2013 PROAH Informe Anual

9 abril, 2014

Favor de encontrar aquí nuestro informe anual del año 2013.

SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA: LOS TOLUPANES DESPLAZADOS REGRESAN A SUS TIERRAS CON MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH

19 marzo, 2014

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El pasado 23 de febrero, a invitación del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), PROAH observó un acto público organizado para el regreso de varios miembros del pueblo indígena Tolupan a su comunidad en San Francisco de Locomapa, Yoro.

Su salida forzada se produjo tras los asesinatos de tres miembros de la comunidad, Maria Enriqueta Matute, Armando Funez Medina y Ricardo Soto Funez, el 25 de agosto del 2013. Se produjeron tras 12 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad en rechazo a la explotación minera y al corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, el 19 de diciembre de 2013, la Comisión interamericana de derechos humanos otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas.

A este encuentro de retorno acudió por parte del Estado una Comisión formada por la vice ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, y miembros de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Este grupo que llegó a la zona en helicóptero, destacó que era la primera vez que realizaban un acto como este y que tenían el compromiso del Estado de cumplir con su obligación en la defensa de los derechos humanos. También tomó la palabra el subcomisario de Yoro, Ventura Rodriguez, que se comprometió en capturar a los supuestos asesinos y dar protección a las personas amenazadas.

Por parte del MADJ habló su coordinador y abogado Victor Fernandez, que destacó la responsabilidad que tiene el Estado Hondureño en dar protección a las 38 personas de la zona con medidas dictadas por la CIDH.

Tras el acto, las autoridades y representantes del MADJ firmaron un acta, donde se recogieron estos compromisos y se explicó en qué consistían las medidas cautelares.

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Este acto estuvo acompañado por otros actores de la sociedad civil, como el ERIC-Radio Progreso, COPA (Coordinación de las Organizaciones Populares del Aguán), el Observatorio de derechos humanos en el Aguan, el Foro de mujeres por la vida, OFRANEH, la coalición contra la impunidad, un representante de la Red de Solidaridad con Honduras en Estados Unidos (HSN).

El acto terminó con la plantación de tres arboles en recuerdo de las personas asesinadas.

 Hasta la fecha, los supuestos asesinos no han sido detenidos, a pesar de tener órdenes de captura. Uno de los miembros de la comunidad, coordinador del MADJ en Locomapa, quien como otros tuvo que huir de la zona, no ha regresado a su comunidad, pues teme todavía por su vida, luego de que hombres armados colgaran una nota con amenazas a muerte en la puerta de su casa en septiembre pasado.

Para más  información:

Sobre el asesinato de los tres miembros de la etnia Tolupan, nuestro blog, 27 de agosto 2013

 artículo de Radio Progreso:

Tolupanes retornan a sus tierras con promesa de seguridad del Estado hondureño

Artículo del MADJ sobre el otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH

 Pronunciamiento del MADJ

Resumen de la situación de derechos humanos en Honduras, para enero y febrero de 2014

12 marzo, 2014

Encontrarán aquí nuestro resumen bi-mensual en inglés sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, para los meses de enero y febrero del 2014.

AZUNOSA : El proceso de conciliación se atasca mientras la criminalización continúa

10 febrero, 2014

Observadores/as de PROAH asistieron a la última audiencia de conciliación el 29 de enero entre representantes de AZUNOSA y de los campesinos – la CNTC (Comision Nacional de Trabajadores del Campo ) y el ADCP (Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso ). Las dos partes están enfrascadas en una disputa por tierras en Agua Blanca Sur, ocupado por AZUNOSA, la empresa azucarera de propiedad de la multinacional británica SAB Miller, que opera en el Valle de Sula1.

El proceso de conciliación, que comenzó en noviembre, en teoría debería permitir el levantamiento de los cargos contra los campesinos (quienes habían ocupado las tierras en disputa, hasta su expulsión en junio de 2013). Sin embargo apenas se progresó el 29 de enero, en la 4° reunión de conciliación entre empresa y campesinos/as. AZUNOSA no hizo ninguna oferta en concreto. Magdalena Morales se enfrenta a otra audiencia en la corte el 11 de febrero2.

