La periodista Fidelina Sandoval víctima de un atentado: nueva amenaza a la libertad de expresión en Honduras

22 mayo, 2013

El 8 de abril de 2013, Fidelina Sandoval celebraba sus 24 años. Trabajaba desde dos años en Radio Globo, una de las pocas emisoras que proporcionan información sobre la protesta social en Honduras desde el golpe de estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya en el año 2009.

A las 8.25 de la mañana, Fidelina se disponía a cruzar el Bulevar Morazán, una de las calles principales de la capital, cuando se percató de una camioneta gris, sin placa, con dos hombres en la cabina anterior, uno de los cuales intentando esconderse. Según dijo unas horas después, durante la rueda de prensa organizada en la sede de COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), su primera reacción fue de cambiar su mirada hacia otro lado y ponerse a salvo cruzando la calle. Segundos después escuchó un sonido ensordecedor, probablemente producto de un disparo de arma de fuego. Ella piensa que la bala pasó rozando su mejilla izquierda. “Me di cuenta de que estaba ilesa” relató la periodista a sus colegas. “Observé a mi alrededor y no vi a nadie. No pensé que la bala fuera para mi, hasta que un señor se me acercó preguntándome si tenía enemigos, porque la bala era para usted, me dijo el señor”.

Fidelina refirió que la semana anterior ya había estado blanco de llamadas telefónicas de desconocidos quienes, con unos pretextos, le pedían informaciones. Recibió estas llamadas después de haber abordado los temas de la depuración policial y del conflicto agrario en el Bajo Aguán. De manera particular, el día 4 de abril, Radio Globo transmitió su entrevista al Comisionado de Policía Aldo Oliva, a propósito de la depuración vigente en los altos niveles de la organización. Respecto al tema del Bajo Aguán, la periodista reveló el hallazgo de una fosa ilegal en donde, supuestamente, sepultaron un desaparecido (y posiblemente más) involucrado en la actividad de lucha por la defensa de la tierra, además subrayando que algunas personas de las Fuerzas Armadas estarían obstaculizando las investigaciones.

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Rueda de prensa en COFADEH el día 8 de abril de 2013 (http://www.cofadeh.hn/node/172)

“Esa es la forma de sembrar el terror para que ya nadie diga nada y que todo se maneje que aquí todo está bien”, señaló en la rueda de prensa Bertha Oliva, coordinadora de COFADEH. Acerca de su actividad de periodista, Fidelina Sandoval aseguró: “Miedo no tengo , este es mi compromiso y quiero seguir trabajando con honradez y dedicación.”

Además del apoyo proporcionado por COFADEH, Fidelina recibió acompañamiento internacional por parte de PROAH.

Fidelina Sandoval es la última víctima de una serie infinita de amenazas, persecuciones, atentados, secuestros y asesinatos que hostigan a periodistas y a comunicadores sociales, y que volvieron a Honduras el país con el número más grande per cápita de asesinatos de periodistas, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Cultura y Desarrollo (Unesco)1.. Según informa CONADEH (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos), desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010, se han asesinado a 28 periodistas, 80% del total de periodistas matados en el país en la ultima década2. Por lo consiguiente, muchos periodistas han escogido el exilio, en búsqueda de seguridad para ellos mismos y sus familias.

Hoy en día, Honduras es un país en el cual la prensa está clasificada como “no libre” por el observatorio independiente Freedom House , uno de sólo cuatro países de las Américas calificados así, y de los 197 países del mundo evaluados en cuanto a la libertad de la prensa, ocupa el 142o lugar.3 La razón principal por esta clasificación de Honduras por Freedom House, que tiene su sede en los Estados Unidos, son las matanzas e intimidación de periodistas combinada con la impunidad reinante desde el golpe de estado.4

Asimismo, el tema de la protección de los periodistas fue el punto de enfoque de Frank de la Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión cuando presentó sus observaciones y recomendaciones preliminares al final de su visita oficial a Honduras en agosto de 2012, cuando hizo hincapié en sus implicaciones negativas para la democracia y así la importancia de protección adecuada para los periodistas:“Una limitación a la prensa es por consiguiente una limitación a la participación ciudadana y un atentado contra la Democracia. Por eso considero que la violencia contra periodistas debe ser vista, no solo como un ataque a los derechos de una persona, sino como el ataque a un derecho de toda la sociedad, el derecho de estar informada y el de buscar acceso a la información. Es por ello que reitero la obligación del Estado de proteger en forma especial a quienes trabajan por la defensa y promoción de los derechos de otros, tales como defensores de Derechos Humanos y de periodistas, dado que esta función también les pone en riesgo, el Estado debe igualmente brindar una protección especial.”5

Este llamado a una mayor protección de los periodistas y defensores de derechos humanos por la parte del Estado se hace eco de él de Margaret Sekaggya, Relatora Especial para los defensores de los derechos humanos en su visita en 2011, pero es uno que aún queda pendiente.

1 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-encabeza-asesinatos-de-periodistas

y http://alainet.org/active/62632

5 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12433&LangID=E

Para más información sobre el caso de Fidelina Sandoval y de los periodistas en Honduras:

Del sitio de defensoresenlinea.com: Los temas cruciales del acontecer nacional exponen a los periodistas a un peligro creciente

Del sitio Conexihon: Honduras: Agresiones a periodistas se disparan en marzo, abril, mayo y agosto

Del sitio de IFEX (America Latina y El Caribe): Informe Anual de Impunidad 2012:

http://ifex.org/alc/es/impunidad2012/pdf/informe_2012.pdf

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Creciente militarización en Honduras

24 abril, 2013

El 8 de febrero de 2013, el gobierno de Honduras anunció que enviaría su ejército a patrullar las calles de sus dos principales ciudades: San Pedro Sula y Tegucigalpa, la capital.[1] Con una tasa de homicidios de 92 por cada 100.000 habitantes, Honduras supera con creces a su competidor más cercano (El Salvador, con una tasa de 66 por 100.000) como el país más violento del planeta.[2] En Tegucigalpa, las primeras planas de los periódicos locales, con fotos de cadáveres acribillados a balazos, son pegadas en los muros alrededor de la ciudad, proporcionando una visualización inquietante de la violencia brutal que vive el país.

El presidente Porfirio Lobo ha culpado a la prensa por la reputación violenta que tiene el país,[3] específicamente después de que uno de los principales diarios de Honduras, publicó un video que retrata la ejecución callejera de dos hermanos, de 18 y 20 años. En el video, tomado a las 21 horas, en la sección de Comayagüela, Tegucigalpa, los hermanos se ven caminando a su casa como parte de un grupo de cinco, cuando ocho hombres armados con chalecos antibalas salen de dos vehículos y abren fuego con armas largas. Tres de los jóvenes corrieron por sus vidas, pero los dos hermanos no pudieron escapar y, después de ser colocado boca abajo en el pavimento, son disparados en la cabeza.[4]

Poco más de una semana después de que las tropas fueran desplegadas, el 17 de febrero, el hijo del ex-director de la Policía Nacional fue asesinado en un restaurante junto con sus tres guardaespaldas a las 8:30 pm en el sur de Tegucigalpa.[5] Su padre desde entonces ha acusado al actual Director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, de ser responsable del asesinato.[6] Bonilla también enfrenta acusaciones sobre presuntos vínculos con escuadrones de la muerte,[7] lo cual hace que las unidades bajo su control no son elegibles para recibir la ayuda de los EEUU según la Ley Leahy. Sin embargo, un reciente informe de la Associated Press revela que bajo la ley hondureña, como Director de la Policía Nacional, todas las unidades policiales en Honduras están bajo su control, incluso las unidades que reciben ayuda de los EEUU. Miembros del Congreso de EEUU han solicitado al Departamento de Estado explicar lo que parece ser una violación de la Ley Leahy.[8] El Subsecretario de Estado William Brownfield sostiene que ni Bonilla ni sus subordinados reciben fondos de manera directa, con el fin de mantener “dos grados de separación” en sus relaciones.

Según la Associated Press, el gobierno está al borde de la quiebra: debido a la falta de fondos del gobierno, los maestros no han sido pagados en meses, las cámaras de vigilancia en la capital se han apagado, tapas de alcantarillas robadas no están siendo reemplazadas, e incluso muchos soldados han pasado meses sin recibir su sueldo.[9] Añadir a esta mezcla, la depuración fracasada de la policía nacional del año pasado[10] y el “golpe técnico” contra la Corte Suprema en diciembre,[11] y se comienza ver la imagen de un país que no sólo tiene unos cuantos problemas, sino más bien se encuentra en medio de una grave crisis. Por lo tanto, el gobierno tiene una solución: soldados en las calles.

