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Crímenes derivados del Golpe de Estado de 2009 deben ser investigados, aún sin la CPI

11 noviembre, 2015

Así empieza el comunicado de las organizaciones de derechos humanos FIDH (Federación Internacional de derechos Humanos), CIPRODEH y COFADEH luego del anuncio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, que la Corte no continuará su examen preliminar sobre Honduras.

Según el comunicado, « La FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, lamentan profundamente el anuncio realizado hoy por la Corte Penal Internacional (CPI) de no continuar el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente al golpe de Estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán. Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación» (1)

Miembros de COFADEH llevando los rostros de las víctimas del Golpe

Miembros de COFADEH portando los rostros de las víctimas del Golpe

Contexto:

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras tuvo por consecuencia una represión sistemática y brutal en contra del movimiento social en protesta contra el golpe y numerosas graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones ilegales, tortura, y ejecuciones extrajudiciales.

Organizaciones de derechos humanos, frente a la gravedad de las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en ese momento, el muy alto nivel de impunidad y la ingobernabilidad que imperaban en el país pos-golpe, denunciaron y visibilizaron estos hechos.

En junio de 2010, las principales organizaciones de defensa de derechos humanos hondureñas, impulsaron la creación de la « Comisión de Verdad » (alternativa a la Comisión de Verdad y Reconciliación -CVR-, creada por el gobierno de Porfirio Lobo) con el objetivo de “esclarecer los hechos realizados con el golpe de Estado del 28 de Junio del 2009, para demandar justicia, de la población hondureña afectada por el golpe de Estado, y se adopten medidas necesarias para evitar se repitan acontecimientos de este tipo a futuro”. La primera recomendación que contiene el informe de la Comisión de Verdad, “La voz más autorizada es la de las víctimas” es : « investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden del mismo » (2).

Paralelamente a las denuncias interpuestas ante el sistema judicial nacional, también impulsaron acciones legales a nivel internacional, incluso a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Después de cinco años de investigación, la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda declaró que “ llegué a la conclusión de que las violaciones perpetradas entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero 2010 no constituyen crímenes de lesa humanidad bajo la definición del Estatuto, y por ende no constituyen crímenes sobre los cuales la CPI tiene la facultad para investigar”. Sin embargo también reconoce que « violaciones a los derechos humanos fueron cometidas el día 28 de junio de 2009 y con posterioridad a esta fecha, y que éstas fueron directamente imputables a las autoridades del régimen que tomó el poder durante el golpe »(3)

La FIDH y sus organizaciones miembros señalan que “Identificar y juzgar a los responsables de graves crímenes no sólo es necesario para las víctimas y sus familiares, sino también es imprescindible para la población hondureña entera, para restaurar la confianza perdida en el compromiso de su gobierno de servir y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.” (4)

Por lo tanto, es pertinente preguntarse :

¿A más de 6 años del golpe de Estado, cómo ha actuado el sistema judicial hondureño para sancionar las violaciones a derechos humanos que ocurrieron ? Miremos cómo han sido tratados unos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el marco de represiones a manifestaciones, destacados en el informe de la Comisión de Verdad. ¿Ha habido justicia en estos casos?

Isy Obed Murillo, primera víctima mortal de la represión:

Isy Obed murillo

Isy Obed Murillo

El 5 de julio de 2009, Isy Obed Murillo se convirtió en la primera víctima mortal del golpe de Estado. Ese día miles de hondureños se habían agrupado en el aeropuerto Toncontín para esperar el regreso del presidente Manuel Zelaya, anunciado para ese día. Militares dispararon a balas vivas en esta manifestación, y el joven de 19 años Isy Obed recibió un impacto de bala viva en la cabeza, falleciendo inmediatamente.

La Fiscalía de Derechos humanos abrió un expediente, sin embargo hoy en día el caso está todavía en la etapa de investigación. El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, organización basada en EEUU), con el apoyo del COFADEH, presentó una denuncia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en nombre de David Murillo y Silvia Mencías, padres de Isy Obed Murillo, en contra de Roberto Micheletti, Presidente del Congreso que ocupó la Presidencia luego del golpe, de quien se suponía que poseía bienes en este Estado y por lo tanto podía ser juzgado allí. La denuncia detalla ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, persecuciones, y otras graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Honduras bajo la autoridad y la dirección de Micheletti”. Sin embargo, en abril de 2013, el caso fue desestimado por la Corte de Texas (5).

Desde el día del golpe hasta finales de 2011, al igual que la manifestación del 5 de julio, numerosas manifestaciones fueron duramente reprimidas, entre ellas éstas:

Represión del 12 de agosto de 2009, Tegucigalpa

El 12 de agosto del 2009, una manifestación en contra del golpe de Estado fue brutalmente reprimida en Tegucigalpa. 27 personas fueron detenidas, incluso personas que no habían participado en la manifestación. Las personas detenidas fueron víctimas de tratos crueles. Luego fueron llevadas a un centro irregular de detención, el batallón de los militares antimotines « COBRAS». Elder Madrid Guerra, quien estaba a cargo de los COBRAS, segun COFADEH « pudiendo detener las agresiones, más bien ocultó información sobre el grupo que fue llevado de manera ilegal a ese cuartel ». Las personas fueron detenidas varios días. Luego fueron liberadas, pero con medidas sustitutivas a la cárcel, pues al inicio del proceso fueron acusadas por sedición, manifestación ilícita y daños; el caso fue sobreseido en junio de 2010 (6).

Después de esto, el COFADEH presentó una acusación en contra del Oficial de Policia Elder  Madrid Guerra, y la Fiscalía de Derechos humanos inició un proceso legal contra él, así como cinco Oficiales de policía, acusados de los delitos de tortura, detención ilegal, abuso de autoridad y vejamenes. A finales de febrero del 2015, el juez dictó un veredicto en el que sobresee al comisionado nacional de policía Elder Madrid Guerra. Un recurso de apelación está en curso todavía. Para los  oficiales, las Cortes aplicaron el decreto de Amnistía (7). Esta decisión fue rechazada por la parte acusadora y un amparo está pendiente ante la Sala de lo Constitucional.

Es importante destacar que a pesar de este proceso legal en su contra, el Comisionado Elder Madrid Guerra, fue premiado y ascendido al grado superior, en junio de 2014 ; luego en mayo del 2015, fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Policía (8).

