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*ALERTA: ASALTO ARMADO A SACERDOTES CON MEDIDAS CAUTELARES Y ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (PROAH) *

9 julio, 2014

El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) expresa su grave preocupación ante el asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa).

El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.

Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.

PROAH acompañaba a la comunidad de Nueva Esperanza cuando el 25 de julio de 2013 dos acompañantes internacionales de PROAH (una ciudadana francesa y un ciudadano suizo) fueron mantenidos cautivos durante 2,5 horas por varios hombres armados que vigilaban las operaciones mineras de Minerales Victoria.

El asalto armado y secuestro del 3 de julio a beneficiarios de medidas cautelares y acompañantes internacionales pone en evidencia la situación de inseguridad extrema en Honduras, a la que la población se enfrenta cada día en todo el país. Además, el asalto demuestra la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares así que el alto nivel de riesgo que afrontan los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos en Honduras.

En varios casos acompañados por PROAH se evidencia la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares:

En Locomapa 38 personas recibieron medidas cautelares de la CIDH tras el asesinato de tres indígenas Tolupanes el 24 de agosto 2013 durante una protesta pacífica contra la actividad minera y la explotación forestal ilegal en sus tierras. Sin embargo, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad y siguen intimidando a los opositores al proyecto minero. Un miembro de la comunidad exiliado, todavía no ha vuelto a Locomapa. El 9 de junio de 2014, un beneficiario de medidas cautelares recibió nuevas amenazas por parte de un general en condición de retiro que además dañó sus cultivos y sus bienes.

Cuatro meses después de que el Estado de Honduras se comprometió a aplicar las medidas cautelares de la CIDH, la comunidad sigue amenazada y vulnerable.

En junio del 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, también beneficiario de medidas cautelares, emitió una Acción Urgente denunciando que el gobierno hondureño no ha adoptado medidas eficaces para disuadir la inseguridad e implementar medidas de protección.

La Acción Urgente fue emitida en respuesta a “una serie de acontecimientos que en forma sistemática vienen ocurriendo en las últimas semanas, hechos que se producen inmediatamente después que el COFADEH realiza acciones públicas de denuncia”. Estos acontecimientos incluyen la vigilancia de la oficina, así como el secuestro temporal y golpes severos sufridos por un miembro de COFADEH.

PROAH expresa su grave preocupación ante los niveles extremos de inseguridad, de impunidad y la falta de protección eficaz y adecuada de los beneficiarios de medidas cautelares así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos.

8 de julio 2014

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San Francisco de Locomapa: impunidad y nuevas amenazas

24 junio, 2014

El fracaso del gobierno a implementar las medidas cautelares de la CIDH agudiza la impunidad y la inseguridad.

 

El 22 de febrero, la población de Locomapa celebró en una gran ceremonia, el regreso a la comunidad de seis de las siete personas obligadas a huir después del triple asesinato de María Enrique Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, el 24 de agosto 2013. El asesinato de los indígenas del pueblo Tolupán ocurrió tras 21 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad, en rechazo a la explotación minera y el corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

El gobierno hondureño representado por una comisión oficial (incluyendo a la Viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; miembros de la Secretaría de Seguridad; la Procuraduría General de la República; la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) se comprometió solemnemente ante la comunidad, al igual que el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que apoya a la comunidad) y otras organizaciones nacionales e internacionales – entre ellas PROAH – a garantizar la seguridad de los 38 beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y a detener y condenar a los autores de los tres asesinatos. 1

Sin embargo, cuatro meses después de la ceremonia, las amenazas y la situación de vulnerabilidad para la comunidad siguen. Los policías a cargo de la investigación y de la protección de las personas amenazadas mostraron confusión entre las medidas cautelares y las medidas sustitutivas a la cárcel, y por primera vez en el mes de mayo, expresaron la idea de establecer una lista de los beneficiarios de medidas cautelares. Al mismo tiempo, se muestran evasivos sobre los avances de la investigación. Citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo: falta de personal, falta de material, falta de accesibilidad a la comunidad. Sin embargo una parte de esas dificultades pareció solucionarse cuando recibieron una moto para llegar a la comunidad. No parecen haber encontrado dificultades para visitar a los acompañantes de PROAH en el mes de mayo.

A pesar de la investigación policial exigida como parte de la implementación de las medidas cautelares y el compromiso del Estado de proteger a la comunidad Tolúpan, los dos presuntos autores de la matanza de agosto 2013, que son objeto de orden de captura, siguen libres en la comunidad, intimidando a los opositores al proyecto minero. Se acercan con regularidad a ellos, suficientemente de cerca para amenazarles, y para que los miembros de la comunidad les identifiquen. Cualquier persona de la comunidad puede entonces dar una descripción física precisa de ellos, que podría ayudar una investigación policial seria. Pero el caso no avanza.

Más intimidaciones:

El 27 de marzo, Selvin Fúnez Matute, uno de los presuntos asesinos se acercó a un miembro del MADJ, amenazando de sacarles de sus casas y cortarles la lengua a él y tres otros miembros de la comunidad, esto si seguían hablando en Radio Progreso.

Varios miembros de la comunidad también afirmaron que los Matute disparaban al aire, cerca de las casas de las familias que se oponen a la minería, amenazando con matarlas si llamaban a la policía. Aunque varias familias denunciaron esas intimidaciones, la policía declaró no haber recibido ninguna llamada y expresó dudas sobre la veracidad de las acusaciones de la comunidad.

En la última visita de PROAH, la comunidad confirmó que los Matute siguen pasando por Locomapa e incluso llegan de noche para visitar a una de sus mujeres. En una de esas visitas, uno de ellos se paró dos veces en la tierra donde trabajaba un hombre de la comunidad enseñándole las armas que portaba, presuntamente para intimidarle.

Las preocupaciones que expresan las organizaciones de protección de derechos humanos sobre la seguridad de la comunidad lamentablemente se confirmaron el 9 de junio cuando el general Finlander Uclés (en condición de retiro), armado y acompañado por guardaespaldas, entró al domicilio de una familia. Rodearon la casa, destruyeron los cultivos y las pertenencias de la familia, y desaparecieron su material de trabajo. El ex militar torturó también psicológicamente a los tres hijos de la familia que se encontraban solos en la casa en este momento, diciéndoles que regresarían al día siguiente para destruirlo todo ya que el terreno pertenecía al general. Los niños salieron corriendo, temerosos, a avisar la comunidad de lo sucedido. Según informe de MADJ, el ex general reivindica la propiedad de la tierra que legalmente pertenece a la familia, y viene desde el 1980 amenazando a la comunidad. El señor de la familia víctima es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, como todas las persones de la comunidad que han recibido amenazas. Después del incidente, la familia ha sido desplazada de la comunidad.2

La impunidad de la que gozan los autores del triple asesinato, y la no aplicación de las medidas de protección dictadas por la CIDH incrementan de nuevo las tensiones y la inseguridad en la comunidad. Cuatro meses después del compromiso del gobierno de garantizar la seguridad en la comunidad, el último exiliado todavía no ha regresado a Locomapa y expresó a PROAH su miedo y su tristeza de no poder volver a su casa. Frente a la inacción de la policía, la población cuestiona sus relaciones con los autores del asesinato y los empresarios. El MADJ denuncia “al Estado hondureño por darle larga a las denuncias presentadas por el pueblo tolupan y no atender las amenazas de las que son víctimas”.

Para más información, ver:

Impunidad reina en asesinatos de indígenas (June, 2014)

Defensores Tolupanes reciben nuevas amenazas”, Sandra Cuffie, abril de 2014

2Ver el Comunicado del MADJ, junio de 2014


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