Mandar a soldados para patrullar las calles tiene precedente en este país que hace menos de cuatro años sufrió un golpe de estado, poniendo fin a menos de tan solo treinta años de gobierno civil. Miles de soldados han sido desplegados en la región del Aguán del departamento de Colón, desde al menos abril de 2010, cuando 7.000 soldados fueron enviados a la zona bajo el marco de la Operación Trueno, que fue sustituida por la Operación Tumbador, a continuación, la Fuerza Tarea Xatruch, actualmente en su tercera etapa.[12]

En noviembre de 2011, el Congreso de Honduras modificó la Constitución para permitir que los militares cumplan funciones de policía, y dentro de unos pocos meses, los militares podían encontrarse en calles de las ciudades, en los autobuses interurbanos, y en la realización de una amplia gama de operativos anti-narcóticos y policiales.[13] Desde entonces, el decreto que otorga los poderes policiales al ejército ha sido renovado tres veces.[14] Entonces es simplemente la última encarnación que sitúa a unos 1.200 soldados en las calles de las dos ciudades más importantes del país.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y de Expresión recomendó que las fuerzas armadas no asumieran funciones policiales.[15] Los retenes militares en la capital hondureña enfrentaron fuertes críticas el año pasado después de que soldados persiguieron y mataron a un niño de 15 años, Ebed Yanes.[16] La unidad de las Fuerzas Especiales responsable del asesinato había sido entrenada por los EE.UU e incluso vetada como libre de corrupción y participación en violaciones de derechos humanos. Teniente Coronel Reynel Funes, un graduado de la Escuela de las Américas, ha sido acusado de encubrir el asesinato, ordenando a sus subordinados a mentir acerca de lo que había sucedido, eliminar las evidencias de la escena, e intercambiar sus armas. Uno de los soldados implicados es ahora un testigo protegido.[17]

Las tropas desplegadas recientemente hacen más que patrullar en las calles, sino también realizan ciertos “operativos”. Para dar algunos ejemplos de lo que son estos operativos, el otro día, mientras yo caminaba por la única calle peatonal de Tegucigalpa, vi a un grupo de seis o siete soldados requisando a una decena de hombres, colocándolos contra la pared con las piernas abiertas; unos soldados entraron a una escuela secundaria y cortaron el pelo de los varones; [18]  y una imagen de un bus público parado con una fila de treinta personas colocadas boca abajo en el pavimento frente a unos soldados y policías, ha estado haciendo las rondas en los medios sociales.

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Al mismo tiempo que la presencia militar se amplifica en todo el país, el comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III recientemente convocó a una conferencia de prensa para denunciar los defensores de derechos humanos, acusándoles de lanzar una “campaña de desinformación” contra las fuerzas armadas.[19] Organizaciones de derechos humanos condenaron ampliamente sus afirmaciones, calificándolas como un intento de silenciar las críticas de la militarización, [20] haciendo que Honduras esté menos segura,[21] e incluso hasta cometer violaciones de derechos humanos.[22]

 

La situación sólo se espera ponerse más tensa hasta las elecciones nacionales en noviembre.

[17]Ibid.

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La sociedad civil hondureña se moviliza Paso a Paso

31 marzo, 2013

El pasado 6 de marzo de 2013, concluyó la “Caminata por la Dignidad y la Soberanía, Paso a Paso¨. El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH), acompañó a las organizaciones del movimiento social en el camino hacia Tegucigalpa.

Después de avanzar en un recorrido de casi 210 kilómetros, los 300 participantes, agotados pero todavía muy determinados, llegaron a la plaza del Congreso Nacional. Su llegada representó el fin de un enorme esfuerzo que empezó diez días antes, el 28 de febrero del 2013, en varias regiones del país. El gran « guancasco »1 entre los grupos que llegaron del centro y del norte del país, tuvo lugar el 2 de marzo, en Siguatepeque, a unos 110 km de la ciudad capital, mientras el sol aparecía tímidamente para calentar los numerosos caminantes.

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Reivindicaciones articuladas por ideales comunes: la dignidad y la soberanía.

Día tras día y paso a paso, estos ciudadanas y ciudadanos hondureños llevaron sus reivindicaciones para presentarlas antelos diputados hondureños. Entre ellas, figuraban tres preocupaciones principales1: La derogación de la nueva Ley de Minería2 y de la Ley de Ciudades Modelo3, aprobadas por el Congreso en fecha 23 de enero, así como la liberación del preso José Isabel « Chavelo » Morales4.

Estas tres reivindicaciones son representativas del descontento creciente de la sociedad civil frente a varias temáticas como la explotación de los recursos naturales, la violación de la soberanía nacional y la represión de los movimientos campesinos. La decisión de realizar una caminata de centenares de kilómetros como forma de protesta social se explica por el deseo de los actores sociales de dar más visibilidad al movimiento, y a la vez de promover valores tales como el esfuerzo y la humildad.

Los participantes

Varios actores de la sociedad civil participaron en esta acción nacional, entre ellos, numerosos miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, y muchos otros. Otros líderes emblemáticos del movimiento social también se juntaron, como el Padre Fausto, quien a pesar de su edad avanzada, no temió recorrer tantos kilómetros caminando. El Padre Melo, director del ERIC y comunicador en un programa diario en Radio Progreso, también acompañó la caminata y abrió un espacio de expresión a los participantes de la caminata.

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Compartiendo y conviviendo

Los voluntarios de PROAH, acompañaron por varios días la caminata y pudieron ser testigos de los momentos fuertes de esta experiencia humana y social, compartida por miembros de las diferentes organizaciones de origen indígena Lenca, Garífuna o mestiza, así como niños, mujeres, hombres, gente del campo o de la ciudad, en donde todos y todas aprendieron a compartir comida y colchones día tras día, noche tras noche. La mayor parte de la caminata se desarrolló de manera silenciosa6 ; a menudo las noches fueron animadas, y con varias actividades culturales. También se presentaron algunas molestias causadas por varias decenas de kilómetros recorridos a pie, dolores musculares y dolores de cabeza causados ​​por el calor, todos desaparecieron para dar paso a un partido de fútbol, una sesión de baile o un concierto Garífuna. Las noches ofrecieron un espacio privilegiado para que los participantes pudieran expresarse acerca de sus asuntos locales, sus experiencias respectivas y sensibilizar a los miembros de otras organizaciones sobre las numerosas luchas sociales que existen en el país.

En varias ocasiones, cuando el cansancio ganaba el cuerpo y los ánimos, los líderes de las organizaciones trataban de encontrar una palabra reconfortante o de recordar a todas y todos, sobre la importancia de la lucha en búsqueda de los derechos humanos, sociales y económicos. Por lo tanto, este buen ambiente llegó a un momento de intensa emoción cuando el día de la llegada a la capital, todos se enteraron de la muerte del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, un símbolo de la lucha popular. Al igual que en muchos lugares de América Latina, los organizadores improvisaron una vigilia nocturna, en la cual los caminantes y las caminantes, se unieron para compartir un agradable momento final de recogimiento.

Un alcance político

Al final de la marcha, los caminantes hicieron un plantón en la Plaza del Congreso Nacional durante 24 horas, con la espera de ser atendidos por los diputados. Parte de los objetivos anunciados de la caminata era de alcanzar este espacio de interlocución aquellos que aprobaron las leyes denunciadas. Al día siguiente en una noche fría y vivaz, pasaron en un campamento instalado en la misma plaza. Una delegación de representantes de las organizaciones sociales fue atendida por unos diputados del Congreso7. Aunque aquellos escucharon las demandas de dignidad y soberanía para el pueblo hondureño, los delegados que participaron en la reunión expresaron su decepción al salir del Congreso Nacional, y lamentaron la falta de voluntad política real.

Por otra parte, al mismo tiempo, otra delegación formada por cuatro personas, incluyendo representantes de la comunidad internacional, logró reunirse con el Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Durante la reunión, los compañeros y familiares de José Isabel “Chavelo” Morales tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones frente al retraso acumulado en el proceso jurídico. Al final de la conversación, el Presidente de la Sala de lo penal se comprometió a adelantar la fecha de audiencia de apelación frente a la resolución emitida por el tribunal de justicia en contra de Chavelo, y anunció que tendría lugar durante la primera semana de abril, en vez de enero de 2014, como estaba inicialmente previsto.

