*ALERTA: ASALTO ARMADO A SACERDOTES CON MEDIDAS CAUTELARES Y ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (PROAH) *

9 julio, 2014

El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) expresa su grave preocupación ante el asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa).

El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.

Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.

PROAH acompañaba a la comunidad de Nueva Esperanza cuando el 25 de julio de 2013 dos acompañantes internacionales de PROAH (una ciudadana francesa y un ciudadano suizo) fueron mantenidos cautivos durante 2,5 horas por varios hombres armados que vigilaban las operaciones mineras de Minerales Victoria.

El asalto armado y secuestro del 3 de julio a beneficiarios de medidas cautelares y acompañantes internacionales pone en evidencia la situación de inseguridad extrema en Honduras, a la que la población se enfrenta cada día en todo el país. Además, el asalto demuestra la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares así que el alto nivel de riesgo que afrontan los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos en Honduras.

En varios casos acompañados por PROAH se evidencia la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares:

En Locomapa 38 personas recibieron medidas cautelares de la CIDH tras el asesinato de tres indígenas Tolupanes el 24 de agosto 2013 durante una protesta pacífica contra la actividad minera y la explotación forestal ilegal en sus tierras. Sin embargo, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad y siguen intimidando a los opositores al proyecto minero. Un miembro de la comunidad exiliado, todavía no ha vuelto a Locomapa. El 9 de junio de 2014, un beneficiario de medidas cautelares recibió nuevas amenazas por parte de un general en condición de retiro que además dañó sus cultivos y sus bienes.

Cuatro meses después de que el Estado de Honduras se comprometió a aplicar las medidas cautelares de la CIDH, la comunidad sigue amenazada y vulnerable.

En junio del 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, también beneficiario de medidas cautelares, emitió una Acción Urgente denunciando que el gobierno hondureño no ha adoptado medidas eficaces para disuadir la inseguridad e implementar medidas de protección.

La Acción Urgente fue emitida en respuesta a “una serie de acontecimientos que en forma sistemática vienen ocurriendo en las últimas semanas, hechos que se producen inmediatamente después que el COFADEH realiza acciones públicas de denuncia”. Estos acontecimientos incluyen la vigilancia de la oficina, así como el secuestro temporal y golpes severos sufridos por un miembro de COFADEH.

PROAH expresa su grave preocupación ante los niveles extremos de inseguridad, de impunidad y la falta de protección eficaz y adecuada de los beneficiarios de medidas cautelares así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos.

8 de julio 2014

INFORME MENSUAL DE PROAH SOBRE LA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS (mayo de 2014)

1 julio, 2014

Favor de encontrar AQUI nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, para el mes de mayo de 2014, disponible en inglés.

A continuación los puntos claves de este informe:

• El 28 de mayo una carta firmada por 108 miembros del Congreso de EE.UU. fue enviada al Secretario de Estado, John Kerry, pidiendo al Departamento de Estado evaluar estrictamente el apoyo y entrenamiento de EE.UU. a la policía y el ejército hondureño. Expresaron preocupación por políticas que amenazan con empeorar la situación de derechos humanos, promoviendo la militarización de la seguridad pública.

• La CIDH publicó un informe sobre su período de sesiones número 150 (desde marzo 20 hasta abril 04).

• Existe una profunda preocupación por el aumento de asesinatos de niños y jóvenes en Honduras.

• El director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, fue fuertemente golpeado por elementos de la Policía Militar, tres días después de haber criticado públicamente al Estado por su complicidad en algunos de los asesinatos de niños y jóvenes.

• Después del segundo aniversario – 11 de mayo – de la tragedia en Ahuas, la Moskitia (en la que personas indígenas miskitas fueron asesinadas y heridas durante una operación conjunta de las fuerzas de seguridad de Honduras y la DEA de EE.UU.), los Departamentos de Justicia y del Estado de EE.UU anunciaron una revisión conjunta de la respuesta post-incidente para el caso de Ahuas y otros casos.

• Declaración de COPINH aborda el asesinato de Irene Meza en San Francisco de Opalaca, ocurrido el 25 de mayo.

• El miembro del COPINH William Jacobo Rodríguez, que había participado activamente en la campaña contra la hidroeléctrica de Agua Zarca, fue asesinado en Río Blanco, el 24 de mayo.

