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ALERTA: Ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales en el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”.

26 abril, 2016

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por los graves incidentes ocurridos el viernes 15 de abril en el municipio de San Francisco de Ojuera -departamento de Santa Bárbara- donde resultaron heridas una decena de personas.

El viernes 15 de abril de 2016, aproximadamente 400 personas, integrantes de organizaciones hondureñas e internacionales de derechos humanos y del movimiento social, así como medios de comunicación, se desplazaron hacia el río Gualcarque como parte de una caravana y con el objetivo de conmemorar el asesinato de Berta Cáceres, en el marco del encuentro internacional “Berta Cáceres vive”. Las organizaciones firmantes estuvimos presentes en el encuentro y observamos patrones de ataques contra organizaciones nacionales e internacionales que se replican en otras regiones del país y, han derivado en una fuerte conflictividad1.

A continuación describimos los hechos presenciados:

– Alrededor de las 2 p.m, la caravana pacifica llego a la comunidad de San Ramón, municipio de San Francisco de Ojuera. Los participantes que iniciaban una caminata se vieron confrontados por un grupo de unas 30 personas quienes manifestaban su apoyo a favor del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA). Los mismos portaban pancartas con inscripciones a favor del proyecto hidroeléctrico y en contra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), blandían machetes y proferían fuertes amenazas en contra del COPINH y de los integrantes del encuentro internacional. A pesar de la fuerte presencia de agentes de policía y del Ejército a lo largo de todo el recorrido de la caravana internacional, los efectivos policiales posicionados frente al grupo eran únicamente seis.”

– La caravana continuó su recorrido hasta llegar a las márgenes del Río Gualcarque, donde tuvo lugar una ceremonia espiritual en memoria a Berta Cáceres.

– A las 5 p.m. aproximadamente, la caravana daba por finalizada la actividad y a unos metros antes de llegar hasta los buses para emprender el regreso, el mismo grupo de personas se encontraba en el lugar gritando, insultando, amenazando y mostrando sus machetes. De manera inesperada estas personas comenzaron a tirar piedras hacia las personas que se encontraban caminando en dirección a los buses. Esto generó una situación de pánico, ya que las personas tuvieron que correr varios metros para protegerse. Como resultado de este incidente, una decena de personas de la caravana resultaron heridas por los impactos de las piedras, y al menos dos personas fueron golpeadas por el grupo de personas. Asimismo, los agresores profirieron amenazas de muerte a integrantes del COPINH, en particular a su nuevo coordinador general Tomás Gómez. Dentro de las personas agredidas y heridas habían personas beneficiarias de medidas cautelares, incluso varios integrantes de la coordinación general del COPINH2

– Ante la situación de violencia que se desencadenó, la Policía Nacional no reaccionó inmediatamente e intervino luego de que varias personas de la caravana se lo solicitaran insistentemente. Nos preocupa que las autoridades hondureñas no hayan garantizado la seguridad de los presentes y no hayan tomado medidas inmediatas frente a las agresiones proferidas.

Estos hechos ocurren en el marco de reiteradas denuncias contra la empresa DESA. Estas denuncias responsabilizan a dicha empresa del asesinato de Berta Cáceres así como de las múltiples amenazas y agresiones en contra de las comunidades y miembros del COPINH por su oposición al proyecto Agua Zarca. Ante estos acontecimientos, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran organizaciones, comunidades y personas defensoras de los derechos humanos en Honduras, en particular integrantes del COPINH. Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro apoyo a las solicitudes de la familia de Berta y miembros del COPINH de urgir al Estado hondureño a la firma del convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de crear una comisión de expertos independientes que investigue el asesinato de Berta Cáceres y otros casos de defensores de derechos humanos que aun contando con medidas cautelares de la CIDH han sido asesinados en Honduras.

En este contexto caracterizado por el cierre de espacios para defensores y defensoras de derechos humanos, nos preocupa asimismo que situaciones como la mencionada arriba perjudiquen las posibilidades de acompañamiento y observación internacional para contribuir a proteger espacios no-violentos de resolución de conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Honduras. La labor que desarrollan los acompañantes y observadores internacionales en el país responde a la petición de organizaciones y actores sociales que tienen derecho a defender tales derechos, y a solicitar acompañamiento y observación internacional cuando debido a ello enfrentan amenazas y agresiones.

En base a lo expresado anteriormente y, en cumplimiento con la responsabilidad de los Estados de velar por la protección, respeto y realización del derecho internacional de los derechos humanos, requerimos la atención de la comunidad internacional y la realización de las siguientes acciones destinadas a detener y prevenir esta escalada de violencia contra la defensa de los derechos humanos:

• Mediante pronunciamiento ante la Presidencia de la República, Comisionado de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos:

◦ Expresar su reconocimiento y respaldo a la labor de las organizaciones nacionales e internacionales participantes en la caravana del día 15 de abril.

◦ Mostrar su preocupación ante la situación descrita y la falta de reacción inmediata por parte de las autoridades presentes ante los hechos de violencia reportados.

◦ Recordar la obligación del Estado hondureño de proteger a los defensores y defensoras de DDHH, y reiterar la importancia de la labor que realizan en Honduras y del acompañamiento y la observación internacional cuando lo solicitan ante amenazas y agresiones en su contra.

• En particular, solicitamos a las misiones diplomáticas y Ministerios de Asuntos Exteriores y/o de Cooperación que requieran a las instituciones competentes aclaraciones sobre los hechos reportados, instando a una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre los ataques y las amenazas realizados por parte de los agresores así como sobre la actuación de la policía nacional.

• Expresar públicamente, mediante los canales que consideren oportunos, su respaldo a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y su derecho de recibir acompañamiento por parte de las organizaciones internacionales y de otras organizaciones.

“Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos”3

Organizaciones firmantes:

– Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
– Front Line Defenders.
– Honduras Solidarity Network in North America (Red de Solidaridad con Honduras en Norteamerica).
– Hondurasdelegation (Alemania/Austria).
-Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania).
– Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
– PBI Honduras.
– Plataforma Internacional contra la Impunidad.
– PROAH (Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras)-
– Protection International
– Witness for Peace (Acción Permanente por la Paz).