Rumbo a más justicia social

Después de haber pasado tantos momentos juntos, y mientras cada una y cada uno tuvo que ponerse en camino para volver a sus lugares de origen con nostalgia, los organizadores concluyeron esta acción social con optimismo. La articulación deseada entre los diversos movimientos es un logro, así como los avances jurídicos en el caso de José Isabel « Chavelo » Morales. Sin embargo, hicieron hincapié en la necesidad de dar seguimiento al esfuerzo iniciado con esta caminata, ya que la Ley de Minería y la Ley de Ciudades Modelo siguen vigentes y representan un futuro preocupante para las comunidades indígenas y el medio ambiente, ya impactado por la presencia de numerosos sitios de extracción minera.

La caminata es un paso más en el camino hacia la justicia social, pero los líderes del movimiento social han anunciado que organizarán otras acciones para reivindicar los derechos de los pueblos.

Para más información, relatos y testimonios sobre la caminata, se puede consultar los artículos siguientes:

1) http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/caminata-paso-paso-cumple-con-m%C3%A1s-de-200

2)http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2474:avanza-paso-a-paso-la-caminata-por-la-dignidad-y-la-soberania&catid=58:amb&Itemid=181

3) http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14816:avanza-paso-a-paso-la-caminata-por-la-dignidad-y-la-soberania&catid=1:noticias-generales

4)http://movimientos.org/es/content/honduras-llega-tegucigalpa-caminata-por-la-dignidad-y-la-soberan%C3%ADa

5) http://www.latribuna.hn/2013/03/06/termina-marcha-campesina-en-honduras-contra-mineria-y-ciudades-modelo/

Notas :

1Esta palabra hondureña del pueblo indígena Lenca, se refiere al encuentro entre pueblos y a la fraternidad.

2En total, existen 7 demandas. Se pueden encontrar en la declaración pública que hicieron frente al Congreso, el 6 de marzo de 2013, disponible en : http://copinh.org/article/declaracion-caminata-por-la-dignidad-y-soberania-p/

3La nueva ley de minería es denunciada por numerosas organizaciones de la sociedad civil hondureña, porque además de los daños causados por la explotación minera intensiva, varios artículos ponen en riesgo la soberanía nacional, permitiendo a empresas multinacionales recibir beneficios mientras pagan un impuesto extremadamente bajo (2%) al Estado hondureño. Además, la ley no menciona las responsabilidades penales y administrativas de las empresas mineras en caso de violación al derecho ambiental. Por más información sobre la nueva ley minera : http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-honduras/blog

4El proyecto de « Ciudades Modelo », o Regiones Especiales de Desarrollo, prevée la creación de enclaves territoriales dentro del territorio nacional hondureño. Dichas regiones serán sometidas a un sistema jurídico y de seguridad propios, y promoverá las inversiones extranjeras, gracias a una mínima fiscalización de las actividades empresariales. Los habitantes de estas regiones, particularmente el pueblo Garífuna (etnia afro-caribeña presente en la costa Norte de Honduras), lo perciben como una violación a su soberanía territorial, así como a los recursos naturales que permiten su subsistencia diaria.

Para más información sobre las ciudades modelo : http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Honduras-Aprueban-Ciudades-Modelo-en-el-Congreso-Nacional#.UUxylhkls7A

5« Chavelo » Morales es un miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) injustamente preso desde hace casi cinco años. Apeló la sentencia de 20 años de detención pronunciada el 24 de julio de 2012. El se declara inocente y no tuvo acceso a un juicio justo y equitativo. Los plazos para tratar su apelación no han sido respetados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y todavía está pendiente de la fecha de su próxima audiencia. Más información en:

http://freechavelo.wordpress.com/

6En varios momentos de la caminata, los líderes pidieron momentos de silencio total por parte de los caminantes, incluso cuando llegaron a Tegucigalpa. Esta solicitud tiene varios sentidos. Por una parte, el silencio se estableció en oposición a lo que fue designado como « ruido político »; corresponde a la voluntad de no ser instrumentalizados por ningún partido en campaña para las elecciones de noviembre del 2013. Por otra, el hecho de caminar en silencio favorece una introspección personal, y una conexión más fuerte con las motivaciones profundas y reales de cada persona involucrada en la lucha social. Ver el artículo : http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?view=article&catid=42%3Aseg-y-jus&id=2479%3Acaminata-por-la-dignidad-y-la-soberania-arribara-en-completo-silencio-a-la-capital&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=159

 

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17 ambientalistas del Valle de Siria libres de responsabilidad, pero su lucha continua

22 febrero, 2013

El 20 de febrero, PROAH acompañó a las abogadas de COFADEH y el Comité Ambientalista del Valle de Siria. Esa mañana 17 ambientalistas del Valle de Siria entraron a la 5ª Sala de la Corte Suprema de Justicia acusados de impedir un plan de manejo privado para deforestar el bosque en su región. El caso ya lleva dos años. PROAH ha hecho reportes sobre el caso y ha acompañado el Comité en ese tiempo. El 7 de abril de 2010 alrededor de 500 miembros de la comunidad manifestaron para defender los árboles que protegen una fuente de agua en su área que abastece las comunidades cercanas. De los cientos de manifestantes, 17 fueron acusados de impedir un plan de manejo forestal que el Comité ha denunciado como ilegal debido a cuestiones sobre el arrendamiento de la tierra. Al final de 2009 pusieron una denuncia en el Ministerio Público y hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.

Antes de la audiencia una carta de varias organizaciones internacionales dirigida a autoridades hondureñas y la embajadora canadiense fue publicada. Expresó “preocupación por la criminalización de la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras” y apoyo para los 17 ambientalistas. La carta también citó un miembro de la comunidad de Valle de Siria, “Cómo es posible que la fiscalía del medio ambiente pueda acusar a defensores del medio ambiente, cuyo único objetivo es la defensa de la vida y la protección del agua?” (Este fiscal es específicamente responsable por procesar casos que tienen que ver con el medio ambiente.)

La defensa pudo demostrar que 5 de los imputados ni estuvieron presentes el día de la manifestación el 7 de abril de 2010. Los imputados fueron representados por Kenia Oliva y Karol Cardenas de COFADEH (Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos de Honduras). En su testimonio Carlos Amador (Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria) expresó que el caso fue una criminalización de defensores del medio ambiente. El 25 de febrero el juez presidiendo Mario Díaz leyó la resolución del caso absolviendo los imputados de toda responsabilidad y dejándoles libres. Uno de los imputados, Reynaldo Guerra, un alcalde antiguo en la región del Valle de Siria, expresó la alegría del Comité con la decisión y dijo “seguimos cometidos a proteger el medioambiente; tanto la explotación minera como la del bosque.”

Carlos Amador, Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria, foto de la página de Facebook del Comité

Carlos Amador, Secretaria General del Comité Ambientalista del Valle de Siria, foto de la página de Facebook del Comité

El Comité ganó una batalla el 20 de febrero pero su lucha continua. Carlos comentó “Solo es un paso momentario” y que “vienen más cosas más fuertes para ambientalistas.” La ley de minería que ha sido denunciada (enlace en ingles) por la mayoría de organizaciones que defienden el medio ambiente y que fue aprobada recientemente (enlace en ingles) en el congreso hondureño presenta una nueva multitud de retos para ambientalistas en todo el país. Específicamente en el Valle de Siria Five Star Mining ha puesto su atención a la región para explotar el hierro, según Carlos. La compañía ya tiene presencia en Monte Redondo en el norte de Honduras. “Es una doble amenaza con la aprobación de la nueva ley. Valle de Siria se va a convertir en un lugar donde muchas nuevas empresas vienen para sacar el oro,” dijo Carlos. Está seguro que esto no será el último atentado para deslegitimizar el activismo ambientalista, añadiendo, “van a buscar cualquier otros mecanismos para seguir criminalizando a los ambientalistas.”

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COFADEH celebra 30 aniversario; simbólicamente presentando 4 casos ante el CPI

21 diciembre, 2012

4 CASOS EMBLEMATICOS
Solo dos semanas después de celebrar su 30 aniversario el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) anunció su intención de presentar 4 casos de violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Según su comunicado del 14 de diciembre, los casos son emblemáticos de la situación de impunidad en Honduras y también de la influencia hegemónica de la política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos.

