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Comunidad de Locomapa: Sigue la impunidad, la violencia y el hostigamiento a indígenas Tolupanes

16 junio, 2015

Foto de MADJ, actividad del 11 de abril en Locomapa

El 11 de abril del 2015, PROAH acompañó una actividad organizada por el Consejo Preventivo de la Tribu de San Francisco de Locomapa y el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), que consistió en una caminata a uno de los linderos de la tribu para hacer reconocimiento de sus tierras.

La actividad incluyó un homenaje a Luis de Reyes Marcía, indígena Tolupán de la comunidad de Locomapa, Yoro, asesinado el 4 de abril de 2015. Luis es el cuarto defensor del derecho a la tierra que es víctima de un asesinato en la pequeña comunidad, luego de los asesinatos de tres de sus compañeros de lucha en el 2013.

A dos años del asesinato de los tres defensores Tolupanes, el crimen sigue impune:

El 25 de agosto del 2013, tres indígenas Tolupanes fueron asesinados con arma de fuego en la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales. El asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región (ver nuestro artículo de 2013).

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público el cual PROAH presenció como observador internacional, el 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.

Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares. La situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Luego del triple asesinato, varias familias de la comunidad tuvieron que salir de la zona durante seis meses y uno de los exiliados todavía no ha podido volver a Locomapa. Cerca de dos años después de los hechos, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad; ellos y otros miembros de este grupo siguen hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

 

Otro defensor de la tierra asesinado

El 4 de Abril de 2015, otro suceso trágico enlutó nuevamente la comunidad: el asesinato de otro miembro de la comunidad, el señor Luis de Reyes Marcía.

Su cuerpo fue encontrado con varias puñaladas en el tórax y cuello, señales de que fue brutalmente asesinado. Luis Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y miembra activa del MADJ. Su familia había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2014, luego de permanecer seis meses fuera, por las amenazas a muerte que habían recibido. A su retorno, Consuelo Soto y Luis Marcía se reincorporaron a la lucha para el territorio. Poco antes de la muerte de Luis, él y su esposa habían presentado una denuncia ante la posta policial local, debido a nuevas amenazas a muerte y daños a sus cultivos. El principal sospechoso de su muerte forma parte del mismo grupo que amedrenta continuamente a la comunidad.

 

Consuelo Soto, foto de PROAH

Apenas seis semanas después del asesinato de su esposo, el 22 de mayo pasado, Consuelo Soto sufrió un atentado. Según Consuelo, un vecino molesto por la visita que realizó el Fiscal de las Etnias para investigar sobre la muerte de su esposo, llegó a su casa en la cual se encontraban ella y sus dos nietos, y disparó 3 veces en contra de ellos. Consuelo Soto se lanzó al piso con los dos niños para protegerse, y luego huyó a una casa vecina. Tuvo que salir inmediatamente de la comunidad. (escuchar aquí su testimonio a Radio Progreso). Se sospecha también que este señor forma parte del mismo grupo al servicio de poderosos empresarios.

Por haber recibido continuamente las denuncias de miembros del MADJ, la policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos y brindar protección a la población están muy bien informadas de todo lo que ocurre en la zona. Sin embargo, éstas constantemente citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo, como la falta de personal y de vehículo. Para el MADJ, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras: según Víctor Fernández, abogado de la organización, “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado” (ver la fuente, Radio Progreso).

Todos los luchadores de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad (ver nuestro artículo de junio de 2014). Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Plantón frente al Ministerio Público, 12 de mayo 2015. Foto de MADJ.


Frente a esta situación de alta vulnerabilidad de los Tolupanes de Locomapa, el MADJ exige a las autoridades que investiguen debidamente los asesinatos de 2013 y 2015 y que ejecuten la captura de sus autores; que cumplan con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de las personas que benefician de éstas, y por fin; que se garantice la desinstalación de empresas explotadoras de los bienes naturales que se encuentran ilegalmente en la zona ya que son estas empresas las que provocan los conflictos de violencia (fuente:MADJ).


 

Para más información:

Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ:

VIDEO sobre la lucha de la comunidad de Locomapa: 

Comunicado 5 de abril de 2015: “Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro”.

De la Red nacional de Defensoras de derechos humanos en Honduras:

Alerta, 4 de junio de 2015: Todas Somos Consuelo

De Radio Progreso, 10 de abril 2015: Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

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San Francisco de Locomapa: impunidad y nuevas amenazas

24 junio, 2014

El fracaso del gobierno a implementar las medidas cautelares de la CIDH agudiza la impunidad y la inseguridad.