1. Dos días después de estos incidentes, el 17 de abril de 2016, la Delegación Canadá Honduras por Justicia, Tierra y Vida se dirigió a la mina de oro a cielo abierto San Andrés, en La Unión, Copán. A medida que la delegación canadiense se acercaba a la ciudad de Azacualpa, un grupo de unos 180 trabajadores de la mina – algunos de ellos armados con machetes, palos y piedras – bloqueó la vía pública. La delegación informó que la policía estaba presente pero en un principio no actuó. La delegación fue posteriormente notificada que podría viajar con seguridad a la comunidad y la policía logró disipar la multitud. Mining Watch y las otras ONG de la delegación, sin embargo, han expresado su gran preocupación por este tipo de intimidación”.
2.Los integrantes de la coordinación del COPINH son beneficiarios de Medidas
Cautelares de la CIDH 112-16 del 5.03.2016.
3. Aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos (157/93)

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Comunidad de Locomapa: Sigue la impunidad, la violencia y el hostigamiento a indígenas Tolupanes

16 junio, 2015

Foto de MADJ, actividad del 11 de abril en Locomapa

El 11 de abril del 2015, PROAH acompañó una actividad organizada por el Consejo Preventivo de la Tribu de San Francisco de Locomapa y el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), que consistió en una caminata a uno de los linderos de la tribu para hacer reconocimiento de sus tierras.

La actividad incluyó un homenaje a Luis de Reyes Marcía, indígena Tolupán de la comunidad de Locomapa, Yoro, asesinado el 4 de abril de 2015. Luis es el cuarto defensor del derecho a la tierra que es víctima de un asesinato en la pequeña comunidad, luego de los asesinatos de tres de sus compañeros de lucha en el 2013.

A dos años del asesinato de los tres defensores Tolupanes, el crimen sigue impune:

El 25 de agosto del 2013, tres indígenas Tolupanes fueron asesinados con arma de fuego en la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales. El asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región (ver nuestro artículo de 2013).

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público el cual PROAH presenció como observador internacional, el 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.

Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares. La situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Luego del triple asesinato, varias familias de la comunidad tuvieron que salir de la zona durante seis meses y uno de los exiliados todavía no ha podido volver a Locomapa. Cerca de dos años después de los hechos, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad; ellos y otros miembros de este grupo siguen hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

 

Otro defensor de la tierra asesinado

El 4 de Abril de 2015, otro suceso trágico enlutó nuevamente la comunidad: el asesinato de otro miembro de la comunidad, el señor Luis de Reyes Marcía.

Su cuerpo fue encontrado con varias puñaladas en el tórax y cuello, señales de que fue brutalmente asesinado. Luis Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y miembra activa del MADJ. Su familia había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2014, luego de permanecer seis meses fuera, por las amenazas a muerte que habían recibido. A su retorno, Consuelo Soto y Luis Marcía se reincorporaron a la lucha para el territorio. Poco antes de la muerte de Luis, él y su esposa habían presentado una denuncia ante la posta policial local, debido a nuevas amenazas a muerte y daños a sus cultivos. El principal sospechoso de su muerte forma parte del mismo grupo que amedrenta continuamente a la comunidad.

 

Consuelo Soto, foto de PROAH

Apenas seis semanas después del asesinato de su esposo, el 22 de mayo pasado, Consuelo Soto sufrió un atentado. Según Consuelo, un vecino molesto por la visita que realizó el Fiscal de las Etnias para investigar sobre la muerte de su esposo, llegó a su casa en la cual se encontraban ella y sus dos nietos, y disparó 3 veces en contra de ellos. Consuelo Soto se lanzó al piso con los dos niños para protegerse, y luego huyó a una casa vecina. Tuvo que salir inmediatamente de la comunidad. (escuchar aquí su testimonio a Radio Progreso). Se sospecha también que este señor forma parte del mismo grupo al servicio de poderosos empresarios.

Por haber recibido continuamente las denuncias de miembros del MADJ, la policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos y brindar protección a la población están muy bien informadas de todo lo que ocurre en la zona. Sin embargo, éstas constantemente citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo, como la falta de personal y de vehículo. Para el MADJ, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras: según Víctor Fernández, abogado de la organización, “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado” (ver la fuente, Radio Progreso).

Todos los luchadores de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad (ver nuestro artículo de junio de 2014). Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Plantón frente al Ministerio Público, 12 de mayo 2015. Foto de MADJ.


Frente a esta situación de alta vulnerabilidad de los Tolupanes de Locomapa, el MADJ exige a las autoridades que investiguen debidamente los asesinatos de 2013 y 2015 y que ejecuten la captura de sus autores; que cumplan con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de las personas que benefician de éstas, y por fin; que se garantice la desinstalación de empresas explotadoras de los bienes naturales que se encuentran ilegalmente en la zona ya que son estas empresas las que provocan los conflictos de violencia (fuente:MADJ).


 

Para más información:

Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ:

VIDEO sobre la lucha de la comunidad de Locomapa: 

Comunicado 5 de abril de 2015: “Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro”.

De la Red nacional de Defensoras de derechos humanos en Honduras:

Alerta, 4 de junio de 2015: Todas Somos Consuelo

De Radio Progreso, 10 de abril 2015: Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

Minería: Tres miembros de la etnia Tolupán asesinados en Yoro

27 agosto, 2013

Tres indígenas Tolupán fueron asesinados con arma de fuego el domingo 25 de agosto, en una residencia particular en Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, 71, de la comunidad de San Francisco Campo, Armando Fúnez Medina, 46, de las Brisas, y Ricardo Soto Fúnez, 40, de Cabeza de Vaca. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres locales bajo las órdenes de poderosos mineros, quienes extraen ilegalmente el mineral antimonio en los territorios de las tribus indígenas Tolupán en Yoro.

Esto ocurre en un contexto de creciente intimidación y violencia contra comunidades que se oponen pacíficamente a la minería en sus territorios, una situación cometida en total impunidad (ver el último artículo sobre Nueva Esperanza).

En el caso de Locomapa, la comunidad se había organizado para proteger sus recursos y oponerse a la minería en sus territorios. Ellos han hablado en las radios, denunciando la explotación ilegal de poderosos intereses mineros y por madereros. Miembros de la comunidad decidieron montar un bloqueo carretero, permitiendo el tráfico local, pero deteniendo a los vehículos mineros y madereros ilegales. En el 12vo día del bloqueo carretero ocurrieron los asesinatos.

