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*ALERTA: ASALTO ARMADO A SACERDOTES CON MEDIDAS CAUTELARES Y ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (PROAH) *

9 julio, 2014

El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) expresa su grave preocupación ante el asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa).

El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.

Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.

PROAH acompañaba a la comunidad de Nueva Esperanza cuando el 25 de julio de 2013 dos acompañantes internacionales de PROAH (una ciudadana francesa y un ciudadano suizo) fueron mantenidos cautivos durante 2,5 horas por varios hombres armados que vigilaban las operaciones mineras de Minerales Victoria.

El asalto armado y secuestro del 3 de julio a beneficiarios de medidas cautelares y acompañantes internacionales pone en evidencia la situación de inseguridad extrema en Honduras, a la que la población se enfrenta cada día en todo el país. Además, el asalto demuestra la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares así que el alto nivel de riesgo que afrontan los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos en Honduras.

En varios casos acompañados por PROAH se evidencia la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares:

En Locomapa 38 personas recibieron medidas cautelares de la CIDH tras el asesinato de tres indígenas Tolupanes el 24 de agosto 2013 durante una protesta pacífica contra la actividad minera y la explotación forestal ilegal en sus tierras. Sin embargo, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad y siguen intimidando a los opositores al proyecto minero. Un miembro de la comunidad exiliado, todavía no ha vuelto a Locomapa. El 9 de junio de 2014, un beneficiario de medidas cautelares recibió nuevas amenazas por parte de un general en condición de retiro que además dañó sus cultivos y sus bienes.

Cuatro meses después de que el Estado de Honduras se comprometió a aplicar las medidas cautelares de la CIDH, la comunidad sigue amenazada y vulnerable.

En junio del 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, también beneficiario de medidas cautelares, emitió una Acción Urgente denunciando que el gobierno hondureño no ha adoptado medidas eficaces para disuadir la inseguridad e implementar medidas de protección.

La Acción Urgente fue emitida en respuesta a “una serie de acontecimientos que en forma sistemática vienen ocurriendo en las últimas semanas, hechos que se producen inmediatamente después que el COFADEH realiza acciones públicas de denuncia”. Estos acontecimientos incluyen la vigilancia de la oficina, así como el secuestro temporal y golpes severos sufridos por un miembro de COFADEH.

PROAH expresa su grave preocupación ante los niveles extremos de inseguridad, de impunidad y la falta de protección eficaz y adecuada de los beneficiarios de medidas cautelares así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos.

8 de julio 2014

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Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

15 noviembre, 2013

Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.

El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

– Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

– Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

– Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

– Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

– Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

– Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

 

La Nueva Esperanza: Hasta ahora una situación de impunidad flagrante

25 agosto, 2013

A pesar de la preocupación nacional e internacional generada por el secuestro de los miembros de PROAH el 25 de julio por hombres armados de la minera Minerales Victoria1, éstos siguen en la comunidad de La Nueva Esperanza, atemorizando a la población, en pleno conocimiento de las autoridades, incluyendo el Ministro de Seguridad. Aunque policías fueron movilizados para buscar a los observadores internacionales, y la Fiscalía está investigando el caso activamente, hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo para capturar a los secuestradores, que desde los principios de junio amenazan a los pobladores que no quieren vender su tierra a la minera.

 La familia donde estaban hospedados los miembros de PROAH al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad, seguido por otro poblador el 3 de agosto, después de visitas amenazantes de los hombres armados de la minera que codiciaba su solar para sus operaciones. Miembros de la comunidad informan a PROAH que los hombres regularmente disparan sus fusiles en la noche para intimidar a los pobladores, y que dos más llegaron a la comunidad el 10 de agosto.

La escuela de la comunidad sigue cerrada por la situación de seguridad y porque el profesor se vio obligado de huir después de recibir amenazas.

 Todos estos hechos, denunciados ante las autoridades, han pasado a pesar de la existencia de una “posta policial” muy cerca de La Nueva Esperanza, en Bella Vista, impuesta sobre las comunidades en enero de 2013 por el Alcalde de Tela, David Zaccaro, sin consultarlas. En la realidad, es la casa particular de un miembro de la comunidad quien colabora con la minera, donde diez agentes policiales se han instalado. Son plenamente conscientes de la presencia de la docena de hombres armados vinculados con la minera, habiendo custodiado el 5 de junio de 2013 su entrada en la comunidad. La Fiscalía del Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de la zona, han constatado que estos policías no tienen libro de registro de novedades o acciones que realizan, indicando que ejercen su función sin ningún mecanismo de control.2

