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ALERTA: Ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales en el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”.

26 abril, 2016

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por los graves incidentes ocurridos el viernes 15 de abril en el municipio de San Francisco de Ojuera -departamento de Santa Bárbara- donde resultaron heridas una decena de personas.

El viernes 15 de abril de 2016, aproximadamente 400 personas, integrantes de organizaciones hondureñas e internacionales de derechos humanos y del movimiento social, así como medios de comunicación, se desplazaron hacia el río Gualcarque como parte de una caravana y con el objetivo de conmemorar el asesinato de Berta Cáceres, en el marco del encuentro internacional “Berta Cáceres vive”. Las organizaciones firmantes estuvimos presentes en el encuentro y observamos patrones de ataques contra organizaciones nacionales e internacionales que se replican en otras regiones del país y, han derivado en una fuerte conflictividad1.

A continuación describimos los hechos presenciados:

– Alrededor de las 2 p.m, la caravana pacifica llego a la comunidad de San Ramón, municipio de San Francisco de Ojuera. Los participantes que iniciaban una caminata se vieron confrontados por un grupo de unas 30 personas quienes manifestaban su apoyo a favor del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA). Los mismos portaban pancartas con inscripciones a favor del proyecto hidroeléctrico y en contra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), blandían machetes y proferían fuertes amenazas en contra del COPINH y de los integrantes del encuentro internacional. A pesar de la fuerte presencia de agentes de policía y del Ejército a lo largo de todo el recorrido de la caravana internacional, los efectivos policiales posicionados frente al grupo eran únicamente seis.”

– La caravana continuó su recorrido hasta llegar a las márgenes del Río Gualcarque, donde tuvo lugar una ceremonia espiritual en memoria a Berta Cáceres.

– A las 5 p.m. aproximadamente, la caravana daba por finalizada la actividad y a unos metros antes de llegar hasta los buses para emprender el regreso, el mismo grupo de personas se encontraba en el lugar gritando, insultando, amenazando y mostrando sus machetes. De manera inesperada estas personas comenzaron a tirar piedras hacia las personas que se encontraban caminando en dirección a los buses. Esto generó una situación de pánico, ya que las personas tuvieron que correr varios metros para protegerse. Como resultado de este incidente, una decena de personas de la caravana resultaron heridas por los impactos de las piedras, y al menos dos personas fueron golpeadas por el grupo de personas. Asimismo, los agresores profirieron amenazas de muerte a integrantes del COPINH, en particular a su nuevo coordinador general Tomás Gómez. Dentro de las personas agredidas y heridas habían personas beneficiarias de medidas cautelares, incluso varios integrantes de la coordinación general del COPINH2

– Ante la situación de violencia que se desencadenó, la Policía Nacional no reaccionó inmediatamente e intervino luego de que varias personas de la caravana se lo solicitaran insistentemente. Nos preocupa que las autoridades hondureñas no hayan garantizado la seguridad de los presentes y no hayan tomado medidas inmediatas frente a las agresiones proferidas.

Estos hechos ocurren en el marco de reiteradas denuncias contra la empresa DESA. Estas denuncias responsabilizan a dicha empresa del asesinato de Berta Cáceres así como de las múltiples amenazas y agresiones en contra de las comunidades y miembros del COPINH por su oposición al proyecto Agua Zarca. Ante estos acontecimientos, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran organizaciones, comunidades y personas defensoras de los derechos humanos en Honduras, en particular integrantes del COPINH. Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro apoyo a las solicitudes de la familia de Berta y miembros del COPINH de urgir al Estado hondureño a la firma del convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de crear una comisión de expertos independientes que investigue el asesinato de Berta Cáceres y otros casos de defensores de derechos humanos que aun contando con medidas cautelares de la CIDH han sido asesinados en Honduras.

En este contexto caracterizado por el cierre de espacios para defensores y defensoras de derechos humanos, nos preocupa asimismo que situaciones como la mencionada arriba perjudiquen las posibilidades de acompañamiento y observación internacional para contribuir a proteger espacios no-violentos de resolución de conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Honduras. La labor que desarrollan los acompañantes y observadores internacionales en el país responde a la petición de organizaciones y actores sociales que tienen derecho a defender tales derechos, y a solicitar acompañamiento y observación internacional cuando debido a ello enfrentan amenazas y agresiones.

En base a lo expresado anteriormente y, en cumplimiento con la responsabilidad de los Estados de velar por la protección, respeto y realización del derecho internacional de los derechos humanos, requerimos la atención de la comunidad internacional y la realización de las siguientes acciones destinadas a detener y prevenir esta escalada de violencia contra la defensa de los derechos humanos:

• Mediante pronunciamiento ante la Presidencia de la República, Comisionado de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos:

◦ Expresar su reconocimiento y respaldo a la labor de las organizaciones nacionales e internacionales participantes en la caravana del día 15 de abril.