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Padre de Ebed Yanes. El niño de 15 años fue asesinado por el ejército hondureño. Este caso es uno de los 4 que van a presentar a la CPI. (foto de COFADEH)

Los 4 casos emblemáticos que COFADEH presentará al sistema universal de justicia son sintomáticos de un sistema de impunidad en el cual el gobierno estadounidense tiene una mano dura. Cada uno de los casos señala el involucramiento de los EEUU en violaciones a derechos humanos. En el caso Ahuás (enlace en inglés), el papel de agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), en la masacre de campesinos indígenas en mayo del 2012 está abordado. Conclusiones preliminares que salieron en el apéndice del comunicado del COFADEH del 14 de diciembre dicen, “En el caso de Ahuás las evidencias arrojan una intervención directa de agentes estadounidenses en la comisión de los asesinatos y en la interrupción del proceso penal.” También recalca la militarización del país como un resultado directo de la influencia estadounidense y una causa directa de abusos de derechos humanos en Honduras

MEMORIA HISTORICA

El COFADEH es reconocido como una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas en Honduras. El comité fue fundado en 1982 como respuesta a las detenciones masivas y desapariciones forzadas de la década de los ochenta. La organización se ha convertido de un pequeño grupo de mujeres demandando justicia para sus familiares a una organización destacada en el área de derechos humanos. Miembros del COFADEH son regularmente amenazados por su trabajo. La organización entera ha recibido medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Primeros balazos disparados contra el monumento de COFADEH (foto de COFADEH)

Primeros balazos disparados contra el monumento de COFADEH (foto de COFADEH)

COFADEH declaró el año 2012, en su 30 aniversario, como ‘el año contra la impunidad.’ En conmemoración a esta fecha, la organización inauguró un monumento el 30 de agosto, Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido. El monumento se edificó en el sitio en donde se localizó un cementerio clandestino que fue exhumado en 1995, ubicado a cinco kilómetros antes de llegar a la ciudad de Danlí, en el departamento de El paraíso, en la zona oriental del país. Días después de la presentación, el monumento fue atacado a balazos y 50 días después de su inauguración lo desaparecieron. La coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, denunció este ataque contra la memoria de los desaparecidos en la celebración del 30 aniversario de la organización.
COFADEH celebró su aniversario el 30 de noviembre de 2012 con un foro en la mañana, seguido por un concierto la misma tarde. El foro, Memoria Histórica e Impunidad, empezó con presentaciones por Lisa Sullivan (SOA Watch), Bertha Oliva (Coordinadora General del COFADEH), Ludivina Hernández (Presidenta de COFADEH) y Oscar Aníbal Puerto (Instituto Hondureño de Desarrollo Rural, IHDER). Puerto declaró: “estamos celebrando el aniversario de la reserva moral de este país.” Lisa Sullivan subrayó el papel de los EEUU en Honduras y compartió una historia simbólica de su viaje en avión a Tegucigalpa donde un hondureño se desmayó y tres doctores norteamericanos le ayudaron. Notó que en vez de robarle la cartera y los zapatos, asistieronal hombre resucitándole. “Así deben de ser las relaciones entre nuestros países,” dijo Sullivan. Bertha Oliva enfatizó la importancia de la memoria para asegurar que la historia no se repita. El aniversario de COFADEH también fue honrado por Amnistía Internacional en Londres, Inglaterra donde la abogada Kenia Oliva estaba de gira.

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La pancarta en la celebración del 30 aniversario

El mensaje predominante de los presentes fue de gratitud. La lucha del COFADEH continuará. Según el periodista Marvin Palacios en su artículo sobre el foro aniversario “el COFADEH sigue con memoria informando los hechos pasados y presentes; procurando justicia, comunicando y articulando voces contra el olvido.”

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La Comisión de Verdad presenta su informe, “La voz más autorizada es la de las victimas”

22 octubre, 2012

Del 3 al 5 de octubre, la Comisión de Verdad presentó su informe sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras durante y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, titulado “la voz más autorizada es la de las victimas.” PROAH acompañó a las y los Comisionados en su viaje de presentación del informe en Tegucigalpa, San Pedro Sula, y Tocoa.

La Comisión de Verdad fue creada en junio de 2010 con el objetivo de “esclarecer los hechos realizados con el golpe de Estado del 28 de Junio del 2009, para demandar justicia, de la población hondureña afectada por el golpe de Estado, y se adopten medidas necesarias para evitar se repitan acontecimientos de este tipo a futuro.”[1] Fue impulsada por las principales organizaciones de defensa de derechos humanos hondureñas, como alternativa a la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), creada por el gobierno de Porfirio Lobo. Según Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras), el informe de la CVR, que fue presentado en julio de 2011, “invisibiliza a las víctimas y le da un manto de protección a los victimarios”.

La Comisión de la Verdad (CdV) es integrada por reconocidos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. Seis de ellos participaron al viaje para presentar el informe, incluyendo Elsie Monge, Presidenta de la Comisión quien también presidió la Comisión de Verdad en su país, Ecuador, Beverly Keene representando al Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, así como los hondureños Helen Umaña, escritora, y el sacerdote Fausto Milla, conocido por su larga lucha en defensa de los derechos humanos. Durante las presentaciones del informe, dos comisionadas compartieron sus propias experiencias con familiares asesinados y desaparecidos: Mirna Perla, ex-magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador quien sobrevivió una masacre en 1975 y sufrió el asesinato de su esposo en 1987, y Nora Cortiñas, que compartió sobre la desaparición de su hijo, quien fue Detenido-Desaparecido en 1977 en Argentina, lo que la motivó a fundar, junto con otras madres de desaparecidos, el Movimiento de Madres de la Plaza de Mayo.

Un enfoque principal del mandato de la Comisión era la dignificación de las víctimas. La Comisión realizó amplias investigaciones, recogiendo una gran cantidad de testimonios de víctimas y luego llevando a cabo un proceso de verificación de los hechos y de análisis de los casos. Al final, la Comisión de Verdad recibió “1,966 denuncias de la ciudadanía sobre violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales y aparatos civiles armados amparados en las instancias de poder estatal” desde junio de 2009 hasta agosto de 2011¨.[2] De estas denuncias, la Comisión analizó 5,418 violaciones de derechos humanos y 87 diferentes formas de agresión.[3]

La primera entrega del informe se llevó a cabo el 3 de octubre en Tegucigalpa, donde las y  los comisionados presentaron el informe a víctimas y familiares de víctimas asesinadas, organizaciones sociales, medios de comunicación, representantes del gobierno y de varias embajadas. Durante el evento, se hizo un acto conmemorativo, donde se leyó los nombres de todas las víctimas del golpe de Estado, asesinadas por su lucha por la justicia social, un grupo de jóvenes llevando las fotos de cada uno. Además, el informe fue simbólicamente entregado a los padres de Isy Obed Murillo, la primera víctima mortal del golpe de Estado, quien, durante una manifestación en el aeropuerto Toncontín el 5 de julio de 2009 recibió un impacto de bala viva en la cabeza, disparada por militares.

En Tocoa, la Comisión entregó el informe a la familia de Gregorio Chavez, un campesino quien fue desaparecido el 2 de julio de 2012 y encontrado muerto en la propiedad del terrateniente y empresario Miguel Facussé cuatro días después.  También, se recordó especialmente a Antonio Trejo, el abogado del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) quien luchó por el derecho a la tierra para los campesinos y después de recibir varias amenazas de muerte fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. Después de la presentación del informe, el público compartió con las comisionadas sobre la situación actual en el Bajo Aguán y destacaron la represión que los campesinos y defensores de derechos humanos siguen enfrentando.