Antes de la llegada de los hombres armados en la comunidad, el 5 de junio, las intimidaciones de los policías instalados en la zona habían incluido amenazas de muerte al periodista Leonardo Amaya Guevara el 18 de febrero de 2013, mientras que daba cobertura a las acciones de la comunidad La Nueva Esperanza en defensa de su ambiente natural.3Sin embargo, el incidente más grave en la cual la policía de la posta estaba activamente involucrada se produjo el 3 de junio de 2013, cuando pobladores de la comunidad fueron víctimas de agresiones, amenazas a muerte, intimidación y atentados. Dos policías dispararon a las pies de los pobladores, incluso a un mayor de edad, de 79 años. Ante la denuncia y repudio de la comunidad, el 5 de junio cambiaron a todos los policías responsables. Sin embargo, fue esa noche que la comunidad observó a los nuevos policías custodiar la entrada de los hombres armados de la minera a la zona.4

Desde entonces, estas policías hacen la vista gorda a las actuaciones de los hombres armados de la minera, el secuestro de los dos miembros de PROAH siendo un ejemplo llamativo. El día antes del secuestro, los defensores habían informado a la posta policial de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban ninguno de los 10 policías en la posta.5

Manifestación enfrente del Ministerio Público de La Ceiba (9.8.2013)

Manifestación enfrente del Ministerio Público de La Ceiba (9.8.2013)

 A pesar de los atropellos que sufren, los pobladores de la Nueva Esperanza siguen firmes en su oposición a la minería en su comunidad, con el respaldo de la comunidad nacional e internacional. El 27 de julio, sólo dos días después del secuestro, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo, y el 9 de agosto se dieron manifestaciones en Tela y La Ceiba, en solidaridad con la gente de La Nueva Esperanza y para protestar contra la minería en la zona. Fuera de Honduras, acciones han incluido una carta enviada al Departamento de Estado en la cual 24 confesiones religiosas y otras organizaciones estadounidenses han expresado su preocupación por la situación en La Nueva Esperanza.

 Véase acción urgente de 27 de julio de 2013.

Comunicado conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA) (7.6.13)

3 Oficio No. SJDH-DM-N. 0083-2013;  Video: http://www.youtube.com/watch?v=jKL-kHgXqKs&list=HL1361293849&feature=mh_lolz

4   Comunicado conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA) (7.6.13)

Véase acción urgente de 27 de julio de 2013

Accion Urgente: Dos miembros de PROAH secuestrados por hombres armados de la empresa minera en La Nueva Esperanza

28 julio, 2013

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH de nacionalidad suiza y francesa fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria.

Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera.  Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los hombre armados continúan en la comunidad.

 La ACCIÓN URGENTE (que está abajoque puede ser descargada AQUÍ) incluye demandas del retiro inmediato de los hombres armados de la zona y medidas para que cese el hostigamiento y amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

 Véase también el artículo sobre la situación en La Nueva Esperanza: Proyecto de minería en La Nueva Esperanza : Escalada alarmante de intimidaciones dirigidas a la comunidad

 y sobre el pronunciamiento de La Diócesis de La Ceiba ante esta situación: La Diócesis de La Ceiba se pronuncia sobre la Minería en Atlántida

ACCIÓN URGENTE:  DEFENSORES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SECUESTRADOS POR HOMBRES ARMADOS DE EMPRESA MINERA EN HONDURAS

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras)1 de nacionalidad suiza y francesa, fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria. Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera.

 El secuestro de acompañantes internacionales de derechos humanos es otro ejemplo más de la gravedad de la situación en La Nueva Esperanza. La comunidad vive en un estado diario de indefensión, sufriendo intimidaciones por su oposición pacífica a este proyecto de exploración minera que le han impuesto contra su voluntad y sin ninguna consulta2. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas.

 Ante esta situación, y en respuesta a las solicitudes por parte de miembros de la comunidad, PROAH está acompañándola a través de la difusión de información y de alertas a nivel internacional, y ha visitado la comunidad en varias ocasiones.

