Posts Tagged ‘criminalización’

La comunidad Garífuna de Barra Vieja a juicio por defender su territorio ancestral

2 junio, 2015

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Del 12 al 14 de mayo PROAH acompañó a la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, donde 66 personas de la comunidad comparecieron en un juicio oral y público por una acusación de “usurpación de tierras en perjuicio del Estado”.

La comunidad garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, igual que muchas comunidades garífunas en la costa norte de Honduras, está amenazada con ser desalojada de sus tierras ancestrales por parte de intereses económicas privados y del Estado de Honduras.

Desde que sus pobladores se enteraron de la intención de instalar en su comunidad un lujoso complejo turístico, la lucha por el reconocimiento de sus derechos sobre su tierra ancestral y por la defensa de la cultura garífuna se intensificó. En consecuencia, la comunidad sufrió dos desalojos y denuncias legales por usurpación que la llevó a un juicio del 12 al 14 de mayo 2015.

Indura Beach & Golf Resort, un proyecto turístico impulsado por grandes empresarios y el Estado hondureño.

La construcción del complejo Indura Beach Resort comenzó en 2006, privando a la comunidad de varias manzanas de su territorio. El hotel fue inaugurado en noviembre de 2013, pero está previsto extenderlo aún más. Hoy en día la entrada vigilada del resort se encuentra a la par de la comunidad de Barra Vieja. La cerca que delimita la propiedad del hotel bordea la ruta de acceso a Barra Vieja.

La empresa Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), dueña del proyecto, es una sociedad pública-privada, financiada al 49% por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y al 51% por el Fondo Hondureño de Inversión Turística (FHIT), integrado por unos de los empresarios más poderosos de Honduras 1.

Foto: S Bartlett

La lucha legal por la tierra y la consecuente criminalización de los defensores del territorio

En el año 2007 el Instituto Hondureño de Turismo, a través de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Tela en contra de los pobladores de Barra Vieja, por usurpación de tierras estatales, afirmando ser dueños de este territorio. Según OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), la ENP “de manera misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garífuna de la Bahia de Tela”. Click para ver fuente. Desde este momento, la comunidad emprendió una lucha legal para que se reconociera su derecho a vivir en sus tierras ancestrales, enfrentándose a poderosos intereses de inversionistas hondureños y del Estado.

La criminalización empezó en julio de 2013, cuando varios miembros de la comunidad fueron capturados por la policía, y detenidos por unas horas. Desde esta fecha, casi todos los adultos miembros de la comunidad están bajo medidas sustitutivas a la cárcel, acusados de usurpación, lo que les obliga a ir al juzgado a firmar cada semana y les impide salir del país.

Un año después, la comunidad de Barra Vieja tuvo que enfrentar dos desalojos: el 6 de septiembre y el 30 de septiembre del 2014. En ambos casos, las fuerzas armadas sacaron fuera de sus casas las pertenencias personales de las 150 familias. La población opuso una resistencia pacífica al desalojo y el mismo día volvió a su comunidad. Los habitantes de Barra Vieja denuncian desde ese entonces los efectos sicológicos de los desalojos sobre la población y principalmente sobre los niños, impactados por la fuerte presencia policial y militar, que PROAH pudo observar durante el intento de desalojo el 29 de septiembre del 2014:

Barra Vieja 12.14

El juicio oral y público:

Del 12 al 14 de mayo de 2015, 66 personas de la comunidad fueron citadas a comparecer ante el juzgado de Tela, acusadas de usurpación en perjuicio del Estado. Por no haber suficiente espacio en el juzgado de Tela, las audiencias se desarrollaron en las antiguas instalaciones de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la transnacional frutera United Fruit Company, que desde los años 1930 impulsó el desalojo de comunidades garífunas de sus tierras para el cultivo del banano.

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Durante los tres días de audiencia, alrededor de 400 personas, provenientes de diferentes comunidades garífunas, acompañaron en solidaridad a los criminalizados de Barra Vieja. Curiosamente, solamente 66 personas comparecieron; más de 40 pobladores de la comunidad, así como la mayoría de los líderes de la comunidad, no fueron citados al juicio aunque siguen procesados y con medidas sustitutivas. La parte acusadora estuvo representada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Empresa Nacional Portuaria.

Después de casi tres días de audiencia, el juez aceptó la solicitud de la parte acusadora de postergar la continuación de la audiencia, para que pueda tener tiempo de ubicar a sus testigos, que no se habían presentado en las audiencias, y así permitir su comparecencia en la siguiente audiencia, que fijaron para el 3 de junio de 2015.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos vs intereses transnacionales

Según OFRANEH, “El caso de Barra Vieja es una violación al Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales”, lo cual fue ratificado por el Estado de Honduras.