El informe de la Comisión identifica tres patrones de violaciones de derechos humanos en el marco del golpe de Estado: 1) represión de las manifestaciones públicas, uso excesivo de la fuerza en la represión por parte de agentes estatales de seguridad y criminalización de la protesta pública; 2) represión selectiva o dirigida en perjuicio de personas consideradas por el gobierno de facto como desestabilizadoras del régimen; y 3) disfuncionalidad institucional en función de las necesidades del régimen impuesto por el golpe de Estado y en perjuicio de la población.[4]

Los primeros dos patrones fueron claramente ilustrados recordando a las victimas asesinadas, secuestradas, y abusadas en manifestaciones o por ser líderes o periodistas. Para destacar el tercer patrón, especialmente la “disfuncionalidad del sistema de justicia”[5] en San Pedro Sula el informe fue entregado al juez Luis Alonso Chevez de la Rocha de la Asociación de Jueces por la Democracia, uno de los varios jueces destituidos por oponerse al golpe de Estado. El informe nota que “la CdV recibió información acerca de la remoción, traslados arbitrarios y despidos, y sometimiento a juicio disciplinario de un importante número de jueces que manifestaron su repudio al golpe de Estado.”[6] Las comisionadas destacaron la importancia de la independencia de los jueces para el cumplimiento del derecho a tener un juicio imparcial y el respeto a los derechos humanos.

Durante todos los eventos, las y los comisionados compartieron las 18 recomendaciones con que concluye el informe, entre ellas “investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden del mismo,” “separar de sus cargos a los funcionarios civiles y militares de la administración involucrados en graves violaciones a los derechos fundamentales, cometidas desde el golpe de Estado,” e “impulsar un proceso de construcción democrática.”

La Comisión concluyó que los efectos del golpe de Estado aún continúan y que en el marco del proceso eleccionario, es muy probable que las persecuciones políticas se recrudezcan en los próximos meses. Fausto Milla añadió que ahora hay una “nueva Comisión de la Verdad, que es todo el pueblo hondureño con la misión de exigir el cumplimiento de las Recomendaciones del Informe”.

[1] Sitio de Web de la Comisión de Verdad: http://comisiondeverdadhonduras.org/?q=node/30

[2] Informe de la Comisión de Verdad, “La voz más autorizada es la de las víctimas,” Página 227

[3] Ibid, Página 228

[4] Ibid, Página 99

[5] Ibid, Página 110

[6] Ibid, Página 213

Para más información:

El informe de la Comisión

“La Voz de las Víctimas“: Vídeo de 10 minutos que muestra el papel de la Comisión de Verdad y la esperanza y reclamo de familiares y amigos de las víctimas.

El Mandato de la Comisión de Verdad

Artículos del Sitio DefensoresenLinea.com:

Comisión de Verdad presenta su informe: La Voz mas autorizada es la de las víctimas

El pueblo es el llamado a exigir que se cumplen las recomendaciones de la Comisión de Verdad

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Pueblo Garífuna defiende su tierra en futura zona de Ciudades Modelo

27 septiembre, 2012

Del 27 al 30 de agosto, PROAH acompañó a OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) durante su campamento en Vallecito (departamento de Colón) para exigir a las autoridades una remedición justa de su territorio que ha sido usurpado por terratenientes.

Expulsado de su propio terreno

Entre Limón y Punta Piedra al oriente de Trujillo se lleva a cabo un agudo conflicto de tierra entre la comunidad garífuna, a través de seis cooperativas garífunas, y el empresario Miguel Facussé de uno y la familia del ganadero Reinaldo Villalobos del otro lado. En un juicio del año 1997, los garífunas ganaron los titulos a las 1600 hectáreas de tierra, lo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 1999 en contra del acusador Miguel Facussé, quien había sembrado 100 hectáreas de palma africana en el mismo terreno. Villalobos por su lado se apoderó de manera ilegal de la mayoría de este terreno garífuna. El se ha muerto pero su familia todavia tiene vigilada esta tierra por guardias de seguridad y controla el acceso a la playa.

Desde el año 2005, personas asociadas al crimen organizado han impuesto un régimen de terror en este corredor entre Trujillo y la Mosquitia. Muchas familias que radicaban en Vallecito han sido expulsadas y las actividades económicas se redujeron a un mínimo.

Para la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), la lucha por este territorio que ancestralmente pertenece al pueblo garífuna es de suma importancia, considerándolo como reserva territorial para la seguridad alimentaria y lugar para la construcción de la Universidad Garífuna.[1] Un video de OFRANEH muestra las etapas que emprendieron para lograr una verdadera remedición del territorio.

En junio del año 2010 lograron firmar un acta de compromiso con funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA) para remedir el terreno en Vallecito. Sin embargo las personas que tienen ocupado el terreno negaron la entrada a miembros del INA y del Ministerio Público, impidiendo así la remedición acordada.[2]

Siguieron dos años sin avances, hasta que en julio de este año, OFRANEH logró reunirse con los responsables del INA junto con unos 200 representantes garífunas en Corozal, para exigir la remedición de tierra de un total de 15 comunidades garifunas en la costa norte. En su discurso, Miriam Miranda, presidenta de OFRANEH, denunció la política de expulsión silenciosa del Estado a través de industriales poderosos y programas turísticos que únicamente sirven para vender la cultura garífuna. Fue en esa audiencia que Cesar Ham, director del INA, se comprometió a remedir dichas comunidades según los títulos existentes y a disponer las medidas necesarias (policía, ejército, fiscalía) para efectivamente poder entrar en las tierras usurpadas. La fecha para la remedición de Vallecito fue programada para el 28 de agosto.

Un campamento para asegurar la remedición de tierra

OFRANEH entendió la importancia real y simbólica de tal actividad. Según Alfredo López, vicepresidente de OFRANEH, convocaron a más de 40 comunidades a formar un campamento para vigilar el proceso de remedición. Así fue que el domingo 26 de agosto, llegaron 6 buses con alrededor de 200 personas – entre ellas muchos jóvenes – para exigir su derecho legítimo a la tierra.[3]

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) visitó el campamento para estar presente cuando llegaran las instancias del Estado. Además hubo presencia internacional de parte de dos personas estadounidenses, un grupo de periodistas alemanes, así como de delegaciones de diferentes países.

El ambiente en el campamento estuvo muy bueno y hasta podría parecer un lugar de descanso, si no hubieran estado los vigilantes de Facussé y Villalobos con sus intimidaciones en contra de la comunidad garífuna: interrumpieron las noches con ráfagas de ametralladoras, entraron fuertemente armados al campamento y rodearon en patrullas la zona. De esta manera, los bailes nocturnos y el sonido de los tambores se mezclaron con el temor y la alta vulnerabilidad.

El martes 28 de agosto, el tercer día de campamento, llegaron los técnicos del INA y recorrieron los límites de una de las seis empresas garífunas, acompañados por más de 50 hombres y mujeres garífunas. Después de haber terminado esta remedición, afirmaron que su labor se encontraba fuertemente limitada por no disponer con el resguardo de las autoridades para remedir los demás terrenos usurpados. Señalaron que se necesitaba la presencia de la policía, del ejército y la Fiscalía para poder romper el portón gigante de la familia Villalobos que daba acceso a la playa.

Un contingente de la policía nacional y la Fiscalía sí llegaron a la zona el mismo día, pero se quedaron en Tocoa, a unos 80 kilómetros de Vallecito. OFRANEH exigió por teléfono, radioemisiones y comunicados la llegada de las autoridades al terreno para poder llevar a cabo la remedición y proteger los integrantes del campamento, amenazados constantemente por grupos paramilitares que rodeaban el campamento. Diariamente estas autoridades justificaron su ausencia por una variedad de razones, empezando por la insuficiencia de personal, la espera de órdenes de “arriba”, hasta la falta de gasolina para trasladar su personal de Tocoa a Vallecito. De esta manera se terminó la primera semana del campamento sin la mínima presencia de estas entidades. Esto llevó a OFRANEH a la conclusión siguiente:

“Si no ha existido respuesta alguna hasta este momento por parte del gobierno de Pepe Lobo, es porque avala y valida la usurpación de los grupos que tienen el control territorial en la zona de Vallecito.”[4]

¿Vallecito – futura ciudad modelo?

Es conocido que Vallecito queda en una de las tres zonas para las futuras ciudades modelo. Las ciudades modelo estarán ubicadas en tres Regiones Especiales de Desarrollo (RED), dos en el norte y una en el sur del país. Son zonas autónomas con propios gobiernos y legislaciones para fomentar el libre comercio y de esta manera atraer inversiones a estas regiones autónomas. En la zona de Vallecito existen múltiples recursos naturales que son de alto interés económico: minerales, petróleo, playas hermosas y tierras fértiles.