• El Banco de Desarrollo holandés, FMO, reacciona a la cobertura de prensa desfavorable con respecto a la hidroeléctrica Agua Zarca en Río Blanco. La policía interrumpe violentamente una manifestación en la comunidad garífuna de Puerto Castilla el 23 de mayo.

La audiencia del caso de triunfo de la Cruz en la CIDH se dio el 21 de mayo. La sentencia se dictará probablemente en octubre o noviembre.

Un artículo de Sandra Cuffe detalla la situación en Cayos Cochinos.

El 16 de mayo en Jutiapa, disparan a muerte a Aníbal Duarte, alcalde liberal de Iriona, departamento de Colón.

Ángel Amilcar Colón Quevedo, expresidente de OFRANEH, obligado a admitir acusaciones tras haber sido torturado en Tijuana, México.

El 19 de mayo, Rigoberto Chang Castillo, Ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, pidió oficialmente disculpas en nombre del gobierno hondureño a la familia del militante ambientalista Carlos Antonio Luna López, conforme a lo dictado por la Corte Interamericana en su resolución de Octubre 2013.

El 3 de mayo, asesinaron al defensor del medio ambiente Rigoberto López Hernández en Santa Cruz, municipalidad de El Níspero, departamento de Santa Bárbara.

Siguen las amenazas contra miembros de la comunidad indígena Tolupán de Locomapa, Yoro, en respuesta a su oposición pacífica a la explotación de madera y la explotación ilegal de antimonio.

Comunidad de la Nueva Esperanza: las medidas cautelares dictadas por la CIDH todavía no han sido implementadas por el Estado.

El tribunal Permanente de los Pueblos realizó audiencias sobre los impactos de la minería canadiense en Latinoamérica del 29 de mayo al 1º de junio en Montreal.

Hay otros dos proyectos mineros planificados en Valle de Siria, y un total de 200 concesiones de explotación ya otorgadas en el país. Estas concesiones se han traducido en un aumento de las protestas.

La CIDH emitió un comunicado condenando el asesinato el 4 de mayo de Orlando Orellana, presidente del patronato de Cerrito Lindo en San Pedro Sula. La CIDH había dictado medidas cautelares a favor de Orellana.

El 8 de mayo, la CIDH otorgó medidas cautelares a 123 miembros de movimientos campesinos en el Bajo Aguán.

El 21 de mayo, 315 soldados y policías y unos 40 agentes de seguridad privada participaron en el desalojo forzado de un total de 300 familias en dos comunidades.

El 19 de mayo, un grupo de 100 a 120 campesinos protestaron en la finca de El Mochito en el Bajo Aguán para pedir al terrateniente Reynaldo Canales y a las autoridades que dieran respuestas sobre los asesinatos y las desapariciones de cuatro personas en la finca en el 2011.

El 5 de mayo, por lo menos 200 familias del MCRGC ocuparon la finca del Paso Aguán en Pánama. Los guardias de la empresa Dinant de Miguel Facussé, así que las fuerzas de seguridad bajo los órdenes del Coronel René Jove Martínez y del Coronel German Alfaro Escalante, que había teóricamente sido reemplazado por el Coronel Martínez, rodearon a las familias.

El 10 de mayo, Dinant anunció que la empresa había recientemente quitado las armas de fuego de todos los guardias de seguridad de todos los sitios de explotación de palma africana de Honduras. Declaró también que estaba construyendo caserones para los soldados de la Operación Xatruch en el Paso Aguan, generando una confusión entre los papeles del Estado y los de la empresa privada.

El 3 de mayo, varias organizaciones publicaron informes o declaraciones para expresar su preocupación, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa.

El 28 de mayo, asesinan con arma de fuego a Hernán Cruz Barnica, coordinador de LIBRE y comunicador social en San Juan de Opoa, Copán.
Reporteros sin Fronteras expresó su preocupación por el aumento de los actos de intimidación contra Álex Sabillón, locutor del programa de televisión Hechos de Choloma. Condenó también la censura de Suelte la lengua, un programa del Canal 6 que dejaron de transmitir sin explicación desde el 15 de mayo.