El 24 de julio, los dos miembros de PROAH pasaron la noche en la casa de una familia en la comunidad de El Zapote, cerca de La Nueva Esperanza, para acompañarla en vista de las amenazas que han recibido por resistirse a vender sus tierras a Lenir Pérez3. A las 9.00 de la mañana, al día siguiente, el 25 de julio, 7 hombres fuertemente armados llegaron a la casa, amenazando a los dos acompañantes con sus escopetas, reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera, liderados por un hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo Funes. Éste dijo a los acompañantes que tenían que irse porque estaban impidiendo su trabajo. Los miembros de PROAH explicaron su trabajo de acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos. En un momento, sonó el teléfono de Wilfredo Funes que dijo que ‘el jefe’ quería hablar con los acompañantes. Uno de ellos preguntó si era Lenir Pérez. Funes se mostró sorprendido y dijo “Ya sabes?” pero cuando le pasó el celular, la persona colgó. Otros hombres armados (según miembros de la comunidad hay 12 en total allí) persiguieron disparando al dueño de la casa que se encontraba fuera, hasta que llegó a su hogar.

 Después de una hora, el líder de los hombres armados obligó a los miembros de PROAH a salir de la casa, amenazando con usar la fuerza si hiciera falta. También dijo que si volvieran, les “perderían en el bosque”. Les obligó a caminar durante una media hora a La Nueva Esperanza, rodeados por los hombres con armas y machetes, quienes intimidaron sexualmente a la acompañante francesa. Les forzaron a borrar las fotos de la maquinaria de las obras mineras. Luego, Wilfredo Funes y un ingeniero de la minera los obligaron a subir en un pickop, con tres hombres armados en la paila. Antes de soltarlos, Wilfredo Funes dijo que si los miembros de PROAH denunciaran los hechos, la comunidad sufriría represalias. Dejaron a los acompañantes en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am, después de dos horas y media de captura. Esperaron allí durante una hora a una patrulla de policía que los llevó a Tela.

Indudablemente, la presión ejercida por el COFADEH, PROAH, y otros defensores de derechos humanos, incluso miembros de la comunidad, para denunciar y solicitar intervención inmediata a las autoridades de seguridad nacionales y miembros del cuerpo diplomático, fue un factor decisivo que permitió su liberación.

Es significativo que, el día anterior, los defensores habían informado a la posta policial de Buena Vista, en camino a la comunidad, de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban los policías en la posta.

 Un miembro de la comunidad informó a PROAH que esa misma noche, hombres armados de la minera pasaron por La Nueva Esperanza en motocicleta disparando al aire. La familia donde estaban hospedados los acompañantes al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad.

El 27 de julio, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo.

 Este incidente es un ejemplo más de la persecución de los pobladores de la Nueva Esperanza y las entidades que los acompañan en la defensa de derechos humanos. Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García, miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de texto por teléfono con amenazas de muerte de Lenir Pérez en agosto de 2012.4 El sacerdote guatemalteco César Espinoza, párroco de Arizona, que incluye la comunidad, y quien ha estado activo en su defensa, también ha sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en su celular en enero de este año.5Era debido en gran parte a la preocupación por su caso, junto con la falta de respuesta de las autoridades ante la situación en La Nueva Esperanza, que la Diócesis de La Ceiba emitió un pronunciamiento sobre la minería en la región en junio de este año.6

Ante estos hechos, PROAH solicita a la comunidad internacional y nacional, instar a las autoridades de Honduras a:

– Asegurar que los hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez sean retirados de la zona de inmediato.

–  Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, solicitando que los resultados se hagan públicos y que los responsables intelectuales y materiales de las amenazas e intimidaciones contra miembros de la comunidad en oposición a la actividad minera y otros/as defensores/as de derechos humanos, y el secuestro de los acompañantes de PROAH comparezcan ante la justicia.

– Tomar las medidas necesarias para que cese el hostigamiento y amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

–  Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de Diciembre de 1998.

– Asegurar la aplicación de lo dispuesto en dicha Declaración en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “…individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional”.

27 de julio de 2013

Hacer llamamientos a las siguientes autoridades nacionales:

 Presidente de La Corte Suprema de Justicia

Jorge Alberto Rivera Avilés

Tel (504) 269-3000 269-3069

Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

 Junta Interventora del Ministerio Público

Fax (504) 221-5667

Tel (504) 221-5670 221-3099

 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

Ministra Abogada Ana Pineda

apineda@sjdh.gob.hn

Director del Instituto Hondureño de Geología y Minas

Lic. Aldo Francisco Santos Sosa

aldofss@yahoo.es

 Ministro Secretaría Recursos Naturales

Abogado Rigoberto Cuellar

rigobertocuellar@hotmail.com

 Comisionado Regional de Derechos Humanos

Abogado Juan José Arita

jujoa7@hotmail.com

 Alcalde Municipal de Tela

Señor David Zaccaro

alcaldiadetela@yahoo.com y muni_tela@yahoo.com

 Por favor envíen copias de esta acción urgente a sus miembros del congreso o parlamento (y en su caso, el parlamento europeo) con cartas que expresen su preocupación por la agudización de la crisis de los derechos humanos en Honduras. Envíen copias de sus cartas a las autoridades hondureñas a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras, se estableció en el país el 1 de septiembre de 2010, a raíz de los ataques sistemáticos contra los defensores de derechos humanos. PROAH, un proyecto de Friendship Office of the Americas, realiza su trabajo bajo la suposición de poder prevenir o aliviar una situación de presión o de riesgo, que afecte la continuidad del trabajo de las personas y organizaciones que por su ejercicio en la defensa de los derechos humanos enfrentan peligros inminentes.

2   Véase artículo https://proah.wordpress.com/2013/06/20/proyecto-de-mineria-en-la-nueva-esperanza-escalada-alarmante-de-intimidaciones-dirigidas-a-la-comunidad/

Véase comunicado en español al final del artículo https://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com/2013/07/24/la-nueva-esperanza-villagers-flee-homes-in-fear/

4 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) que están brindando apoyo a la comunidad http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-estado&catid=56:rrnn&Itemid=117

Ibid.

https://proah.wordpress.com/2013/07/03/la-diocesis-de-la-ceiba-se-pronuncia-sobre-la-mineria-en-atlantida/

La Diócesis de La Ceiba se pronuncia sobre la Minería en Atlántida

3 julio, 2013

El 26 de junio la Diócesis de La Ceiba convocó una rueda de prensa para emitir un pronunciamiento que expresa su preocupación por las concesiones de minería en el departamento. El evento, que se dio en el obispado, fue asistido por sacerdotes de las diferentes parroquias de Atlántida, encabezados por el obispo monseñor Michael Lenihan. Voluntarios de PROAH también asistieron como observadores.

En el pronunciamiento, la Diócesis reafirma el compromiso de la Iglesia Católica con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el apoyo para los pobres ,recordando la necesidad de tratar los recursos naturales como un bien común. También expresa su profunda preocupación por :

–  el impacto ambiental y humano de las concesiones mineras otorgadas en el departamento de Atlántida

– la falta de consulta previa a las comunidades afectadas por parte de las autoridades

– el hostigamiento y la intimidación de los oponentes a la minería dentro de las comunidades a los que les apoyan,y en particular el uso de las fuerzas de seguridad para su represión.

“La sangre de la minería es el agua”

El pronunciamiento hace especial mención a la situación en la Nueva Esperanza (véase nuestro blog de 20 de junio) y expresa el pleno apoyo de la Diócesis a su párroco, el Padre César Espinoza, que ha sufrido amenazas por el respaldo que ha brindado a la comunidad (véase el articulo del Tiempo). Él, como el resto de la Diócesis, sige firme en su oposición a la minería en la región, declarando que, por su impacto sobre manantiales y cuencas, la sangre de la minería es el agua.

Padre César Espinoza que ha sufrido amenazas de muerte

Un proceso “a punto muerto”

La Diócesis, que ha tratado de mediar entre las comunidades afectadas , las empresas mineras y las autoridades, ha convocado en abril dos reuniones entre las partes ,y  ha recurrido al pronunciamiento porque cree que el proceso ha llegado a un punto muerto. Las autoridades no han cumplido con su compromiso de informar a las comunidades  sobre las concesiones que les afectan, y al mismo tiempo están permitiendo la continuación de las actividades de exploración, que son en sí mismas perjudiciales para el medio ambiente, además de intimidar a las comunidades con las fuerzas de seguridad y actores civiles.

“Hemos tenido convocatoria en dos ocasiones con todas las partes y ha habido diálogo pero concluimos que todas las comunidades se oponen a estas empresas mineras” dijo Padre Víctor Cámara, Párroco de la Iglesia de Jutiapa

La versión completa del pronunciamiento está disponible en línea y en pdf.

Proyecto de minería en La Nueva Esperanza : Escalada alarmante de intimidaciones dirigidas a la comunidad

20 junio, 2013

La comunidad de La Nueva Esperanza, ubicada en el departamento de Atlántida, permanece en lucha para proteger este rincón de paraíso tropical en las montañas, cerca de la costa caribeña de Honduras, ante la concesión de una nueva actividad extractiva, otorgada a la empresa Minerales Victoria para la explotación de depósitos de hierro. El dueño de esta empresa es Lenir Pérez, yerno del terrateniente Miguel Facussé, y opera a través de su compañía Alutech, que forma parte de Inversiones EMCO, una empresa con sede en San Pedro Sula y especializada en la construcción de estructuras de acero.