Según la lectura de OFRANEH queda un gran problema para la implementación de la ciudad modelo: Qué hacer con los habitantes que son propietarios de sus tierras y que no están dispuestos a dejarlas? Aunque el gobierno diga que las ciudades modelo tendrán lugar en zonas inhabitadas, OFRANEH supone que habrá muchos desalojos, ya que prácticamente no existen zonas inhabitadas en el país. Para el caso de Vallecito cuyos habitantes disponen de títulos legales que no justifican desalojos, la estrategia de expulsión podrá ser la de una ausencia estatal, dejando las comunidades al libre arbitrio de los terratenientes y sus grupos paramilitares en la zona, opina OFRANEH.

Parte de esta estrategia se ha podido observar en el campamento en Vallecito: Como reacción a las intimidaciones diarias, OFRANEH pidió constantemente la asistencia policial para las personas del campamento. Pero la reacción de las autoridades fue nula. Las patrullas policiales se quedaron estacionados en Tocoa, justificando su ausencia por falta de órdenes de arriba, por espera de refuerzo o por falta de gasolina. OFRANEH denunció este actuar como política de “Estado fallido”, aparentando un Estado incapaz de reaccionar frente al crimen organizado:

“Durante todo el dia de hoy hemos estado esperando respuestas por parte del gobierno y no hubo resultado positivo para que llegara el resguardo de la policia o los militares a la zona y asi se procediera a la remedicion de las tierras que nos han usurpado los grupos de poder que estan en Vallecito. Por lo anteriormente expuesto, estamos cerrando la noche con una fatal confirmacion.” [5]

 

Reacción tardía del gobierno

Gracias a la fuerte presión nacional e internacional, OFRANEH logró reiniciar el diálogo con la Administración Lobo. En una reunión en Tegucigalpa, el gobierno se comprometió a designar resguardo para la comunidad en Vallecito y remedir las tierras que han sido usurpadas.[6]

Poco después, el día 13 de septiembre, el Instituto Nacional Agrario (INA) por fin cumplió con su deber de desde hace dos años: con una orden fiscal y acompañado por entidades de la policía y del ejército rompió el llamado “portón de la vergüenza” de la familia Villalobos y entraron al terreno de los garífunas para empezar la remedición.

Pero ni había concluido el proceso de remedición, ya iniciaron las amenazas de parte de los guardias de la familia Villalobos. Manifestaron que asesinarán cualquier garífuna que llegue a Icotea, pueblo vecino y lugar de residencia de la viuda de Reynaldo Villalobos.

OFRANEH espera que las Autoridades cumplan con su deber, que emitan una orden de desalojo para restituir las tierras a las cooperativas garífunas y que garantizan la seguridad de la comunidad en Vallecito que sigue siendo hostigada por los terratenientes de la zona. OFRANEH dejó claro al considerar que “cualquier atentado sufrido por los garifunas será responsabilidad de los esbirros de Reinaldo Villallobo y de Miguel Facussé así como del mismo gobierno”.[7]

[1] “Piratas en Honduras: De Gregor Macgregor y la República de Poyas, a la Ciudad modelo de Paul Romer” OFRANEH. Julio 18, 2012.

[2] “Pueblo Garífuna reocupa tierras usurpadas en Vallecito”, Comunicado de OFRANEH del 27 de agosto del 2012, documento: doc decl.Ofraneh2.

[3] Amenazan con desalojar garífunas tras recuperación, Artículo del periódico digital conexihon del 29 de agosto del 2012, http://conexihon.info/noticia/derechos-humanos/pueblos-indigenas/amenazan-con-desalojar-gar%C3%ADfunas-tras-recuperaci%C3%B3n-de.

[4] Crisis en Vallecito (Colón): Aclaración pública ante infundios del INA, Comunicado de OFRANEH del 29 de agosto del 2012, http://ofraneh.wordpress.com/2012/08/29/crisis-en-vallecito-colon-aclaracion-publica-ante-infundios-del-ina/.

[5] “Honduras, sospechoso silencio del Gobierno de Pepe Lobo ante caso de Vallecito”, Comunicado de OFRANEH del 30 de agosto 2012, documento:sospechoso silencio.

[6] “Se reanuda el Proceso de Remedición de Tierras en Vallecito, Colón, Comunicado de OFRANEH del 5 de septiembre 2012, http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/05/se-reanuda-el-proceso-de-remedicion-de-las-tierras-de-vallecito-colon/.

[7] “Se logró romper el Portón de la Verguenza en Vallecito!”, Comunicado de OFRANEH del 13 de septiembre 2012, documento:Portón de Verguenza.

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APUVIMEH Sigue Exigiendo Justicia por el Asesinato de Walter Tróchez y Otros Miembros de la Comunidad LGBTI

17 septiembre, 2012

El 13 de septiembre, PROAH acompañó a APUVIMEH (Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/ SIDA en Honduras) en una caminata y un plantón organizado para exigir que se investigue los asesinatos de Walter Tróchez y de otros miembros de la comunidad LGBTI que han quedado en la impunidad. En el aviso de prensa del mismo día, José Antonio Zambrano de APUVIMEH explica que:

“Hoy mismo se cumplen 2 años y 9 meses del asesinato de nuestro compañero Secretario de APUVIMEH, líder de la comunidad LGBTTI y activista de las personas VIH+ y defensor de derechos humanos, Walter Orlando Tróchez, un joven cuyos sentimientos, aspiraciones, y derechos a la vida le fueron truncados. Su lucha fue al lado de su pueblo, ese pueblo que fue arbitrariamente encarcelado, golpeado, humillado y vejado por los miembros de la policía y ejército nacional, debido a sus escritos y su acompañamiento durante las protestas publicas en el marco del Golpe de Estado del 2009. El ofrendó su vida por la justicia y la libertad por lo que nos compromete a nosotros insistir en el reclamo de justicia y que sean juzgados los culpables de su vil asesinato perpetrado el 13 de diciembre de 2009 en el centro de Tegucigalpa, por lo que exigimos a quienes están a cargo de esclarecer estos casos y de los demás compañeros/as de la comunidad LGBTTI, justicia.”

Desde 2011, APUVIMEH realiza estas caminatas y plantones el día 13 de cada mes, recordando que fue un día 13 que Walter Tróchez fue asesinado. Empiezan en la Estatua del Libertador Simón Bolívar en Tegucigalpa y culminan en el Ministerio Público, donde llevan a cabo un plantón y entregan un comunicado a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos para exigir no más impunidad por los asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI. Como APUVIMEH explica en el aviso de prensa del plantón del 13 de agosto:

“En la Promoción y Respeto de los Derechos Humanos está el Derecho a la Vida, sueño que ha sido frustrado de manera violenta a más de 80 compañeros y compañeras de la Diversidad Sexual Hondureña. Uno de ellos es el caso emblemático de nuestro compañero Walter Trochez … solicitamos a la unidad de investigación de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos del Ministerio Publico, un informe sobre la investigación, los avances, obstáculos de la investigación de este caso.”

Según un informe de La Red Cattrachasi, el período de mayor frecuencia de muertes violentas de la comunidad LGBTI en los años recientes fue el segundo semestre de 2009, después del golpe de estado (el 28 de junio de 2009), cuando 23 personas LGBTI, incluyendo Walter Tróchez, fueron asesinadas. De 2010 hasta el 6 de agosto de 2012, durante el régimen del presidente actual, Porfirio Lobo, reportan 51 más muertes violentas sufridas por personas LGBTI en Honduras.

El 28 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó uno de los homicidios más recientes, una mujer trans de 21 años que fue encontrada muerta en San Pedro Sula el 2 de agosto. El comunicado de prensa de la CIDH describe que “presentaba varios impactos por arma de fuego en su rostro y cabeza, y presentaba signos de haber sido atada de manos. Según medios de comunicación, sus familiares informaron que cuatro personas se habían presentado en su casa el día anterior, dijeron ser agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y se la llevaron, indicando que estaba detenida.”

El comunicado de la CIDH también hace un llamado al Estado de Honduras con respeto a la impunidad, explicando:

“Asimismo, la Comisión observa que con mucha frecuencia existen problemas en la investigación de estos crímenes, lo que conlleva, en parte, a que no se abran líneas de investigación que tengan en cuenta si el delito fue cometido en razón de la expresión de género, identidad de género u orientación sexual de las víctimas. La inefectividad de la respuesta estatal fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la indefensión.”

Es en ese contexto que los miembros de APUVIMEH salieron el 13 de septiembre, igual que el 13 del mes anterior, para seguir exigiendo un fin a la impunidad.

i “Situación de las Muerte Violentas de la Comunidad LGTTBI en Honduras, resumen al 6 de agosto 2012.”