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Magdalena Morales

 Según los últimos datos de la CNTC, en la actualidad hay un total de 108 personas sujetas a procedimientos judiciales en relación con este caso. Magdalena Morales fue arrestada el 26 de julio de 2013, en su oficina y, con acusaciones similares a las que hay en contra de la dirigencia de COPINH, acusada de usurpar tierras. Como resultado de las medidas alternativas a la prisión, ella es incapaz de visitar la zona en disputa, lo que afecta seriamente su trabajo en apoyo de los campesinos/as. Otra de las personas afectadas es Félix Torres Meraz de 65 años. Ha estado bajo arresto domiciliario desde junio3 y tiene que firmar regularmente en el Palacio de Justicia, medidas que ha sido incapaz de cumplir recientemente porque sufre de neumonía. El tribunal ha amenazado con encarcelar a su hija si ella no firma en su lugar. Además de esta persecución judicial, Magdalena y otros también han sufrido vigilancia y amenazas de muerte. Según Magdalena, en la segunda reunión de conciliación del 2 de diciembre, Víctor Ramos (presidente del mismo AZUNOSA) se dirigió a ella diciendo textualmente : ” cuídese el pellejo “.

En la reunión del 29 de enero, los abogados de AZUNOSA se basaron en el veredicto de la Corte Suprema a fecha 9 de diciembre de 2013, a favor de la empresa azucarera4. Al parecer no se hizo público hasta el 20 de diciembre, dejando poco tiempo para que el equipo legal de los campesinos pudiera reaccionar. Finalmente interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia por razones de inconstitucionalidad (recurso de amparo). La sentencia de la Corte Suprema avala el fallo del Consejo Nacional Agrario, en noviembre de 2012, que revocó la decisión tomada por el INA en marzo de 2012, en favor de los campesinos.

 El INA había fallado en contra de AZUNOSA porque sus tenencias de la tierra en Agua Blanca Sur superan el ” sobretecho ” – el límite máximo impuesto en virtud de la LMDSA (1992, Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola), que limita a 250 hectáreas la propiedad de la tierra en el Valle de Sula . AZUNOSA ha argumentado que el propósito de la LMDSA era desalentar la acumulación de tierras ociosas con fines especulativos y no estaba destinado a ser utilizado en contra de las fincas en plena producción, alegando que esto es explícito en el preámbulo de la LMDSA . La azucarera argumenta que fue sobre esa base que el SAG (Secretaría de Agricultura y Ganaderia) había concedido formalmente la renuncia al sobretecho . De hecho, el preámbulo de la LMDSA pone en primer plano la importancia de la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Parece que casi toda el azúcar que produce AZUNOSA es para la elaboración de refrescos de la línea de Coca Cola Company, cuyo valor como fuente de nutrición es bastante dudoso. En cambio, las 1600 familias campesinas en la lucha para recuperar la tierra quieren sembrar cultivos para alimentarse.

En la reunión de conciliación, los abogados también se centraron en el tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Honduras firmado en 1993 (Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Honduras para la Promoción y Protección de Inversiones). En virtud de su artículo 5, no debería haber ninguna expropiación de las inversiones de cualquiera de las partes, salvo si se considera que está en el interés público y, de ser así, estaría sujeto a una “compensación pronta, adecuada y efectiva”. INA había ofrecido a AZUNOSA $ 10.000.000, aunque los abogados de AZUNOSA habían declarado que las pérdidas reales sufridas por AZUNOSA estarían más cerca de 83 millones de dólares5 – un incentivo más para que el Estado se mantenga a favor de AZUNOSA. Es clara la presión diplomática desde el Reino Unido para revocar la decisión del INA – fue la embajadora británica si misma, quien anunció la decisión del Consejo Nacional Agrario en noviembre de 2012 contra los campesinos6.

La Unión Europea ha introducido un pilar comercial más a través de su Acuerdo de Asociación con los países centroamericanos, aplicado en Honduras desde agosto de 2013, lo que significa que el tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Honduras, en última instancia será reemplazado por uno de la UE, si no ha sido así ya. Sin embargo, en el último artículo del tratado existente hay una cláusula en virtud de la cual las inversiones realizadas mientras esté en vigor continuarán siendo sujetas a las disposiciones del tratado por 20 años después de la terminación del mismo.

Mientras tanto, Magdalena y los campesinos/as permanecen en un limbo legal y siguen recibiendo amenazas.

1Ver artículo (en inglés) de SOA Watch, para información más detallada sobre el caso: The Struggle for Land in Agua Blanca Sur

 

Resumen trimensual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras

3 febrero, 2014

Encontrarán aquí nuestro último informe, un resumen sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013.

De momento sólo está disponible en inglés.