De acuerdo con los residentes, la balacera fue supuestamente llevada a cabo por sicarios de la compañía minera. Según los residentes, los presuntos perpetradores viven en una comunidad cercana y son miembros corruptos del consejo indígena que habían amenazado directamente con el asesinato de activistas previo al tiroteo, diciendo a la esposa de uno de los hombres asesinados que deberían preparar el ataúd.

Familias en duelo por los tres miembros de la comunidad asesinados por su oposición a la minería ilegal

Familias en duelo por los tres miembros de la comunidad asesinados por su oposición a la minería ilegal

Testigos oculares aseguran que los dos perpetradores llegaron a la toma en una motocicleta cerca de las 5:30 p.m. del domingo, ebrios, y abrieron fuego contra un aproximado de doce activistas en el lugar. Dos hombres murieron en la entrada de la casa de María Enriqueta Matute. Luego ella fue baleada cuando salió a ver lo que ocurría.

Los dos sospechosos permanecían libres el lunes, el 26, y se reporta que retornaron a la misma casa en tres ocasiones, para amenazar e intimidar a las familias dolientes que estaban esperando los cuerpos provenientes de la morgue.

Los ataúdes con los restos fueron transportados en un vehículo pick-up a la comunidad el lunes por la noche, donde los tres fueron velados en la misma casa donde ocurriera su asesinato. Fueron enterrados la mañana del martes 27 de agosto.

La comunidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos están pidiendo justicia en el caso. Muchos otros miembros de la comunidad han sido amenazados por los mismos hombres.

La Nueva Esperanza: Hasta ahora una situación de impunidad flagrante

25 agosto, 2013

A pesar de la preocupación nacional e internacional generada por el secuestro de los miembros de PROAH el 25 de julio por hombres armados de la minera Minerales Victoria1, éstos siguen en la comunidad de La Nueva Esperanza, atemorizando a la población, en pleno conocimiento de las autoridades, incluyendo el Ministro de Seguridad. Aunque policías fueron movilizados para buscar a los observadores internacionales, y la Fiscalía está investigando el caso activamente, hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo para capturar a los secuestradores, que desde los principios de junio amenazan a los pobladores que no quieren vender su tierra a la minera.

 La familia donde estaban hospedados los miembros de PROAH al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad, seguido por otro poblador el 3 de agosto, después de visitas amenazantes de los hombres armados de la minera que codiciaba su solar para sus operaciones. Miembros de la comunidad informan a PROAH que los hombres regularmente disparan sus fusiles en la noche para intimidar a los pobladores, y que dos más llegaron a la comunidad el 10 de agosto.

La escuela de la comunidad sigue cerrada por la situación de seguridad y porque el profesor se vio obligado de huir después de recibir amenazas.

 Todos estos hechos, denunciados ante las autoridades, han pasado a pesar de la existencia de una “posta policial” muy cerca de La Nueva Esperanza, en Bella Vista, impuesta sobre las comunidades en enero de 2013 por el Alcalde de Tela, David Zaccaro, sin consultarlas. En la realidad, es la casa particular de un miembro de la comunidad quien colabora con la minera, donde diez agentes policiales se han instalado. Son plenamente conscientes de la presencia de la docena de hombres armados vinculados con la minera, habiendo custodiado el 5 de junio de 2013 su entrada en la comunidad. La Fiscalía del Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de la zona, han constatado que estos policías no tienen libro de registro de novedades o acciones que realizan, indicando que ejercen su función sin ningún mecanismo de control.2

Antes de la llegada de los hombres armados en la comunidad, el 5 de junio, las intimidaciones de los policías instalados en la zona habían incluido amenazas de muerte al periodista Leonardo Amaya Guevara el 18 de febrero de 2013, mientras que daba cobertura a las acciones de la comunidad La Nueva Esperanza en defensa de su ambiente natural.3Sin embargo, el incidente más grave en la cual la policía de la posta estaba activamente involucrada se produjo el 3 de junio de 2013, cuando pobladores de la comunidad fueron víctimas de agresiones, amenazas a muerte, intimidación y atentados. Dos policías dispararon a las pies de los pobladores, incluso a un mayor de edad, de 79 años. Ante la denuncia y repudio de la comunidad, el 5 de junio cambiaron a todos los policías responsables. Sin embargo, fue esa noche que la comunidad observó a los nuevos policías custodiar la entrada de los hombres armados de la minera a la zona.4

Desde entonces, estas policías hacen la vista gorda a las actuaciones de los hombres armados de la minera, el secuestro de los dos miembros de PROAH siendo un ejemplo llamativo. El día antes del secuestro, los defensores habían informado a la posta policial de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban ninguno de los 10 policías en la posta.5

Manifestación enfrente del Ministerio Público de La Ceiba (9.8.2013)

Manifestación enfrente del Ministerio Público de La Ceiba (9.8.2013)

 A pesar de los atropellos que sufren, los pobladores de la Nueva Esperanza siguen firmes en su oposición a la minería en su comunidad, con el respaldo de la comunidad nacional e internacional. El 27 de julio, sólo dos días después del secuestro, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo, y el 9 de agosto se dieron manifestaciones en Tela y La Ceiba, en solidaridad con la gente de La Nueva Esperanza y para protestar contra la minería en la zona. Fuera de Honduras, acciones han incluido una carta enviada al Departamento de Estado en la cual 24 confesiones religiosas y otras organizaciones estadounidenses han expresado su preocupación por la situación en La Nueva Esperanza.

 Véase acción urgente de 27 de julio de 2013.

Comunicado conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA) (7.6.13)

3 Oficio No. SJDH-DM-N. 0083-2013;  Video: http://www.youtube.com/watch?v=jKL-kHgXqKs&list=HL1361293849&feature=mh_lolz

4   Comunicado conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA) (7.6.13)

Véase acción urgente de 27 de julio de 2013

Accion Urgente: Dos miembros de PROAH secuestrados por hombres armados de la empresa minera en La Nueva Esperanza

28 julio, 2013

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH de nacionalidad suiza y francesa fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria.

Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera.  Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los hombre armados continúan en la comunidad.