Represión policial 12 de agosto (fuente: defensoresenlinea)

Represión policial 12 de agosto (fuente: defensoresenlinea)

Represión en Choloma, 14 de agosto de 2009

En el caso de la represión de Choloma que tuvo lugar dos días después, el 14 de agosto de 2009, el desalojo violento fue efectuado por unos doscientos efectivos que destruyeron las cámaras y equipo de trabajo de tres comunicadores sociales que cubrían los hechos, lanzaron bombas lacrimógenas dentro de las casas, realizaron registros ilegales y allanamientos. Persiguieron a los manifestantes, acorralándolos en diferentes sitios de la comunidad de Choloma. Les sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes. 32 personas fueron detenidas y ocho resultaron heridas. Una mujer denunció haber sido violada por varios policías. Esta fue una de las represiones más brutales que se registró en el marco del golpe de estado9.

La Fiscalía de DDHH inició un caso en contra de Héctor Iván Mejía y Abrahán Figueroa Tercero, dos altos oficiales de la Policía Nacional Preventiva ; fueron acusados luego por detención ilegal, tortura y abuso de autoridad ; el abogado Omar Menjivar, puso una denuncia especialmente por los perjuicios contra el periodista de Radio Progreso, Gustavo Cardoza, quien fue golpeado y detenido ilegalmente mientras ejercía su labor en la cobertura de la manifestación. Sin embargo, los acusados fueron sobreseídos definitivamente por todos los delitos. Un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional está pendiente todavía.

Represión del 15 de septiembre 2010, San Pedro Sula

Un año después de estos acontecimientos en Choloma, en el mismo departamento, la población de San Pedro Sula sufrió la primera fuerte represión bajo el nuevo gobierno del Presidente Lobo.

El 15 de septiembre de 2010, día  en que se celebra la independencia de Centroamérica, se organizó una manifestación del Frente Nacional de Resistencia Popular, que iba a concluir con un concierto de música. Cuando los manifestantes se aprestaban a escuchar el concierto de la banda Café Guancasco, la policía y los militares iniciaron un bombardeo de gases lacrimógenos y de líquido tóxico con sus tanquetas, agrediendo y golpeando con brutalidad a los manifestantes. Tuvo por resultado varias personas heridas e intoxicadas, incluyendo la muerte por asfixia del vendedor ambulante Efraín López. Salieron heridas varias personas, al menos 5 personas fueron hospitalizadas y 37 detenidas. La policía destruyó gran parte del equipo de la banda musical. Al mismo tiempo, las instalaciones de la estación de Radio UNO, fueron atacadas por la policía, que rompieron los vidrios del edificio y les lanzaron bombas lacrimógenas.(10)

La Fiscalía de Derechos Humanos y como acusador privado el abogado Víctor Fernández en representación de las víctimas, iniciaron un proceso legal en contra de los subcomisionados de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía (también acusado en el caso de la represión de Choloma) y Daniel Omar Matamoros acusados por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, detención ilegal, tortura, lesiones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió sobreseer a los acusados por todos los delitos que les fueron imputados.

Además de estos casos, existen cientos de casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado que ni siquiera han sido judicializados ni investigados por la Fiscalía. Se comprueba que incluso en los casos emblemáticos aqui presentados, ninguna víctima de la represión post-golpe ha obtenido justicia. A la excepción de un caso, no hubo ninguna persona condenada por violaciones a derechos humanos (11). Es más, varios de los altos mandos de la Policía y Fuerzas armadas han sido promovidos en su carrera ; un ejemplo evidente, Hector Ivan Mejía y Elder Madrid Guerra, los dos Comisionados involucrados en los tres casos de represión presentados, lejos de haber sido sancionados, fueron ascendidos a un grado superior y hoy en día forman parte de la cúpula policial.

Después de la decisión de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, las tres organizaciones (FIDH, CIPRODEH y COFADEH) reiteran la necesidad de « un mecanismo híbrido, como una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (CICIH), compuesto de expertos nacionales e internacionales para  la efectiva investigación y juicio de graves crímenes”.

Los jueces destituidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los jueces destituidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Además, varios casos han sido llevados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Precisamente ayer 10 de noviembre de 2015, la Corte Interamericana condenó al Estado de Honduras por la destitución de cuatro jueces miembros de la “Asociación de Jueces por la Democracia” que se opusieron al golpe de Estado, declarando que en este caso hubo violaciones a la libertad de expresión y a los derechos políticos. Esta sentencia condenatoria en contra del Estado representa una esperanza para las víctimas, no solamente en este caso, sino también para todas las víctimas del golpe de Estado que siguen exigiendo la justicia.

NOTAS

  1. https://www.fidh.org/es/region/americas/honduras/honduras-crimenes-derivados-del-golpe-de-estado-de-2009-deben-ser

  2. Para más información, ver nuestro artículo : https://proah.wordpress.com/2012/10/22/la-comision-de-verdad-presenta-su-informe-la-voz-mas-autorizada-es-la-de-las-victimas/

  3. Declaración de la Fiscal de la CPI, 28 de octubre de 2015: https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/es_otp-stat-28-10-2015.aspx

  4. Además, las organizaciones peticionarias anunciaron que impugnarán esta decisión: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3782:organizaciones-de-derechos-humanos-de-honduras-impugnaran-resolucion-de-la-fiscalia-de-la-cpi&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

  5. Sitio web del CCR : https://www.ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/murillo-v-micheletti

  6. Ver informe de la Comisión de Verdad, p. 149

  7. El decreto aprobado en 2010 dice: “conceder amnistía de carácter general para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado las acciones típicas referentes al delito de traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo, sedición y todas del Código Penal calificadas como delitos políticos Desobediencia y Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios”. Agrega que “no están contemplados aquellos delitos relacionados con actos de corrupción, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho, de lesa humanidad y violación a derechos humanos”.

  8. http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3489:nuevo-cargo-a-policia-que-ha-sido-acusado-por-violar-ddhh-en-honduras&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
  9. Ver informe de la Comisión de Verdad, páginas 153 a 156

  10. ver informe de la Comisión de Verdad, p 164

  11. El único caso en el cual hubo una sentencia condenatoria en contra de un agente de policía, es en febrero de 2012 ; una mujer agente de Policía Preventiva fue condenada a 8 años de cárcel (con conmutación de penas) por la detención ilegal y tortura de una mujer manifestante en San Pedro Sula, en agosto de 2009. Ver

    http://www.voselsoberano.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13400%3Acondenan-a-mujer-policia-por-torturas-a-una-mujer-militante-de-la-resistencia&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=8

  12. http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_42_15.pdf

La lucha incansable contra las desapariciones forzadas en Honduras, de los 80 al presente.

9 septiembre, 2015

El 30 de agosto pasado se conmemoró el Día Nacional del Detenido-Desaparecido en Honduras. En un foro organizado por el COFADEH en este marco, su coordinadora Bertha Oliva destacó que la elección de esta fecha de conmemoración surgió de una reunión de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en América Latina (FEDEFAM) en 1984 en Venezuela, en la cual se constató que precisamente agosto era el mes en que se produjeron mayores desapariciones forzadas ejecutadas por agentes de los diferentes Estados latinoamericanos en obediencia a un plan macabro impulsado por Estados Unidos contra dirigentes y defensores de derechos humanos de los movimientos sociales.