Poblador de la Nueva EsperanzaPobladores de La Nueva Esperanza
 

MADJ y MAA denuncian la intimidación de la comunidad

En un comunicado conjunto1, divulgado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), que están brindando apoyo a La Nueva Esperanza y a las demás comunidades cercanas que están siendo afectadas por el proyecto, han denunciado una escalada alarmante de intimidaciones desde el inicio del año 2013, y especialmente en las últimas semanas, por parte del empresario Lenir Pérez y de policías y civiles armados que lo apoyan. Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García, miembros de MADJ, ya son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de textos por teléfono con amenazas de muerte por parte del empresario Pérez, en agosto de 2012.23El padre guatemalteco César Espinoza, párroco en el municipio aledaño de Arizona, que ha estado activo en defensa de la comunidad, también ha sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en su celular en enero de este año4.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional (PROAH) visitó la comunidad a  finales de mayo y  mediados de junio por invitación de la comunidad y el MADJ para que pudiera ver la situación de primera mano.

DSC00557Exploración de la area concesionada con los pobladores
 
 

La clasificación del óxido de hierro – trampa legal

Debido a la moratoria todavía en vigor sobre la minería metálica por razones ambientales,5la empresa obtuvo la concesión para la explotación no metálica – óxido de hierro – aunque todos los pobladores de La Nueva Esperanza saben que, además de este mineral (y del carbón), los cerros que rodean a la pequeña comunidad son ricos en oro. De hecho la búsqueda artesanal de oro en las quebradas forma parte de su tradición. La solicitud de la concesión de minería no metálica es una de las trampas legales que permiten a las empresas eludir la moratoria. Desde la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin)y ahora bajo la nueva Ley de Minería6 (más detalles a continuación), la clasificación de óxido de hierro como metálica o no, depende del uso que el concesionario afirma que le va a dar, es decir, si será para productos metálicos, se clasifica el óxido como metal, pero basta que el solicitante diga que va a utilizarlo para producir cemento, por ejemplo, para que  lo clasifiquen como una concesión no metálica.

Óxido de hierroÓxido de hierro
 
 
Posible veta de oro en la orilla de la quebradaPosible veta de oro en la orilla de la quebrada

Además de permitirles evadir la moratoria, tal clasificación significa que una minera puede obtener una concesión con menos requisitos, controles ambientales e impuestos. Asimismo, una vez conseguida la concesión, bajo una sencilla comunicación a las autoridades, las empresas pueden recurrir a la minería metálica, una actividad mucho más rentable para sí mismas y mucho más impactante para el medio ambiente y la salud de los habitantes. (La explotación del óxido de hierro también puede tener impactos profundos en el medio ambiente y la salud de los habitantes de las comunidades que residan cerca de la mina; pero unas de sus ventajas en comparación con la minería de oro, por ejemplo, es que no se usan químicos como el cianuro para extraer el metal, ni tanta agua).

La concesión en La Nueva Esperanza

Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, obtuvo una concesión de 1000 hectáreas, aunque ha solicitado 110007. El terreno concesionado incluye 16 comunidades que, por ser su economía basada en la ganadería, perderían su fuente de sustento a través del agotamiento o de la contaminación de las quebradas y de los manantiales. Por eso, están firmes en manifestar su oposición al ingreso de la empresa en su territorio. Según el patronato, sólo 3 de las 45 familias de La Nueva Esperanza apoyan la minera, por ya estar involucradas en sus operaciones. A pesar de que los pobladores  rehúsan a vender sus tierras, los intentos de la empresa, respaldada por el alcalde de Tela, siguen, y muchos están recibiendo amenazas y presiones para que vendan sus parcelas. Además, la empresa ya ha empezado a trabajar en unos terrenos que son propiedad de pobladores de La Nueva Esperanza, de acuerdo con información proporcionada por el patronato. Ha cercado terrenos, talado bosques y ha empezado la exploración en diferentes sitios, incluso en la orilla de una quebrada que proporciona agua a la comunidad.