Para la organización garífuna OFRANEH, las presiones ejercidas en Barra Vieja son parte de una estrategia del gobierno hondureño para desalojar a los garífunas de sus territorios ancestrales y explotar sus tierras. Presentan un peligro a su derecho al acceso a la tierra, a la consulta previa y amenazan su sobrevivencia y cultura.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas se agravan con la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), o ciudades modelo, que incluye a más de 20 comunidades garífunas distribuidas en varias de estas zonas previstas para ser entregadas al capital extranjero, con el propósito de crear zonas casi independientes de las instancias estatales y de recurrir a la tercerización de la justicia (2).

En el reporte preliminar de la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras en Diciembre de 2014, la CIDH instó al gobierno: 1) “a reconocer la identidad cultural del Pueblo Garífuna” y 2) “a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con su obligación, y garantizar una consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la especial relación entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales.”

Frente a las fuertes presiones económicas en juego en el caso de Barra Vieja y según el fallo que el tribunal dará en junio, posiblemente la comunidad tendrá que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual ha desarrollado una gran jurisprudencia reafirmando el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral.

Para más información:

Ver el video de OFRANEH: Juicio a la comunidad Garifuna de Barra Vieja acusada de usurpación de su territorio ancestral

Artículo de Dina Meza: Este 03 de junio continúa la audiencia para un despojo anunciado a la comunidad garífuna de Barra Vieja.

ACTUALIZACION, 10 DE JUNIO DE 2015:

El 4 de junio de 2015, finalmente el Juzgado de Tela emitió un veredicto a favor de la comunidad de Barra Vieja. Fueron absueltas las 66 personas enjuiciadas. Sin embargo, el juicio en contra de los 8 miembros de la junta directiva sigue, y la próxima audiencia en su contra tendrá lugar el 30 de junio.

Para más información, ver este artículo de OFRANEH : Juzgado de Tela emite un veredicto a favor de la comunidad Garífuna de Barra Vieja y la entrevista de Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH (por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos)

1Es precisamente en este hotel que se desarrolló, en febrero de 2015, el Primer Encuentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, con la presencia de los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, y del CEAL, el Consejo Empresarial de América Latina, de lo cual forman parte los directivos del FHIT-Indura Beach. El propósito oficial del evento: respaldar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con el apoyo del sector privado. Un conjunto de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica y Estados Unidos, expresaron su gran preocupación por esta alianza en una carta pública dirigida a los jefes de Estado de estos países. En particular, su preocupación “se fundamenta en que el Plan refuerza las mismas políticas económicas que han resultado en inequidad y han detonado las violaciones generalizadas de los derechos laborales, un incremento de violencia hacia los liderazgos laborales y el desplazamiento forzoso de la población a través de Mesoamérica”. 

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17 ambientalistas del Valle de Siria libres de responsabilidad, pero su lucha continua

22 febrero, 2013

El 20 de febrero, PROAH acompañó a las abogadas de COFADEH y el Comité Ambientalista del Valle de Siria. Esa mañana 17 ambientalistas del Valle de Siria entraron a la 5ª Sala de la Corte Suprema de Justicia acusados de impedir un plan de manejo privado para deforestar el bosque en su región. El caso ya lleva dos años. PROAH ha hecho reportes sobre el caso y ha acompañado el Comité en ese tiempo. El 7 de abril de 2010 alrededor de 500 miembros de la comunidad manifestaron para defender los árboles que protegen una fuente de agua en su área que abastece las comunidades cercanas. De los cientos de manifestantes, 17 fueron acusados de impedir un plan de manejo forestal que el Comité ha denunciado como ilegal debido a cuestiones sobre el arrendamiento de la tierra. Al final de 2009 pusieron una denuncia en el Ministerio Público y hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.

Antes de la audiencia una carta de varias organizaciones internacionales dirigida a autoridades hondureñas y la embajadora canadiense fue publicada. Expresó “preocupación por la criminalización de la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras” y apoyo para los 17 ambientalistas. La carta también citó un miembro de la comunidad de Valle de Siria, “Cómo es posible que la fiscalía del medio ambiente pueda acusar a defensores del medio ambiente, cuyo único objetivo es la defensa de la vida y la protección del agua?” (Este fiscal es específicamente responsable por procesar casos que tienen que ver con el medio ambiente.)

