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*ALERTA: ASALTO ARMADO A SACERDOTES CON MEDIDAS CAUTELARES Y ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (PROAH) *

9 julio, 2014

El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) expresa su grave preocupación ante el asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa).

El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.

Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.

PROAH acompañaba a la comunidad de Nueva Esperanza cuando el 25 de julio de 2013 dos acompañantes internacionales de PROAH (una ciudadana francesa y un ciudadano suizo) fueron mantenidos cautivos durante 2,5 horas por varios hombres armados que vigilaban las operaciones mineras de Minerales Victoria.

El asalto armado y secuestro del 3 de julio a beneficiarios de medidas cautelares y acompañantes internacionales pone en evidencia la situación de inseguridad extrema en Honduras, a la que la población se enfrenta cada día en todo el país. Además, el asalto demuestra la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares así que el alto nivel de riesgo que afrontan los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos en Honduras.

En varios casos acompañados por PROAH se evidencia la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares:

En Locomapa 38 personas recibieron medidas cautelares de la CIDH tras el asesinato de tres indígenas Tolupanes el 24 de agosto 2013 durante una protesta pacífica contra la actividad minera y la explotación forestal ilegal en sus tierras. Sin embargo, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad y siguen intimidando a los opositores al proyecto minero. Un miembro de la comunidad exiliado, todavía no ha vuelto a Locomapa. El 9 de junio de 2014, un beneficiario de medidas cautelares recibió nuevas amenazas por parte de un general en condición de retiro que además dañó sus cultivos y sus bienes.

Cuatro meses después de que el Estado de Honduras se comprometió a aplicar las medidas cautelares de la CIDH, la comunidad sigue amenazada y vulnerable.

En junio del 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, también beneficiario de medidas cautelares, emitió una Acción Urgente denunciando que el gobierno hondureño no ha adoptado medidas eficaces para disuadir la inseguridad e implementar medidas de protección.

La Acción Urgente fue emitida en respuesta a “una serie de acontecimientos que en forma sistemática vienen ocurriendo en las últimas semanas, hechos que se producen inmediatamente después que el COFADEH realiza acciones públicas de denuncia”. Estos acontecimientos incluyen la vigilancia de la oficina, así como el secuestro temporal y golpes severos sufridos por un miembro de COFADEH.

PROAH expresa su grave preocupación ante los niveles extremos de inseguridad, de impunidad y la falta de protección eficaz y adecuada de los beneficiarios de medidas cautelares así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos.

8 de julio 2014

Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

15 noviembre, 2013

Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.

El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

– Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

– Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

– Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

– Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

– Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

– Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

 

La Nueva Esperanza: Hasta ahora una situación de impunidad flagrante

25 agosto, 2013

A pesar de la preocupación nacional e internacional generada por el secuestro de los miembros de PROAH el 25 de julio por hombres armados de la minera Minerales Victoria1, éstos siguen en la comunidad de La Nueva Esperanza, atemorizando a la población, en pleno conocimiento de las autoridades, incluyendo el Ministro de Seguridad. Aunque policías fueron movilizados para buscar a los observadores internacionales, y la Fiscalía está investigando el caso activamente, hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo para capturar a los secuestradores, que desde los principios de junio amenazan a los pobladores que no quieren vender su tierra a la minera.

 La familia donde estaban hospedados los miembros de PROAH al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad, seguido por otro poblador el 3 de agosto, después de visitas amenazantes de los hombres armados de la minera que codiciaba su solar para sus operaciones. Miembros de la comunidad informan a PROAH que los hombres regularmente disparan sus fusiles en la noche para intimidar a los pobladores, y que dos más llegaron a la comunidad el 10 de agosto.

La escuela de la comunidad sigue cerrada por la situación de seguridad y porque el profesor se vio obligado de huir después de recibir amenazas.

 Todos estos hechos, denunciados ante las autoridades, han pasado a pesar de la existencia de una “posta policial” muy cerca de La Nueva Esperanza, en Bella Vista, impuesta sobre las comunidades en enero de 2013 por el Alcalde de Tela, David Zaccaro, sin consultarlas. En la realidad, es la casa particular de un miembro de la comunidad quien colabora con la minera, donde diez agentes policiales se han instalado. Son plenamente conscientes de la presencia de la docena de hombres armados vinculados con la minera, habiendo custodiado el 5 de junio de 2013 su entrada en la comunidad. La Fiscalía del Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de la zona, han constatado que estos policías no tienen libro de registro de novedades o acciones que realizan, indicando que ejercen su función sin ningún mecanismo de control.2