Ensayos minerosEnsayos mineros
 

Los hostigamientos  de la comunidad y los daños medioambientales van aumentando

La tensión local ha ido creciendo en los últimos meses. Para impedir el paso de vehículos de la empresa, la comunidad puso en febrero una cadena con candado cerca de la vivienda de don Enrique, el anciano emblemático de la resistencia en la comunidad. Sin embargo, en la noche del 13 del mismo mes, agentes policiales rompieron la cadena por medio de disparos, destruyendo el candado. Los policías involucrados en los hechos andaban sin identificación. En respuesta a la denuncia puesta ante el Ministerio Público (MP) por los habitantes de la comunidad, las autoridades reconocieron de manera pública su acción ilegal en el departamento de Atlántida. A pesar de esto, los policías siguen llegando a la comunidad sin identificación, una práctica que despierta las dudas de los pobladores en cuanto a su verdadera identidad. Hay sospechas de que los hombres, aunque uniformados, sean en realidad miembros de la vigilancia privada de la empresa propiedad de Lenir Pérez. Desde entonces, los intentos de impulsar un diálogo entre los habitantes opuestos al proyecto minero y los empresarios no ha llegado a ningún resultado. Al contrario, la situación de amenaza a la comunidad sigue intensificándose.

Por ejemplo, el sábado 25 de mayo, aprovechando el desfile del carnaval de La Ceiba, trabajadores de la empresa intentaron ingresar a la concesión con dos camiones cargados de maquinarias y acompañados por policías. Sin embargo, los pobladores, presentes en su comunidad para celebrar un cumpleaños, con un esfuerzo colectivo, impidieron la entrada de los camiones, Después de este episodio, que se denunció en la Radio Progreso, el domingo 26 de mayo hubo una asamblea en la orilla de la quebrada que separa la comunidad de La Nueva Esperanza y el terreno concesionado para planear, ante la falta de respuestas de la empresa, acciones de protesta con relevancia nacional.

 Pese a la firmeza del rechazo de la comunidad, los hostigamientos y amenazas se han multiplicado en los últimos días. El pasado lunes 3 de junio, un grupo de policías ingresó a la comunidad, acercándose a la zona concesionada y frente a las protestas de los pobladores, dispararon sus armas de fuego, sin provocar heridos. Esa misma noche también se escucharon disparos. Luego, en la noche del 5 de junio, un grupo de aproximadamente 20 hombres civiles no identificados y fuertemente armados, penetraron a la comunidad, con el propósito de sembrar el terror entre los habitantes a través de amenazas de muerte reiteradas. Frente a esta situación de peligro, los pobladores están sufriendo un “estado de sitio” que sigue vigente, obligándoles a quedarse encerrados en sus viviendas por seguridad. El maestro de la comunidad decidió suspender las clases, mientras que las condiciones de seguridad de la aldea son cada vez más difíciles.

Las piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la empresaLas piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la empresa
 

Fue ante la gravedad de los hechos y el riesgo de agravamiento de la violencia en la comunidad de La Nueva Esperanza, que el 7 de junio pasado los pobladores, respaldados por el MADJ, denunciaron y condenaron las amenazas constantes por parte de los empresarios, en el comunicado ya mencionado, en donde se hace un llamamiento a las autoridades locales y nacionales, así como a la sociedades civil nacional e internacional, para que intervengan y demanden un cese de la violencia relacionada al proyecto minero. La comunidad reiteró su rechazo frente al desarrollo de explotación extractiva en su territorio, y pidió el paro de las actividades y la salida definitiva de la empresa.

Sin embargo, los hostigamientos siguen.  El 14 de junio, tres hombres de la comunidad estaban en una casa cuando recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que varios hombres armados iban allí.  Los tres decidieron huir, pero fueron perseguidos por los hombres armados quienes empezaron a disparar.  Los tres, salieron afortunadamente ilesos, pero se vieron obligad

La cumbre el 16 de junio

La cumbre el 17 de junio

os a esconderse hasta que los hombres armados se fueran (Denuncia No. CEIN-PROV-0101-2013-04187).  Voluntarias de PROAH, cuando asistieron a la misa en la comunidad el 19 de junio, vieron a dos hombres armados con escopetas cerca de la iglesia, uno de ellos tratando de esconderse.