 La ACCIÓN URGENTE (que está abajoque puede ser descargada AQUÍ) incluye demandas del retiro inmediato de los hombres armados de la zona y medidas para que cese el hostigamiento y amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

 Véase también el artículo sobre la situación en La Nueva Esperanza: Proyecto de minería en La Nueva Esperanza : Escalada alarmante de intimidaciones dirigidas a la comunidad

 y sobre el pronunciamiento de La Diócesis de La Ceiba ante esta situación: La Diócesis de La Ceiba se pronuncia sobre la Minería en Atlántida

ACCIÓN URGENTE:  DEFENSORES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SECUESTRADOS POR HOMBRES ARMADOS DE EMPRESA MINERA EN HONDURAS

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras)1 de nacionalidad suiza y francesa, fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria. Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera.

 El secuestro de acompañantes internacionales de derechos humanos es otro ejemplo más de la gravedad de la situación en La Nueva Esperanza. La comunidad vive en un estado diario de indefensión, sufriendo intimidaciones por su oposición pacífica a este proyecto de exploración minera que le han impuesto contra su voluntad y sin ninguna consulta2. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas.

 Ante esta situación, y en respuesta a las solicitudes por parte de miembros de la comunidad, PROAH está acompañándola a través de la difusión de información y de alertas a nivel internacional, y ha visitado la comunidad en varias ocasiones.

El 24 de julio, los dos miembros de PROAH pasaron la noche en la casa de una familia en la comunidad de El Zapote, cerca de La Nueva Esperanza, para acompañarla en vista de las amenazas que han recibido por resistirse a vender sus tierras a Lenir Pérez3. A las 9.00 de la mañana, al día siguiente, el 25 de julio, 7 hombres fuertemente armados llegaron a la casa, amenazando a los dos acompañantes con sus escopetas, reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera, liderados por un hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo Funes. Éste dijo a los acompañantes que tenían que irse porque estaban impidiendo su trabajo. Los miembros de PROAH explicaron su trabajo de acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos. En un momento, sonó el teléfono de Wilfredo Funes que dijo que ‘el jefe’ quería hablar con los acompañantes. Uno de ellos preguntó si era Lenir Pérez. Funes se mostró sorprendido y dijo “Ya sabes?” pero cuando le pasó el celular, la persona colgó. Otros hombres armados (según miembros de la comunidad hay 12 en total allí) persiguieron disparando al dueño de la casa que se encontraba fuera, hasta que llegó a su hogar.

 Después de una hora, el líder de los hombres armados obligó a los miembros de PROAH a salir de la casa, amenazando con usar la fuerza si hiciera falta. También dijo que si volvieran, les “perderían en el bosque”. Les obligó a caminar durante una media hora a La Nueva Esperanza, rodeados por los hombres con armas y machetes, quienes intimidaron sexualmente a la acompañante francesa. Les forzaron a borrar las fotos de la maquinaria de las obras mineras. Luego, Wilfredo Funes y un ingeniero de la minera los obligaron a subir en un pickop, con tres hombres armados en la paila. Antes de soltarlos, Wilfredo Funes dijo que si los miembros de PROAH denunciaran los hechos, la comunidad sufriría represalias. Dejaron a los acompañantes en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am, después de dos horas y media de captura. Esperaron allí durante una hora a una patrulla de policía que los llevó a Tela.

Indudablemente, la presión ejercida por el COFADEH, PROAH, y otros defensores de derechos humanos, incluso miembros de la comunidad, para denunciar y solicitar intervención inmediata a las autoridades de seguridad nacionales y miembros del cuerpo diplomático, fue un factor decisivo que permitió su liberación.

Es significativo que, el día anterior, los defensores habían informado a la posta policial de Buena Vista, en camino a la comunidad, de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban los policías en la posta.

 Un miembro de la comunidad informó a PROAH que esa misma noche, hombres armados de la minera pasaron por La Nueva Esperanza en motocicleta disparando al aire. La familia donde estaban hospedados los acompañantes al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad.

El 27 de julio, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo.

 Este incidente es un ejemplo más de la persecución de los pobladores de la Nueva Esperanza y las entidades que los acompañan en la defensa de derechos humanos. Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García, miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de texto por teléfono con amenazas de muerte de Lenir Pérez en agosto de 2012.4 El sacerdote guatemalteco César Espinoza, párroco de Arizona, que incluye la comunidad, y quien ha estado activo en su defensa, también ha sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en su celular en enero de este año.5Era debido en gran parte a la preocupación por su caso, junto con la falta de respuesta de las autoridades ante la situación en La Nueva Esperanza, que la Diócesis de La Ceiba emitió un pronunciamiento sobre la minería en la región en junio de este año.6

Ante estos hechos, PROAH solicita a la comunidad internacional y nacional, instar a las autoridades de Honduras a:

– Asegurar que los hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez sean retirados de la zona de inmediato.

–  Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, solicitando que los resultados se hagan públicos y que los responsables intelectuales y materiales de las amenazas e intimidaciones contra miembros de la comunidad en oposición a la actividad minera y otros/as defensores/as de derechos humanos, y el secuestro de los acompañantes de PROAH comparezcan ante la justicia.

– Tomar las medidas necesarias para que cese el hostigamiento y amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

–  Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de Diciembre de 1998.

– Asegurar la aplicación de lo dispuesto en dicha Declaración en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “…individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional”.

27 de julio de 2013

Hacer llamamientos a las siguientes autoridades nacionales:

 Presidente de La Corte Suprema de Justicia

Jorge Alberto Rivera Avilés

Tel (504) 269-3000 269-3069

Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

 Junta Interventora del Ministerio Público

Fax (504) 221-5667

Tel (504) 221-5670 221-3099

 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

Ministra Abogada Ana Pineda

apineda@sjdh.gob.hn

Director del Instituto Hondureño de Geología y Minas

Lic. Aldo Francisco Santos Sosa

aldofss@yahoo.es

 Ministro Secretaría Recursos Naturales

Abogado Rigoberto Cuellar

rigobertocuellar@hotmail.com

 Comisionado Regional de Derechos Humanos

Abogado Juan José Arita

jujoa7@hotmail.com

 Alcalde Municipal de Tela

Señor David Zaccaro

alcaldiadetela@yahoo.com y muni_tela@yahoo.com

 Por favor envíen copias de esta acción urgente a sus miembros del congreso o parlamento (y en su caso, el parlamento europeo) con cartas que expresen su preocupación por la agudización de la crisis de los derechos humanos en Honduras. Envíen copias de sus cartas a las autoridades hondureñas a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras, se estableció en el país el 1 de septiembre de 2010, a raíz de los ataques sistemáticos contra los defensores de derechos humanos. PROAH, un proyecto de Friendship Office of the Americas, realiza su trabajo bajo la suposición de poder prevenir o aliviar una situación de presión o de riesgo, que afecte la continuidad del trabajo de las personas y organizaciones que por su ejercicio en la defensa de los derechos humanos enfrentan peligros inminentes.