A la Radio Voz de Zacate Grande se le ha otorgado una frecuencia de radio que ampliará considerablemente su cobertura. Sin embargo, las amenazas continúan: desde la creación de la Voz de Zacate Grande, ADEPZA estima que 90 de sus miembros han sido acusados ​​de delitos y 45 han recibido amenazas de muerte. La CIDH otorgó medidas cautelares en abril de 2011 a los comunicadores sociales de la radio.

A mediados de mayo, representantes de la comunidad LGBTI se reunieron con el nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para exigir la promoción del respeto de sus derechos humanos, en particular el derecho a la vida, y un alto a los crímenes de odio.

El 12 de mayo, Rafael Barahona, candidato de LIBRE por la alcaldía de Tegucigalpa y actual regidor, recibió dos disparos en el antebrazo y en la mano mientras manejaba en la capital.

El Centro para los Derechos de las Mujeres (CDM) declaró que desde la introducción en el Código Penal del crimen de feminicidio el año pasado, sólo cinco cargos se presentaron por un total de 300 feminicidios.

El 30 de mayo, la Corte Suprema de Justicia votó para remitir a la Sala de lo Constitucional el debate legal sobre el uso del polígrafo para jueces.
Se critica de nuevo la  depuración de la policía, el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia preguntó si oficiales de alto rango se encontraban entre los miles de policías aparentemente “depurados” y si algunos de esos oficiales habían sido presentados ante la justicia por actividad criminal.

El 27 de mayo, la familia de Ebed Yanes, una de las víctimas más notables de la militarización de las funciones de la policía, llevó a cabo una manifestación frente a la Corte Suprema, exigiendo justicia en el segundo aniversario de su muerte.

• Mientras que los gobiernos de EE.UU. y Honduras enfatizan la militarización, el PNUD elogió el sistema de Nicaragua para la seguridad ciudadana – que las autoridades describen como ‘preventiva, basada en la comunidad y proactiva’- un’modelo exportable’.

Citan al cardinal hondureño Oscar Rodríguez en un informe del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights, CCR) sobre los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes católicos. El informe será presentado ante la Comisión contra la tortura de la ONU, que examinó la Santa Sede en mayo.

San Francisco de Locomapa: impunidad y nuevas amenazas

24 junio, 2014

El fracaso del gobierno a implementar las medidas cautelares de la CIDH agudiza la impunidad y la inseguridad.

 

El 22 de febrero, la población de Locomapa celebró en una gran ceremonia, el regreso a la comunidad de seis de las siete personas obligadas a huir después del triple asesinato de María Enrique Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, el 24 de agosto 2013. El asesinato de los indígenas del pueblo Tolupán ocurrió tras 21 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad, en rechazo a la explotación minera y el corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

El gobierno hondureño representado por una comisión oficial (incluyendo a la Viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; miembros de la Secretaría de Seguridad; la Procuraduría General de la República; la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) se comprometió solemnemente ante la comunidad, al igual que el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que apoya a la comunidad) y otras organizaciones nacionales e internacionales – entre ellas PROAH – a garantizar la seguridad de los 38 beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y a detener y condenar a los autores de los tres asesinatos. 1

Sin embargo, cuatro meses después de la ceremonia, las amenazas y la situación de vulnerabilidad para la comunidad siguen. Los policías a cargo de la investigación y de la protección de las personas amenazadas mostraron confusión entre las medidas cautelares y las medidas sustitutivas a la cárcel, y por primera vez en el mes de mayo, expresaron la idea de establecer una lista de los beneficiarios de medidas cautelares. Al mismo tiempo, se muestran evasivos sobre los avances de la investigación. Citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo: falta de personal, falta de material, falta de accesibilidad a la comunidad. Sin embargo una parte de esas dificultades pareció solucionarse cuando recibieron una moto para llegar a la comunidad. No parecen haber encontrado dificultades para visitar a los acompañantes de PROAH en el mes de mayo.

A pesar de la investigación policial exigida como parte de la implementación de las medidas cautelares y el compromiso del Estado de proteger a la comunidad Tolúpan, los dos presuntos autores de la matanza de agosto 2013, que son objeto de orden de captura, siguen libres en la comunidad, intimidando a los opositores al proyecto minero. Se acercan con regularidad a ellos, suficientemente de cerca para amenazarles, y para que los miembros de la comunidad les identifiquen. Cualquier persona de la comunidad puede entonces dar una descripción física precisa de ellos, que podría ayudar una investigación policial seria. Pero el caso no avanza.