La cumbre el 29 de mayo

La cumbre el 29 de mayo

Mientras tanto, hay cada vez más daño al medioambiente de la comunidad por las operaciones supuestamente de “exploración”. Los trabajadores de Minerales Victoria están abriendo carreteras ilegales, rompiendo cercos privados sin permiso de los dueños y botando árboles de la orilla de la calle que son patrimonio de la comunidad. Un golpe particularmente doloroso para la comunidad ha sido la destrucción del Manguito, un árbol de mango ubicado a mitad de la cuesta entre Nueva Esperanza y El Carmen, una aldea más arriba, donde todos los viajeros tomaban un tiempo para descansar y luego continuar el viaje, disfrutando la brisa y la frescura de su sombra. Además, ya se empieza a ver los efectos de las operaciones sobre las fuentes de agua: una quebrada que antes corría clara se ha vuelto lodosa, contaminada por la tierra excavada para abrir las carreteras y para otras obras.

El manguito el 29 de mayo

El manguito el 29 de mayo

El Manguito el 17 de junio

El Manguito el 17 de junio

La nueva Ley de Minería y la extracción a cielo abierto

 En Honduras, La Nueva Esperanza es una pieza más del mosaico de comunidades en resistencia contra las empresas mineras que operan en el territorio nacional. sin el consentimiento de las comunidades afectadas.  Con la nueva Ley de Minería,8 aprobada el pasado 23 de enero por el Congreso (aunque todavía suspendida por falta de reglamentos de aplicación9), se esperan por lo menos 300 nuevas concesiones que corresponden a alrededor del 15 por ciento del territorio nacional. Según los movimientos sociales y los voceros de las comunidades afectadas por la actividad minera, no se ha tenido en cuenta la opinión de las poblaciones afectadas; más bien, la ley se escribió bajo asesoría directa de empresas transnacionales interesadas y de embajadas extranjeras en el país. Uno de los ejemplos más llamativos ha sido el de la minería a cielo abierto. A pesar de que en un sondeo de 2011, el 91 por ciento de los hondureños y las hondureñas se opusieron,10 la ley, ni siquiera menciona este tipo de minería, no le pone ningún obstáculo, sino que deja implícita su continuación, como sostiene la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA)11 . En este sentido, mientras países como Costa Rica ya han prohibido la explotación minera a cielo abierto en todo su territorio, y en muchos de los demás países de América Latina está en curso el debate12, Honduras se mantiene en el marco de una práctica devastadora para el medio ambiente y que, además, ofrece muy poco empleo para la población local.

Entre las demás debilidades de la nueva Ley de Minería, hay que subrayar: la posibilidad de concesionar terrenos poblados (con consecuente riesgo de desalojo de comunidades enteras); las prioridades de las empresas en el uso de las fuentes de agua; la falta de protección de las fuentes de agua de las comunidades, a menos que estén ubicadas en una ‘zona productora de agua’ ya designada; la privacidad de la información técnica y financiera, que queda en las manos de las empresas y la falta de un proceso de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas y afrodescendientes, como está prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de Honduras13. Bajo la nueva Ley, la consulta de todas las comunidades, sean indígenas o no, está prevista después de la fase inicial de exploración, es decir cuando la empresa ya habrá obtenido una primera forma de concesión, ocupando el territorio comunal e invirtiendo sus capitales. El rechazo por parte de una comunidad podría dar paso a contramedidas legales y sanciones económicas graves al Estado, según lo previsto en tratados internacionales ratificados por Honduras14. En este sentido, ya existe como precedente el caso de la minera canadiense Pacific Rim con su demanda multimillonaria al estado salvadoreño.15

La minería como ‘motor económico’: expectativas altas, regalías bajas

Frente a las preocupaciones de los comunicadores sociales y de las comunidades afectadas, las autoridades sostienen que el motor de Honduras para salir de su actual condición de pobreza es la extracción de sus riquezas ocultas, que los conquistadores españoles dejaron en su mayoría, sin explotar. La Secretaría de Recursos Naturales estima que en más del 60 por ciento del territorio nacional existe vocación para la explotación de los minerales, tanto metálicos como no metálicos. El presidente de la Asociación Nacional de Minería de Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carvajal manifestó que, al entrar en vigencia la nueva Ley de Minería, comenzará la llegada a Honduras de capitales provenientes de naciones industrializadas como China, Canadá y Estados Unidos que traerá una inversión de hasta 4 mil millones de dólares a largo plazo16.