Bertha Oliva agregó que “Por eso en ese congreso, declaramos que las organizaciones íbamos a luchar para que en cada país se pudiera lograr el Día Nacional del Detenido Desaparecido. En 1984 proponernos ese objetivo era muy difícil; porque estábamos en plena implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional”.

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El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue creado en 1982 por 12 familias de víctimas de desapariciones forzadas, para lograr un claro objetivo: recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. Desde esa fecha, el COFADEH sigue luchando incansablemente contra la impunidad y por la justicia y el respeto a los derechos humanos. La organización logró que en 2002, el 30 de agosto sea reconocido oficialmente como el Día Nacional de Detenido Desaparecido en Honduras, mediante decreto legislativo.(1)

El COFADEH registra 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de 90; a éstas se deben agregar decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas. La desaparición de James («Guadalupe») Carney, un sacerdote jesuita de origen estadounidense, nacionalizado hondureño, es uno de los 184 casos registrados, y su rostro aparece con los desaparecidos en la sede de COFADEH y en las vigilias que se realizan cada mes.

COFADEH, en coalición con otras organizaciones, ha acompañado estos casos que ha documentado, acudiendo al sistema de justicia nacional e internacional. Varias de sus denuncias por asesinatos y desapariciones forzadas de dirigentes sociales llegaron hasta el sistema interamericano de derechos humanos.

El Estado de Honduras condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el crimen de desaparición forzada:

Las dos primeras sentencias contenciosas que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su creación, resultaron ser justamente condenas al Estado de Honduras, por desapariciones forzadas. En 1988, en su primera sentencia, la Corte interamericana condenó al Estado hondureño por la tortura y desaparición forzada del joven estudiante Manfredo Velázquez Rodríguez. Esta sentencia afirma que «ha sido probada en el proceso la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 y 1984 ». Luego, en el caso Saul Godínez Cruz, en 1989, nuevamente el Estado es condenado por la desaparición forzada del joven, por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Que la Corte declare culpable a un Estado por secuestro, tortura y desaparición forzada, es algo histórico para América Latina, es el reconocimiento legal de lo que ya se sabía en Honduras, y que las autoridades negaban : a partir del año 1981 la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado enmarcada en la Doctrina de Seguridad Nacional.

En estos casos, la Corte condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas, a investigar los hechos y a castigar a los responsables. En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992. Sin embargo, a pesar de estas sentencias condenatorias, en ninguno de estos casos se ha investigado y llevado ante un tribunal a los supuestos responsables de estos crímenes.

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Impunidad

Existe total impunidad en casos de asesinatos políticos y desapariciones forzadas de la «década perdida». En los 80 hubo investigaciones judiciales pero todos los presuntos culpables fueron sobreseídos. Luego, entre 1995 y 2000, se abrieron nuevos casos, pero de todos los casos de los 80, hubo una sola sentencia condenatoria en el caso de la desaparición forzada temporal de seis estudiantes, en la cual el Ex-Director de la Dirección Nacional de Investigación Juan Blas Salazar Meza fue sentenciado a dos años de cárcel (2).

Hoy en día, los autores de violaciones a derechos humanos de los 80, lejos de sentir temor por ser algún día encarcelados, siguen en libertad, varios de ellos trabajando en asesoría en temas de seguridad.

16 casos nuevos de desaparición forzada

Además de todos los crímenes del pasado que quedaron en absoluta impunidad, el espectro de este crimen de lesa humanidad volvió recientemente a la realidad de los hondureños. Después del Golpe de Estado de 2009, el COFADEH ha documentado 16 casos de desapariciones en el país. Esta práctica resurgió como una estrategia para imponer el terror y reprimir a la protesta social.

Un ejemplo emblemático es el caso de Reynaldo Cruz Palma, un caso de desaparición forzada que tristemente sucedió el mismo día en que se conmemora al Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de 2011.

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José Reynaldo Cruz Palma era un líder comunal, el Presidente de Patronato de la Colonia Planeta de San Pedro Sula. Apenas dos días antes de su desaparición, él y su esposa habían realizado acciones en favor de 10 personas detenidas ilegalmente en su colonia. También, dos meses antes Reynaldo había denunciado en la televisión los abusos de la policía durante un operativo en su colonia, lo cual se concluyó con la muerte de siete supuestos pandilleros.

Ese día 30 de agosto, fue raptado por hombres armados, cuando se encontraba en un bus cerca de San Pedro Sula, junto a su esposa. Se lo llevaron por la fuerza en dos carros, incluso uno de la policía preventiva. Desde ese día, no se supo nada de él. Sus familiares se presentaron a la policía el mismo día pero ésta se negó a tomar la denuncia. Pidieron el apoyo del COFADEH y juntos han hecho todas las denuncias legales, pero no han recibido ninguna respuesta. La única respuesta es que el caso «está en investigación» pero no se han emitido ni una orden de captura, ni tienen nombres de los supuestos responsables. Los familiares de Reynaldo responsabilizan a la Policía por la desaparición de su ser querido. Debido a la persecución que recibieron luego e haber denunciado su desaparición, que incluyen amenazas y atentados, su esposa Nubia Carbajal tuvo que abandonar el país en 2013 (3).

Reapertura de casos de los 80 ?

El 28 de agosto, la Coordinadora de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Soraya Morales, anunció la reapertura de la investigación de las muertes ocurridas en la década de los 80, con el fin de retomar las averiguaciones para la investigación de 184 expedientes. Anunció que “se ha abierto una unidad para dar respuesta a estos casos que han estado en la Fiscalía de Derechos Humanos y que no han tenido un impulso procesal; ya tenemos casos judicializados, otros sin judicializar y se ha destacado un equipo fiscal para ese hecho”.

El anuncio de la Fiscalía de reabrir investigaciones de casos de los 80 ha sido recibido con cautela por COFADEH y otros defensores de derechos humanos. No parece casualidad que este anuncio se haya hecho precisamente el mismo día que tuviera lugar una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado hondureño (4). Además, se da justamente mientras el Estado hondureño está apurado para entregar un informe al Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas, por lo cual tiene retraso. En un contexto de impunidad extrema, defensores de derechos humanos se preguntan si este anuncio de reapertura de casos no responde más a una estrategia del gobierno para dar una imagen de respeto a los derechos humanos frente a los organismos internacionales, que a un compromiso real con la justicia y contra la impunidad.

Mientras los casos de desaparición forzada del pasado quedan en total impunidad, y nuevos rostros de personas desaparecidas aparecen en las paredes y vigilias de COFADEH, la organización sigue más que nunca su lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad.