Más intimidaciones:

El 27 de marzo, Selvin Fúnez Matute, uno de los presuntos asesinos se acercó a un miembro del MADJ, amenazando de sacarles de sus casas y cortarles la lengua a él y tres otros miembros de la comunidad, esto si seguían hablando en Radio Progreso.

Varios miembros de la comunidad también afirmaron que los Matute disparaban al aire, cerca de las casas de las familias que se oponen a la minería, amenazando con matarlas si llamaban a la policía. Aunque varias familias denunciaron esas intimidaciones, la policía declaró no haber recibido ninguna llamada y expresó dudas sobre la veracidad de las acusaciones de la comunidad.

En la última visita de PROAH, la comunidad confirmó que los Matute siguen pasando por Locomapa e incluso llegan de noche para visitar a una de sus mujeres. En una de esas visitas, uno de ellos se paró dos veces en la tierra donde trabajaba un hombre de la comunidad enseñándole las armas que portaba, presuntamente para intimidarle.

Las preocupaciones que expresan las organizaciones de protección de derechos humanos sobre la seguridad de la comunidad lamentablemente se confirmaron el 9 de junio cuando el general Finlander Uclés (en condición de retiro), armado y acompañado por guardaespaldas, entró al domicilio de una familia. Rodearon la casa, destruyeron los cultivos y las pertenencias de la familia, y desaparecieron su material de trabajo. El ex militar torturó también psicológicamente a los tres hijos de la familia que se encontraban solos en la casa en este momento, diciéndoles que regresarían al día siguiente para destruirlo todo ya que el terreno pertenecía al general. Los niños salieron corriendo, temerosos, a avisar la comunidad de lo sucedido. Según informe de MADJ, el ex general reivindica la propiedad de la tierra que legalmente pertenece a la familia, y viene desde el 1980 amenazando a la comunidad. El señor de la familia víctima es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, como todas las persones de la comunidad que han recibido amenazas. Después del incidente, la familia ha sido desplazada de la comunidad.2

La impunidad de la que gozan los autores del triple asesinato, y la no aplicación de las medidas de protección dictadas por la CIDH incrementan de nuevo las tensiones y la inseguridad en la comunidad. Cuatro meses después del compromiso del gobierno de garantizar la seguridad en la comunidad, el último exiliado todavía no ha regresado a Locomapa y expresó a PROAH su miedo y su tristeza de no poder volver a su casa. Frente a la inacción de la policía, la población cuestiona sus relaciones con los autores del asesinato y los empresarios. El MADJ denuncia “al Estado hondureño por darle larga a las denuncias presentadas por el pueblo tolupan y no atender las amenazas de las que son víctimas”.

Para más información, ver:

Impunidad reina en asesinatos de indígenas (June, 2014)

Defensores Tolupanes reciben nuevas amenazas”, Sandra Cuffie, abril de 2014

2Ver el Comunicado del MADJ, junio de 2014

Resumen de la situación de derechos humanos en Honduras- abril 2014

23 mayo, 2014

 

Títulos pricipales de este informe, disponible en inglés aquí :

. Honduras mencionado en los informes de varias organizaciones internacionales : Comisión Interamericana de Derechos Humanos, PBI Honduras, Global Witness.

. Gobierno criticado por no implementar las medidas cautelares y por querer retirarlas a algunos beneficiarios.

. Carlos Mejía Orellana, beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encontrado muerto, herido de varias puñaladas en su casa de El Progreso, Yoro el 11 de abril.

. Impunidad, amenazas, e intimidación contra periodistas siguen en el país.

. Cuatro abogados asesinados desde principios del año, un promedio de uno por mes.

. Amenazas e intimidación contra los opositores a la mina en La Nueva Esperanza siguen, a pesar de las medidas cautelares de la CIDH.

. Los asesinos de tres Tolupanes en Locomapa, Yoro, permanecen en libertad en la comunidad a pesar de las medidas cautelares de la CIDH.

. COPINH responde a las acusaciones de homicidio.

. Préstamo del Banco Mundial a la Dinant Corporation de Facussé vigilado de cerca.

. El abogado de la defensa de José Isabel « Chabelo » Morales presenta un recurso de casación para impugnar su condena.