Antes de la llegada de los hombres armados en la comunidad, el 5 de junio, las intimidaciones de los policías instalados en la zona habían incluido amenazas de muerte al periodista Leonardo Amaya Guevara el 18 de febrero de 2013, mientras que daba cobertura a las acciones de la comunidad La Nueva Esperanza en defensa de su ambiente natural.3Sin embargo, el incidente más grave en la cual la policía de la posta estaba activamente involucrada se produjo el 3 de junio de 2013, cuando pobladores de la comunidad fueron víctimas de agresiones, amenazas a muerte, intimidación y atentados. Dos policías dispararon a las pies de los pobladores, incluso a un mayor de edad, de 79 años. Ante la denuncia y repudio de la comunidad, el 5 de junio cambiaron a todos los policías responsables. Sin embargo, fue esa noche que la comunidad observó a los nuevos policías custodiar la entrada de los hombres armados de la minera a la zona.4

Desde entonces, estas policías hacen la vista gorda a las actuaciones de los hombres armados de la minera, el secuestro de los dos miembros de PROAH siendo un ejemplo llamativo. El día antes del secuestro, los defensores habían informado a la posta policial de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban ninguno de los 10 policías en la posta.5

Manifestación enfrente del Ministerio Público de La Ceiba (9.8.2013)

Manifestación enfrente del Ministerio Público de La Ceiba (9.8.2013)

 A pesar de los atropellos que sufren, los pobladores de la Nueva Esperanza siguen firmes en su oposición a la minería en su comunidad, con el respaldo de la comunidad nacional e internacional. El 27 de julio, sólo dos días después del secuestro, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo, y el 9 de agosto se dieron manifestaciones en Tela y La Ceiba, en solidaridad con la gente de La Nueva Esperanza y para protestar contra la minería en la zona. Fuera de Honduras, acciones han incluido una carta enviada al Departamento de Estado en la cual 24 confesiones religiosas y otras organizaciones estadounidenses han expresado su preocupación por la situación en La Nueva Esperanza.

 Véase acción urgente de 27 de julio de 2013.

Comunicado conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA) (7.6.13)

3 Oficio No. SJDH-DM-N. 0083-2013;  Video: http://www.youtube.com/watch?v=jKL-kHgXqKs&list=HL1361293849&feature=mh_lolz

4   Comunicado conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA) (7.6.13)

Véase acción urgente de 27 de julio de 2013

Accion Urgente: Dos miembros de PROAH secuestrados por hombres armados de la empresa minera en La Nueva Esperanza

28 julio, 2013

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH de nacionalidad suiza y francesa fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria.

Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera.  Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los hombre armados continúan en la comunidad.

 La ACCIÓN URGENTE (que está abajoque puede ser descargada AQUÍ) incluye demandas del retiro inmediato de los hombres armados de la zona y medidas para que cese el hostigamiento y amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

 Véase también el artículo sobre la situación en La Nueva Esperanza: Proyecto de minería en La Nueva Esperanza : Escalada alarmante de intimidaciones dirigidas a la comunidad

 y sobre el pronunciamiento de La Diócesis de La Ceiba ante esta situación: La Diócesis de La Ceiba se pronuncia sobre la Minería en Atlántida

ACCIÓN URGENTE:  DEFENSORES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SECUESTRADOS POR HOMBRES ARMADOS DE EMPRESA MINERA EN HONDURAS

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras)1 de nacionalidad suiza y francesa, fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria. Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera.

 El secuestro de acompañantes internacionales de derechos humanos es otro ejemplo más de la gravedad de la situación en La Nueva Esperanza. La comunidad vive en un estado diario de indefensión, sufriendo intimidaciones por su oposición pacífica a este proyecto de exploración minera que le han impuesto contra su voluntad y sin ninguna consulta2. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas.

 Ante esta situación, y en respuesta a las solicitudes por parte de miembros de la comunidad, PROAH está acompañándola a través de la difusión de información y de alertas a nivel internacional, y ha visitado la comunidad en varias ocasiones.

El 24 de julio, los dos miembros de PROAH pasaron la noche en la casa de una familia en la comunidad de El Zapote, cerca de La Nueva Esperanza, para acompañarla en vista de las amenazas que han recibido por resistirse a vender sus tierras a Lenir Pérez3. A las 9.00 de la mañana, al día siguiente, el 25 de julio, 7 hombres fuertemente armados llegaron a la casa, amenazando a los dos acompañantes con sus escopetas, reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera, liderados por un hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo Funes. Éste dijo a los acompañantes que tenían que irse porque estaban impidiendo su trabajo. Los miembros de PROAH explicaron su trabajo de acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos. En un momento, sonó el teléfono de Wilfredo Funes que dijo que ‘el jefe’ quería hablar con los acompañantes. Uno de ellos preguntó si era Lenir Pérez. Funes se mostró sorprendido y dijo “Ya sabes?” pero cuando le pasó el celular, la persona colgó. Otros hombres armados (según miembros de la comunidad hay 12 en total allí) persiguieron disparando al dueño de la casa que se encontraba fuera, hasta que llegó a su hogar.