La defensa pudo demostrar que 5 de los imputados ni estuvieron presentes el día de la manifestación el 7 de abril de 2010. Los imputados fueron representados por Kenia Oliva y Karol Cardenas de COFADEH (Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos de Honduras). En su testimonio Carlos Amador (Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria) expresó que el caso fue una criminalización de defensores del medio ambiente. El 25 de febrero el juez presidiendo Mario Díaz leyó la resolución del caso absolviendo los imputados de toda responsabilidad y dejándoles libres. Uno de los imputados, Reynaldo Guerra, un alcalde antiguo en la región del Valle de Siria, expresó la alegría del Comité con la decisión y dijo “seguimos cometidos a proteger el medioambiente; tanto la explotación minera como la del bosque.”

Carlos Amador, Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria, foto de la página de Facebook del Comité

Carlos Amador, Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria, foto de la página de Facebook del Comité

El Comité ganó una batalla el 20 de febrero pero su lucha continua. Carlos comentó “Solo es un paso momentario” y que “vienen más cosas más fuertes para ambientalistas.” La ley de minería que ha sido denunciada (enlace en ingles) por la mayoría de organizaciones que defienden el medio ambiente y que fue aprobada recientemente (enlace en ingles) en el congreso hondureño presenta una nueva multitud de retos para ambientalistas en todo el país. Específicamente en el Valle de Siria Five Star Mining ha puesto su atención a la región para explotar el hierro, según Carlos. La compañía ya tiene presencia en Monte Redondo en el norte de Honduras. “Es una doble amenaza con la aprobación de la nueva ley. Valle de Siria se va a convertir en un lugar donde muchas nuevas empresas vienen para sacar el oro,” dijo Carlos. Está seguro que esto no será el último atentado para deslegitimizar el activismo ambientalista, añadiendo, “van a buscar cualquier otros mecanismos para seguir criminalizando a los ambientalistas.”

Victimas del golpe de estado se movilizan en la capital

28 julio, 2011

A partir de las 8 de la mañana de hoy jueves 28 de julio en Tegucigalpa, miles de manifestantes se reunieron ante a la Universidad Pedagógica y marcharon hasta el edificio de la Organización de las Naciones Unidas para dar a conocer sus denuncias.


Miembros del del Frente de Resistencia Popular y su coordinador, ex-presidente Manuel Zelaya, que participo en el evento, en conjunto a los familiares de los mártires, exigieron justicia y reparación a las víctimas y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Manifestaron por auto parlante que 210 personas han sido asesinadas por motivos políticos desde el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras.


Los manifestantes reclamaron libertad para todos los presos y perseguidos políticos, entre los cuales figura el ex ministro de la presidencia en el Gobierno de Zelaya (2006-2009), el abogado Enrique Flores Lanza, que se encuentra bajo arresto domiciliario, acusado del desvió de 5,6 millones de dólares para colaborar al pago de la propaganda de la consulta nacional (denominada “cuarta urna”) que el ex presidente derrocado Manuel Zelaya quería realizar para averiguar sobre la voluntad de la población hondureña para reformar la constitución.


Ante el edifico de la ONU, por medio del coordinador del Frente de Resistencia Popular, se entregó una carta dirigida al Secretario de la Organización Ban Ki Moon para que interceda a favor del cese del hostigamiento y del acoso que a diario dirigentes y miembros de la sociedad civil están sufriendo.

De forma unánime, todos los participantes pidieron el respecto imprescindible por los derechos humanos y el fin de la impunidad para los perpetradores de Golpe de Estado. El PROAH estuvo presente durante la marcha y el plantón frente al edificio de la ONU.

Fotos: PROAH

Carta internacional: Alto a la criminalización de los defensores y defensoras del medio ambiente en Honduras

18 julio, 2011

Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente
Corte Suprema de Justicia, Honduras

Luis Alberto Rubí
Fiscal General del Estado, Honduras

Juzgado de Talanga

Fiscalía de Talanga

Embajador Cameron MacKay
Embajada Canadiense en Costa Rica

Chargé d’Affaires Simon Henshaw
Embajada de los EEUU , Tegucigalpa, Honduras

14 de julio de 2011

Estimadas autoridades del sistema judicial hondureño y del cuerpo diplomático norteamericano en Honduras,

RE: Solicitud para poner alto a la criminalización de los defensores y las defensoras del medioambiente en Honduras

Las organizaciones internacionales de la sociedad civil que firman esta carta, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación por la criminalización de los defensores y las defensoras del medioambiente en el caso de 18 miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria de Honduras.

