estado hondureño por darle larga a las denuncias presentadas por el pueblo tolupan y no atender las amenazas de las que son víctimas”.

Para más información, ver:

Impunidad reina en asesinatos de indígenas (June, 2014)

Defensores Tolupanes reciben nuevas amenazas”, Sandra Cuffie, abril de 2014

2Ver el Comunicado del MADJ, junio de 2014

SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA: LOS TOLUPANES DESPLAZADOS REGRESAN A SUS TIERRAS CON MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH

19 marzo, 2014

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El pasado 23 de febrero, a invitación del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), PROAH observó un acto público organizado para el regreso de varios miembros del pueblo indígena Tolupan a su comunidad en San Francisco de Locomapa, Yoro.

Su salida forzada se produjo tras los asesinatos de tres miembros de la comunidad, Maria Enriqueta Matute, Armando Funez Medina y Ricardo Soto Funez, el 25 de agosto del 2013. Se produjeron tras 12 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad en rechazo a la explotación minera y al corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, el 19 de diciembre de 2013, la Comisión interamericana de derechos humanos otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas.

A este encuentro de retorno acudió por parte del Estado una Comisión formada por la vice ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, y miembros de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Este grupo que llegó a la zona en helicóptero, destacó que era la primera vez que realizaban un acto como este y que tenían el compromiso del Estado de cumplir con su obligación en la defensa de los derechos humanos. También tomó la palabra el subcomisario de Yoro, Ventura Rodriguez, que se comprometió en capturar a los supuestos asesinos y dar protección a las personas amenazadas.

Por parte del MADJ habló su coordinador y abogado Victor Fernandez, que destacó la responsabilidad que tiene el Estado Hondureño en dar protección a las 38 personas de la zona con medidas dictadas por la CIDH.

Tras el acto, las autoridades y representantes del MADJ firmaron un acta, donde se recogieron estos compromisos y se explicó en qué consistían las medidas cautelares.

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Este acto estuvo acompañado por otros actores de la sociedad civil, como el ERIC-Radio Progreso, COPA (Coordinación de las Organizaciones Populares del Aguán), el Observatorio de derechos humanos en el Aguan, el Foro de mujeres por la vida, OFRANEH, la coalición contra la impunidad, un representante de la Red de Solidaridad con Honduras en Estados Unidos (HSN).

El acto terminó con la plantación de tres arboles en recuerdo de las personas asesinadas.

 Hasta la fecha, los supuestos asesinos no han sido detenidos, a pesar de tener órdenes de captura. Uno de los miembros de la comunidad, coordinador del MADJ en Locomapa, quien como otros tuvo que huir de la zona, no ha regresado a su comunidad, pues teme todavía por su vida, luego de que hombres armados colgaran una nota con amenazas a muerte en la puerta de su casa en septiembre pasado.

Para más  información:

Sobre el asesinato de los tres miembros de la etnia Tolupan, nuestro blog, 27 de agosto 2013

 artículo de Radio Progreso:

Tolupanes retornan a sus tierras con promesa de seguridad del Estado hondureño

Artículo del MADJ sobre el otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH

 Pronunciamiento del MADJ

Minería: Tres miembros de la etnia Tolupán asesinados en Yoro

27 agosto, 2013

Tres indígenas Tolupán fueron asesinados con arma de fuego el domingo 25 de agosto, en una residencia particular en Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, 71, de la comunidad de San Francisco Campo, Armando Fúnez Medina, 46, de las Brisas, y Ricardo Soto Fúnez, 40, de Cabeza de Vaca. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres locales bajo las órdenes de poderosos mineros, quienes extraen ilegalmente el mineral antimonio en los territorios de las tribus indígenas Tolupán en Yoro.

Esto ocurre en un contexto de creciente intimidación y violencia contra comunidades que se oponen pacíficamente a la minería en sus territorios, una situación cometida en total impunidad (ver el último artículo sobre Nueva Esperanza).

En el caso de Locomapa, la comunidad se había organizado para proteger sus recursos y oponerse a la minería en sus territorios. Ellos han hablado en las radios, denunciando la explotación ilegal de poderosos intereses mineros y por madereros. Miembros de la comunidad decidieron montar un bloqueo carretero, permitiendo el tráfico local, pero deteniendo a los vehículos mineros y madereros ilegales. En el 12vo día del bloqueo carretero ocurrieron los asesinatos.

De acuerdo con los residentes, la balacera fue supuestamente llevada a cabo por sicarios de la compañía minera. Según los residentes, los presuntos perpetradores viven en una comunidad cercana y son miembros corruptos del consejo indígena que habían amenazado directamente con el asesinato de activistas previo al tiroteo, diciendo a la esposa de uno de los hombres asesinados que deberían preparar el ataúd.

Familias en duelo por los tres miembros de la comunidad asesinados por su oposición a la minería ilegal

Familias en duelo por los tres miembros de la comunidad asesinados por su oposición a la minería ilegal

Testigos oculares aseguran que los dos perpetradores llegaron a la toma en una motocicleta cerca de las 5:30 p.m. del domingo, ebrios, y abrieron fuego contra un aproximado de doce activistas en el lugar. Dos hombres murieron en la entrada de la casa de María Enriqueta Matute. Luego ella fue baleada cuando salió a ver lo que ocurría.

Los dos sospechosos permanecían libres el lunes, el 26, y se reporta que retornaron a la misma casa en tres ocasiones, para amenazar e intimidar a las familias dolientes que estaban esperando los cuerpos provenientes de la morgue.

Los ataúdes con los restos fueron transportados en un vehículo pick-up a la comunidad el lunes por la noche, donde los tres fueron velados en la misma casa donde ocurriera su asesinato. Fueron enterrados la mañana del martes 27 de agosto.

La comunidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos están pidiendo justicia en el caso. Muchos otros miembros de la comunidad han sido amenazados por los mismos hombres.


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