2   Véase artículo https://proah.wordpress.com/2013/06/20/proyecto-de-mineria-en-la-nueva-esperanza-escalada-alarmante-de-intimidaciones-dirigidas-a-la-comunidad/

Véase comunicado en español al final del artículo https://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com/2013/07/24/la-nueva-esperanza-villagers-flee-homes-in-fear/

4 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) que están brindando apoyo a la comunidad http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-estado&catid=56:rrnn&Itemid=117

Ibid.

https://proah.wordpress.com/2013/07/03/la-diocesis-de-la-ceiba-se-pronuncia-sobre-la-mineria-en-atlantida/

La Diócesis de La Ceiba se pronuncia sobre la Minería en Atlántida

3 julio, 2013

El 26 de junio la Diócesis de La Ceiba convocó una rueda de prensa para emitir un pronunciamiento que expresa su preocupación por las concesiones de minería en el departamento. El evento, que se dio en el obispado, fue asistido por sacerdotes de las diferentes parroquias de Atlántida, encabezados por el obispo monseñor Michael Lenihan. Voluntarios de PROAH también asistieron como observadores.

En el pronunciamiento, la Diócesis reafirma el compromiso de la Iglesia Católica con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el apoyo para los pobres ,recordando la necesidad de tratar los recursos naturales como un bien común. También expresa su profunda preocupación por :

–  el impacto ambiental y humano de las concesiones mineras otorgadas en el departamento de Atlántida

– la falta de consulta previa a las comunidades afectadas por parte de las autoridades

– el hostigamiento y la intimidación de los oponentes a la minería dentro de las comunidades a los que les apoyan,y en particular el uso de las fuerzas de seguridad para su represión.

“La sangre de la minería es el agua”

El pronunciamiento hace especial mención a la situación en la Nueva Esperanza (véase nuestro blog de 20 de junio) y expresa el pleno apoyo de la Diócesis a su párroco, el Padre César Espinoza, que ha sufrido amenazas por el respaldo que ha brindado a la comunidad (véase el articulo del Tiempo). Él, como el resto de la Diócesis, sige firme en su oposición a la minería en la región, declarando que, por su impacto sobre manantiales y cuencas, la sangre de la minería es el agua.

Padre César Espinoza que ha sufrido amenazas de muerte

Un proceso “a punto muerto”

La Diócesis, que ha tratado de mediar entre las comunidades afectadas , las empresas mineras y las autoridades, ha convocado en abril dos reuniones entre las partes ,y  ha recurrido al pronunciamiento porque cree que el proceso ha llegado a un punto muerto. Las autoridades no han cumplido con su compromiso de informar a las comunidades  sobre las concesiones que les afectan, y al mismo tiempo están permitiendo la continuación de las actividades de exploración, que son en sí mismas perjudiciales para el medio ambiente, además de intimidar a las comunidades con las fuerzas de seguridad y actores civiles.

“Hemos tenido convocatoria en dos ocasiones con todas las partes y ha habido diálogo pero concluimos que todas las comunidades se oponen a estas empresas mineras” dijo Padre Víctor Cámara, Párroco de la Iglesia de Jutiapa

La versión completa del pronunciamiento está disponible en línea y en pdf.

Proyecto de minería en La Nueva Esperanza : Escalada alarmante de intimidaciones dirigidas a la comunidad

20 junio, 2013

La comunidad de La Nueva Esperanza, ubicada en el departamento de Atlántida, permanece en lucha para proteger este rincón de paraíso tropical en las montañas, cerca de la costa caribeña de Honduras, ante la concesión de una nueva actividad extractiva, otorgada a la empresa Minerales Victoria para la explotación de depósitos de hierro. El dueño de esta empresa es Lenir Pérez, yerno del terrateniente Miguel Facussé, y opera a través de su compañía Alutech, que forma parte de Inversiones EMCO, una empresa con sede en San Pedro Sula y especializada en la construcción de estructuras de acero.

Poblador de la Nueva EsperanzaPobladores de La Nueva Esperanza
 

MADJ y MAA denuncian la intimidación de la comunidad

En un comunicado conjunto1, divulgado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), que están brindando apoyo a La Nueva Esperanza y a las demás comunidades cercanas que están siendo afectadas por el proyecto, han denunciado una escalada alarmante de intimidaciones desde el inicio del año 2013, y especialmente en las últimas semanas, por parte del empresario Lenir Pérez y de policías y civiles armados que lo apoyan. Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García, miembros de MADJ, ya son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de textos por teléfono con amenazas de muerte por parte del empresario Pérez, en agosto de 2012.23El padre guatemalteco César Espinoza, párroco en el municipio aledaño de Arizona, que ha estado activo en defensa de la comunidad, también ha sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en su celular en enero de este año4.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional (PROAH) visitó la comunidad a  finales de mayo y  mediados de junio por invitación de la comunidad y el MADJ para que pudiera ver la situación de primera mano.

DSC00557Exploración de la area concesionada con los pobladores
 
 

La clasificación del óxido de hierro – trampa legal

Debido a la moratoria todavía en vigor sobre la minería metálica por razones ambientales,5la empresa obtuvo la concesión para la explotación no metálica – óxido de hierro – aunque todos los pobladores de La Nueva Esperanza saben que, además de este mineral (y del carbón), los cerros que rodean a la pequeña comunidad son ricos en oro. De hecho la búsqueda artesanal de oro en las quebradas forma parte de su tradición. La solicitud de la concesión de minería no metálica es una de las trampas legales que permiten a las empresas eludir la moratoria. Desde la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin)y ahora bajo la nueva Ley de Minería6 (más detalles a continuación), la clasificación de óxido de hierro como metálica o no, depende del uso que el concesionario afirma que le va a dar, es decir, si será para productos metálicos, se clasifica el óxido como metal, pero basta que el solicitante diga que va a utilizarlo para producir cemento, por ejemplo, para que  lo clasifiquen como una concesión no metálica.