El 5 de julio de 2011, recibimos noticias que tres miembros de este comité, Carlos Danilo Amador, Marlon Hernández, y Juan Ángel Reconca, estuvieron detenidos temporalmente y que habían ordenes por la captura de quince miembros más del comité. Todos enfrentan procesos legales graves por haber obstaculizado un plan de manejo forestal, lo cual podría resultar en sentencias de cuatro a seis años en la carcel. El 5 y el 8 de julio de 2011, los demás miembros del comité con ordenes por su captura se presentaron voluntariamente ante el juzgado de Talanga, con asesoría legal del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El juzgado les dejaron libres con medidas sustitutivas a la prisión hasta su audiencia preliminar el 2 de agosto de 2011.

El Comité Ambiental del Valle de Siria está reconocido a nivel internacional por su rol en la defensa al derecho colectivo a vivir en un ambiente sano. El comité se opone activamente a la expansión de la mina San Martín que pertenece a la empresa minera Goldcorp (operada por su subsidiario Entre Mares Honduras), que después de nueve años en operación, y ahora en el proceso de cierre, ha dejado un legado de drenaje ácido minero como fue confirmado por investigadores reconocidos de la Universidad de Newcastle, UK.¹ Después de una visita en los alrededores del a mina en 2008, el profesor Paul Younger encontró evidencia “de que lamentablemente la mina ha generado impactos incontrolados que tienen la potencialidad de seguir haciendo daño al medioambiente por siglos – y por lo tanto a la producción agrícola y a la salud de los pobladores – a menos que el plan de cierre se ajuste para asegurar que la empresa tiene tome las medidas necesarias con una garantía económica adecuada para mantenerlas para la perpetuidad.” Desde que la mina entró en operación, los pobladores de la zona han reportado la muerte de ganado, ríós secos, abortos, además de enfermedades respiratorias, de la piel, y del sistema gastro-intestinal. ²

Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), actualmente los procesos legales en contra miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria se relacionan con sus esfuerzos para proteger una mini-cuenca en la municipalidad de El Porvenir por la actividad maderera como parte de un plan de manejo forestal que el estado hondureño ha otorgado a Hayde Urrutia Mejía. COFADEH indica que esta cuenca abastece el agua para el consumo humano a seis comunidades de ese municipio, afectando en forma directa a 10,000 personas que han estado protegiendo este bosque por años. Dice además que los pobladores lograron la protección del area en 2007 cuando se formalizó el convenio firmado el 27 de diciembre de 2007, entre la entonces AFE/COHDEFOR, la municipalidad del Porvenir y los habitantes. El Comité Ambiental del Valle de Siria considera que el plan de manejo forestal de Urrutia Mejía es ilegal por irregularidades en la tenencia de tierra y presuntamente por no haber llevado a cabo un Estudio de Impacto Ambiental a cabalidad con la participación local adecuada.

La organización Derechos en Acción informa que el Comité también está preocupado porque esta área se encuentra dentro de las concesiones otorgadas a GoldCorp en el pasado, y que debido a la degradación ambiental que podría provocar la actividad maderera, esto daría paso a la venta del terreno a la empresa minera y luego facilitar las licencias requeridas para proceder con la explotación de minerales. Un miembro del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) comparte la misma inquietud, diciendo que este caso representa “una nueva alianza estratégica entre los empresarios madereros y mineros.”

Este conflicto estalló el 7 de abril de 2010, cuando alrededor de 600 moradores locales se opusieron a los avances de la actividad maderera en la zona. Se supone que fue este ultimo evento que resultó en los procesos legales que ahora enfrentan los miembros del comité.

Organizaciones hondureñas involucradas en este proceso han expresado su preocupación porque el sistema judicial está prestándose para la criminalización de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, además de los intereses del capital nacional y extranjero.

Nuestras organizaciones internacionales de la sociedad civil, signatorias de esta carta, comparten preocupación por la criminalización de estos defensores y estas defensores del medioambiente. Los procesos legales en contra de los miembros del comité se agravan aún más por las condiciones fuertes que se han impuesto a través de las medidas sustitutivas a la prisión por el juzgado, las cuales les impiden monitorear y defender la cuenca. Por lo tanto, solicitamos que:

  1. El estado de Honduras tome las medidas necesarias y mecanismos efectivos para garantizar la libertad personal, el debido proceso y el ejercicio de defensa de los derechos humanos de Carlos Danilo Amador, Marlon Hernández, Juan Ángel Reconco y los demás miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria que han sido procesados;
  2. Que se suspenda todo acto de represalias en su contra; y
  3. Que se garantice en forma general el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocidos, como los que establece la Declaración Universal de los Defensores de las Naciones Unidas aprobada en 1998, además de las resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.