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Conferencia de Prensa sobre los Impactos en la salud de la Mina San Martin y el Proyecto de Ley Minera en Honduras

28 agosto, 2012

Miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria viajaron a Tegucigalpa para una conferencia de prensa el primer de agosto sobre los impactos de salud de la mina San Martín. PROAH acompaña al Comité Ambientalista del Valle de Siria, cuyos miembros han sido criminalizados por sus esfuerzos para defender el ambiente, y estuvo presente para la conferencia de prensa, la cual se dio dentro del marco Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense. La conferencia de prensa fue encabezado por el Doctor Juan Almendares, un medico con mucha experiencia en las comunidades afectadas por la mina y el coordinador del Movimiento Madre Tierra de Honduras.

La mina San Martín, de la compañía canadiense Goldcorp, estaba operacional en el Valle de Siria desde 2000 hasta 2008. El doctor Almendares y miembros de la comunidad reportan que la mina ha dejado un legado de problemas ambientales y de salud por haber contaminado con metales pesados el agua en la zona. Según el Dr. Almendares, cuando la mina abrió en 2000, solo 8 de cada 100 personas en la región sufrían problemas de la piel. Diez años después, esta cifra se ha multiplicado por diez, a 80 de cada 100 personas. Se ha encontrado altos niveles de metales pesados – plomo, arsénico, y mercurio – en la sangre de niños y adultos en el Valle de Siria.

Un foto reportaje reciente por Carlos Amador del Comité Ambientalista de Valle de Siria documenta “una crisis endémica” de salud en la zona. El reportaje incluye testimonios de miembros de la comunidad, incluyendo Juana Aceituno quien dice, “Mire mi enfermedad! Yo nunca había tenido estas cosas. Llegó esta mina y mi salud se ha dañado. Me duele y no sé que hacer. Esta mina, que es de Canadá, nos vino a arruinar todo aquí.”

El mes anterior, miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria viajaron a Guatemala para el Tribunal Popular Internacional de Salud para dar sus testimonios sobre el impacto de la mina San Martín en la salud. Miembros de comunidades afectadas por minas de Goldcorp en México, Guatemala, y Honduras dieron testimonios y el Tribunal concluyó en su veredicto:

“Todos los casos presentados tienen en común elementos de: (a) Contaminación y pérdida irreversible de fuentes de agua, (b) Devastación ambiental irreversible: desaparición de montañas, ecosistemas y alteración del ciclo hidrológico, (c) Polvo que se respira constantemente que contiene metales pesados y sustancias tóxicas que suelen contener elementos cancerígenos y se acumulan en los organismos, (d) Afectación de la cadena de vida: destrucción de cultivos y suelos, enfermedad y muerte de animales silvestres y domésticos.

En los testimonios se denunciaron enfermedades de la piel, de los ojos, caída de pelo, picazón en el cuerpo, abortos, infertilidad, partos prematuros, defectos congénitos y muerte de recién nacidos, daños auditivos, problemas gastro-intestinales, dolores de articulaciones, problemas nerviosos, y casos de intoxicación que han llevado a la muerte… Escuchamos de parte de ex trabajadores de Goldcorp que están afectados de salud, porque sufrieron frecuentemente de intoxicación, desvanecimientos, exposición a químicos tóxicos, y accidentes laborales por falta de equipo y medidas de seguridad. Estos accidentes incluso han llevado a la muerte.”

Pedro Landa, coordinador de CEHPRODEC (Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario) y facilitador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales de Honduras, afirmó en la conferencia de prensa que empresas canadienses o con su sede en Canadá son dueñas de 70% de las minas en América Latina y que no es coincidencia que el gobierno de Canadá mandó expertos para asesorar sobre el proyecto de ley minera que el Congreso Hondureño está considerando actualmente. En un artículo reciente, Jennifer Moore de Observatorio Canadiense sobre la Minería (Mining Watch Canada) examina el papel del gobierno canadiense en el proyecto de ley minera en Honduras y reporta que “está gastando el dinero recaudado de los impuestos de los ciudadanos canadienses para ayudar a establecer un marco legal favorable para las operaciones mineras canadienses, contra la voluntad de la sociedad civil hondureña.”

Numerosas organizaciones de la sociedad civil en Honduras han rechazado el actual proyecto de ley minera. La ley pondría fin a la moratoria contra nuevas concesiones mineras, abriendo el camino a la aprobación de las más de 300 solicitudes de proyectos mineras que han sido suspendidas. También permite la minería a cielo abierto, a la cual 91% de Hondureños se oponen según una consulta realizada por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y la Federación Luterana Mundial.

En un comunicado de la Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales de Honduras sobre la socialización reciente del proyecto de ley minera por la Comisión de Minería del Congreso Nacional y otras agencias del gobierno, denuncian que “En todas las jornadas de “Socialización”, los funcionarios públicos [...] han tratado de engañar a la población expresando una serie de ‘verdades a medias’ que de acuerdo a los principios y valores de la ética, se convierten en ‘mentiras completas’”. La primera verdad a medias mencionada es la declaración que “la nueva ley protege mejor los recursos naturales y brinda mayores controles” cuando en realidad “la verdad de la nueva ley” es que “abre la posibilidad de concesionar las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas para explotaciones mineras, no garantiza el Derecho Humano al agua para la población, […] quita a las municipalidades la facultad de declarar zonas protegidas o productoras de agua, [… y] se disminuyen los requisitos ambientales para obtener una licencia ambiental”.

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La tragedia en La Mosquitia – COFADEH publica el informe preliminar de su misión de verificación

20 junio, 2012

De 20 a 24 de mayo de 2012, una comisión de verificación de COFADEH (el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras) visitó a La Ceiba y La Mosquitia para documentar  los eventos trágicos del  11 de mayo, cuando cuatro pasajeros en un barco de río fueron matados por disparos de helicópteros militares durante un operativo antidrogas conjunto de la policía hondureña y la Administración  Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).  Durante su misión, la comisión de COFADEH recibió acompañamiento de PROAH, incluyendo una representante de la Acción Permanente por la Paz.  COFADEH presentó el informe preliminar de esta misión en una rueda de prensa el 6 de junio.

El barco hacia el cual dispararon los helicópteros. Se ve los orificios de las balas en sus bordas.

Existía – y existe todavía – una gran y urgente necesidad de esclarecer los acontecimientos, no sólo por la gravedad de lo sucedido, sino también por la serie de declaraciones por las autoridades, tanto hondureñas como estadounidenses, que justificaban el ataque insinuando que las víctimas estaban involucradas en el narcotráfico[1].  La misión de COFADEH logró arrojar luz a muchos de los hechos claves, además de dar una cara a las víctimas inocentes, y una voz a sus familiares y otros afectados por los ataques.

Viajamos a Ahuas, la municipalidad en La Mosquitia donde ocurrió la tragedia, y la residencia  de muchas de las víctimas y sus familiares.  Su nombre, que quiere decir ‘pino’ en el idioma tawahka, tiene una resonancia especial para los que se acuerdan de la militarización de Honduras por los EEUU durante los  años 80 – Ahuas Tara (o ‘Gran Pino’) era el nombre de una serie de importantes operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Honduras en la zona de La Mosquitia, dentro del marco de la guerra de los Contras, a través de la frontera, en Nicaragua.

El viaje subrayó lo remoto y lo aislado de la región.  Viajamos en un avión pequeño (de unas 20 plazas) sobre la selva de La Mosquitia occidental, y luego en uno aún más pequeño (con capacidad de 3 pasajeros), sobrevolando las sabanas en el oriente de la zona, que proveen pistas para los avionetas de los narcos.

En una región donde hay sólo una carretera, los modos de transporte normales para sus pobladores son por la vía aérea y fluvial.  Al llegar, fuimos llevados al ‘landin’, el pequeño embarcadero en Paptalaya, una pequeña comunidad en la municipalidad de Ahuas, cerca de donde ocurrió la tragedia, y donde el barco iba a desembarcar cuando fue atacado a las 2.00 am  el 11 de mayo por cuatro helicópteros militares, disparando ráfagas hacia él.  El barco todavía estaba al landín, con 20 orificios de bala  en sus lados.  El hecho de que estaban viajando por la noche era uno de los ‘factores’ que hicieron sospechosos sus pasajeros en la vista de los oficiales estadounidenses[2] .  Sin embargo, esto es normal para viajes largos por el río en una región donde el calor del  sol durante el día es fuerte, y al mirar el barco – un ‘pipante’, básicamente una canoa larga – era fácil ver que era tan estrecho que habría sido desestabilizado, si hubieran puesto un techo encima.