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Para saber más sobre las desapariciones forzadas en Honduras:

El sitio de COFADEH: cofadeh.hn o www.cofadeh.org/html/desaparecidos/index.htm
El informe del ex-Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, “Los hechos hablan por sí mismos” , informe sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993.
Sobre la desaparición de Reynaldo Cruz Palma, artículo de Daniel Valencia Caravantes publicado en Sala Negra: “Los desaparecidos no existen en el país más violento del mundo

1 Y a nivel internacional, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
2 Ver su caso en http://www.cofadeh.org/html/violadores%20ddhh/juan_blas_salazar.htm
3 Ver este artículo de defensoresenlinea.com describiendo varios casos de desapariciones después del Golpe.
4 Ver este artículo en Conexihon : Honduras rinde cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Comunidad de Locomapa: Sigue la impunidad, la violencia y el hostigamiento a indígenas Tolupanes

16 junio, 2015

Foto de MADJ, actividad del 11 de abril en Locomapa

El 11 de abril del 2015, PROAH acompañó una actividad organizada por el Consejo Preventivo de la Tribu de San Francisco de Locomapa y el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), que consistió en una caminata a uno de los linderos de la tribu para hacer reconocimiento de sus tierras.

La actividad incluyó un homenaje a Luis de Reyes Marcía, indígena Tolupán de la comunidad de Locomapa, Yoro, asesinado el 4 de abril de 2015. Luis es el cuarto defensor del derecho a la tierra que es víctima de un asesinato en la pequeña comunidad, luego de los asesinatos de tres de sus compañeros de lucha en el 2013.

A dos años del asesinato de los tres defensores Tolupanes, el crimen sigue impune:

El 25 de agosto del 2013, tres indígenas Tolupanes fueron asesinados con arma de fuego en la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales. El asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región (ver nuestro artículo de 2013).

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público el cual PROAH presenció como observador internacional, el 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.

Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares. La situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Luego del triple asesinato, varias familias de la comunidad tuvieron que salir de la zona durante seis meses y uno de los exiliados todavía no ha podido volver a Locomapa. Cerca de dos años después de los hechos, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad; ellos y otros miembros de este grupo siguen hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

 

Otro defensor de la tierra asesinado

El 4 de Abril de 2015, otro suceso trágico enlutó nuevamente la comunidad: el asesinato de otro miembro de la comunidad, el señor Luis de Reyes Marcía.

Su cuerpo fue encontrado con varias puñaladas en el tórax y cuello, señales de que fue brutalmente asesinado. Luis Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y miembra activa del MADJ. Su familia había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2014, luego de permanecer seis meses fuera, por las amenazas a muerte que habían recibido. A su retorno, Consuelo Soto y Luis Marcía se reincorporaron a la lucha para el territorio. Poco antes de la muerte de Luis, él y su esposa habían presentado una denuncia ante la posta policial local, debido a nuevas amenazas a muerte y daños a sus cultivos. El principal sospechoso de su muerte forma parte del mismo grupo que amedrenta continuamente a la comunidad.

 

Consuelo Soto, foto de PROAH

Apenas seis semanas después del asesinato de su esposo, el 22 de mayo pasado, Consuelo Soto sufrió un atentado. Según Consuelo, un vecino molesto por la visita que realizó el Fiscal de las Etnias para investigar sobre la muerte de su esposo, llegó a su casa en la cual se encontraban ella y sus dos nietos, y disparó 3 veces en contra de ellos. Consuelo Soto se lanzó al piso con los dos niños para protegerse, y luego huyó a una casa vecina. Tuvo que salir inmediatamente de la comunidad. (escuchar aquí su testimonio a Radio Progreso). Se sospecha también que este señor forma parte del mismo grupo al servicio de poderosos empresarios.

Por haber recibido continuamente las denuncias de miembros del MADJ, la policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos y brindar protección a la población están muy bien informadas de todo lo que ocurre en la zona. Sin embargo, éstas constantemente citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo, como la falta de personal y de vehículo. Para el MADJ, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras: según Víctor Fernández, abogado de la organización, “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado” (ver la fuente, Radio Progreso).

Todos los luchadores de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad (ver nuestro artículo de junio de 2014). Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Plantón frente al Ministerio Público, 12 de mayo 2015. Foto de MADJ.


Frente a esta situación de alta vulnerabilidad de los Tolupanes de Locomapa, el MADJ exige a las autoridades que investiguen debidamente los asesinatos de 2013 y 2015 y que ejecuten la captura de sus autores; que cumplan con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de las personas que benefician de éstas, y por fin; que se garantice la desinstalación de empresas explotadoras de los bienes naturales que se encuentran ilegalmente en la zona ya que son estas empresas las que provocan los conflictos de violencia (fuente:MADJ).


 

Para más información:

Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ:

VIDEO sobre la lucha de la comunidad de Locomapa: 

Comunicado 5 de abril de 2015: “Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro”.

De la Red nacional de Defensoras de derechos humanos en Honduras:

Alerta, 4 de junio de 2015: Todas Somos Consuelo

De Radio Progreso, 10 de abril 2015: Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

La comunidad Garífuna de Barra Vieja a juicio por defender su territorio ancestral

2 junio, 2015

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Del 12 al 14 de mayo PROAH acompañó a la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, donde 66 personas de la comunidad comparecieron en un juicio oral y público por una acusación de “usurpación de tierras en perjuicio del Estado”.

La comunidad garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, igual que muchas comunidades garífunas en la costa norte de Honduras, está amenazada con ser desalojada de sus tierras ancestrales por parte de intereses económicas privados y del Estado de Honduras.

Desde que sus pobladores se enteraron de la intención de instalar en su comunidad un lujoso complejo turístico, la lucha por el reconocimiento de sus derechos sobre su tierra ancestral y por la defensa de la cultura garífuna se intensificó. En consecuencia, la comunidad sufrió dos desalojos y denuncias legales por usurpación que la llevó a un juicio del 12 al 14 de mayo 2015.

Indura Beach & Golf Resort, un proyecto turístico impulsado por grandes empresarios y el Estado hondureño.

La construcción del complejo Indura Beach Resort comenzó en 2006, privando a la comunidad de varias manzanas de su territorio. El hotel fue inaugurado en noviembre de 2013, pero está previsto extenderlo aún más. Hoy en día la entrada vigilada del resort se encuentra a la par de la comunidad de Barra Vieja. La cerca que delimita la propiedad del hotel bordea la ruta de acceso a Barra Vieja.

La empresa Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), dueña del proyecto, es una sociedad pública-privada, financiada al 49% por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y al 51% por el Fondo Hondureño de Inversión Turística (FHIT), integrado por unos de los empresarios más poderosos de Honduras 1.