Incluye un anexo de cuatro páginas sobre las audiencias sobre Honduras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre del 2013.

Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

15 noviembre, 2013

Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.

El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

- Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

- Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

- Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

- Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

- Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

- Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

 

 

Delegación suiza expresa preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras

21 octubre, 2013

El 7 de octubre de 2013, una delegación de 10 suizos del Foro Honduras Suiza convocó una rueda de prensa en la sede de COFADEH para compartir las conclusiones de su visita a Honduras, que tenía como objetivo conocer la situación de derechos humanos y de la democracia en el país. Su misión duró ocho días e incluyó viajes a Zacate Grande en el sur y La Esperanza en el occidente, y abarcó reuniones con representantes de la sociedad civil y de organizaciones internacionales y nacionales. Los miembros de la delegación tuvieron la oportunidad de escuchar los testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares, y del nivel de impunidad casi total en cuanto a estas violaciones.

Durante su estancia las organizaciones visitadas enfatizaron la gran importancia de la presencia internacional, como visitas de delegaciones y el acompañamiento de PROAH, para el respeto de los derechos humanos.

Las demandas de la delegación del Foro dirigidas a las autoridades hondureñas incluyen el cese inmediato de la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, y el respeto de los convenios internacionales de derechos humanos, mencionando específicamente los derechos indígenas cuando se otorga concesiones. También se pide que las autoridades hondureñas hagan todo lo posible para garantizar elecciones libres y justas, que los observadores internacionales tengan acceso sin trabas para observar el proceso, y que su trabajo sea respaldado.

Se pide a la comunidad internacional que aboguen para establecer garantías en las inversiones extranjeras respetando los derechos humanos y de los pueblos indígenas y que la situación antes y después de las elecciones sea observada meticulosamente y que posibles violaciones a los derechos humanos sean documentadas y difundidas.

Por la primera vez, de enero a junio de 2014, Suiza tendrá la presidencia del G16, el grupo de países e instituciones intergubernamentales establecido en 1999 después del huracán Mitch para promover el desarrollo humano en Honduras e incrementar la participación democrática, entre otros objetivos. El Foro pide que el gobierno de Suiza tome esta oportunidad para poner la democratización y la situación de los derechos humanos en la parte más alta de su agenda.

El Foro Honduras Suiza fue fundado en 2012 para sensibilizar a la población suiza a la situación en Honduras, y para abogar por el respeto de los derechos humanos y por una relación equitativa entre los dos países. Hoy en día el Foro cuenta con unos 25 miembros involucrados en diversos proyectos. Trabaja con otros grupos, organizaciones y redes afines en Suiza, Honduras y otros países del mundo.

Para leer su comunicado:

Boletin de Prensa Foro Honduras Suiza-1

Minería: Tres miembros de la etnia Tolupán asesinados en Yoro

27 agosto, 2013

Tres indígenas Tolupán fueron asesinados con arma de fuego el domingo 25 de agosto, en una residencia particular en Locampa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, 71, de la comunidad de San Francisco Campo, Armando Fúnez Medina, 46, de las Brisas, y Ricardo Soto Fúnez, 40, de Cabeza de Vaca. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres locales bajo las órdenes de poderosos mineros, quienes extraen ilegalmente el mineral antimonio en los territorios de las tribus indígenas Tolupán en Yoro.

Esto ocurre en un contexto de creciente intimidación y violencia contra comunidades que se oponen pacíficamente a la minería en sus territorios, una situación cometida en total impunidad (ver el último artículo sobre Nueva Esperanza).

En el caso de Locampa, la comunidad se había organizado para proteger sus recursos y oponerse a la minería en sus territorios. Ellos han hablado en las radios, denunciando la explotación ilegal de poderosos intereses mineros y por madereros. Miembros de la comunidad decidieron montar un bloqueo carretero, permitiendo el tráfico local, pero deteniendo a los vehículos mineros y madereros ilegales. En el 12vo día del bloqueo carretero ocurrieron los asesinatos.

De acuerdo con los residentes, la balacera fue supuestamente llevada a cabo por sicarios de la compañía minera. Según los residentes, los presuntos perpetradores viven en una comunidad cercana y son miembros corruptos del consejo indígena que habían amenazado directamente con el asesinato de activistas previo al tiroteo, diciendo a la esposa de uno de los hombres asesinados que deberían preparar el ataúd.