El ‘landín’ en Paptalaya, donde se iba a amarrar  el barco, y donde aterrizaron los helicópteros.

Los detalles sobre los eventos que precedieron el ataque fueron brindado por el alcalde municipal, Lucio Vaquedano, a quien COFADEH ha elogiado por su valentía, declarando los hechos  públicamente[3], y  contradiciendo las versiones de las autoridades hondureñas y estadounidenses que, inmediatamente después de la tragedia, alegaban que los muertos eran narcotraficantes.  En una entrevista con COFADEH, declaró que, según los relatos que había escuchado,  una avioneta había aterrizado en una pista clandestina a 3 km del landín para dejar carga de unos paquetes de drogas, y es posible que la policía y la DEA ya estaba siguiéndola.   La carga fue llevada al landín de Paptalaya donde fue trasladada a un barco.  Los empleados de los narcotraficantes huyeron cuando se dieron cuenta que eran localizados, abandonando el barco que siguió río abajo, llevado por el corriente del Patuca.  El pipante con los pasajeros, que viajaba río arriba, estaba  a 700 metros del landín de Paptalaya cuando se le acercó   el barco que llevaba las drogas.  Fue en ese momento que atacaron la policía y la DEA, disparando ráfagas hacia el barco con los pasajeros.  Para Don Lucio esto fue una confusión que lamentablemente resultó en la muerte de cuatro personas inocentes[4].

Los muertos eran Hasked Brooks Wood, 14, un menor viajando con su madre, Clara Wood Rivas, y tres adultos, todos los cuales tenían hijos, y dos de los cuales  eran mujeres embarazadas –  Candelaria Pratt Nelson, 48, de Brus Laguna en la costa y la madre de 6 hijos, y Juana Jackson Ambrocio, 28, la madre de dos, que vivía en Ahuas.  El otro adulto, Emerson Martinez Henriquez, 21, era el padre de dos niñas, y había salido del  ejército sólo un mes antes, después de tres años de servicio militar en el 5º Batallón de Infantería en Mocorón, Gracias a Dios.

Casas típicas en Ahuas.

Más detalles del ataque vinieron de entrevistas con los sobrevivientes del barco.  Insisten en que no se dio ninguna advertencia antes de que les dispararan los helicópteros, y que no escucharon ningunos otros tiros, aunque hasta el 14 de junio, se reportó que las autoridades hondureñas estaban afirmando, sobre la base de una investigación preliminar, que los agentes en el helicópteros tenían motivos para disparar en defensa propia[5].

Lo que sí es cierto es que no había ningún intento por la parte de los agentes de brindar ayuda a los pasajeros una vez que se desató el ataque.  Dado que entre ellos había niños que no sabían nadar, es un milagro que no muriera más gente, porque los pasajeros se vieron obligados a lanzarse al agua para escaparse de los disparos que continuaron mientras que estaban en el río.  Tres de los heridos, desde sus camas en hospitales en La Ceiba y Ahuas, contaron a COFADEH como, a pesar de sus lesiones,   lograron nadar a la orilla del río.  Allí, dos de ellos, Wilmer Lucas Walter,  14, con un herido grave en la muñeca y  Lucio Adan Nelson Queen, 22, que recibió balazos en la espalda y el codo, huyeron por el monte para salvarse la vida al ver que el ataque continuaba.  La tercera víctima hospitalizada, la dueña del barco, Hilda Rosa Lezama Kenreth (53 años) fue herida por una bala de grueso calibre que dejó un surco  de 4 pulgadas de ancho por 12 de largo a través de ambos muslos.   Se quedó en el río por más de dos horas, refugiándose del ataque bajo unas ramas de arbustos[6].  Tanto tiempo en las aguas contaminadas resultó en infecciones en las heridas, y por un tiempo  corría el riesgo de amputación de ambas piernas.

Mientras que estaba en el agua, Hilda no sabía que agentes – aparentemente tanto estadounidenses como hondureños – de los helicópteros habían impedido su rescate por su hijo, sembrando terror en la comunidad después de su aterrizaje al landín en Paptalaya.   Lo detuvieron por una hora y lo golpearon, obligándole a punta de fusil a recuperar el barco que llevaba las drogas.  Éste fue sólo un ejemplo de una serie de presuntos abusos cometidos por los agentes hondureños y estadounidenses, quienes penetraron viviendas violentamente, robaron combustible, y sometieron algunos de  los pobladores a malos tratos y amenazas de muerte.  Una de los sobrevivientes del ataque, Clara Wood Rivas, la madre de uno de los muertos, Hasked Brooks Wood, 14, había llegado asustada y llorando al landín, después de haber nadado a la orilla del río, sólo para ser amenazada a punta de fusil por tres agentes quienes le preguntaron si quería morir y le ordenaron irse del lugar[7].

Esta falta de ayuda a los pasajeros del barco se extendió a la asistencia a los heridos, tanto inmediatamente después del incidente como a más largo plazo – toda ayuda a los lesionados fue organizada por la gente de la comunidad, sin el apoyo de las autoridades.  Lucio y Wilmer pasaron 20 días en hospital en La Ceiba sin ser operados.  En el caso de Lucio, se canceló la operación al último momento varias veces, y la hicieron finalmente sólo después de la intervención de UNICEF y la Cruz Roja Internacional, a la petición de COFADEH. En el caso de Wilmer, su madre, quien es soltera y en una precaria situación financiera, se vio obligada a buscar el dinero para pagar una ambulancia que transportaría   a su hijo a San Pedro Sula para la cirugía que le salvaría la mano[8].

Al final de su misión, COFADEH interpuso denuncias sobre el caso ante la Fiscalía en Puerto Lempira y La Ceiba[9], además de, una semana después, ante el Ministerio Público en Tegucigalpa , con la presencia de los familiares de las víctimas.

En su informe público preliminar, COFADEH no sólo exige el apoyo debido a las víctimas y sus familiares, sino que las autoridades, tanto estadounidenses como hondureñas, realicen investigaciones sobre el incidente, que ha tenido una costa tan amarga en vidas inocentes[10].

[1] Véase, por ejemplo  http://proceso.hn/2012/05/11/Caliente/Decomiso.de.droga/51774.htmlhttp://proceso.hn/2012/05/11/Caliente/Decomiso.de.droga/51774.html y en inglés

http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/probe-underway-in-remote-area-of-honduras-after-gunfight-involving-us-drug-agents/2012/05/17/gIQA9jzWWU_story.html; http://www.nytimes.com/2012/05/17/world/americas/deas-agents-join-hondurans-in-drug-firefights.html?_r=1&pagewanted=all

[2]Véase, por ejemplo (en inglés) http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/probe-underway-in-remote-area-of-honduras-after-gunfight-involving-us-drug-agents/2012/05/17/gIQA9jzWWU_story.html

[3]  Véase, por ejemplo http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2035:las-victimas-siempre-hablaran&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

[4]COFADEH – Informe Preliminar de Investigación  – Caso Ahuas – 11 de mayo de 2012 – nota de pie 4 (pág.7). http://defensoresenlinea.com/cms/documentos/2012_INFORME_Casos_Mosquitia_publico.pdf

[5] http://www.elheraldo.hn/content/view/full/58162

[6] COFADEH – Informe Preliminar de Investigación  – Caso Ahuas – 11 de mayo de 2012 – (pág.9 y 10). http://defensoresenlinea.com/cms/documentos/2012_INFORME_Casos_Mosquitia_publico.pdf

[7] Ibid. pág.10 y 12.

[8] http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2059:cruz-roja-internacional-y-unicef-intervienen-por-heridos-de-ahuas-ante-indiferencia-del-regimen&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

[9] http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2030:cofadeh-interpone-denuncia-ante-fiscalia-de-puerto-lempira-por-ataque-militar-perpetrado-en-ahuas&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

[10] COFADEH – Informe Preliminar de Investigación  – Caso Ahuas – 11 de mayo de 2012 – (pág. 15). http://defensoresenlinea.com/cms/documentos/2012_INFORME_Casos_Mosquitia_publico.pdf

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