 

El 22 de febrero, la población de Locomapa celebró en una gran ceremonia, el regreso a la comunidad de seis de las siete personas obligadas a huir después del triple asesinato de María Enrique Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, el 24 de agosto 2013. El asesinato de los indígenas del pueblo Tolupán ocurrió tras 21 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad, en rechazo a la explotación minera y el corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

El gobierno hondureño representado por una comisión oficial (incluyendo a la Viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; miembros de la Secretaría de Seguridad; la Procuraduría General de la República; la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) se comprometió solemnemente ante la comunidad, al igual que el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que apoya a la comunidad) y otras organizaciones nacionales e internacionales – entre ellas PROAH – a garantizar la seguridad de los 38 beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y a detener y condenar a los autores de los tres asesinatos. 1

Sin embargo, cuatro meses después de la ceremonia, las amenazas y la situación de vulnerabilidad para la comunidad siguen. Los policías a cargo de la investigación y de la protección de las personas amenazadas mostraron confusión entre las medidas cautelares y las medidas sustitutivas a la cárcel, y por primera vez en el mes de mayo, expresaron la idea de establecer una lista de los beneficiarios de medidas cautelares. Al mismo tiempo, se muestran evasivos sobre los avances de la investigación. Citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo: falta de personal, falta de material, falta de accesibilidad a la comunidad. Sin embargo una parte de esas dificultades pareció solucionarse cuando recibieron una moto para llegar a la comunidad. No parecen haber encontrado dificultades para visitar a los acompañantes de PROAH en el mes de mayo.

A pesar de la investigación policial exigida como parte de la implementación de las medidas cautelares y el compromiso del Estado de proteger a la comunidad Tolúpan, los dos presuntos autores de la matanza de agosto 2013, que son objeto de orden de captura, siguen libres en la comunidad, intimidando a los opositores al proyecto minero. Se acercan con regularidad a ellos, suficientemente de cerca para amenazarles, y para que los miembros de la comunidad les identifiquen. Cualquier persona de la comunidad puede entonces dar una descripción física precisa de ellos, que podría ayudar una investigación policial seria. Pero el caso no avanza.

Más intimidaciones:

El 27 de marzo, Selvin Fúnez Matute, uno de los presuntos asesinos se acercó a un miembro del MADJ, amenazando de sacarles de sus casas y cortarles la lengua a él y tres otros miembros de la comunidad, esto si seguían hablando en Radio Progreso.

Varios miembros de la comunidad también afirmaron que los Matute disparaban al aire, cerca de las casas de las familias que se oponen a la minería, amenazando con matarlas si llamaban a la policía. Aunque varias familias denunciaron esas intimidaciones, la policía declaró no haber recibido ninguna llamada y expresó dudas sobre la veracidad de las acusaciones de la comunidad.

En la última visita de PROAH, la comunidad confirmó que los Matute siguen pasando por Locomapa e incluso llegan de noche para visitar a una de sus mujeres. En una de esas visitas, uno de ellos se paró dos veces en la tierra donde trabajaba un hombre de la comunidad enseñándole las armas que portaba, presuntamente para intimidarle.

Las preocupaciones que expresan las organizaciones de protección de derechos humanos sobre la seguridad de la comunidad lamentablemente se confirmaron el 9 de junio cuando el general Finlander Uclés (en condición de retiro), armado y acompañado por guardaespaldas, entró al domicilio de una familia. Rodearon la casa, destruyeron los cultivos y las pertenencias de la familia, y desaparecieron su material de trabajo. El ex militar torturó también psicológicamente a los tres hijos de la familia que se encontraban solos en la casa en este momento, diciéndoles que regresarían al día siguiente para destruirlo todo ya que el terreno pertenecía al general. Los niños salieron corriendo, temerosos, a avisar la comunidad de lo sucedido. Según informe de MADJ, el ex general reivindica la propiedad de la tierra que legalmente pertenece a la familia, y viene desde el 1980 amenazando a la comunidad. El señor de la familia víctima es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, como todas las persones de la comunidad que han recibido amenazas. Después del incidente, la familia ha sido desplazada de la comunidad.2

La impunidad de la que gozan los autores del triple asesinato, y la no aplicación de las medidas de protección dictadas por la CIDH incrementan de nuevo las tensiones y la inseguridad en la comunidad. Cuatro meses después del compromiso del gobierno de garantizar la seguridad en la comunidad, el último exiliado todavía no ha regresado a Locomapa y expresó a PROAH su miedo y su tristeza de no poder volver a su casa. Frente a la inacción de la policía, la población cuestiona sus relaciones con los autores del asesinato y los empresarios. El MADJ denuncia “al Estado hondureño por darle larga a las denuncias presentadas por el pueblo tolupan y no atender las amenazas de las que son víctimas”.

Para más información, ver:

Impunidad reina en asesinatos de indígenas (June, 2014)

Defensores Tolupanes reciben nuevas amenazas”, Sandra Cuffie, abril de 2014

2Ver el Comunicado del MADJ, junio de 2014


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