Algunas organizaciones internacionales seguirán monitoreando este caso con el interes de que se adhiera al debido proceso y que se aplique la ley en una manera efectiva, mientras se garantiza la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos y su derecho a seguir defendiéndolos.

Sinceramente,

Alliance for Global Justice (USA)
Atlantic Regional Solidarity Network (Canada)
BC CASA/Café Justicia (Canada)
Cambridge – El Salvador Sister City Project (MA, USA)
Campaign for Labor Rights (USA)
Canadians against Mining in El Salvador (CAMES)
Canada Philippines Solidarity for Human Rights
Canada Tibet Committee (CTC)
CEIBA (Guatemala)
Center for Alternative Mining Development Policy (Wisconsin, USA)
Center for International Environmental Law (Washington D.C., USA)
Chicago-Cinquera Sister Cities of Chicago (USA)
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) (Chicago, IL, USA)
CoDevelopment Canada
Comite de Apoyo para el Desarrollo Social en El Salvador (CODESES) (BC, Canada)
Colectivo Voces Ecológicas COVEC (Panamá)
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) (QC, Canada)
Comite Solidario Graciela Garcia (Los Angeles, CA, USA)
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) (USA)
Consejo Indigena MONEXICO (Nicaragua)
Council of Canadians
The Democracy Center (Bolivia and USA)
FNRP Collective – Vancouver (BC, Canada)
Friends of Chilama of Crystal Lake (IL, USA)
Friendship Office of the Americas (USA)
Global Economy Project, Institute for Policy Studies (USA)
Hondurans for Democracy
Jamie Moffett Media Design & Production, Staff (USA)
Just Foreign Policy (USA)
Latin America Solidarity Committee – Milwaukee (USA)
La Voz de los de Abajo, Chicago (USA)
Lawrence-El Papaturro Friendship Committee of Lawrence, Kansas (USA)
Madison Arcatao Sister City Project (MASCP) (USA)
Maquila Solidarity Network (Canada)
Marin Interfaith Task Force on the Americas (CA, USA)
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Solidarity Network (Canada)
Maryknoll Office for Global Concerns (USA)
Midwest Coalition Against Lethal Mining (MCALM) (USA)
Mining Justice Alliance – Vancouver (BC, Canada)
Mining Justice – Ottawa (ON, Canada)
MiningWatch Canada
Nicaragua Network (USA)
Oberlin in Solidarity with El Salvador (OSES) (OH, USA)
The Polaris Institute (Canada)
Portland Central America Solidarity Committee (PCASC) (USA)
Public Service Alliance of Canada (PSAC)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) (México)
Rights Action (USA & Canada)
The Social Justice Committee of Montreal (Canada)
UNBC Guatemala Research Group (Canada)
U.S.-El Salvador Sister Cities

cc:
Antonio Maldonado Paredes
Asesor de Derechos Humanos
Casa de las Naciones Unidas, Honduras

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

¹Younger, Paul, “Report on a visit to San Martín mine of Minerales Entremares S.A., Hondures on Sunday 16th November 2008,” 16 de diciembre de 2008; y Dr. Jarvis, Adam y Dr. Jaime Amezaga, “Technical review of mine closure plan and mine closure implementation at Minerales Entre Mares San Martin mine,Honduras,” junio de 2009.

²The Guardian, “Gold giant faces Honduras inquiry into alleged heavy metal pollution,” 31 de diciembre de 2009,  y Tribunal Latinoamericano de Agua, Audiencia pública en Guadalajara, Mexico, Caso Honduras, 11 de octubre de 2007, Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) comparte la misma inquietud, diciendo que este caso representa “una nueva alianza estratégica entre los empresarios madereros y mineros.” Este conflicto estalló el 7 de abril de 2010, cuando alrededor de 600 moradores locales se opusieron a los avances de la actividad maderera en la zona. Se supone que fue este ultimo evento que resultó en los procesos legales que ahora enfrentan los miembros del comité.

Acción Urgente: Estado de Honduras Continúa criminalizando Defensores de Derechos Humanos

6 julio, 2011

Esta acción urgente fue emetida por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) expresando grave preocupación por la criminalización de los defensores de derechos humanos, miembros del Comité Ambientalista del Valle de Síria. Se puede encontrar una traducción al inglés de este acción urgente aquí.