Óxido de hierroÓxido de hierro
 
 
Posible veta de oro en la orilla de la quebradaPosible veta de oro en la orilla de la quebrada

Además de permitirles evadir la moratoria, tal clasificación significa que una minera puede obtener una concesión con menos requisitos, controles ambientales e impuestos. Asimismo, una vez conseguida la concesión, bajo una sencilla comunicación a las autoridades, las empresas pueden recurrir a la minería metálica, una actividad mucho más rentable para sí mismas y mucho más impactante para el medio ambiente y la salud de los habitantes. (La explotación del óxido de hierro también puede tener impactos profundos en el medio ambiente y la salud de los habitantes de las comunidades que residan cerca de la mina; pero unas de sus ventajas en comparación con la minería de oro, por ejemplo, es que no se usan químicos como el cianuro para extraer el metal, ni tanta agua).

La concesión en La Nueva Esperanza

Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, obtuvo una concesión de 1000 hectáreas, aunque ha solicitado 110007. El terreno concesionado incluye 16 comunidades que, por ser su economía basada en la ganadería, perderían su fuente de sustento a través del agotamiento o de la contaminación de las quebradas y de los manantiales. Por eso, están firmes en manifestar su oposición al ingreso de la empresa en su territorio. Según el patronato, sólo 3 de las 45 familias de La Nueva Esperanza apoyan la minera, por ya estar involucradas en sus operaciones. A pesar de que los pobladores  rehúsan a vender sus tierras, los intentos de la empresa, respaldada por el alcalde de Tela, siguen, y muchos están recibiendo amenazas y presiones para que vendan sus parcelas. Además, la empresa ya ha empezado a trabajar en unos terrenos que son propiedad de pobladores de La Nueva Esperanza, de acuerdo con información proporcionada por el patronato. Ha cercado terrenos, talado bosques y ha empezado la exploración en diferentes sitios, incluso en la orilla de una quebrada que proporciona agua a la comunidad.

Ensayos minerosEnsayos mineros
 

Los hostigamientos  de la comunidad y los daños medioambientales van aumentando

La tensión local ha ido creciendo en los últimos meses. Para impedir el paso de vehículos de la empresa, la comunidad puso en febrero una cadena con candado cerca de la vivienda de don Enrique, el anciano emblemático de la resistencia en la comunidad. Sin embargo, en la noche del 13 del mismo mes, agentes policiales rompieron la cadena por medio de disparos, destruyendo el candado. Los policías involucrados en los hechos andaban sin identificación. En respuesta a la denuncia puesta ante el Ministerio Público (MP) por los habitantes de la comunidad, las autoridades reconocieron de manera pública su acción ilegal en el departamento de Atlántida. A pesar de esto, los policías siguen llegando a la comunidad sin identificación, una práctica que despierta las dudas de los pobladores en cuanto a su verdadera identidad. Hay sospechas de que los hombres, aunque uniformados, sean en realidad miembros de la vigilancia privada de la empresa propiedad de Lenir Pérez. Desde entonces, los intentos de impulsar un diálogo entre los habitantes opuestos al proyecto minero y los empresarios no ha llegado a ningún resultado. Al contrario, la situación de amenaza a la comunidad sigue intensificándose.

Por ejemplo, el sábado 25 de mayo, aprovechando el desfile del carnaval de La Ceiba, trabajadores de la empresa intentaron ingresar a la concesión con dos camiones cargados de maquinarias y acompañados por policías. Sin embargo, los pobladores, presentes en su comunidad para celebrar un cumpleaños, con un esfuerzo colectivo, impidieron la entrada de los camiones, Después de este episodio, que se denunció en la Radio Progreso, el domingo 26 de mayo hubo una asamblea en la orilla de la quebrada que separa la comunidad de La Nueva Esperanza y el terreno concesionado para planear, ante la falta de respuestas de la empresa, acciones de protesta con relevancia nacional.

 Pese a la firmeza del rechazo de la comunidad, los hostigamientos y amenazas se han multiplicado en los últimos días. El pasado lunes 3 de junio, un grupo de policías ingresó a la comunidad, acercándose a la zona concesionada y frente a las protestas de los pobladores, dispararon sus armas de fuego, sin provocar heridos. Esa misma noche también se escucharon disparos. Luego, en la noche del 5 de junio, un grupo de aproximadamente 20 hombres civiles no identificados y fuertemente armados, penetraron a la comunidad, con el propósito de sembrar el terror entre los habitantes a través de amenazas de muerte reiteradas. Frente a esta situación de peligro, los pobladores están sufriendo un “estado de sitio” que sigue vigente, obligándoles a quedarse encerrados en sus viviendas por seguridad. El maestro de la comunidad decidió suspender las clases, mientras que las condiciones de seguridad de la aldea son cada vez más difíciles.

Las piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la empresaLas piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la empresa
 

Fue ante la gravedad de los hechos y el riesgo de agravamiento de la violencia en la comunidad de La Nueva Esperanza, que el 7 de junio pasado los pobladores, respaldados por el MADJ, denunciaron y condenaron las amenazas constantes por parte de los empresarios, en el comunicado ya mencionado, en donde se hace un llamamiento a las autoridades locales y nacionales, así como a la sociedades civil nacional e internacional, para que intervengan y demanden un cese de la violencia relacionada al proyecto minero. La comunidad reiteró su rechazo frente al desarrollo de explotación extractiva en su territorio, y pidió el paro de las actividades y la salida definitiva de la empresa.

Sin embargo, los hostigamientos siguen.  El 14 de junio, tres hombres de la comunidad estaban en una casa cuando recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que varios hombres armados iban allí.  Los tres decidieron huir, pero fueron perseguidos por los hombres armados quienes empezaron a disparar.  Los tres, salieron afortunadamente ilesos, pero se vieron obligad

La cumbre el 16 de junio

La cumbre el 17 de junio

os a esconderse hasta que los hombres armados se fueran (Denuncia No. CEIN-PROV-0101-2013-04187).  Voluntarias de PROAH, cuando asistieron a la misa en la comunidad el 19 de junio, vieron a dos hombres armados con escopetas cerca de la iglesia, uno de ellos tratando de esconderse.