Foto: S Bartlett

La lucha legal por la tierra y la consecuente criminalización de los defensores del territorio

En el año 2007 el Instituto Hondureño de Turismo, a través de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Tela en contra de los pobladores de Barra Vieja, por usurpación de tierras estatales, afirmando ser dueños de este territorio. Según OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), la ENP “de manera misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garífuna de la Bahia de Tela”. Click para ver fuente. Desde este momento, la comunidad emprendió una lucha legal para que se reconociera su derecho a vivir en sus tierras ancestrales, enfrentándose a poderosos intereses de inversionistas hondureños y del Estado.

La criminalización empezó en julio de 2013, cuando varios miembros de la comunidad fueron capturados por la policía, y detenidos por unas horas. Desde esta fecha, casi todos los adultos miembros de la comunidad están bajo medidas sustitutivas a la cárcel, acusados de usurpación, lo que les obliga a ir al juzgado a firmar cada semana y les impide salir del país.

Un año después, la comunidad de Barra Vieja tuvo que enfrentar dos desalojos: el 6 de septiembre y el 30 de septiembre del 2014. En ambos casos, las fuerzas armadas sacaron fuera de sus casas las pertenencias personales de las 150 familias. La población opuso una resistencia pacífica al desalojo y el mismo día volvió a su comunidad. Los habitantes de Barra Vieja denuncian desde ese entonces los efectos sicológicos de los desalojos sobre la población y principalmente sobre los niños, impactados por la fuerte presencia policial y militar, que PROAH pudo observar durante el intento de desalojo el 29 de septiembre del 2014:

Barra Vieja 12.14

El juicio oral y público:

Del 12 al 14 de mayo de 2015, 66 personas de la comunidad fueron citadas a comparecer ante el juzgado de Tela, acusadas de usurpación en perjuicio del Estado. Por no haber suficiente espacio en el juzgado de Tela, las audiencias se desarrollaron en las antiguas instalaciones de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la transnacional frutera United Fruit Company, que desde los años 1930 impulsó el desalojo de comunidades garífunas de sus tierras para el cultivo del banano.

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Durante los tres días de audiencia, alrededor de 400 personas, provenientes de diferentes comunidades garífunas, acompañaron en solidaridad a los criminalizados de Barra Vieja. Curiosamente, solamente 66 personas comparecieron; más de 40 pobladores de la comunidad, así como la mayoría de los líderes de la comunidad, no fueron citados al juicio aunque siguen procesados y con medidas sustitutivas. La parte acusadora estuvo representada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Empresa Nacional Portuaria.

Después de casi tres días de audiencia, el juez aceptó la solicitud de la parte acusadora de postergar la continuación de la audiencia, para que pueda tener tiempo de ubicar a sus testigos, que no se habían presentado en las audiencias, y así permitir su comparecencia en la siguiente audiencia, que fijaron para el 3 de junio de 2015.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos vs intereses transnacionales

Según OFRANEH, “El caso de Barra Vieja es una violación al Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales”, lo cual fue ratificado por el Estado de Honduras.

Para la organización garífuna OFRANEH, las presiones ejercidas en Barra Vieja son parte de una estrategia del gobierno hondureño para desalojar a los garífunas de sus territorios ancestrales y explotar sus tierras. Presentan un peligro a su derecho al acceso a la tierra, a la consulta previa y amenazan su sobrevivencia y cultura.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas se agravan con la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), o ciudades modelo, que incluye a más de 20 comunidades garífunas distribuidas en varias de estas zonas previstas para ser entregadas al capital extranjero, con el propósito de crear zonas casi independientes de las instancias estatales y de recurrir a la tercerización de la justicia (2).

En el reporte preliminar de la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras en Diciembre de 2014, la CIDH instó al gobierno: 1) “a reconocer la identidad cultural del Pueblo Garífuna” y 2) “a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con su obligación, y garantizar una consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la especial relación entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales.”

Frente a las fuertes presiones económicas en juego en el caso de Barra Vieja y según el fallo que el tribunal dará en junio, posiblemente la comunidad tendrá que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual ha desarrollado una gran jurisprudencia reafirmando el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral.

Para más información:

Ver el video de OFRANEH: Juicio a la comunidad Garifuna de Barra Vieja acusada de usurpación de su territorio ancestral

Artículo de Dina Meza: Este 03 de junio continúa la audiencia para un despojo anunciado a la comunidad garífuna de Barra Vieja.

ACTUALIZACION, 10 DE JUNIO DE 2015:

El 4 de junio de 2015, finalmente el Juzgado de Tela emitió un veredicto a favor de la comunidad de Barra Vieja. Fueron absueltas las 66 personas enjuiciadas. Sin embargo, el juicio en contra de los 8 miembros de la junta directiva sigue, y la próxima audiencia en su contra tendrá lugar el 30 de junio.

Para más información, ver este artículo de OFRANEH : Juzgado de Tela emite un veredicto a favor de la comunidad Garífuna de Barra Vieja y la entrevista de Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH (por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos)

1Es precisamente en este hotel que se desarrolló, en febrero de 2015, el Primer Encuentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, con la presencia de los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, y del CEAL, el Consejo Empresarial de América Latina, de lo cual forman parte los directivos del FHIT-Indura Beach. El propósito oficial del evento: respaldar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con el apoyo del sector privado. Un conjunto de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica y Estados Unidos, expresaron su gran preocupación por esta alianza en una carta pública dirigida a los jefes de Estado de estos países. En particular, su preocupación “se fundamenta en que el Plan refuerza las mismas políticas económicas que han resultado en inequidad y han detonado las violaciones generalizadas de los derechos laborales, un incremento de violencia hacia los liderazgos laborales y el desplazamiento forzoso de la población a través de Mesoamérica”. 

Delegación suiza expresa preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras

13 mayo, 2015

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El Foro Suiza Honduras, una ONG suiza que aboga por los procesos democráticos y el respeto de los derechos humanos en Honduras, organizó una delegación del 4 al 11 de mayo de 2015, con el objetivo de monitorear la situación general de derechos humanos en el país. Se entrevistó con representantes de la sociedad civil, de organizaciones internacionales y nacionales, el CONADEH y con comunidades afectadas por la industria minera.

PROAH acompañó a la delegación en sus diferentes reuniones y visitas.

Aquí encontrará el comunicado de prensa de la delegación, y acá el informe más detallado.

Conmemoración del primer aniversario de los asesinatos en Locomapa

9 septiembre, 2014

Esta reflexión fue escrita por Lucy Edwards (PROAH, Hope in Action, Congregational United Church of Christ, Ashland, Oregon)

Hace poco más de un año, en la tarde del domingo 25 de agosto de 2013, hombres armados mataron a tres líderes indígenas tolupanes. La tribu de San Francisco de Locomapa había empezado un bloqueo de ruta en su comunidad para parar la minería ilegal y la explotación de madera en las tierras comunales.

