RESUMEN DE EVENTOS Y PROBLEMÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS. OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

Favor de encontrar AQUI nuestro informe en inglés sobre la situación de derechos humanos en Honduras, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Una introducción al informe:

La visita in loco a principios de diciembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en el último trimestre de 2014 (ver más abajo), así como de su 53º período de sesiones de audiencias del 23 de octubre al 7 de noviembre, que incluía tres sobre Honduras. Sus principales preocupaciones incluyen las tasas alarmantes de violencia en el país, así como el asesinato y el hostigamiento de los defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. Desafortunadamente, no hubo tregua de octubre a diciembre.
Cuatro abogados fueron asesinados en el periodo de un mes, incluyendo dos fiscales y un defensor público (P.4), añadiéndose al clima de temor por el ejercicio profesional del derecho que está haciendo una serie de jueces consideren renunciar a sus cargos. Otro periodista fue asesinado en diciembre (P.7), con lo que el total para 2014 asciende 9, siendo uno de los peores años para este tipo de asesinatos desde el golpe, y asegura el lugar de Honduras en el top 10 de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo en los últimos 5 años.
Tres activistas de los derechos de la tierra también fueron asesinados, incluyendo un miembro de COPINH opuesto al proyecto de la represa en el Río Blanco, y un líder campesino en el Bajo Aguán. El número de asesinatos de niños y jóvenes siguió aumentando, con inquietantes denuncias de organizaciones sobre limpieza social en Yoro. También hubo numerosos casos de intento de criminalización, por ejemplo, de los periodistas a través del abuso de las leyes de difamación y de activistas de los derechos de la tierra en cargos de sedición (potencialmente) y usurpación. Estos grupos también siguieron sufriendo otras formas de persecución, incluyendo amenazas de muerte y detención ilegal.
Mientras tanto, hubo una serie de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo los TIGRES y PMOP (Policía Militar Orden Público), creada como alternativa a la corrupta Policía Nacional.
50 TIGRES fueron suspendidos por el robo de $ 1.3 milloneS; en dos incidentes separados, la PMOP era involucrada en una violación, y en el tiroteo a un autobús, hiriendo a cuatro personas, Además, 10 policías y dos soldados, entre ellos un coronel del ejército, están acusados de haber utilizado regularmente prostitutas infantiles.

VISITA DE LA CIDH

La CIDH emitió un comunicado de prensa acompañado de un anexo, con sus observaciones preliminares tras su visita in loco a Honduras del 1 de diciembre al 5 para supervisar la situación general de los derechos humanos en el país. La CIDH pasado había visitado por última vez Honduras en mayo de 2010, en respuesta al golpe de Estado (ver informe). Además de con los funcionarios del Estado, los comisionados se reunieron un gran número de organizaciones, y viajaron a La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula, y el Bajo Aguán y visitaron centros de atención a niños migrantes; comunidades garífuna, comunidades campesinas y varias cárceles del país.

Las conclusiones de la CIDH fueron apropiadamente condenatorias, en referencia a los alarmantes índices de violencia, incluida algunas de las tasas más altas de homicidios en todo el mundo, así como las desapariciones, los altos niveles de violencia por motivos de género, la violencia y los conflictos agrarios que también producen actos de violencia, cometidos en un contexto de amplia impunidad, a consecuencia de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del poder judicial.

La CIDH se refirió al testimonio alarmante que había oído en relación con los asesinatos y actos de hostigamiento de defensores de los derechos humanos, los operadores del sector justicia y periodistas, entre otros, y la persecución de los que procuran la justicia, presentan denuncias y brindan información a las autoridades.

Asimismo, la CIDH expresó su preocupación por la participación de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de las funciones del Estado, incluida la PMOP (Policía Militar Orden Público), la investigación y el castigo de la delincuencia organizada, la educación cívica de los niños a través del Programa de los Guardianes de la Patria, su papel en el sistema penitenciario y en disputas por la tierra, y consideró que representaba un riesgo para el Estado de Derecho.

La CIDH describió el sistema de justicia penal como “excesivamente punitivo”, con prioridades clave para reforma incluyendo salvaguardias fortalecidas para garantizar la independencia de los jueces, y mejoras en el sistema de justicia a menores, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Los Comisionados se refirieron también a los altos niveles de pobreza y desigualdad social, con una falta de el acceso a la nutrición básica que afecta a grandes sectores de la población. Hicieron especial referencia al Bajo Aguán, donde observaron que la mayoría de la gente no sólo vive en la pobreza y la exclusión, pero se sentía “absolutamente desesperada”, debido a la falta de oportunidades y la falta de acceso a la justicia a resolver los conflictos relacionados con disputas por la tierra. También se refirieron a la pobreza y el despojo sufrido por comunidades garífunas debido a la intrusión en sus territorios de empresas privadas sin la consulta previa, y a la explotación laboral de las mujeres en las maquilas.

La CIDH identificó como factores de “empuje” para la emigración esta pobreza, la violencia e impunidad imperantes, combinado con la falta de esperanza de que la situación mejore. Instó al Estado a adoptar medidas urgentes para atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad, y para proteger a las personas de esta situación.

La reacción de los líderes empresariales y de las fuerzas armadas era predecible, con Guillermo Matamoros, ex- presidente de la CHE (Colegio de Economistas de Honduras “), y Fredy Díaz Zelaya, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que acusan a la CIDH de sesgo. Este último declaró que no había una sola verdad: “la confianza de la población en las fuerzas armadas, y el compromiso de los soldados a las personas”, citando a dos áreas en en particular – la Moskitia y el Bajo Aguán – como regiones donde la situación había mejorado (desmentido por las varias denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el mismo ejército en la Mosquita y la persecución permanente, incluidos los asesinatos, de los campesinos en el Bajo Aguán (ver páginas 20 y 23, respectivamente)). La reducción de los conflictos de tierras también fue destacada por Ricardo Álvarez, Vicepresidente y coordinador del gabinete para asuntos de interior y la descentralización, al comentar sobre la visita de la CIDH. Atribuyó esta “paz social en las zonas rurales a mayor diálogo entre los campesinos y el Estado, y dijo que, como resultado de esta y otras mejoras, Honduras se retira de la “Lista de negra” de la CIDH.

Esta lista de negra – y la presencia de Honduras en ella – parecía ser la preocupación principal del Estado de Honduras cuando se considera la visita de la CIDH. La llamada lista de negra, es la lista de países específicamente mencionados en el Capítulo IV-B del Informe Anual de la CIDH, como ha sido el caso de Honduras para todos los años posteriores al golpe de Estado, debido a su especial preocupación por su situación de derechos humanos. Independientemente de la Evaluación de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos, Honduras será excluida del Capítulo IV B para 2014, de conformidad con el artículo 59 (8) de las Reglas de Procedimiento de la CIDH, ya que la evaluación de la situación de los derechos será cubierto por el informe sobre la visita al país. Esto no impedirá que Honduras vuelva a incluirse en el capítulo IV B en los próximos años.

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