Familias en duelo por los tres miembros de la comunidad asesinados por su oposición a la minería ilegal

Familias en duelo por los tres miembros de la comunidad asesinados por su oposición a la minería ilegal

Testigos oculares aseguran que los dos perpetradores llegaron a la toma en una motocicleta cerca de las 5:30 p.m. del domingo, ebrios, y abrieron fuego contra un aproximado de doce activistas en el lugar. Dos hombres murieron en la entrada de la casa de María Enriqueta Matute. Luego ella fue baleada cuando salió a ver lo que ocurría.

Los dos sospechosos permanecían libres el lunes, el 26, y se reporta que retornaron a la misma casa en tres ocasiones, para amenazar e intimidar a las familias dolientes que estaban esperando los cuerpos provenientes de la morgue.

Los ataúdes con los restos fueron transportados en un vehículo pick-up a la comunidad el lunes por la noche, donde los tres fueron velados en la misma casa donde ocurriera su asesinato. Fueron enterrados la mañana del martes 27 de agosto.

La comunidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos están pidiendo justicia en el caso. Muchos otros miembros de la comunidad han sido amenazados por los mismos hombres.

La Nueva Esperanza: Hasta ahora una situación de impunidad flagrante

25 agosto, 2013

A pesar de la preocupación nacional e internacional generada por el secuestro de los miembros de PROAH el 25 de julio por hombres armados de la minera Minerales Victoria1, éstos siguen en la comunidad de La Nueva Esperanza, atemorizando a la población, en pleno conocimiento de las autoridades, incluyendo el Ministro de Seguridad. Aunque policías fueron movilizados para buscar a los observadores internacionales, y la Fiscalía está investigando el caso activamente, hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo para capturar a los secuestradores, que desde los principios de junio amenazan a los pobladores que no quieren vender su tierra a la minera.

 La familia donde estaban hospedados los miembros de PROAH al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad, seguido por otro poblador el 3 de agosto, después de visitas amenazantes de los hombres armados de la minera que codiciaba su solar para sus operaciones. Miembros de la comunidad informan a PROAH que los hombres regularmente disparan sus fusiles en la noche para intimidar a los pobladores, y que dos más llegaron a la comunidad el 10 de agosto.

La escuela de la comunidad sigue cerrada por la situación de seguridad y porque el profesor se vio obligado de huir después de recibir amenazas.

 Todos estos hechos, denunciados ante las autoridades, han pasado a pesar de la existencia de una “posta policial” muy cerca de La Nueva Esperanza, en Bella Vista, impuesta sobre las comunidades en enero de 2013 por el Alcalde de Tela, David Zaccaro, sin consultarlas. En la realidad, es la casa particular de un miembro de la comunidad quien colabora con la minera, donde diez agentes policiales se han instalado. Son plenamente conscientes de la presencia de la docena de hombres armados vinculados con la minera, habiendo custodiado el 5 de junio de 2013 su entrada en la comunidad. La Fiscalía del Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de la zona, han constatado que estos policías no tienen libro de registro de novedades o acciones que realizan, indicando que ejercen su función sin ningún mecanismo de control.2

Antes de la llegada de los hombres armados en la comunidad, el 5 de junio, las intimidaciones de los policías instalados en la zona habían incluido amenazas de muerte al periodista Leonardo Amaya Guevara el 18 de febrero de 2013, mientras que daba cobertura a las acciones de la comunidad La Nueva Esperanza en defensa de su ambiente natural.3Sin embargo, el incidente más grave en la cual la policía de la posta estaba activamente involucrada se produjo el 3 de junio de 2013, cuando pobladores de la comunidad fueron víctimas de agresiones, amenazas a muerte, intimidación y atentados. Dos policías dispararon a las pies de los pobladores, incluso a un mayor de edad, de 79 años. Ante la denuncia y repudio de la comunidad, el 5 de junio cambiaron a todos los policías responsables. Sin embargo, fue esa noche que la comunidad observó a los nuevos policías custodiar la entrada de los hombres armados de la minera a la zona.4

Desde entonces, estas policías hacen la vista gorda a las actuaciones de los hombres armados de la minera, el secuestro de los dos miembros de PROAH siendo un ejemplo llamativo. El día antes del secuestro, los defensores habían informado a la posta policial de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban ninguno de los 10 policías en la posta.5

Manifestación enfrente del Ministerio Público de La Ceiba (9.8.2013)

Manifestación enfrente del Ministerio Público de La Ceiba (9.8.2013)

 A pesar de los atropellos que sufren, los pobladores de la Nueva Esperanza siguen firmes en su oposición a la minería en su comunidad, con el respaldo de la comunidad nacional e internacional. El 27 de julio, sólo dos días después del secuestro, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo, y el 9 de agosto se dieron manifestaciones en Tela y La Ceiba, en solidaridad con la gente de La Nueva Esperanza y para protestar contra la minería en la zona. Fuera de Honduras, acciones han incluido una carta enviada al Departamento de Estado en la cual 24 confesiones religiosas y otras organizaciones estadounidenses han expresado su preocupación por la situación en La Nueva Esperanza.