Dos hombres empleados por la mina llegaron en una moto y dispararon al grupo, alcanzando a Ricardo Soto Funes y Armando Funes Medina mientras estos se refugiaban en el patio de la casa de una mujer mayor, María Enriqueta Matute. María se encontraba en su cocina cuando la mataron. En la mañana del día siguiente (lunes 26 de agosto de 2013), acompañé al equipo de Radio Progreso a reclamar los cuerpos con el fin de regresarlos a Locomapa para que los velaran y los enterraran.

Este año en la primera conmemoración de los asesinatos, la comunidad, con el apoyo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizó una marcha conmemorativa en la que participaron tres voluntarios acompañantes de PROAH de Francia, Estados Unidos y Suiza respectivamente.

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Los Tolupanes, niños y adultos, encendieron ramas cortadas de sus pinos, su fuente de energía y de luz. Las volvieron a prender durante el camino en lugares específicos. El olor dulce del humo producía una presencia visible y reconfortante. Alguien mencionó durante la ceremonia que estas marchas conmemorativas solían hacerse de noche, pero que ya no era seguro hacerlo así.

Cuando la marcha alcanzó la casa de María Enriqueta Matute, donde las tres personas murieron el año pasado, unieron las antorchas de ramas en un pequeño fogón.

Los dos hombres que dispararon la casa de María Enriqueta permanecen libres y activos en la comunidad. Se dictó una orden de captura pero la policía  no la ha cumplido excusándose con varios argumentos entre los cuales manifiestan la falta de un vehiculo. La comunidad está también preocupada por la posible complicidad de la policía con los asesinos, y ellos temen por su propia seguridad.

Dos policías acompañaron la procesión. Pregunté a unos de ellos sobre los asesinatos, y me contestó que los autores habían dejado la zona. Mencioné que la comunidad había reportado verlos regularmente, y entonces mencionó los problemas que tenia la policía para desplazarse, que no tienen vehículo.

Cerca del final de la procesión, caminé junto a una mujer mayor de nombre María Petrona. Varios niños pequeños se acercaron a ella llamándola “tía” y ella les puso la mano en la frente, como para bendecirlos. Quizás unas cinco niñas hicieron eso. Se volteó hacia mi y me dijo que eran todos familia.
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Después nos encontramos de nuevo, las dos buscando sombra. Estábamos en el sitio donde los dos hombres murieron, cerca de la pequeña casa de María Enriqueta. Aquí Maria Petrona me explicó que era la hermana mayor de María Enriqueta. A ambas nos saltaron las lágrimas cuando describió como  impactaron las balas en la pared de su cocina, impactos que todavía eran visibles. Me tomó de la mano, me llevó allí y me los enseñó. Estaba parada justo en el lugar donde su hermana había estado, donde cayó muerta en el suelo de la entrada de su cocina. Podía ver un impacto de bala justo arriba de su hombro. Su cuerpo escondía el otro.

Un proyecto de COFADEH para recordar a las víctimas de desapariciones forzadas: La Ruta de la Memoria Histórica

30 agosto, 2014

Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para conmemorar a las 184 víctimas desaparecidas durante los 80 y 90 en Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) inició el proyecto Ruta de la Memoria Histórica”, un recorrido a diferentes lugares emblemáticos de la política de terror del Estado en esta época que obedecía a una estrategia claramente estructurada, usando una violencia cruel bien calculada.

Personas que soñaban con un futuro mejor fueron detenidas ilegalmente por ser insurgentes o en oposición a la política del Estado por la COBRA (Policía Antisubversión), la TESON (Tropas Especiales para Operaciones de Selva y Nocturnas) o por el Grupo de los 14 (escuadrones de muerte del Batallón de Inteligencia 3-16).

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Siguiendo la Ruta de la Memoria Histórica se encuentran lugares en donde estas personas fueron detenidas, torturadas y clandestinamente enterradas.

El punto de partida es la oficina de COFADEH, donde no sólo está su centro documental, sino también paredes llenas de imágenes de personas desaparecidas, padres, madres, hijas, hijos, hermanas y hermanos que desaparecieron. Pocos volvieron. No hay suficiente espacio ni palabras para expresar el dolor y la desesperación de las familias que jamás van a saber lo que pasó con sus seres queridos ni dónde están enterrados.

Después de visitar la Plaza de la Merced, donde desde 33 años Cofadeh protesta cada primer viernes del mes contra esta desaparición forzada, se sigue la Ruta. Se enfrenta a lugares horrorosos como la casa del terror, situada en la finca de Amilcar Zelaya en Amarateca, en la cual las personas detenidas soportaban torturas brutales inimaginables antes de sufrir una muerte cruel.

Se constata que el portón del Hogar el Diamante, en aquel tiempo campo de la Contra Nicaragüense, tiene las estructuras idénticas al portón de la finca en Amarateca. Ahí hay otra vez un lugar, en el cual los detenidos fueron torturados. En este Hogar se sospecha que hay un cementerio clandestino cerca de la cuesta del Río Frío.

Y se constata que la violencia es estructural y sigue en el presente, aplicada de otra manera, pero siempre conforme a la estrategia de un Estado que no respeta los derechos humanos.

La última estación de la Ruta es el Hogar contra el Olvido, sitio inolvidable por emitir una aura tranquila llena de luz y de paz. El recuerdo de todas las personas desaparecidas se queda vivo, intangible, esperando la verdad.

Para más información:

Acompañantes internaciones recorren la “Ruta de la Memoria” que muestra la impunidad

 

San Francisco de Locomapa: impunidad y nuevas amenazas

24 junio, 2014

El fracaso del gobierno a implementar las medidas cautelares de la CIDH agudiza la impunidad y la inseguridad.

 

El 22 de febrero, la población de Locomapa celebró en una gran ceremonia, el regreso a la comunidad de seis de las siete personas obligadas a huir después del triple asesinato de María Enrique Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, el 24 de agosto 2013. El asesinato de los indígenas del pueblo Tolupán ocurrió tras 21 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad, en rechazo a la explotación minera y el corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

El gobierno hondureño representado por una comisión oficial (incluyendo a la Viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; miembros de la Secretaría de Seguridad; la Procuraduría General de la República; la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) se comprometió solemnemente ante la comunidad, al igual que el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que apoya a la comunidad) y otras organizaciones nacionales e internacionales – entre ellas PROAH – a garantizar la seguridad de los 38 beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y a detener y condenar a los autores de los tres asesinatos. 1

Sin embargo, cuatro meses después de la ceremonia, las amenazas y la situación de vulnerabilidad para la comunidad siguen. Los policías a cargo de la investigación y de la protección de las personas amenazadas mostraron confusión entre las medidas cautelares y las medidas sustitutivas a la cárcel, y por primera vez en el mes de mayo, expresaron la idea de establecer una lista de los beneficiarios de medidas cautelares. Al mismo tiempo, se muestran evasivos sobre los avances de la investigación. Citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo: falta de personal, falta de material, falta de accesibilidad a la comunidad. Sin embargo una parte de esas dificultades pareció solucionarse cuando recibieron una moto para llegar a la comunidad. No parecen haber encontrado dificultades para visitar a los acompañantes de PROAH en el mes de mayo.