 Después de una hora, el líder de los hombres armados obligó a los miembros de PROAH a salir de la casa, amenazando con usar la fuerza si hiciera falta. También dijo que si volvieran, les “perderían en el bosque”. Les obligó a caminar durante una media hora a La Nueva Esperanza, rodeados por los hombres con armas y machetes, quienes intimidaron sexualmente a la acompañante francesa. Les forzaron a borrar las fotos de la maquinaria de las obras mineras. Luego, Wilfredo Funes y un ingeniero de la minera los obligaron a subir en un pickop, con tres hombres armados en la paila. Antes de soltarlos, Wilfredo Funes dijo que si los miembros de PROAH denunciaran los hechos, la comunidad sufriría represalias. Dejaron a los acompañantes en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am, después de dos horas y media de captura. Esperaron allí durante una hora a una patrulla de policía que los llevó a Tela.

Indudablemente, la presión ejercida por el COFADEH, PROAH, y otros defensores de derechos humanos, incluso miembros de la comunidad, para denunciar y solicitar intervención inmediata a las autoridades de seguridad nacionales y miembros del cuerpo diplomático, fue un factor decisivo que permitió su liberación.

Es significativo que, el día anterior, los defensores habían informado a la posta policial de Buena Vista, en camino a la comunidad, de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban los policías en la posta.

 Un miembro de la comunidad informó a PROAH que esa misma noche, hombres armados de la minera pasaron por La Nueva Esperanza en motocicleta disparando al aire. La familia donde estaban hospedados los acompañantes al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad.

El 27 de julio, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo.

 Este incidente es un ejemplo más de la persecución de los pobladores de la Nueva Esperanza y las entidades que los acompañan en la defensa de derechos humanos. Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García, miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de texto por teléfono con amenazas de muerte de Lenir Pérez en agosto de 2012.4 El sacerdote guatemalteco César Espinoza, párroco de Arizona, que incluye la comunidad, y quien ha estado activo en su defensa, también ha sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en su celular en enero de este año.5Era debido en gran parte a la preocupación por su caso, junto con la falta de respuesta de las autoridades ante la situación en La Nueva Esperanza, que la Diócesis de La Ceiba emitió un pronunciamiento sobre la minería en la región en junio de este año.6

Ante estos hechos, PROAH solicita a la comunidad internacional y nacional, instar a las autoridades de Honduras a:

– Asegurar que los hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez sean retirados de la zona de inmediato.

–  Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, solicitando que los resultados se hagan públicos y que los responsables intelectuales y materiales de las amenazas e intimidaciones contra miembros de la comunidad en oposición a la actividad minera y otros/as defensores/as de derechos humanos, y el secuestro de los acompañantes de PROAH comparezcan ante la justicia.

– Tomar las medidas necesarias para que cese el hostigamiento y amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

–  Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de Diciembre de 1998.

– Asegurar la aplicación de lo dispuesto en dicha Declaración en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “…individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional”.

27 de julio de 2013

Hacer llamamientos a las siguientes autoridades nacionales:

 Presidente de La Corte Suprema de Justicia

Jorge Alberto Rivera Avilés

Tel (504) 269-3000 269-3069

Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

 Junta Interventora del Ministerio Público

Fax (504) 221-5667

Tel (504) 221-5670 221-3099

 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

Ministra Abogada Ana Pineda

apineda@sjdh.gob.hn

Director del Instituto Hondureño de Geología y Minas

Lic. Aldo Francisco Santos Sosa

aldofss@yahoo.es

 Ministro Secretaría Recursos Naturales

Abogado Rigoberto Cuellar

rigobertocuellar@hotmail.com

 Comisionado Regional de Derechos Humanos

Abogado Juan José Arita

jujoa7@hotmail.com

 Alcalde Municipal de Tela

Señor David Zaccaro

alcaldiadetela@yahoo.com y muni_tela@yahoo.com

 Por favor envíen copias de esta acción urgente a sus miembros del congreso o parlamento (y en su caso, el parlamento europeo) con cartas que expresen su preocupación por la agudización de la crisis de los derechos humanos en Honduras. Envíen copias de sus cartas a las autoridades hondureñas a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras, se estableció en el país el 1 de septiembre de 2010, a raíz de los ataques sistemáticos contra los defensores de derechos humanos. PROAH, un proyecto de Friendship Office of the Americas, realiza su trabajo bajo la suposición de poder prevenir o aliviar una situación de presión o de riesgo, que afecte la continuidad del trabajo de las personas y organizaciones que por su ejercicio en la defensa de los derechos humanos enfrentan peligros inminentes.

2   Véase artículo https://proah.wordpress.com/2013/06/20/proyecto-de-mineria-en-la-nueva-esperanza-escalada-alarmante-de-intimidaciones-dirigidas-a-la-comunidad/

Véase comunicado en español al final del artículo https://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com/2013/07/24/la-nueva-esperanza-villagers-flee-homes-in-fear/

4 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) que están brindando apoyo a la comunidad http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-estado&catid=56:rrnn&Itemid=117

Ibid.

https://proah.wordpress.com/2013/07/03/la-diocesis-de-la-ceiba-se-pronuncia-sobre-la-mineria-en-atlantida/


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