. El caso de cuatro jueces despedidos en 2010 por haberse opuesto al golpe de Estado presentado ante la Corte Interamericana.

. Fallo de la Corte Suprema de Justicia: el juicio del ex-comandante de las Fuerzas Especiales COBRA, Elder Madrid Guerra y cinco otros oficiales de la policía debe seguir – acusados de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios,  detención ilegal, vejámenes y torturas a manifestantes contra el golpe de Estado.

. Ocho oficiales de policía serán juzgados por la muerte en detención de Mario Sequeira Canales.

. Se multiplicará por dos el número de elementos de la PMOP (Policía Militar de Orden Público) en el mes de mayo. Instructores de Estados Unidos y de Colombia entrenan las fuerzas TIGRES en abril.

. La relatora especial de la ONU sobre la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía presentó las conclusiones preliminarías de su misión.

. El modelo de los « Guardianes de la patria » para los niños en peligro genera controversia.

. Propuesta de revertir la prohibición de las Píldoras Anticonceptivas de Emergencia (PAE) genera un debate feroz.

. El gobierno crea una comisión para la protección de las poblaciones desplazadas por la violencia – 17 000 Hondureños obligados a dejar su casa desde 2008.

. ACNUR muestra que el 5% de los migrantes hondureños dejan su país por amenazas e inseguridad.

. El informe del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild, organización de EEUU) sobre las elecciones de Noviembre 2013 en Honduras evidencia serios problemas que debilita las afirmaciones que las elecciones fueron « libres, creíbles» y « transparentes ».

Reflexiones sobre el asesinato de Carlos Mejía, de Radio Progreso

19 mayo, 2014

*Estas reflexiones fueron escritas por Lucy Edwards (PROAH, Hope in Action, Congregational United Church of Christ, Ashland, Oregon)

En la noche del viernes 11 de abril apuñalaron a muerte a Carlos Mejía Orellana, en su casa de El Progreso, Honduras. El rosario blanco que su madre le regaló este día se encontraba quebrado en el suelo de la sala de su casa. Ningún objeto de valor fue robado. Su carro Toyota Sedan, bien cuidado, permanecía en la cochera, con el alarma sonando. ¿Por qué asesinaron a Carlos? ¿Ha sido blanco por su trabajo en Radio Progreso?

Carlos era el mayor de los once hijos de Salvadora y Nicolás. La familia se mudó de una zona rural cerca de Ocotepeque hasta el norte del país, en la ciudad de El Progreso, en plena expansión, cuando Carlos tenía 8 o 9 años. Era un hombre empresarial, un trabajador inteligente y diligente que empezó a trabajar en la radio jesuita Radio Progreso a los veinte años, y finalmente se volvió director de la promoción y el márketing. Era un hombre tranquilo y pensativo, y sabía cómo llevar las cosas a cabo. Parecía que anticipaba las necesidades de las personas antes que éstas supieran que las tenían.

Su casa era bien construida y segura. Estaba atento a las salidas de emergencia. Una pared alta rodeaba la casa, con rejas grandes, y alambre apretado fuerte. Tenía un novio pero vivía solo con dos perros domesticados y amistosos, no formaban parte del plan de seguridad. Los adoraba y los mimaba. Eran sus compañeros.

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Su trabajo en la radio lo llevó a la comunidad. Si bien se mostraba tímido en las reuniones sociales, Carlos no lo era cuando se trataba de la radio. Amaba su trabajo, vender publicidades y organizar eventos para promover la radio. Ocupaba también otros empleos fuera de la radio, todos aprobados por su supervisor, el sacerdote católico Ismael Moreno, conocido como Padre Melo. Carlos había dado clases de gestión y desde hace poco tiempo ayudaba a una radio comunitaria a despegar. Había comprado una lavadora a sus padres que todavía estaba envuelta en plástico en la cochera cuando le vine a visitar.

Carlos era uno de los dieciséis miembros de Radio Progreso para quien la Comisión Intermaricana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares. Los empleados de la radio habían recibido amenazas, y muchos de sus colegas periodistas en Honduras habían sido asesinados.