La cumbre el 29 de mayo

La cumbre el 29 de mayo

Mientras tanto, hay cada vez más daño al medioambiente de la comunidad por las operaciones supuestamente de “exploración”. Los trabajadores de Minerales Victoria están abriendo carreteras ilegales, rompiendo cercos privados sin permiso de los dueños y botando árboles de la orilla de la calle que son patrimonio de la comunidad. Un golpe particularmente doloroso para la comunidad ha sido la destrucción del Manguito, un árbol de mango ubicado a mitad de la cuesta entre Nueva Esperanza y El Carmen, una aldea más arriba, donde todos los viajeros tomaban un tiempo para descansar y luego continuar el viaje, disfrutando la brisa y la frescura de su sombra. Además, ya se empieza a ver los efectos de las operaciones sobre las fuentes de agua: una quebrada que antes corría clara se ha vuelto lodosa, contaminada por la tierra excavada para abrir las carreteras y para otras obras.

El manguito el 29 de mayo

El manguito el 29 de mayo

El Manguito el 17 de junio

El Manguito el 17 de junio

La nueva Ley de Minería y la extracción a cielo abierto

 En Honduras, La Nueva Esperanza es una pieza más del mosaico de comunidades en resistencia contra las empresas mineras que operan en el territorio nacional. sin el consentimiento de las comunidades afectadas.  Con la nueva Ley de Minería,8 aprobada el pasado 23 de enero por el Congreso (aunque todavía suspendida por falta de reglamentos de aplicación9), se esperan por lo menos 300 nuevas concesiones que corresponden a alrededor del 15 por ciento del territorio nacional. Según los movimientos sociales y los voceros de las comunidades afectadas por la actividad minera, no se ha tenido en cuenta la opinión de las poblaciones afectadas; más bien, la ley se escribió bajo asesoría directa de empresas transnacionales interesadas y de embajadas extranjeras en el país. Uno de los ejemplos más llamativos ha sido el de la minería a cielo abierto. A pesar de que en un sondeo de 2011, el 91 por ciento de los hondureños y las hondureñas se opusieron,10 la ley, ni siquiera menciona este tipo de minería, no le pone ningún obstáculo, sino que deja implícita su continuación, como sostiene la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA)11 . En este sentido, mientras países como Costa Rica ya han prohibido la explotación minera a cielo abierto en todo su territorio, y en muchos de los demás países de América Latina está en curso el debate12, Honduras se mantiene en el marco de una práctica devastadora para el medio ambiente y que, además, ofrece muy poco empleo para la población local.

Entre las demás debilidades de la nueva Ley de Minería, hay que subrayar: la posibilidad de concesionar terrenos poblados (con consecuente riesgo de desalojo de comunidades enteras); las prioridades de las empresas en el uso de las fuentes de agua; la falta de protección de las fuentes de agua de las comunidades, a menos que estén ubicadas en una ‘zona productora de agua’ ya designada; la privacidad de la información técnica y financiera, que queda en las manos de las empresas y la falta de un proceso de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas y afrodescendientes, como está prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de Honduras13. Bajo la nueva Ley, la consulta de todas las comunidades, sean indígenas o no, está prevista después de la fase inicial de exploración, es decir cuando la empresa ya habrá obtenido una primera forma de concesión, ocupando el territorio comunal e invirtiendo sus capitales. El rechazo por parte de una comunidad podría dar paso a contramedidas legales y sanciones económicas graves al Estado, según lo previsto en tratados internacionales ratificados por Honduras14. En este sentido, ya existe como precedente el caso de la minera canadiense Pacific Rim con su demanda multimillonaria al estado salvadoreño.15

La minería como ‘motor económico’: expectativas altas, regalías bajas

Frente a las preocupaciones de los comunicadores sociales y de las comunidades afectadas, las autoridades sostienen que el motor de Honduras para salir de su actual condición de pobreza es la extracción de sus riquezas ocultas, que los conquistadores españoles dejaron en su mayoría, sin explotar. La Secretaría de Recursos Naturales estima que en más del 60 por ciento del territorio nacional existe vocación para la explotación de los minerales, tanto metálicos como no metálicos. El presidente de la Asociación Nacional de Minería de Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carvajal manifestó que, al entrar en vigencia la nueva Ley de Minería, comenzará la llegada a Honduras de capitales provenientes de naciones industrializadas como China, Canadá y Estados Unidos que traerá una inversión de hasta 4 mil millones de dólares a largo plazo16.

Pese a estas expectativas tan altas, hay que subrayar que tanto el canon territorial (es decir la renta pagada por hectárea para la concesión) como los impuestos que el Estado va a recaudar son muy bajos.  Además, los impuestos están sujetos a la autoevaluación por parte de las empresas.  Bajo la nueva ley, el impuesto total para la minería metálica, es del 6% del valor de las ventas17,(aún más bajos – 2.5% – en el caso de minería no metálica) del cual el 1% está destinado a la autoridad minera, el 2% a la municipalidad donde se encuentra ubicada la explotación minera, y el 1% a ‘proyectos de desarrollo’ gestionados por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA). El 2% que queda, es en concepto de tasa de seguridad. Es decir que, a excepción del 1% de los proyectos de COALIANZA no hay otro mecanismo que permita una forma de distribución y de socialización de la riqueza producida por la actividad minera a nivel nacional18, sino el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, en un país que ya está en un preocupante proceso de militarización.

