Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.

El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

– Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

– Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

– Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

– Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

– Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

– Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

 

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