Las fuerzas armadas ocuparon los estudios de la radio durante el golpe de estado de 2009 y la policía rodeó la radio en otra ocasión.
En un país con niveles tan altos de corrupción, militarización, violencia e impunidad, Radio Progreso y el equipo de investigación jesuita ERIC (equípo de reflexión, investigación y comunicación) afiliado, constituyen una afirmación diaria irreprimible de la libertad de expresión, de creatividad, de valor en Honduras. Su trabajo desafía y planta directamente de cara a la corrupción y la impunidad.

¿Carlos fue blanco por su trabajo en la radio jesuita? Por ahora se puede solamente especular. Lo asesinaron en su casa, lo apuñalaron varias veces. Parece que hicieron posar su cuerpo. Parece que el asesino o los asesinos le quitaron la ropa para crear la ilusión que se trataba de un otro tipo de crimen. Pero nunca se volvió a encontrar la camisa que llevaba aquella noche. Alguien la llevó. Alguien llevó el puñal. Alguien salió por la puerta de enfrente y la verja de enfrente, dejándolos abiertos.
Parece que la persona que atacó a Carlos llegó a la casa con él, tal vez en el carro de Carlos. Comieron pollo y justo después Carlos fue atacado – quizás primero en la sala donde se quebró el rosario, y después asesinado en el cuarto donde luego le quitaron la ropa.
Como director de marketing, Carlos proporcionaba con su trabajo el capital financiero de la radio. Su muerte ha sido un golpe enorme para sus colegas y un golpe económico directo para la radio. Por ser homosexual, su asesino o sus asesinos pueden haber considerado su orientación sexual una vulnerabilidad a explotar. Alguien se ganó la confianza de Carlos, suficientemente para ser invitado en su casa y para matarlo.

En un informe publicado inmediatamente en un periódico en línea, la policía declaró que sospechaba que se tratara de un crimen pasional antes de haber conducido investigaciones. Nadie había investigado las amenazas contra el equípo de la radio y su director que empezaron en serio en 2010 y permanecieron como amenazas permanentes.

El 12 de abril los Congresistas de Estados Unidos, James P. McGovern (MA), Sam Farr (CA), and Janice D. Schakowsky (IL) declararon lo siguiente sobre el asesinato de Carlos Mejía Orellana en Honduras:

« Estamos espantados y muy afectados por la noticia del asesinato de Carlos Mejia Orellana, periodista y director de marketing de Radio Progreso en Honduras. Damos nuestro profundo pésame a los miembros de su familia, amigos y colegas. Pensamos y rezamos por ellos en este difícil momento.

Somos muy familiarizados con el importante trabajo de Radio Progreso, una radio comunitaria que es resultado del trabajo de los Jesuitas de la Provincia Centro Americana. Notamos que el director de Radio Progreso, Padre Ismael « Melo » Moreno, atestiguó ante el Congreso de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos y describió las permanentes amenazas de muerte y ataques perpetuados con impunidad contra periodistas en Honduras, inclusive contra Radio Progreso, sus empleados y su equipo de investigación, ERIC. Puesto el nivel de amenazas y violencia, inclusive asesinatos, dirigidos contra periodistas, los medios de comunicación y la libertad de expresión en Honduras, estamos consternados al ver que el gobierno de Honduras falló en implementar medidas cautelares para los empleados de Radio Progreso, como lo pidió la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos cuando, en cuatro diferentes ocasiones en los cinco últimos años, pronunció medidas cautelares para 16 miembros del equipo, inclusive Carlos Mejía Orellana, de radio Progreso y ERIC. Estamos aun más preocupados por las declaraciones de la policía que anunció que el Sr. Mejía Orellana fue asesinado por una persona de su entorno antes de que cualquier investigación haya empezado. Llamamos a las autoridades hondureñas a implementar inmediatamente las medidas cautelares para los empleados de Radio Progreso y el ERIC, y a llevar a cabo una investigación sobre el asesinato de Carlos Mejia Orellana para determinar quiénes son los autores intelectuales y materiales de este acto atroz y rendirle justicia en breve.”

Resumen de la situación de derechos humanos en Honduras (marzo de 2014)

28 abril, 2014

Favor de encontrar aquí nuestro resumen (en ingles) sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, para el mes de marzo del año 2014.

2013 PROAH Informe Anual

9 abril, 2014

Favor de encontrar aquí nuestro informe anual del año 2013.

SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA: LOS TOLUPANES DESPLAZADOS REGRESAN A SUS TIERRAS CON MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH

19 marzo, 2014

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El pasado 23 de febrero, a invitación del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), PROAH observó un acto público organizado para el regreso de varios miembros del pueblo indígena Tolupan a su comunidad en San Francisco de Locomapa, Yoro.

Su salida forzada se produjo tras los asesinatos de tres miembros de la comunidad, Maria Enriqueta Matute, Armando Funez Medina y Ricardo Soto Funez, el 25 de agosto del 2013. Se produjeron tras 12 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad en rechazo a la explotación minera y al corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, el 19 de diciembre de 2013, la Comisión interamericana de derechos humanos otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas.

A este encuentro de retorno acudió por parte del Estado una Comisión formada por la vice ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, y miembros de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Este grupo que llegó a la zona en helicóptero, destacó que era la primera vez que realizaban un acto como este y que tenían el compromiso del Estado de cumplir con su obligación en la defensa de los derechos humanos. También tomó la palabra el subcomisario de Yoro, Ventura Rodriguez, que se comprometió en capturar a los supuestos asesinos y dar protección a las personas amenazadas.

Por parte del MADJ habló su coordinador y abogado Victor Fernandez, que destacó la responsabilidad que tiene el Estado Hondureño en dar protección a las 38 personas de la zona con medidas dictadas por la CIDH.

Tras el acto, las autoridades y representantes del MADJ firmaron un acta, donde se recogieron estos compromisos y se explicó en qué consistían las medidas cautelares.

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Este acto estuvo acompañado por otros actores de la sociedad civil, como el ERIC-Radio Progreso, COPA (Coordinación de las Organizaciones Populares del Aguán), el Observatorio de derechos humanos en el Aguan, el Foro de mujeres por la vida, OFRANEH, la coalición contra la impunidad, un representante de la Red de Solidaridad con Honduras en Estados Unidos (HSN).

El acto terminó con la plantación de tres arboles en recuerdo de las personas asesinadas.

 Hasta la fecha, los supuestos asesinos no han sido detenidos, a pesar de tener órdenes de captura. Uno de los miembros de la comunidad, coordinador del MADJ en Locomapa, quien como otros tuvo que huir de la zona, no ha regresado a su comunidad, pues teme todavía por su vida, luego de que hombres armados colgaran una nota con amenazas a muerte en la puerta de su casa en septiembre pasado.

Para más  información:

Sobre el asesinato de los tres miembros de la etnia Tolupan, nuestro blog, 27 de agosto 2013

 artículo de Radio Progreso:

Tolupanes retornan a sus tierras con promesa de seguridad del Estado hondureño

Artículo del MADJ sobre el otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH

 Pronunciamiento del MADJ

Resumen de la situación de derechos humanos en Honduras, para enero y febrero de 2014

12 marzo, 2014

Encontrarán aquí nuestro resumen bi-mensual en inglés sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, para los meses de enero y febrero del 2014.

AZUNOSA : El proceso de conciliación se atasca mientras la criminalización continúa

10 febrero, 2014

Observadores/as de PROAH asistieron a la última audiencia de conciliación el 29 de enero entre representantes de AZUNOSA y de los campesinos – la CNTC (Comision Nacional de Trabajadores del Campo ) y el ADCP (Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso ). Las dos partes están enfrascadas en una disputa por tierras en Agua Blanca Sur, ocupado por AZUNOSA, la empresa azucarera de propiedad de la multinacional británica SAB Miller, que opera en el Valle de Sula1.

El proceso de conciliación, que comenzó en noviembre, en teoría debería permitir el levantamiento de los cargos contra los campesinos (quienes habían ocupado las tierras en disputa, hasta su expulsión en junio de 2013). Sin embargo apenas se progresó el 29 de enero, en la 4° reunión de conciliación entre empresa y campesinos/as. AZUNOSA no hizo ninguna oferta en concreto. Magdalena Morales se enfrenta a otra audiencia en la corte el 11 de febrero2.