 Véase acción urgente de 27 de julio de 2013.

Comunicado conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA) (7.6.13)

3 Oficio No. SJDH-DM-N. 0083-2013;  Video: http://www.youtube.com/watch?v=jKL-kHgXqKs&list=HL1361293849&feature=mh_lolz

4   Comunicado conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA) (7.6.13)

Véase acción urgente de 27 de julio de 2013

Accion Urgente: Dos miembros de PROAH secuestrados por hombres armados de la empresa minera en La Nueva Esperanza

28 julio, 2013

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH de nacionalidad suiza y francesa fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria.

Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera.  Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los hombre armados continúan en la comunidad.

 La ACCIÓN URGENTE (que está abajoque puede ser descargada AQUÍ) incluye demandas del retiro inmediato de los hombres armados de la zona y medidas para que cese el hostigamiento y amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

 Véase también el artículo sobre la situación en La Nueva Esperanza: Proyecto de minería en La Nueva Esperanza : Escalada alarmante de intimidaciones dirigidas a la comunidad

 y sobre el pronunciamiento de La Diócesis de La Ceiba ante esta situación: La Diócesis de La Ceiba se pronuncia sobre la Minería en Atlántida

 

ACCIÓN URGENTE:  DEFENSORES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SECUESTRADOS POR HOMBRES ARMADOS DE EMPRESA MINERA EN HONDURAS

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras)1 de nacionalidad suiza y francesa, fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria. Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera.

 El secuestro de acompañantes internacionales de derechos humanos es otro ejemplo más de la gravedad de la situación en La Nueva Esperanza. La comunidad vive en un estado diario de indefensión, sufriendo intimidaciones por su oposición pacífica a este proyecto de exploración minera que le han impuesto contra su voluntad y sin ninguna consulta2. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas.

 Ante esta situación, y en respuesta a las solicitudes por parte de miembros de la comunidad, PROAH está acompañándola a través de la difusión de información y de alertas a nivel internacional, y ha visitado la comunidad en varias ocasiones.

El 24 de julio, los dos miembros de PROAH pasaron la noche en la casa de una familia en la comunidad de El Zapote, cerca de La Nueva Esperanza, para acompañarla en vista de las amenazas que han recibido por resistirse a vender sus tierras a Lenir Pérez3. A las 9.00 de la mañana, al día siguiente, el 25 de julio, 7 hombres fuertemente armados llegaron a la casa, amenazando a los dos acompañantes con sus escopetas, reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera, liderados por un hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo Funes. Éste dijo a los acompañantes que tenían que irse porque estaban impidiendo su trabajo. Los miembros de PROAH explicaron su trabajo de acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos. En un momento, sonó el teléfono de Wilfredo Funes que dijo que ‘el jefe’ quería hablar con los acompañantes. Uno de ellos preguntó si era Lenir Pérez. Funes se mostró sorprendido y dijo “Ya sabes?” pero cuando le pasó el celular, la persona colgó. Otros hombres armados (según miembros de la comunidad hay 12 en total allí) persiguieron disparando al dueño de la casa que se encontraba fuera, hasta que llegó a su hogar.

 Después de una hora, el líder de los hombres armados obligó a los miembros de PROAH a salir de la casa, amenazando con usar la fuerza si hiciera falta. También dijo que si volvieran, les “perderían en el bosque”. Les obligó a caminar durante una media hora a La Nueva Esperanza, rodeados por los hombres con armas y machetes, quienes intimidaron sexualmente a la acompañante francesa. Les forzaron a borrar las fotos de la maquinaria de las obras mineras. Luego, Wilfredo Funes y un ingeniero de la minera los obligaron a subir en un pickop, con tres hombres armados en la paila. Antes de soltarlos, Wilfredo Funes dijo que si los miembros de PROAH denunciaran los hechos, la comunidad sufriría represalias. Dejaron a los acompañantes en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am, después de dos horas y media de captura. Esperaron allí durante una hora a una patrulla de policía que los llevó a Tela.