A pesar de la investigación policial exigida como parte de la implementación de las medidas cautelares y el compromiso del Estado de proteger a la comunidad Tolúpan, los dos presuntos autores de la matanza de agosto 2013, que son objeto de orden de captura, siguen libres en la comunidad, intimidando a los opositores al proyecto minero. Se acercan con regularidad a ellos, suficientemente de cerca para amenazarles, y para que los miembros de la comunidad les identifiquen. Cualquier persona de la comunidad puede entonces dar una descripción física precisa de ellos, que podría ayudar una investigación policial seria. Pero el caso no avanza.

Más intimidaciones:

El 27 de marzo, Selvin Fúnez Matute, uno de los presuntos asesinos se acercó a un miembro del MADJ, amenazando de sacarles de sus casas y cortarles la lengua a él y tres otros miembros de la comunidad, esto si seguían hablando en Radio Progreso.

Varios miembros de la comunidad también afirmaron que los Matute disparaban al aire, cerca de las casas de las familias que se oponen a la minería, amenazando con matarlas si llamaban a la policía. Aunque varias familias denunciaron esas intimidaciones, la policía declaró no haber recibido ninguna llamada y expresó dudas sobre la veracidad de las acusaciones de la comunidad.

En la última visita de PROAH, la comunidad confirmó que los Matute siguen pasando por Locomapa e incluso llegan de noche para visitar a una de sus mujeres. En una de esas visitas, uno de ellos se paró dos veces en la tierra donde trabajaba un hombre de la comunidad enseñándole las armas que portaba, presuntamente para intimidarle.

Las preocupaciones que expresan las organizaciones de protección de derechos humanos sobre la seguridad de la comunidad lamentablemente se confirmaron el 9 de junio cuando el general Finlander Uclés (en condición de retiro), armado y acompañado por guardaespaldas, entró al domicilio de una familia. Rodearon la casa, destruyeron los cultivos y las pertenencias de la familia, y desaparecieron su material de trabajo. El ex militar torturó también psicológicamente a los tres hijos de la familia que se encontraban solos en la casa en este momento, diciéndoles que regresarían al día siguiente para destruirlo todo ya que el terreno pertenecía al general. Los niños salieron corriendo, temerosos, a avisar la comunidad de lo sucedido. Según informe de MADJ, el ex general reivindica la propiedad de la tierra que legalmente pertenece a la familia, y viene desde el 1980 amenazando a la comunidad. El señor de la familia víctima es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, como todas las persones de la comunidad que han recibido amenazas. Después del incidente, la familia ha sido desplazada de la comunidad.2

La impunidad de la que gozan los autores del triple asesinato, y la no aplicación de las medidas de protección dictadas por la CIDH incrementan de nuevo las tensiones y la inseguridad en la comunidad. Cuatro meses después del compromiso del gobierno de garantizar la seguridad en la comunidad, el último exiliado todavía no ha regresado a Locomapa y expresó a PROAH su miedo y su tristeza de no poder volver a su casa. Frente a la inacción de la policía, la población cuestiona sus relaciones con los autores del asesinato y los empresarios. El MADJ denuncia “al Estado hondureño por darle larga a las denuncias presentadas por el pueblo tolupan y no atender las amenazas de las que son víctimas”.

Para más información, ver:

Impunidad reina en asesinatos de indígenas (June, 2014)

Defensores Tolupanes reciben nuevas amenazas”, Sandra Cuffie, abril de 2014

2Ver el Comunicado del MADJ, junio de 2014

Reflexiones sobre el asesinato de Carlos Mejía, de Radio Progreso

19 mayo, 2014

*Estas reflexiones fueron escritas por Lucy Edwards (PROAH, Hope in Action, Congregational United Church of Christ, Ashland, Oregon)

En la noche del viernes 11 de abril apuñalaron a muerte a Carlos Mejía Orellana, en su casa de El Progreso, Honduras. El rosario blanco que su madre le regaló este día se encontraba quebrado en el suelo de la sala de su casa. Ningún objeto de valor fue robado. Su carro Toyota Sedan, bien cuidado, permanecía en la cochera, con el alarma sonando. ¿Por qué asesinaron a Carlos? ¿Ha sido blanco por su trabajo en Radio Progreso?

Carlos era el mayor de los once hijos de Salvadora y Nicolás. La familia se mudó de una zona rural cerca de Ocotepeque hasta el norte del país, en la ciudad de El Progreso, en plena expansión, cuando Carlos tenía 8 o 9 años. Era un hombre empresarial, un trabajador inteligente y diligente que empezó a trabajar en la radio jesuita Radio Progreso a los veinte años, y finalmente se volvió director de la promoción y el márketing. Era un hombre tranquilo y pensativo, y sabía cómo llevar las cosas a cabo. Parecía que anticipaba las necesidades de las personas antes que éstas supieran que las tenían.

Su casa era bien construida y segura. Estaba atento a las salidas de emergencia. Una pared alta rodeaba la casa, con rejas grandes, y alambre apretado fuerte. Tenía un novio pero vivía solo con dos perros domesticados y amistosos, no formaban parte del plan de seguridad. Los adoraba y los mimaba. Eran sus compañeros.

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Su trabajo en la radio lo llevó a la comunidad. Si bien se mostraba tímido en las reuniones sociales, Carlos no lo era cuando se trataba de la radio. Amaba su trabajo, vender publicidades y organizar eventos para promover la radio. Ocupaba también otros empleos fuera de la radio, todos aprobados por su supervisor, el sacerdote católico Ismael Moreno, conocido como Padre Melo. Carlos había dado clases de gestión y desde hace poco tiempo ayudaba a una radio comunitaria a despegar. Había comprado una lavadora a sus padres que todavía estaba envuelta en plástico en la cochera cuando le vine a visitar.

Carlos era uno de los dieciséis miembros de Radio Progreso para quien la Comisión Intermaricana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares. Los empleados de la radio habían recibido amenazas, y muchos de sus colegas periodistas en Honduras habían sido asesinados.