◦ Mostrar su preocupación ante la situación descrita y la falta de reacción inmediata por parte de las autoridades presentes ante los hechos de violencia reportados.

◦ Recordar la obligación del Estado hondureño de proteger a los defensores y defensoras de DDHH, y reiterar la importancia de la labor que realizan en Honduras y del acompañamiento y la observación internacional cuando lo solicitan ante amenazas y agresiones en su contra.

• En particular, solicitamos a las misiones diplomáticas y Ministerios de Asuntos Exteriores y/o de Cooperación que requieran a las instituciones competentes aclaraciones sobre los hechos reportados, instando a una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre los ataques y las amenazas realizados por parte de los agresores así como sobre la actuación de la policía nacional.

• Expresar públicamente, mediante los canales que consideren oportunos, su respaldo a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y su derecho de recibir acompañamiento por parte de las organizaciones internacionales y de otras organizaciones.

“Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos”3

Organizaciones firmantes:

– Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
– Front Line Defenders.
– Honduras Solidarity Network in North America (Red de Solidaridad con Honduras en Norteamerica).
– Hondurasdelegation (Alemania/Austria).
-Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania).
– Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
– PBI Honduras.
– Plataforma Internacional contra la Impunidad.
– PROAH (Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras)-
– Protection International
– Witness for Peace (Acción Permanente por la Paz).

1. Dos días después de estos incidentes, el 17 de abril de 2016, la Delegación Canadá Honduras por Justicia, Tierra y Vida se dirigió a la mina de oro a cielo abierto San Andrés, en La Unión, Copán. A medida que la delegación canadiense se acercaba a la ciudad de Azacualpa, un grupo de unos 180 trabajadores de la mina – algunos de ellos armados con machetes, palos y piedras – bloqueó la vía pública. La delegación informó que la policía estaba presente pero en un principio no actuó. La delegación fue posteriormente notificada que podría viajar con seguridad a la comunidad y la policía logró disipar la multitud. Mining Watch y las otras ONG de la delegación, sin embargo, han expresado su gran preocupación por este tipo de intimidación”.
2.Los integrantes de la coordinación del COPINH son beneficiarios de Medidas
Cautelares de la CIDH 112-16 del 5.03.2016.
3. Aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos (157/93)

*ALERTA: ASALTO ARMADO A SACERDOTES CON MEDIDAS CAUTELARES Y ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (PROAH) *

9 julio, 2014

El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) expresa su grave preocupación ante el asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa).

El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.

Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.

PROAH acompañaba a la comunidad de Nueva Esperanza cuando el 25 de julio de 2013 dos acompañantes internacionales de PROAH (una ciudadana francesa y un ciudadano suizo) fueron mantenidos cautivos durante 2,5 horas por varios hombres armados que vigilaban las operaciones mineras de Minerales Victoria.

El asalto armado y secuestro del 3 de julio a beneficiarios de medidas cautelares y acompañantes internacionales pone en evidencia la situación de inseguridad extrema en Honduras, a la que la población se enfrenta cada día en todo el país. Además, el asalto demuestra la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares así que el alto nivel de riesgo que afrontan los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos en Honduras.

En varios casos acompañados por PROAH se evidencia la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares:

En Locomapa 38 personas recibieron medidas cautelares de la CIDH tras el asesinato de tres indígenas Tolupanes el 24 de agosto 2013 durante una protesta pacífica contra la actividad minera y la explotación forestal ilegal en sus tierras. Sin embargo, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad y siguen intimidando a los opositores al proyecto minero. Un miembro de la comunidad exiliado, todavía no ha vuelto a Locomapa. El 9 de junio de 2014, un beneficiario de medidas cautelares recibió nuevas amenazas por parte de un general en condición de retiro que además dañó sus cultivos y sus bienes.

Cuatro meses después de que el Estado de Honduras se comprometió a aplicar las medidas cautelares de la CIDH, la comunidad sigue amenazada y vulnerable.

En junio del 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, también beneficiario de medidas cautelares, emitió una Acción Urgente denunciando que el gobierno hondureño no ha adoptado medidas eficaces para disuadir la inseguridad e implementar medidas de protección.

La Acción Urgente fue emitida en respuesta a “una serie de acontecimientos que en forma sistemática vienen ocurriendo en las últimas semanas, hechos que se producen inmediatamente después que el COFADEH realiza acciones públicas de denuncia”. Estos acontecimientos incluyen la vigilancia de la oficina, así como el secuestro temporal y golpes severos sufridos por un miembro de COFADEH.

PROAH expresa su grave preocupación ante los niveles extremos de inseguridad, de impunidad y la falta de protección eficaz y adecuada de los beneficiarios de medidas cautelares así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos.

8 de julio 2014

Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

15 noviembre, 2013

Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.

El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

– Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

– Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

– Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

– Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

– Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

– Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

 


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