Indudablemente, la presión ejercida por el COFADEH, PROAH, y otros defensores de derechos humanos, incluso miembros de la comunidad, para denunciar y solicitar intervención inmediata a las autoridades de seguridad nacionales y miembros del cuerpo diplomático, fue un factor decisivo que permitió su liberación.

Es significativo que, el día anterior, los defensores habían informado a la posta policial de Buena Vista, en camino a la comunidad, de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban los policías en la posta.

 Un miembro de la comunidad informó a PROAH que esa misma noche, hombres armados de la minera pasaron por La Nueva Esperanza en motocicleta disparando al aire. La familia donde estaban hospedados los acompañantes al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad.

El 27 de julio, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo.

 Este incidente es un ejemplo más de la persecución de los pobladores de la Nueva Esperanza y las entidades que los acompañan en la defensa de derechos humanos. Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García, miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de texto por teléfono con amenazas de muerte de Lenir Pérez en agosto de 2012.4 El sacerdote guatemalteco César Espinoza, párroco de Arizona, que incluye la comunidad, y quien ha estado activo en su defensa, también ha sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en su celular en enero de este año.5Era debido en gran parte a la preocupación por su caso, junto con la falta de respuesta de las autoridades ante la situación en La Nueva Esperanza, que la Diócesis de La Ceiba emitió un pronunciamiento sobre la minería en la región en junio de este año.6

Ante estos hechos, PROAH solicita a la comunidad internacional y nacional, instar a las autoridades de Honduras a:

- Asegurar que los hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez sean retirados de la zona de inmediato.

-  Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, solicitando que los resultados se hagan públicos y que los responsables intelectuales y materiales de las amenazas e intimidaciones contra miembros de la comunidad en oposición a la actividad minera y otros/as defensores/as de derechos humanos, y el secuestro de los acompañantes de PROAH comparezcan ante la justicia.

- Tomar las medidas necesarias para que cese el hostigamiento y amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

-  Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de Diciembre de 1998.

- Asegurar la aplicación de lo dispuesto en dicha Declaración en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “…individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional”.

27 de julio de 2013

Hacer llamamientos a las siguientes autoridades nacionales:

 Presidente de La Corte Suprema de Justicia

Jorge Alberto Rivera Avilés

Tel (504) 269-3000 269-3069

Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

 Junta Interventora del Ministerio Público

Fax (504) 221-5667

Tel (504) 221-5670 221-3099

 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

Ministra Abogada Ana Pineda

apineda@sjdh.gob.hn

Director del Instituto Hondureño de Geología y Minas

Lic. Aldo Francisco Santos Sosa

aldofss@yahoo.es

 Ministro Secretaría Recursos Naturales

Abogado Rigoberto Cuellar

rigobertocuellar@hotmail.com

 Comisionado Regional de Derechos Humanos

Abogado Juan José Arita

jujoa7@hotmail.com

 Alcalde Municipal de Tela

Señor David Zaccaro

alcaldiadetela@yahoo.com y muni_tela@yahoo.com

 Por favor envíen copias de esta acción urgente a sus miembros del congreso o parlamento (y en su caso, el parlamento europeo) con cartas que expresen su preocupación por la agudización de la crisis de los derechos humanos en Honduras. Envíen copias de sus cartas a las autoridades hondureñas a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras, se estableció en el país el 1 de septiembre de 2010, a raíz de los ataques sistemáticos contra los defensores de derechos humanos. PROAH, un proyecto de Friendship Office of the Americas, realiza su trabajo bajo la suposición de poder prevenir o aliviar una situación de presión o de riesgo, que afecte la continuidad del trabajo de las personas y organizaciones que por su ejercicio en la defensa de los derechos humanos enfrentan peligros inminentes.

2   Véase artículo https://proah.wordpress.com/2013/06/20/proyecto-de-mineria-en-la-nueva-esperanza-escalada-alarmante-de-intimidaciones-dirigidas-a-la-comunidad/

Véase comunicado en español al final del artículo https://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com/2013/07/24/la-nueva-esperanza-villagers-flee-homes-in-fear/

4 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) que están brindando apoyo a la comunidad http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-estado&catid=56:rrnn&Itemid=117

Ibid.

https://proah.wordpress.com/2013/07/03/la-diocesis-de-la-ceiba-se-pronuncia-sobre-la-mineria-en-atlantida/

 


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