Las fuerzas armadas ocuparon los estudios de la radio durante el golpe de estado de 2009 y la policía rodeó la radio en otra ocasión.
En un país con niveles tan altos de corrupción, militarización, violencia e impunidad, Radio Progreso y el equipo de investigación jesuita ERIC (equípo de reflexión, investigación y comunicación) afiliado, constituyen una afirmación diaria irreprimible de la libertad de expresión, de creatividad, de valor en Honduras. Su trabajo desafía y planta directamente de cara a la corrupción y la impunidad.

¿Carlos fue blanco por su trabajo en la radio jesuita? Por ahora se puede solamente especular. Lo asesinaron en su casa, lo apuñalaron varias veces. Parece que hicieron posar su cuerpo. Parece que el asesino o los asesinos le quitaron la ropa para crear la ilusión que se trataba de un otro tipo de crimen. Pero nunca se volvió a encontrar la camisa que llevaba aquella noche. Alguien la llevó. Alguien llevó el puñal. Alguien salió por la puerta de enfrente y la verja de enfrente, dejándolos abiertos.
Parece que la persona que atacó a Carlos llegó a la casa con él, tal vez en el carro de Carlos. Comieron pollo y justo después Carlos fue atacado – quizás primero en la sala donde se quebró el rosario, y después asesinado en el cuarto donde luego le quitaron la ropa.
Como director de marketing, Carlos proporcionaba con su trabajo el capital financiero de la radio. Su muerte ha sido un golpe enorme para sus colegas y un golpe económico directo para la radio. Por ser homosexual, su asesino o sus asesinos pueden haber considerado su orientación sexual una vulnerabilidad a explotar. Alguien se ganó la confianza de Carlos, suficientemente para ser invitado en su casa y para matarlo.

En un informe publicado inmediatamente en un periódico en línea, la policía declaró que sospechaba que se tratara de un crimen pasional antes de haber conducido investigaciones. Nadie había investigado las amenazas contra el equípo de la radio y su director que empezaron en serio en 2010 y permanecieron como amenazas permanentes.

El 12 de abril los Congresistas de Estados Unidos, James P. McGovern (MA), Sam Farr (CA), and Janice D. Schakowsky (IL) declararon lo siguiente sobre el asesinato de Carlos Mejía Orellana en Honduras:

« Estamos espantados y muy afectados por la noticia del asesinato de Carlos Mejia Orellana, periodista y director de marketing de Radio Progreso en Honduras. Damos nuestro profundo pésame a los miembros de su familia, amigos y colegas. Pensamos y rezamos por ellos en este difícil momento.

Somos muy familiarizados con el importante trabajo de Radio Progreso, una radio comunitaria que es resultado del trabajo de los Jesuitas de la Provincia Centro Americana. Notamos que el director de Radio Progreso, Padre Ismael « Melo » Moreno, atestiguó ante el Congreso de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos y describió las permanentes amenazas de muerte y ataques perpetuados con impunidad contra periodistas en Honduras, inclusive contra Radio Progreso, sus empleados y su equipo de investigación, ERIC. Puesto el nivel de amenazas y violencia, inclusive asesinatos, dirigidos contra periodistas, los medios de comunicación y la libertad de expresión en Honduras, estamos consternados al ver que el gobierno de Honduras falló en implementar medidas cautelares para los empleados de Radio Progreso, como lo pidió la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos cuando, en cuatro diferentes ocasiones en los cinco últimos años, pronunció medidas cautelares para 16 miembros del equipo, inclusive Carlos Mejía Orellana, de radio Progreso y ERIC. Estamos aun más preocupados por las declaraciones de la policía que anunció que el Sr. Mejía Orellana fue asesinado por una persona de su entorno antes de que cualquier investigación haya empezado. Llamamos a las autoridades hondureñas a implementar inmediatamente las medidas cautelares para los empleados de Radio Progreso y el ERIC, y a llevar a cabo una investigación sobre el asesinato de Carlos Mejia Orellana para determinar quiénes son los autores intelectuales y materiales de este acto atroz y rendirle justicia en breve.”

SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA: LOS TOLUPANES DESPLAZADOS REGRESAN A SUS TIERRAS CON MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH

19 marzo, 2014

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El pasado 23 de febrero, a invitación del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), PROAH observó un acto público organizado para el regreso de varios miembros del pueblo indígena Tolupan a su comunidad en San Francisco de Locomapa, Yoro.

Su salida forzada se produjo tras los asesinatos de tres miembros de la comunidad, Maria Enriqueta Matute, Armando Funez Medina y Ricardo Soto Funez, el 25 de agosto del 2013. Se produjeron tras 12 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad en rechazo a la explotación minera y al corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, el 19 de diciembre de 2013, la Comisión interamericana de derechos humanos otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas.

A este encuentro de retorno acudió por parte del Estado una Comisión formada por la vice ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, y miembros de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Este grupo que llegó a la zona en helicóptero, destacó que era la primera vez que realizaban un acto como este y que tenían el compromiso del Estado de cumplir con su obligación en la defensa de los derechos humanos. También tomó la palabra el subcomisario de Yoro, Ventura Rodriguez, que se comprometió en capturar a los supuestos asesinos y dar protección a las personas amenazadas.

Por parte del MADJ habló su coordinador y abogado Victor Fernandez, que destacó la responsabilidad que tiene el Estado Hondureño en dar protección a las 38 personas de la zona con medidas dictadas por la CIDH.

Tras el acto, las autoridades y representantes del MADJ firmaron un acta, donde se recogieron estos compromisos y se explicó en qué consistían las medidas cautelares.

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Este acto estuvo acompañado por otros actores de la sociedad civil, como el ERIC-Radio Progreso, COPA (Coordinación de las Organizaciones Populares del Aguán), el Observatorio de derechos humanos en el Aguan, el Foro de mujeres por la vida, OFRANEH, la coalición contra la impunidad, un representante de la Red de Solidaridad con Honduras en Estados Unidos (HSN).

El acto terminó con la plantación de tres arboles en recuerdo de las personas asesinadas.

 Hasta la fecha, los supuestos asesinos no han sido detenidos, a pesar de tener órdenes de captura. Uno de los miembros de la comunidad, coordinador del MADJ en Locomapa, quien como otros tuvo que huir de la zona, no ha regresado a su comunidad, pues teme todavía por su vida, luego de que hombres armados colgaran una nota con amenazas a muerte en la puerta de su casa en septiembre pasado.

Para más  información:

Sobre el asesinato de los tres miembros de la etnia Tolupan, nuestro blog, 27 de agosto 2013

 artículo de Radio Progreso:

Tolupanes retornan a sus tierras con promesa de seguridad del Estado hondureño

Artículo del MADJ sobre el otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH

 Pronunciamiento del MADJ


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