Pese a estas expectativas tan altas, hay que subrayar que tanto el canon territorial (es decir la renta pagada por hectárea para la concesión) como los impuestos que el Estado va a recaudar son muy bajos.  Además, los impuestos están sujetos a la autoevaluación por parte de las empresas.  Bajo la nueva ley, el impuesto total para la minería metálica, es del 6% del valor de las ventas17,(aún más bajos – 2.5% – en el caso de minería no metálica) del cual el 1% está destinado a la autoridad minera, el 2% a la municipalidad donde se encuentra ubicada la explotación minera, y el 1% a ‘proyectos de desarrollo’ gestionados por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA). El 2% que queda, es en concepto de tasa de seguridad. Es decir que, a excepción del 1% de los proyectos de COALIANZA no hay otro mecanismo que permita una forma de distribución y de socialización de la riqueza producida por la actividad minera a nivel nacional18, sino el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, en un país que ya está en un preocupante proceso de militarización.

1 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-estado&catid=56:rrnn&Itemid=117
2 Medidas cautelares de la CIDH – MC 342/12 de 3 de octubre de 2012 – César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, Honduras. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp.
3 Pág.1 del comunicado de MADJ y MAA
4 Ibid. pág.2.
5 Una prohibición de nuevas concesiones mineras fue origalmente impuesta en agosto de 2004 por la Ministra de Recursos Naturales, Patricia Panting, por dos factores: 1. El Comité Ambientalista del Valle de Siria y la Alianza Cívica por la Reforma a la Ley de Minería demostraron que Defomin (Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería) estaba otorgando concesiones a GoldCorp sin cumplir con los procedimientos legales y 2. La Marcha Nacional por La Vida que exigió la cancelación de todas las concesiones mineras y madereras. La Ministra también destituyó al director de Defomin. La presente moratoria a la minería metálica fue impuesta por el Presidente Zelaya en febrero de 2006, a través de Decreto Ejecutivo PCM-09-2006, citando en el preámbulo la necesidad de tener ‘una explotación racional de la nación, así como el menor impacto en el ambiente y la reutilización de las zonas explotadas en beneficio de la colectividad’. Bajo el decreto, la moratoria se quedaría vigente hasta la introducción de reformas a la Ley de Minería de 1998. Aunque la controvertida nueva Ley de Minería fue aprobada en enero de 2013, no ha sido implementada hasta ahora por falta de reglamentos de aplicación. Como consecuencia, por el momento la moratoria sigue vigente. (Decreto Ejecutivo PCM-09-2006 publicado en El Diario Oficial La Gaceta No.30,928 de 14.2.2006. Tambien disponible en http://www.pgrfa.org/gpa/hnd/files/compendio_de_legislacion_ambienta_abril-2011.pdf).Véase tambien informe Comisiòn de Verdad pag. 57-58: http://comisiondeverdadhonduras.org/sites/default/files/Informe%20COMISION%20DE%20VERDAD%20.pdf
6 Ley de Minería de 2013: http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf
7 Existen 19 concesiones mineras metálicas ya aprobadas en el Departamento de Atlántida, la mayoría de ellas en el municipio de Tela, que suman 24,600 hectáreas (6% de la superficie del departamento) y 14 concesiones mineras no metálicas ya aprobadas (Fuente: CEHPPRODEC – Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario)
8 Ley de Minerìa de 2013: http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf
9 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/En-suspenso-Ley-de-Mineria-hasta-que-se-apruebe-reglamento
10 Encuesta de CESPAD (Centro de Estudio para la Democracia) – setiembre de 2011 http://cespad.org/sites/default/files/Encuesta%20de%20mineria%20en%20Honduras-2012.pdf
11 Comunicado de la CNRA (23.1.2013) ‘Nuevo atentado contra la población de Honduras: Ley de minería entrega territorio y población como mercancía’. (Disponible en http://periodicoecovida.com/?q=node/167)
12 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/asumio-y-detuvo-la-mineria-a-cielo-abierto
13 http://www.miningwatch.ca/news/honduran-mining-law-passed-and-ratified-fight-not-over
14 http://www.hondurassiexporta.hn/oportunidades-de-mercado/tratados-comerciales-internacionales/
15 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-pacific-rim-demanda-el-salvador-por-us315m
16 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/La-riqueza-de-Honduras-aun-esta-oculta-en-sus-entranas
17 Artículo 76 de la Ley de la Mineria de 2013.
18 Preocupante cuando se tiene en cuenta los daños que las operaciones mineras pueden causar al medio ambiente y la salud más allá del municipio, y aún a la infraestructura usada para transportar los minerales explotados. Véase por ejemplo: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Exportacion-de-oxido-puede-colapsar-el-puerto-de-San-Lorenzo http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Oxido-de-hierro-acelera-destruccion-de-red-vial

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