1 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-estado&catid=56:rrnn&Itemid=117
2 Medidas cautelares de la CIDH – MC 342/12 de 3 de octubre de 2012 – César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, Honduras. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp.
3 Pág.1 del comunicado de MADJ y MAA
4 Ibid. pág.2.
5 Una prohibición de nuevas concesiones mineras fue origalmente impuesta en agosto de 2004 por la Ministra de Recursos Naturales, Patricia Panting, por dos factores: 1. El Comité Ambientalista del Valle de Siria y la Alianza Cívica por la Reforma a la Ley de Minería demostraron que Defomin (Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería) estaba otorgando concesiones a GoldCorp sin cumplir con los procedimientos legales y 2. La Marcha Nacional por La Vida que exigió la cancelación de todas las concesiones mineras y madereras. La Ministra también destituyó al director de Defomin. La presente moratoria a la minería metálica fue impuesta por el Presidente Zelaya en febrero de 2006, a través de Decreto Ejecutivo PCM-09-2006, citando en el preámbulo la necesidad de tener ‘una explotación racional de la nación, así como el menor impacto en el ambiente y la reutilización de las zonas explotadas en beneficio de la colectividad’. Bajo el decreto, la moratoria se quedaría vigente hasta la introducción de reformas a la Ley de Minería de 1998. Aunque la controvertida nueva Ley de Minería fue aprobada en enero de 2013, no ha sido implementada hasta ahora por falta de reglamentos de aplicación. Como consecuencia, por el momento la moratoria sigue vigente. (Decreto Ejecutivo PCM-09-2006 publicado en El Diario Oficial La Gaceta No.30,928 de 14.2.2006. Tambien disponible en http://www.pgrfa.org/gpa/hnd/files/compendio_de_legislacion_ambienta_abril-2011.pdf).Véase tambien informe Comisiòn de Verdad pag. 57-58: http://comisiondeverdadhonduras.org/sites/default/files/Informe%20COMISION%20DE%20VERDAD%20.pdf
6 Ley de Minería de 2013: http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf
7 Existen 19 concesiones mineras metálicas ya aprobadas en el Departamento de Atlántida, la mayoría de ellas en el municipio de Tela, que suman 24,600 hectáreas (6% de la superficie del departamento) y 14 concesiones mineras no metálicas ya aprobadas (Fuente: CEHPPRODEC – Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario)
8 Ley de Minerìa de 2013: http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf
9 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/En-suspenso-Ley-de-Mineria-hasta-que-se-apruebe-reglamento
10 Encuesta de CESPAD (Centro de Estudio para la Democracia) – setiembre de 2011 http://cespad.org/sites/default/files/Encuesta%20de%20mineria%20en%20Honduras-2012.pdf
11 Comunicado de la CNRA (23.1.2013) ‘Nuevo atentado contra la población de Honduras: Ley de minería entrega territorio y población como mercancía’. (Disponible en http://periodicoecovida.com/?q=node/167)
12 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/asumio-y-detuvo-la-mineria-a-cielo-abierto
13 http://www.miningwatch.ca/news/honduran-mining-law-passed-and-ratified-fight-not-over
14 http://www.hondurassiexporta.hn/oportunidades-de-mercado/tratados-comerciales-internacionales/
15 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-pacific-rim-demanda-el-salvador-por-us315m
16 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/La-riqueza-de-Honduras-aun-esta-oculta-en-sus-entranas
17 Artículo 76 de la Ley de la Mineria de 2013.
18 Preocupante cuando se tiene en cuenta los daños que las operaciones mineras pueden causar al medio ambiente y la salud más allá del municipio, y aún a la infraestructura usada para transportar los minerales explotados. Véase por ejemplo: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Exportacion-de-oxido-puede-colapsar-el-puerto-de-San-Lorenzo http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Oxido-de-hierro-acelera-destruccion-de-red-vial

17 ambientalistas del Valle de Siria libres de responsabilidad, pero su lucha continua

22 febrero, 2013

El 20 de febrero, PROAH acompañó a las abogadas de COFADEH y el Comité Ambientalista del Valle de Siria. Esa mañana 17 ambientalistas del Valle de Siria entraron a la 5ª Sala de la Corte Suprema de Justicia acusados de impedir un plan de manejo privado para deforestar el bosque en su región. El caso ya lleva dos años. PROAH ha hecho reportes sobre el caso y ha acompañado el Comité en ese tiempo. El 7 de abril de 2010 alrededor de 500 miembros de la comunidad manifestaron para defender los árboles que protegen una fuente de agua en su área que abastece las comunidades cercanas. De los cientos de manifestantes, 17 fueron acusados de impedir un plan de manejo forestal que el Comité ha denunciado como ilegal debido a cuestiones sobre el arrendamiento de la tierra. Al final de 2009 pusieron una denuncia en el Ministerio Público y hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.

Antes de la audiencia una carta de varias organizaciones internacionales dirigida a autoridades hondureñas y la embajadora canadiense fue publicada. Expresó “preocupación por la criminalización de la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras” y apoyo para los 17 ambientalistas. La carta también citó un miembro de la comunidad de Valle de Siria, “Cómo es posible que la fiscalía del medio ambiente pueda acusar a defensores del medio ambiente, cuyo único objetivo es la defensa de la vida y la protección del agua?” (Este fiscal es específicamente responsable por procesar casos que tienen que ver con el medio ambiente.)

La defensa pudo demostrar que 5 de los imputados ni estuvieron presentes el día de la manifestación el 7 de abril de 2010. Los imputados fueron representados por Kenia Oliva y Karol Cardenas de COFADEH (Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos de Honduras). En su testimonio Carlos Amador (Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria) expresó que el caso fue una criminalización de defensores del medio ambiente. El 25 de febrero el juez presidiendo Mario Díaz leyó la resolución del caso absolviendo los imputados de toda responsabilidad y dejándoles libres. Uno de los imputados, Reynaldo Guerra, un alcalde antiguo en la región del Valle de Siria, expresó la alegría del Comité con la decisión y dijo “seguimos cometidos a proteger el medioambiente; tanto la explotación minera como la del bosque.”

Carlos Amador, Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria, foto de la página de Facebook del Comité

Carlos Amador, Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria, foto de la página de Facebook del Comité

El Comité ganó una batalla el 20 de febrero pero su lucha continua. Carlos comentó “Solo es un paso momentario” y que “vienen más cosas más fuertes para ambientalistas.” La ley de minería que ha sido denunciada (enlace en ingles) por la mayoría de organizaciones que defienden el medio ambiente y que fue aprobada recientemente (enlace en ingles) en el congreso hondureño presenta una nueva multitud de retos para ambientalistas en todo el país. Específicamente en el Valle de Siria Five Star Mining ha puesto su atención a la región para explotar el hierro, según Carlos. La compañía ya tiene presencia en Monte Redondo en el norte de Honduras. “Es una doble amenaza con la aprobación de la nueva ley. Valle de Siria se va a convertir en un lugar donde muchas nuevas empresas vienen para sacar el oro,” dijo Carlos. Está seguro que esto no será el último atentado para deslegitimizar el activismo ambientalista, añadiendo, “van a buscar cualquier otros mecanismos para seguir criminalizando a los ambientalistas.”


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