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Magdalena Morales

 Según los últimos datos de la CNTC, en la actualidad hay un total de 108 personas sujetas a procedimientos judiciales en relación con este caso. Magdalena Morales fue arrestada el 26 de julio de 2013, en su oficina y, con acusaciones similares a las que hay en contra de la dirigencia de COPINH, acusada de usurpar tierras. Como resultado de las medidas alternativas a la prisión, ella es incapaz de visitar la zona en disputa, lo que afecta seriamente su trabajo en apoyo de los campesinos/as. Otra de las personas afectadas es Félix Torres Meraz de 65 años. Ha estado bajo arresto domiciliario desde junio3 y tiene que firmar regularmente en el Palacio de Justicia, medidas que ha sido incapaz de cumplir recientemente porque sufre de neumonía. El tribunal ha amenazado con encarcelar a su hija si ella no firma en su lugar. Además de esta persecución judicial, Magdalena y otros también han sufrido vigilancia y amenazas de muerte. Según Magdalena, en la segunda reunión de conciliación del 2 de diciembre, Víctor Ramos (presidente del mismo AZUNOSA) se dirigió a ella diciendo textualmente : ” cuídese el pellejo “.

En la reunión del 29 de enero, los abogados de AZUNOSA se basaron en el veredicto de la Corte Suprema a fecha 9 de diciembre de 2013, a favor de la empresa azucarera4. Al parecer no se hizo público hasta el 20 de diciembre, dejando poco tiempo para que el equipo legal de los campesinos pudiera reaccionar. Finalmente interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia por razones de inconstitucionalidad (recurso de amparo). La sentencia de la Corte Suprema avala el fallo del Consejo Nacional Agrario, en noviembre de 2012, que revocó la decisión tomada por el INA en marzo de 2012, en favor de los campesinos.

 El INA había fallado en contra de AZUNOSA porque sus tenencias de la tierra en Agua Blanca Sur superan el ” sobretecho ” – el límite máximo impuesto en virtud de la LMDSA (1992, Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola), que limita a 250 hectáreas la propiedad de la tierra en el Valle de Sula . AZUNOSA ha argumentado que el propósito de la LMDSA era desalentar la acumulación de tierras ociosas con fines especulativos y no estaba destinado a ser utilizado en contra de las fincas en plena producción, alegando que esto es explícito en el preámbulo de la LMDSA . La azucarera argumenta que fue sobre esa base que el SAG (Secretaría de Agricultura y Ganaderia) había concedido formalmente la renuncia al sobretecho . De hecho, el preámbulo de la LMDSA pone en primer plano la importancia de la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Parece que casi toda el azúcar que produce AZUNOSA es para la elaboración de refrescos de la línea de Coca Cola Company, cuyo valor como fuente de nutrición es bastante dudoso. En cambio, las 1600 familias campesinas en la lucha para recuperar la tierra quieren sembrar cultivos para alimentarse.

En la reunión de conciliación, los abogados también se centraron en el tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Honduras firmado en 1993 (Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Honduras para la Promoción y Protección de Inversiones). En virtud de su artículo 5, no debería haber ninguna expropiación de las inversiones de cualquiera de las partes, salvo si se considera que está en el interés público y, de ser así, estaría sujeto a una “compensación pronta, adecuada y efectiva”. INA había ofrecido a AZUNOSA $ 10.000.000, aunque los abogados de AZUNOSA habían declarado que las pérdidas reales sufridas por AZUNOSA estarían más cerca de 83 millones de dólares5 – un incentivo más para que el Estado se mantenga a favor de AZUNOSA. Es clara la presión diplomática desde el Reino Unido para revocar la decisión del INA – fue la embajadora británica si misma, quien anunció la decisión del Consejo Nacional Agrario en noviembre de 2012 contra los campesinos6.

La Unión Europea ha introducido un pilar comercial más a través de su Acuerdo de Asociación con los países centroamericanos, aplicado en Honduras desde agosto de 2013, lo que significa que el tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Honduras, en última instancia será reemplazado por uno de la UE, si no ha sido así ya. Sin embargo, en el último artículo del tratado existente hay una cláusula en virtud de la cual las inversiones realizadas mientras esté en vigor continuarán siendo sujetas a las disposiciones del tratado por 20 años después de la terminación del mismo.

Mientras tanto, Magdalena y los campesinos/as permanecen en un limbo legal y siguen recibiendo amenazas.

1Ver artículo (en inglés) de SOA Watch, para información más detallada sobre el caso: The Struggle for Land in Agua Blanca Sur

 


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