PROAH acompaño a miembros del equipo legal de COFADEH durante las audiencias de los miembros del Comité Ambientalista del Valle de Síria el 5 de julio, 2011.  Se puede encontrar información adicional en español sobre este caso aquí.

Miembros de la comunidad congregaron afuera de la estación de policía en Talanga donde estaban detenidos miembros del Comité Ambientalista del Valle de Síria

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras – COFADEH

 Acción Urgente:

Estado de Honduras Continúa Criminalizando Defensores de Derechos Humanos

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), expresa su total repudio y preocupación por la sistemática practica del Estado de Honduras de denominar protesta, alteración del orden, sabotaje y terrorismo, a las más elementales acciones de defensa de la naturaleza y de sus derechos como consta en la Constitución de la República.

Con diferentes herramientas jurídicas y policíacas se busca inhabilitar el trabajo de los defensores de derechos humanos en esta ocasión fueron capturados a las 6: 00 a.m., con orden judicial, los defensores del ambiente Carlos Danilo Amador, Marlon Hernández y Juan Ángel Reconco, miembros del Comité Ambiental del Valle de Siria, junto a ellos 15 defensores ambientales mas enfrentan proceso criminal.

Acción que se basa en hechos ocurridos el 07 de abril de 2010, cuando 600 miembros del Municipio del Porvenir impidieron que se cortaran los arboles que protegen la micro cuenca “Quebrada el Guayabo”, el Tapalito, ubicada en la Aldea El Terrero y que abastece de agua para el consumo humano a seis comunidades de ese municipio, afectando en forma directa a 10,000 personas que han estado protegiendo este bosque por años y que se formalizó con el Convenio firmado el 27 de diciembre de 2007, entre la entonces AFE/ COHDEFOR, La Municipalidad del Porvenir y los pobladores.

El Comité Ambientalista y las comunidades afectadas consideraban que el plan de manejo otorgado a Hayde Urrutia Mejía por el Estado de Honduras es ilegal porque no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre que manda la realización de un estudio de impacto ambiental con la participación de la población que pueda resultar afectada por el proyecto o la actividad a realizar. Así mismo por irregularidades en la tenencia de la tierra.

Los ambientalistas enfrentan el delito de Obstaculización a la Ejecución de Planes de Manejo, cuya pena es de 4 a 6 años de reclusión de acuerdo con el artículo 186 de la Ley supra descrita. En la Audiencia judicial celebrada este día, la Juez Ingrid Quiroz Banegas, les impuso medidas sustitutivas a la prisión, entre estas presentarse cada 15 días a firmar a ese juzgado, no salir del país, no acercarse a la micro cuenca el Tapalito, y no acercarse a la beneficiaria del Plan de Manejo Hayde Urrutia Mejía.

El sistema judicial en el caso concreto, no ha actuado objetivamente en tanto favorece al poder ejecutivo, al criminalizar la protesta en nombre de los intereses nacionales. Sin tomar en consideración que es precisamente los intereses nacionales el motivo de preocupación y protesta de pueblos y comunidades del municipio del Porvenir liderados por el Comité Ambientalista del Valle de Siria.

El Cofadeh solicita a la comunidad nacional e internacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias y mecanismos efectivos para garantizar la Libertad Personal, el debido Proceso y el ejercicio de Defensa de los derechos humanos de Carlos Danilo Amador, Marlon Hernández, Juan Ángel Reconco y los demás miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria que han sido procesados. Suspenda todo acto de represalias en su contra. Y garantice en forma general el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocidos, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.

Sus llamamientos:

Jorge Alberto Rivera Avilés
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel: +(504) 2269-3000 o +(504) 2269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República.
Fax +(504) 2221-5667
Tel +(504) 2221-5670 2221-3099
Mail: lrubi@mp.hn
gsuazog@mp.hn

Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en sus países:

CANADA:

Embajador Cameron MacKay

Embajada de Canadá en Costa Rica (también responsable para Honduras):

Tel: +(506) 2242-4400

Mail: sjcra@international.gc.ca, Cameron.MacKay@international.gc.ca

Fax: + (506) 2242-4411 – Asuntos politicos

ESTADOS UNIDOS:

Embajada de los Estados Unidos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Tel: +(504) 2236-9320 o +(504) 2238-5114

Fax: +(504) 2236-9037

Y copia a:

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:+(504) 2220-5280 (solicite: “tono de fax”)
Mail: berthacofadeh@yahoo.com


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